Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena. Foto: Especial
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Es horrible vivir bajo la censura, y peor bajo tribunales de consigna. Así estamos.
A la censura aquella contra un mensaje de televisión del PRD en el
que se afirmaba que todo seguía igual o peor, y aparecían las figuras de
Enrique Peña, Miguel Ángel Osorio, Luis Videgaray y Joaquín
López-Dóriga (este último en relación con el viejo predominio en la
televisión), llegamos ahora a otro acto de censura contra Andrés Manuel
López Obrador por hablar de un desvío multimillonario de dinero público y
criticar la adquisición del ahora llamado avión presidencial, que, a
decir del líder de Morena, será vendido en 2018.
En realidad importa menos quiénes son los censurados frente a los
monstruosos actos de censura. Y preocupa aún más el que la censura venga
del más alto tribunal electoral del país.
Los cinco magistrados que por unanimidad aprobaron la censura han
dicho que los mensajes de radio y televisión “no pueden ser utilizados
para la promoción personal de los presidentes de los partidos políticos,
sino que deben destinarse exclusivamente a la difusión de los
objetivos, programas de acción y posturas ideológicas de los partidos
políticos”.
¿Quién lo dice? El Tribunal y nadie más. En efecto, la Constitución
señala el objeto del derecho de los partidos a difundir propaganda en
radio y televisión, pero jamás insinúa siquiera que los voceros de tales
partidos no puedan hablar en nombre de su organización. El Tribunal
carece de vergüenza al añadir por antojo textos a la Carta Magna.
Pero el Tribunal también le quita textos a la Constitución.
Interpreta la misma sin admitir que se trata del ejercicio de un derecho
humano definido en el artículo séptimo como difusión, por cualquier
medio, de opiniones, información e ideas. Se niega, sin analizar el
punto, que en ese spot como en otros se difunden opiniones, y
que mientras no haya calumnia el Tribunal no puede censurarlo en vía
precautoria ni de ninguna otra manera.
Dicen los magistrados que el líder de Morena “aparece prácticamente
todo el tiempo, exaltando su nombre y cargo (por lo que) resulta
incuestionable que se trata de la promoción anticipada de su imagen
(sic), con lo cual se vulnera (!) el principio constitucional de
equidad”. Se acusa al indiciado de “constituir un posicionamiento
personalizado indebido de un dirigente partidista (!) vinculado a un
proceso electoral específico (?), considerando tanto la centralidad del
sujeto (!) participante como el contenido del mensaje, lo que podría
resultar contrario a los fines y obligaciones (sic) de los partidos
políticos, así como del objeto central de las prerrogativas en radio y
televisión”.
Lo anterior carece de agarradera legal, pero tiene un piso político
muy claro. Los magistrados se han tragado la especie de que hay que
detener a López Obrador a como dé lugar porque él ya dijo que será
candidato a presidente. Ya sabemos que Osorio, Videgaray, Aurelio Nuño y
Manlio Fabio Beltrones también quieren llegar a Los Pinos, por lo cual
ellos aparecen todos los días en la televisión, pero en lapsos más
largos y con mayor cobertura que cualquier líder de partido: pagan por
debajo del agua.
La Constitución está muy lejos de impedir la propaganda de los
líderes políticos y, por el contrario, les otorga acceso a la radio y la
televisión.
La propaganda personalizada está prohibida en la Constitución para
los servidores públicos con recursos también públicos. Este precepto que
se viola todos los días a ciencia y paciencia de las mismas autoridades
que se encargan de rechazar las quejas que yo presento por montones,
ahora se aplica a los líderes de los partidos políticos. Esto en verdad
es una vergüenza mundial.
El Tribunal no ha otorgado una medida cautelar sino que ha entrado al
fondo del asunto y ha resuelto la inconstitucionalidad del uso de la
radio y la televisión para exponer opiniones inconvenientes desde el
punto de vista del gobierno.
Así lo hicieron esos mismos magistrados cuando censuraron el spot del
PRD. Ellos dijeron entonces que ese partido no había cometido ninguna
infracción, pero que de todas formas se cancelaba su promocional porque
molestaba la imagen de otro. Ese otro, López-Dóriga, quien había
presentado la queja contra la libertad de expresión, aparece casi todos
los días en la TV. Impide que muchos se expresen ahí, pero le molesta
que un partido utilice su imagen como símbolo viviente de un monopolio
y, encima de todo, lo apoya un tribunal, porque junto con él también
aparecían Peña y sus compañeros.
El Tribunal ahora ha ido más lejos: “La propaganda política se
transmite con el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico
para generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y
creencias”, es decir, no se pueden hacer críticas puntuales, sino pura
ideología. A los magistrados no les importa la libertad de difusión.
Están escribiendo una nueva Carta Fundamental y se las está dictando el
secretario de Gobernación.
Así era antes, cuando gobierno y tribunales no se distinguían en
absoluto. Ahora, con tribunales de consigna, el gobierno lleva
nuevamente al país a un despeñadero de confrontaciones y odios por todas
partes.
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