Como en caso Iguala, coadyuvaría en investigación de crimen
Tras el asesinato de la defensora hondureña de Derechos Humanos (DH) y
ambientales Berta Cáceres Flores, sus hijas y compañeros exigieron al
gobierno del país centroamericano que firme un convenio con la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que asigne un grupo de
especialistas independientes que apoyen en las pesquisas del crimen.
Ayer, a siete días del asesinato de la coordinadora del Consejo Cívico
de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), sus tres
hijas y activistas de la organización solicitaron en conferencia de
prensa en Tegucigalpa, la capital hondureña, que el Estado garantice la
procuración de justicia y la seguridad de las y los defensores de DH.
Exigieron la firma inmediata de un convenio de asistencia técnica con la
CIDH, para que nombre a una comisión de personas expertas que cuenten
con la confianza del Copinh y de la familia de Berta, a fin de que
supervise, apoye y participe en las investigaciones que realiza el
Ministerio Público por el asesinato de Cáceres.
Cabe recordar que en México, tras la desaparición de 43 estudiantes de
la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014, la CIDH creó un Grupo
Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) que ha
dado seguimiento a las investigaciones del caso, y su principal logro
–hasta ahora– ha sido
desmentir la versión oficial de los hechos, en los que están involucrados fuerzas de seguridad y grupos criminales.
FIN DE LA IMPUNIDAD
Copinh demandó que se cancele la concesión otorgada a la empresa
Desarrollos Energéticos (DESA) para el proyecto hidroeléctrico Agua
Zarca, a la que responsabilizan de las amenazas, persecución y
agresiones contra la comunidad indígena lenca de Río Blanco y contra
integrantes de Copinh.
Reclamaron que se suspendan de manera inmediata todas las concesiones
empresariales otorgadas en el territorio del pueblo lenca, que no fueron
consultadas previamente con los pueblos indígenas.
La familia de Cáceres pidió la desmilitarización de las zonas y
territorios del pueblo lenca, y que se respete la autonomía y forma de
gobierno de estas comunidades.
Igualmente, recordó que Berta, sus parientes y compañeras y compañeros
activistas han sido víctimas de hostigamiento, amenazas, persecución y
criminalización, por parte de agentes estatales y no estatales, sobre
todo a partir de que entró en vigor el proyecto hidroeléctrico Agua
Zarca.
Sin embargo, no se adoptaron medidas efectivas de protección ni tampoco
se indagaron, ni hubo voluntad política para escuchar la voz del pueblo
lenca que demanda respeto a su territorio y a su dignidad, por lo que
–sostuvieron familiares y defensoras– el Estado hondureño es
“responsable del asesinato” de Cáceres.
La familia de la defensora e integrantes de Copinh urgieron a una
reunión con el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, así como
con el fiscal general de la República, Oscar Fernando Chinchilla, y con
secretarios de Estado competentes, para garantizar el respeto a la
integridad del pueblo lenca.
Las activistas advirtieron que el asesinato de Cáceres no es un hecho
aislado, sino que demuestra la grave situación de riesgo en que se
encuentran las y los defensores, y en particular de quienes defienden a
los pueblos indígenas y los recursos naturales de la explotación.
Berta Cáceres fue asesinada en su casa el pasado 2 de marzo a pesar de
que era beneficiaria de medidas de protección dictadas por la CIDH desde
2009.
Foto: retomada del sitio de la Red Defensoras Dh México
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.-
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