Lilia Mónica López Benítez*
La Jornada
La oficina del alcalde
de Nueva York publicó recientemente, diciembre de 2015, un interesante
estudio sobre la carga económica adicional que viven las mujeres a lo
largo de su vida. Es un análisis sobre bienes de consumo, cuya única
distinción es su presentación para el sector femenino.
El artículo intitulado De la carriola al bastón. El costo de ser un consumidor femenino
estima que las mujeres neoyorquinas pagan en promedio 7 por ciento
adicional por los mismos bienes que consumen los varones y hasta 15 por
ciento extra en productos para adultos mayores, como soportes lumbares y
bastones. En el extremo de los ejemplos están los pañales para adultos,
pues las mujeres pagan 74 por ciento adicional por el mismo producto.
La diferencia de precios, dicen los autores, no es significativa si
se analiza el valor concreto de un solo artículo, pero al acumularse las
compras se observa una segmentación de precios por género que
discrimina a las consumidoras en términos económicos, de igualdad y de
justicia distributiva.
El análisis está planteado por la vía del consumo, pero prevalece, en
mi opinión, un doble efecto de marginación: por los costos de la
mercancía dirigida al sector femenino y por el ingreso de las mujeres
trabajadoras.
Otro artículo publicado por el influyente diario The Guardian
señala que las mujeres del Reino Unido ganan a lo largo de su vida
profesional 300 mil libras esterlinas menos que sus pares, más o menos 7
millones 500 mil pesos de diferencia.
En términos nacionales, el informe 2016 del Observatorio de Salarios
de la Universidad Iberoamericana (Puebla) concluye que en México las
mujeres ganan hasta 16 por ciento menos que los hombres por idénticos
trabajo y horario, entre otras razones porque las empresas descuentan
por anticipado el monto que deberán pagar con motivo del embarazo de sus
trabajadoras.
La discriminación por la vía de precios y del ingreso de la que somos
objeto las mujeres resalta en los estudios, no obstante que en los dos
primeros hablamos de países altamente industrializados donde la calidad
de vida nos supera.
Los economistas dirían que se trata de la ley de la oferta y la
demanda, y que las mujeres están dispuestas a pagar más por los mismos
bienes o que están igualmente decididas a emplearse con un nivel
salarial menor que los hombres, lo cual fija
naturalmentela estructura del mercado o de los salarios.
En contraste, para el derecho y la política es un tema mucho más
complejo que rebasa el campo de la economía. Los denominados efectos
naturalesdel mercado de bienes de consumo y del ingreso no aplican cuando se trata de derechos como la igualdad y la justicia social que debe operar en idénticas circunstancias para todas las personas.
Las cifras de la disparidad económica y la de-sigualdad social
entre mujeres y hombres en México es un tema no resuelto. Los estudios
son precarios y los resultados son más ofensivos y discriminatorios de
lo que acontece en otras economías y democracias, donde se ha hecho un
gran trabajo desde las cortes y los parlamentos para abatir el problema.
Pero retomemos algunos elementos que nos permitan distinguir la
complejidad del tema para un posterior diseño de políticas públicas. En
1995, el Senado de California expidió una ley que prohíbe el impuesto de
género, en la que básicamente se establecen medidas para erradicar los
diferenciales de precios entre los bienes de consumo equiparables para
mujeres y hombres.
En la exposición de motivos se estima que las mujeres californianas
pagan anualmente mil 351 dólares adicionales por los mismos bienes que
sus pares. La medida pretende la disminución del impacto negativo en
nuestros bolsillos.
Si ejemplos como estos son insuficientes, ¿qué se requiere entonces
para superar la desigualdad y la violencia económica de género en
términos de precios y de ingreso?
En materia de precios al consumidor no basta con leyes como en el
caso de California, sino que es indispensable sancionar
administrativamente las prácticas discriminadoras.
En cuanto a la estructura de ingresos, las empresas deben contar con
políticas claras sobre contratación y salarios del personal. Tan simple
como a trabajo igual, salario igual.
En materia de generación de datos para la posterior toma de
decisiones, es indispensable que instituciones como Inegi, Profeco,
Conapred, Coneval, Inmujeres y el Seguro Social, entre otras, aporten
información fidedigna para identificar la disparidad del consumo y del
ingreso entre géneros, a efecto de articular las políticas
redistributivas con visión de igualdad.
En cuanto al quehacer jurisdiccional, es obligatorio aplicar la
perspectiva de género en la búsqueda de la igualdad, pues más allá de lo
formal debemos atender lo material y estructural.
En suma, la construcción de una sociedad igualitaria es la ruta
impostergable para evitar la discriminación y la violencia de género.
Sin embargo, es imprescindible y urgente pasar del discurso a la acción.
Y usted, ¿está dispuesto?
*Magistrada federal y académica universitaria
No hay comentarios.:
Publicar un comentario