Inmujeres y SFP “se echan la bolita” en su elaboración
El hostigamiento sexual contra trabajadoras de CFE –aún impune– desató
la necesidad de un mecanismo de protección, pero avanza a paso lento.
Aunque la falta de regulación eficaz para atender el acoso y el
hostigamiento sexual en el trabajo deriva en daños graves contra las
víctimas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dilatan la elaboración de un
protocolo de prevención, atención, sanción y seguimiento de este delito,
que sería aplicable en toda la administración pública federal (APF).
En 2015, dos trabajadoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Campeche sufrieron acoso sexual por parte de un superior,
y revelaron que la empresa productiva del Estado –primera certificada
con el Modelo de Equidad del Inmujeres– carece de mecanismos para
investigar las denuncias por este delito.
El hostigamiento y acoso sexual están contemplados desde 2007 en la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En 2012,
el Comité de la CEDAW recomendó a México garantizar la implementación
de un protocolo para la intervención en casos de hostigamiento sexual en
la APF, y adoptar medidas semejantes en el sector privado.
Las trabajadoras de CFE, que –según su denuncia– fueron vejadas
sexualmente por parte de un superior, reportaron la situación ante el
Órgano Interno de Control (OIC) sin obtener respuesta. Cuando llamaron
por teléfono a esta área se percataron de que el número no existía.
Luego de la denuncia en medios, personal de CFE inició interrogatorios a
las mujeres, quienes fueron víctimas del hostigamiento y la burla del
superior denunciado y de sus propios compañeros.
Durante las indagatorias, las mujeres fueron interrogadas en un ambiente
hostil, se dudó de su palabra y no se permitió la entrada a grupos
civiles que querían acompañarlas en el proceso.
Como no se llegó a ninguna resolución, el Observatorio de Violencia
Social y de Género en Campeche (OVSG) –que ha respaldado a las víctimas–
solicitó el apoyo del Inmujeres, lo que derivó en que en septiembre de
2015 la SFP iniciara una nueva investigación del caso, la cual sigue en
curso.
INDEFENSIÓN E IMPUNIDAD
Para Marta Ferreyra, secretaria de Equidad del Programa Universitario de
Estudios de Género de la UNAM, el acoso y el hostigamiento sexual en
los centros laborales es una forma con la que los hombres penalizan el
hecho de que las mujeres salgan del hogar.
Sin embargo, cuando no existen o fallan los mecanismos o las instancias
de regulación para castigar este delito, se genera un proceso de
indefensión en la víctima que le impide confiar en las instituciones que
deberían prestarle ayuda, lo que a su vez genera impunidad, abundó.
Y cuando se denuncia, la falta de resultados también puede causar daños
como la muerte, el acoso persistente, la pérdida del trabajo, depresión y
más violencia, explicó Ferreyra.
“Hay una tendencia a promover la denuncia de las mujeres cuando en
realidad no hay las garantías para evitar su vulnerabilidad. Hay una
exposición tan violenta que son doblemente victimizadas por el atacante y
por el procedimiento”, precisó.
En marzo pasado, las trabajadoras de CFE informaron que la empresa del
Estado envió al presunto agresor a otra área, pero sin informarles en
qué concluyó la investigación.
Magaly Reyes, presidenta del Consejo Social del Inmujeres, declaró que
esto no significa que el caso esté cerrado, y recordó que Lorena Cruz,
titular del Inmujeres, se comprometió en 2015 a realizar acciones para
garantizar justicia a las mujeres de Campeche.
Por eso desde el año pasado –informó Reyes– el instituto trabaja en la
elaboración de un protocolo de atención e investigación de casos de
hostigamiento y acoso sexual en la APF.
De acuerdo con la consejera social del Inmujeres, se planeó que el
documento final fuera presentado el 12 de diciembre de 2015, como parte
de la gestión del Sistema Nacional de Igualdad, pero que antes sería
revisado por el Consejo Social para agregar observaciones.
No obstante, el protocolo no sólo no se presentó el día acordado, sino
que ni siquiera se mostró al Consejo Social del instituto bajo el
argumento de que está en revisión de la SFP.
María de la Paz López, directora de Institucionalización de la
Perspectiva de Género del Inmujeres, señaló que fue en la reunión del
Sistema Nacional de Igualdad de diciembre de 2015 que se acordó realizar
el protocolo y no antes, y que desde entonces ha habido reuniones con
instancias de la APF, pero que la elaboración y presentación del
documento quedó a cargo de la SFP.
De acuerdo con López, la SFP empezó a redactar el protocolo a partir de
un convenio de colaboración firmado con el Inmujeres apenas el pasado 9
de marzo, acordando que quedaría listo antes de que concluya el primer
semestre de este año.
Precisó que el Inmujeres sólo “instruye y promueve” la elaboración del
protocolo, tal como señala el programa Proigualdad, pero que su
presentación y aplicación recaerá principalmente en la SFP.
No obstante, la estrategia 6.7.4 del Proigualdad obliga “a establecer
medidas para erradicar la discriminación y violencia en la APF,
entidades federativas y municipios”. Asimismo, el Inmujeres es el
encargado de coordinar la estrategia, no de sólo “instruir y promover”,
como sostuvo la funcionaria.
Contrario a lo que señalaron el Consejo Social del Inmujeres y el OVSG
sobre que el protocolo es consecuencia del caso de la CFE, María de la
Paz López acotó que el documento surge como parte de las obligaciones
que marca el Proigualdad para el instituto.
Por separado, Comunicación Social de la SFP respondió por escrito que
“el Inmujeres es el que está realizando este protocolo, en coordinación
con la SFP”, y en una segunda respuesta enviada días después señaló que
el documento se está trabajando “coordinadamente desde mediados de 2015;
en este momento estamos trabajando en la redacción de dicho Protocolo y
se prevé contar con este instrumento a mediados de 2016”.
La SFP detalló que hasta ahora las Reglas de Integridad para el
Ejercicio de la Función Pública establecen como mecanismo para atender
casos de hostigamiento y acoso (no necesariamente sexual), avisar al OIC
y que la Dirección General Adjunta de Quejas, Denuncias e Investigación
de la Contraloría Interna, realice las indagaciones y, en un plazo de
hasta tres años, imponga sanciones.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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