3/11/2016

Gobierno amenaza con usar al Ejército y la PF para imponer megaproyectos en comunidades indígenas: Ficam


IMPOSICIÓN VIOLENTA, MEGAPROYECTOS, INDÍGENAS
    
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(11 de marzo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Ante la insistencia de desarrollar megaproyectos en distintas zonas donde habitan comunidades indígenas y campesinas, y ante la nula respuesta del gobierno para defender los derechos de los pueblos, el Frente Indígena y Campesino de México (Ficam) dio a conocer que emprenderá el próximo 28 de marzo una serie de caravanas que partirán de diferentes estado de la República con el objetivo de llegar a la Ciudad de México y exigir a la Secretaría de Gobernación (Segob) velar por el respeto de  estas comunidades.
Las organizaciones que conforman el Ficam detallaron que el contexto de despojo en contra de los pueblos se mantiene, sobre todo tras la aprobación de la reforma energética y sus leyes secundarias.
Denunciaron que el gobierno, en contubernio con las empresas, intenta imponer por la fuerza los megaproyectos en zonas de Puebla, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Dijeron que esta pretensión ha originado un panorama de conflicto en las comunidades, al iniciar hostigamiento, persecución y agresiones en contra de quienes se oponen al avance de estos “proyectos de muerte”.
Francisco Jiménez Pablo, integrante de la Comisión Política Nacional del Ficam, denunció que el gobierno es la principal entidad que ha violentado los derechos de los pueblos, sobre todo al no garantizar la aplicación de una consulta libre, previa e informada a las comunidades para conocer si aprueban o no los megaproyectos.
Señaló que el nivel de persecución y amenazas es tal, que las propias autoridades han amagado con utilizar al Ejército para romper la resistencia de las comunidades y permitir la puesta en marcha de los megaproyectos.
“Tan sólo en la zona donde tiene presencia el Ficam hablamos de 150 megaproyectos en regiones de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Puebla y Veracruz. En este último caso, están paradas las obras de varias hidroeléctricas porque la gente ha corrido a la maquinaria de la empresa más querida del gobierno de Enrique Peña Nieto: OHL.
“Con la voluntad y la organización hemos podido detener las obras, pero hay un contexto muy tenso, de conflictividad, porque el gobierno amenaza con la entrada del Ejército, de la Policía Federal (PF) para permitir la construcción de las obras. Entonces queremos avanzar en un acuerdo que frene esa conflictividad, en la que quieren hacer las obras a la fuerza”, destacó.
El también dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN) expuso que en la zona de Mecacalco y Tlapacoyan, esto en Veracruz, hay seis proyectos hidroeléctricos que han sido parados por la comunidad. De igual forma, dijo, en Puebla, en la región de la Sierra Norte, hay alrededor de 80 proyectos mineros y ocho hidroeléctricos en proceso.
Enfatizó que la intención de desarrollar estas obras perjudica de manera importante a las comunidades asentadas en la zona; además del clima de persecución y hostigamiento que ya fue denunciado.
“En el rio Filobobos en Veracruz y en lo que es la zona Sierra y de Mecacalco, hay seis hidroeléctricas autorizadas y que no han avanzado. En el caso de Puebla son 80 proyectos mineros y ocho proyectos hidroeléctricos que están frenados gracias a la movilización que ha hecho la CNPA-MN junto con varias otras organizaciones de la región y que hemos mantenido a raya las obras. Y otras obras que están casi terminadas, en donde ha habido presos como en el Proyecto Integral Morelos; así como en el caso del gasoducto del Istmo de Tehuantepec, que ha habido ya muertos por fuga de amoniaco”, manifestó.
Jiménez Pablo criticó que el gobierno, a pesar de haber tenido algunas reuniones previamente,  no ha cumplido en aras de garantizar el derecho de los pueblos. Señaló que ante esta actitud omisa, además de las seis caravanas que saldrán de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Morelos,  el día 28 se instalará un plantón en las inmediaciones de la Segob.
“La agenda del Ficam tiene que ver con el derecho de los pueblos, en especial, el derecho a la consulta y por ello estamos anunciando esta jornada de lucha. Estamos insistiendo en que las leyes mexicanas se armonicen con los convenios internacionales que ya firmó México en lo referente al tema de consulta.
“Hemos tenido reuniones con Segob, pero no hay avances. Hemos ido a platicar muchas veces y sencillamente la actitud de Segob es ‘los escucho pero no les resuelvo’. Nosotros planteamos que debe ser una consulta que sea vinculante, porque el Estado mexicano plantea solo una consulta en donde sólo se le pregunte la opinión a los pueblos, y no respeta su voluntad, porque dicen ‘ya opinaste, pero de todos modos los megaproyectos avanzan’”, dijo.
El dirigente lamentó que en el actual escenario las autoridades no respetan el derecho a una consulta libre, previa e informada de los pueblos. Externó su preocupación debido a que con las leyes secundarias de la reforma energética se otorgan facilidades para el despojo.
“Mientras no lleven al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos, no sirven de nada los procesos de consulta que se hagan o se están haciendo porque son sólo como trámite (…) Por eso planteamos que debe haber una legislación nacional, pero no salida de la voluntad de los diputados, sino que esté acorde a los tratados internacionales que México ha suscrito y que el gobierno de EPN, en la Asamblea de ONU, prometió que armonizaría las leyes nacionales”, expuso.
En este sentido señaló que para el Ficam resulta necesario que se abra el debate a nivel nacional sobre una ley para consolidar el respeto a la consulta libre, previa e informada. Lamentó que hoy en día algunas autoridades vean la resistencia de los pueblos ante la destrucción que representa el avance de los megaproyectos como un “freno al desarrollo”.
“Es importante poner el tema de los derechos de los pueblos, porque así como a la CNTE le sacaron Mexicanos Primero, a nosotros nos empiezan a sacar al Consejo Coordinador Empresarial, diciendo que los pueblos tienen derecho a emitir su opinión, pero no a que se les respete porque eso significaría el freno al desarrollo del país.
“Y esa visión es la visión de Gobernación, del Consejero Jurídico de la Presidencia, quienes nos han planteado que nuestra postura, de defensa del territorio, es para frenar el desarrollo del país, y eso nos preocupa.”

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