Por: Edgar Rosas
(11 de marzo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Ante la insistencia
de desarrollar megaproyectos en distintas zonas donde habitan
comunidades indígenas y campesinas, y ante la nula respuesta del
gobierno para defender los derechos de los pueblos, el Frente Indígena y Campesino de México (Ficam)
dio a conocer que emprenderá el próximo 28 de marzo una serie de
caravanas que partirán de diferentes estado de la República con el
objetivo de llegar a la Ciudad de México y exigir a la Secretaría de
Gobernación (Segob) velar por el respeto de estas comunidades.
Las organizaciones que conforman el Ficam detallaron que el contexto
de despojo en contra de los pueblos se mantiene, sobre todo tras la
aprobación de la reforma energética y sus leyes secundarias.
Denunciaron que el gobierno, en contubernio con las empresas, intenta
imponer por la fuerza los megaproyectos en zonas de Puebla, Chiapas,
Veracruz y Oaxaca. Dijeron que esta pretensión ha originado un panorama
de conflicto en las comunidades, al iniciar hostigamiento, persecución y
agresiones en contra de quienes se oponen al avance de estos “proyectos
de muerte”.
Francisco Jiménez Pablo, integrante de la Comisión Política Nacional
del Ficam, denunció que el gobierno es la principal entidad que ha
violentado los derechos de los pueblos, sobre todo al no garantizar la
aplicación de una consulta libre, previa e informada a las comunidades
para conocer si aprueban o no los megaproyectos.
Señaló que el nivel de persecución y amenazas es tal, que las propias
autoridades han amagado con utilizar al Ejército para romper la
resistencia de las comunidades y permitir la puesta en marcha de los
megaproyectos.
“Tan sólo en la zona donde tiene presencia el Ficam hablamos de 150
megaproyectos en regiones de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Puebla y
Veracruz. En este último caso, están paradas las obras de varias
hidroeléctricas porque la gente ha corrido a la maquinaria de la empresa más querida del gobierno de Enrique Peña Nieto: OHL.
“Con la voluntad y la organización hemos podido detener las obras,
pero hay un contexto muy tenso, de conflictividad, porque el gobierno
amenaza con la entrada del Ejército, de la Policía Federal (PF) para
permitir la construcción de las obras. Entonces queremos avanzar en un
acuerdo que frene esa conflictividad, en la que quieren hacer las obras a
la fuerza”, destacó.
El también dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de
Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN) expuso que en la zona de Mecacalco y
Tlapacoyan, esto en Veracruz, hay seis proyectos hidroeléctricos que
han sido parados por la comunidad. De igual forma, dijo, en Puebla, en
la región de la Sierra Norte, hay alrededor de 80 proyectos mineros y
ocho hidroeléctricos en proceso.
Enfatizó que la intención de desarrollar estas obras perjudica de
manera importante a las comunidades asentadas en la zona; además del
clima de persecución y hostigamiento que ya fue denunciado.
“En el rio Filobobos en Veracruz y en lo que es la zona Sierra y de
Mecacalco, hay seis hidroeléctricas autorizadas y que no han avanzado.
En el caso de Puebla son 80 proyectos mineros y ocho proyectos
hidroeléctricos que están frenados gracias a la movilización que ha
hecho la CNPA-MN junto con varias otras organizaciones de la región y
que hemos mantenido a raya las obras. Y otras obras que están casi
terminadas, en donde ha habido presos como en el Proyecto Integral
Morelos; así como en el caso del gasoducto del Istmo de Tehuantepec, que
ha habido ya muertos por fuga de amoniaco”, manifestó.
Jiménez Pablo criticó que el gobierno, a pesar de haber tenido
algunas reuniones previamente, no ha cumplido en aras de garantizar el
derecho de los pueblos. Señaló que ante esta actitud omisa, además de
las seis caravanas que saldrán de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla,
Tlaxcala y Morelos, el día 28 se instalará un plantón en las
inmediaciones de la Segob.
“La agenda del Ficam tiene que ver con el derecho de los pueblos, en
especial, el derecho a la consulta y por ello estamos anunciando esta
jornada de lucha. Estamos insistiendo en que las leyes mexicanas se
armonicen con los convenios internacionales que ya firmó México en lo
referente al tema de consulta.
“Hemos tenido reuniones con Segob, pero no hay avances. Hemos ido a
platicar muchas veces y sencillamente la actitud de Segob es ‘los
escucho pero no les resuelvo’. Nosotros planteamos que debe ser una
consulta que sea vinculante, porque el Estado mexicano plantea solo una
consulta en donde sólo se le pregunte la opinión a los pueblos, y no
respeta su voluntad, porque dicen ‘ya opinaste, pero de todos modos los
megaproyectos avanzan’”, dijo.
El dirigente lamentó que en el actual escenario las autoridades no
respetan el derecho a una consulta libre, previa e informada de los
pueblos. Externó su preocupación debido a que con las leyes secundarias
de la reforma energética se otorgan facilidades para el despojo.
“Mientras no lleven al consentimiento libre, previo e informado de
los pueblos, no sirven de nada los procesos de consulta que se hagan o
se están haciendo porque son sólo como trámite (…) Por eso planteamos
que debe haber una legislación nacional, pero no salida de la voluntad
de los diputados, sino que esté acorde a los tratados internacionales
que México ha suscrito y que el gobierno de EPN, en la Asamblea de ONU,
prometió que armonizaría las leyes nacionales”, expuso.
En este sentido señaló que para el Ficam resulta necesario que se
abra el debate a nivel nacional sobre una ley para consolidar el respeto
a la consulta libre, previa e informada. Lamentó que hoy en día algunas
autoridades vean la resistencia de los pueblos ante la destrucción que
representa el avance de los megaproyectos como un “freno al desarrollo”.
“Es importante poner el tema de los derechos de los pueblos, porque así como a la CNTE le
sacaron Mexicanos Primero, a nosotros nos empiezan a sacar al Consejo
Coordinador Empresarial, diciendo que los pueblos tienen derecho a
emitir su opinión, pero no a que se les respete porque eso significaría
el freno al desarrollo del país.
“Y esa visión es la visión de Gobernación, del Consejero Jurídico de
la Presidencia, quienes nos han planteado que nuestra postura, de
defensa del territorio, es para frenar el desarrollo del país, y eso nos
preocupa.”
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