Cuando vemos que las cifras de mujeres, niñas, niños y adolescentes
desaparecidos aumentan dramáticamente en nuestro país, sabemos que el
crimen organizado diversifica sus horizontes con gran éxito.
Además de las drogas y las armas, los cuerpos de las más vulnerables son ahora motivo de ganancias millonarias a nivel mundial.
Sabemos, con enorme preocupación, que educar a nuestras hijas pequeñas y
adolescentes resulta un elemento clave para evitar las desapariciones,
ya que el anhelo –erróneamente aprendido– de ser amadas a toda costa las
puede conducir directamente a las manos de un tratante que no tardará
en sacarla de su entorno, explotarla o esclavizarla sexualmente y en
muchos casos, quitarle la vida.
Otro medio para “enganchar” a las víctimas es, sin duda, la publicidad
ilícita y/o engañosa que promete grandes sumas para mujeres jóvenes sin
oportunidades, que deben presentarse solas a supuestas entrevistas de
trabajo, luego de lo cual suelen desaparecer o, en el mejor de los
casos, ser orilladas por la necesidad económica a realizar servicios
sexuales.
Este trágico panorama es posible hoy día gracias a la impunidad de estos
delitos por la corrupción de nuestras autoridades, a quienes
beneficiamos con nuestro voto luego de habernos convencido de que “ahora
sí” cambiarían las cosas.
Es así que, bajo el glorioso manto protector que le otorgan autoridades
de la Ciudad de México, el ex presidente del PRI capitalino, Cuauhtémoc
Gutiérrez de la Torre, puede circular libremente por la urbe.
Está ampliamente probado por diversos medios que Gutiérrez de la Torre y
su equipo más cercano publicaron anuncios en al menos un periódico de
circulación nacional, para reclutar mujeres jóvenes con determinada
apariencia física, a quienes inicialmente se les ofrecía trabajar como
recepcionistas, asistentes administrativas o edecanes en los eventos del
PRI-DF, para luego hacerles saber que en realidad tenían que prestar
servicios sexuales a Gutiérrez de la Torre con un salario del propio
partido político.
Sólo quienes hemos protagonizado el tortuoso camino de interponer
numerosos recursos jurídicos en defensa de las víctimas de Gutiérrez de
la Torre, podemos dar cuenta de que hasta la fecha no se ha realizado
una sola diligencia o investigación por parte de las autoridades de la
Ciudad de México (particularmente la PGJDF), para sancionar los
presuntos delitos graves en materia de trata de personas que este oscuro
militante priista ha cometido ya por varios años, entre los que podemos
mencionar: trata (ya que se les reclutó abusando de su situación de
vulnerabilidad), publicidad ilícita y/o engañosa, tentativa de demanda y
delincuencia organizada.
Inexplicablemente, nadie en esta ciudad dio la orden de proceder con la investigación, sino todo lo contrario.
El año pasado la PGJDF, a cargo de Rodolfo Ríos Garza, resolvió el no
ejercicio de la acción penal contra Gutiérrez de la Torre –igual que
determinó en el mismo sentido el recurso de reconsideración–, a través
de argumentos que en aquel momento nos hacían reír y llorar
simultáneamente:
–No nos reconocían la representación jurídica como defensoras
victimales, a pesar de que nos enviaban notificaciones a nuestras mismas
oficinas.
–Porque las víctimas no ratificaron sus denuncias. Efectivamente no lo
hicieron porque no fueron citadas, y esto es una consecuencia de que no
se haya levantado un solo dedo para investigar.
–Así las cosas, y luego de meses en los que interpusimos quejas,
apelaciones, ampliación de declaraciones, amparos, otras denuncias, y
además aportamos infinidad de pruebas gráficas y electrónicas –nada de
lo cual fue tomado en cuenta–. Finalmente la PGJDF determinó el no
ejercicio de la acción penal.
Esto no nos extrañó, dado que a lo largo de varios meses y de diversas
formas, tanto el procurador Rodolfo Ríos Garza como el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, han dado la espalda a las víctimas
convirtiéndolas en delincuentes (Yakiri Rubio, por ejemplo).
Es así que recurrimos a instancias federales a través de un amparo, con
el fin de que se invalidara el no ejercicio de la acción penal y
finalmente se obligara a la autoridad a realizar todas las
investigaciones que amerita el caso.
¿Cuál fue el resultado? El juez Décimo Cuarto de Distrito, Alberto Díaz
Díaz, sobreseyó el amparo, nuevamente con el argumento de que no
contamos con la representación jurídica, lo cual significa que no entró
al fondo del asunto.
Lo que Alberto Díaz Díaz no entendió es que su decisión retarda la
acción de la justicia, impide a las víctimas su derecho a la debida
diligencia (como ya ocurrió en la PGJDF), y hace posible que Cuauhtémoc
Gutiérrez de la Torre permanezca impune, libre, circulando en la ciudad,
siendo visto por cualquiera en restaurantes y actos políticos, para
hacer los amarres ante uno de los platos más jugosos a corto plazo: el
proceso para la elección de la Asamblea Constituyente, del cual pretende
beneficiarse, lo que ha dejado ver a partir del día en que empezó a
vociferar contra el CEN del PRI.
Alberto Díaz Díaz tampoco entendió que con su decisión el sistema
político de nuestro país envía a todas las víctimas el mensaje de que no
importa que en una entrevista “de trabajo” se les haya pedido usar ropa
ajustada, “darse la vuelta” para que las vea el jefe, o informado que
harían “un oral” a Gutiérrez de la Torre a cambio de un sueldo como
edecanes o asistentes administrativas del PRI-DF.
Y si esta vez se trata de un personaje público, ¿qué pueden esperar las
víctimas sin reflectores en los medios y sin defensa legal?
Alberto Díaz Díaz se puso del lado de los tratantes de cuello blanco y no de las víctimas, pero esta historia no ha terminado…
*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas
en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario