Persecución por opinión, presos políticos y de conciencia, sistema judicial que criminaliza la protesta, ley contra La delincuencia organizada que no toca a los narcotraficantes pero sí a quienes protestan… es el escenario en el que se encuentra México y el cual se profundizará en los próximos meses. La crisis ya ha sido advertida, incluso, internacionalmente
Adrián Ramírez López*
El gobierno mexicano ha promovido o
tolerado en mayor o menor grado, ya sea por acción u omisión, de manera
directa o a través de terceros, que en nuestro territorio nacional se
cometan delitos de lesa humanidad, desaparición forzada, ejecuciones
extrajudiciales, tortura, violaciones sexuales, feminicidios, trata de
personas, explotación sexual y laboral infantil, ataques a los
migrantes, detenciones arbitrarias e ilegales, retenciones arbitrarias,
fabricación de delitos e inducción-coacción de testigos, delitos que
prevalecen por la total impunidad.
Todo
esto se debe en gran medida a que la Ley contra la Delincuencia
Organizada, su sistema de jurisprudencias especiales y los montajes
mediáticos ejercen un poderoso efecto corruptor de la justicia, que
impacta a otras leyes y procedimientos e incluso permea a los organismos
públicos de derechos humanos y a la sociedad misma, generando un
prejuicio que se convierte en sentencias condenatorias para las personas
quienes aun antes de que hayan sido detenidas ya son consideradas
culpables.
El Estado mexicano es culpable de este
estado de cosas que nos tiene en la más grave crisis de derechos humanos
en la historia de nuestro país.
México vive una economía de guerra
impuesta, se nos despoja de nuestros derechos y se fortalece un esquema
represivo, una economía que no permite ni seguridad ni justicia y sólo
deja las grandes ganancias de la guerra para los poderosos. Miles y
miles de víctimas, millones y millones de pesos tirados a la basura en
el combate a una delincuencia que el propio Estado organizó.
En este mundo globalizado donde se ve
inmerso nuestro país, los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales han dejado de ser derechos y se convierten en mercancías. El
gobierno vende a empresas privadas el territorio, agua, electricidad y
demás recursos energéticos, recursos naturales, los patrimonios
artísticos y culturales, y sobre todo la fuerza laboral, devaluando las
conquistas de las prestaciones sociales, las pensiones y jubilaciones
(mismas que están en franco deterioro).
Persecución por opinión. Presos políticos y de conciencia
La fabricación de delitos en contra de
los líderes y luchadores sociales se ha centrado en los opositores a las
políticas de ajuste estructural; y de ellos, sobre todo, al magisterio
disidente a “la reforma educativa”. Decenas de sus líderes han sido
detenidos y varios de ellos llevados a cárceles de las llamadas de alta
seguridad (Centros Federales de Readaptación Social). También los
defensores del medio ambiente opositores a los megaproyectos han sido
víctimas.
Los cambios en las normas para el
control de las manifestaciones al inicio del gobierno de Enrique Peña
Nieto han generado detenciones masivas en manifestaciones pacíficas, las
que son violentadas por las acciones de “encapsulamiento” y uso de
armas poco letales.
No tenemos certeza plena de cuántos
presos de opinión existen, puesto que constantemente entran y salen de
prisión cientos de personas, la mayoría de ellos manifestantes, quienes
pasan algunas horas o días en detención, teniendo que pagar multas y
fianzas que están muy por encima de su poder adquisitivo. Las cifras de
presos de opinión, presos políticos y de conciencia que permanecieron
durante el 2015 varían entre 250 y 1 mil en el país. Tan sólo en Oaxaca
existe una lista de 65 presos políticos dentro de la información que ha
podido recabar el Comité Nacional Por la Libertad de los Presos
Políticos.
En todos los casos se ha denunciado constantemente el tortuguismo
en los procesos jurídicos, las violaciones constantes a los derechos
humanos y, sobre todo, la tortura, como es el caso de 13 personas
detenidas el 17 de mayo de 2013 en Oaxaca por presunto vínculo con la
delincuencia organizada y por el secuestro de menores, entre los que se
destacan: cinco detenidos del Frente Amplio de Comunidades Marginadas
del Estado de Oaxaca (FACMEO) y de la Sección 22 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE): Sara Altamirano, una de las
acusadas, candidata a presidenta municipal de Jalapa del Marqués; Lauro
Atilano, profesor que cuenta con un historial intachable, así como Mario
Olivera Osorio; el indígena Damián Gallardo Martínez y Leonel Manzano
Sosa; además, David Vargas Araujo, asesor de una diputada del Partido de
la Revolución Democrática; Enrique Guerrero Aviña, estudiante de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luchador social, quien
daba clases de alfabetización, primaria y secundaria para adultos, y
apoyó a la conformación de pequeñas cooperativas; así como cinco
indígenas (Alejandra Chávez Chávez, Faustino Diego, José Ambrosio
Martínez, Alejandro Sandoval Martínez y Alberto Sandoval Rodríguez).
El 7 de junio de 2015, en Oaxaca fueron
detenidos 25 manifestantes contra la falsa democracia que se vive en
México, por mejores condiciones de vida, estudio y trabajo.
También en Oaxaca entre las 23:30 horas
del 28 de octubre de 2015 y la 1:30 del 29, se dio la detención de los
cuatro profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE): Efraín Picazo Pérez, Othón Nazariega Segura, Juan
Carlos Orozco Matus y Roberto Abel Jiménez García, por personas que
hasta el día de hoy no se tiene certeza si fueron del Estado o personas
civiles que actuaron con la autorización o la aquiescencia de este. Los
detenidos no fueron puestos a disposición de autoridad alguna,
manteniéndolos privados de su libertad y negando información sobre su
paradero. Fue aproximadamente 11 horas después que se tuvo conocimiento
de ellos, cuando la Procuraduría General de la República los exhibió en
televisión nacional. Se observaba que los detenidos-desaparecidos eran
custodiados por elementos de la policía federal. Con estos hechos se
acreditó la desaparición forzada transitoria de persona, violentándose
el derecho a la integridad personal, el principio de inmediatez como
derecho humano (Habeas Corpus) y el derecho a la verdad.
Destacamos el caso del líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA, 28 de Octubre), Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio,
nacido el 22 de agosto de 1956, quien fue nuevamente detenido el 19 de
diciembre 2014 cuando salía de una reunión con Guillermo Aréchiga,
secretario de gobernación municipal en Puebla. El motivo de la detención
fue porque Simitrio no había acudido a firmar en los juzgados,
obligación que tiene por su libertad condicionada. Podría estar
encarcelado hasta que tenga más de 90 años. El líder social ha sido
notificado que tiene que cumplir en la cárcel una sentencia total de 51
años y medio, tras “violar” el acuerdo de preliberación al que estaba
sujeto desde 2001. En Puebla enfrenta un proceso penal por 25 años y 6
meses, al que se suman 8 años que el Juzgado Primero de lo Penal también
le ha dictaminado, 11 años más por el Juzgado Segundo y 7 años por el
Juzgado Séptimo. Sin embargo, Andrés Moreno, vocero de la UPVA, señaló
en conferencia de prensa que la sentencia es de 61 años, debido a que no
se le han reconocido los 10 años que estuvo preso de 1989 a 1999.
Además, reportó que la salud de Simitrio se ha deteriorado puesto que tiene una afectación hepática grave y disminución muy importante de plaquetas.
Han ocurrido más ataques contra la UPVA
28 de Octubre: el 22 de diciembre de 2014 fue detenido de manera
arbitraria Atl Rubén Sarabia Reyna, dirigente e hijo de Rubén Sarabia
Sánchez; el 25 de junio de 2015 fue detenido Fernando Alonso, dirigente
de la UPVA 28; el 9 de diciembre de 2015, fue detenido de manera
arbitraria Xihuel Sarabia Reyna, dirigente e hijo de Rubén Sarabia, y el
18 de febrero de 2016, Rita Amador López, pareja de Simitrio fue amenazada de muerte vía telefónica; el 28 de marzo nuevamente fue amenazada de muerte vía telefónica.
Nueve policías comunitarios de la
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria
(CRAC-PC), de Guerrero, permanecen encarcelados en penales de Ayutla y
Chilpancingo: Gonzalo Molina, Arturo Campos Herrera, Abad Francisco
Ambrosio, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Benito
Morales Justo, Florentino García Castro, Samuel Ramírez Gálvez y
Eleuterio García Carmen.
El defensor de derechos humanos José
Humbertus Pérez Espinoza, fue detenido el 4 noviembre de 2015, acusado
de tres delitos de robo a casa habitación, siendo víctima de la
fabricación de delitos como represalia por su lucha en defensa del
derecho humano a una vivienda digna y decorosa. Además de que su esposa y
su hijo enfrentan la persecución y existe riesgo de detención. De la
misma manera otros integrantes de la organización han sido víctimas de
amenazas. José Humbertus ha ganado juicios en favor de personas que se
vieron afectadas por la empresa constructora Urbi y otras empresas
involucradas en fraudes inmobiliarios en México. Además puso de
manifiesto actos de corrupción de funcionarios del gobierno del Estado
de México y de la Presidencia Municipal de Tecámac, Estado de México.
Recordamos el caso de Antonio Barragán
Carrasco, integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y
sobreviviente de la Masacre de Aguas Blancas (28 de junio de 1995 en
Guerrero), detenido el 22 de septiembre 2001 en San Quintín, Baja
California Sur, y sentenciado el 13 de enero 2015 a 33 años de prisión,
acusado de homicidio calificado, con declaraciones falsas arrancadas
bajo tortura a él mismo y sus coacusados, a quienes les negaron la
realización del protocolo de Estambul para acreditar la tortura. Está
pendiente de amparo directo. Lugar de reclusión: Centro de Readaptación
Social Atlacholoaya, Cuernavaca Morelos, en el municipio de Xochitepec.
Es importante subrayar que la práctica
de fabricar culpables constituye una trágica y dolorosa constante dentro
del accionar de los agentes policiacos y ministerios públicos y es
innegable la existencia de esta inadmisible patología jurídico-penal,
que impacta y colapsa el sistema penitenciario, que se encuentra
sobrepoblado y con fuertes tensiones en la convivencia entre los
internos.
Los ataques no son sólo contra los manifestantes, también se presentan ataques sistemáticos contra los reporteros.
“El año anterior es el más violento para
la prensa en México, cuando se registró en promedio una agresión cada
22 horas. En total se documentaron 397 agresiones, incluyendo siete
asesinatos de periodistas. Esto representa un crecimiento de 21.8 por
ciento con respecto de 2014, cuando se contabilizaron 326. Además, la
suma de ataques contra la prensa durante los 3 primeros años del
gobierno de Enrique Peña Nieto (del 1 de diciembre de 2012 al 31 de
diciembre de 2015) ascendió a 1 mil 73 hechos documentados y representa
el 58.5 por ciento, es decir, más de la mitad del total acumulado de
agresiones de 2009 a 2015, periodo en el cual se registraron 1 mil 832.
La documentación histórica de Artículo 19 permite identificar que el
46.9 por ciento de las agresiones, en los últimos 7 años, provienen de
algún servidor público.
“La violencia contra la prensa no es
ajena a un contexto nacional que se destaca por casos de violaciones
graves, como son las desapariciones forzadas, ejecuciones
extrajudiciales, uso de tortura y abuso de autoridad. La impunidad,
alimentada por la participación, omisión e inacción del Estado, sufraga
la repetición de estos hechos.
“El periodismo se ha convertido en una
actividad de alto riesgo, principalmente en 2015 donde las entidades que
más agresiones registraron a nivel nacional fueron Ciudad de México y
Veracruz, con 67 cada una, Guerrero con 56 y Puebla con 38. Del total de
agresiones en 2015, 69 fueron contra medios de comunicación. Entre 2014
y 2015 los ataques a medios de comunicación aumentaron en 80 por
ciento.
“En los años recientes ha sido evidente
el aumento de agresiones contra medios en el ámbito digital. De 2009 a
2015 se registraron 59 ataques cibernéticos; 30 ocurrieron el año
pasado.
“Por otro lado, 2015 es el año con mayor
número de agresiones contra mujeres comunicadoras; Artículo 19
documentó 84 agresiones. Esto pone en evidencia que la violencia contra
la prensa incluye características que de manera muy particular tienen
efectos diferentes en la vida personal, sicosocial y profesional de las
mujeres periodistas, que inhiben el libre ejercicio de sus actividades.
“A pesar de las deplorables condiciones
para el ejercicio de la libertad de expresión en México, la respuesta de
las autoridades no se ha reflejado en un efecto positivo. La Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de
Expresión (FEADLE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y
el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas son instancias ineficaces, que por inacción,
omisión, y falta de voluntad abonan a la impunidad y la consecuente
repetición de violaciones a derechos humanos.” (Informe de Artículo 19, MIEDO: Medios, Impunidad, Estado, Democracia, Opacidad)
Es tan grave la situación y el Estado Mexicano oculta cifras
En México no se dispone de cifras
confiables en relación con las violaciones a los derechos humanos en
general y mucho menos en relación con los delitos de lesa humanidad.
Cálculos no oficiales reportan que la tortura tiene un incremento a
partir de 2006 y hasta la fecha de alrededor de un 700 por ciento, como
ya hemos mencionado, resultado de la “guerra contra las drogas” del
Estado mexicano.
Amnistía Internacional menciona que
“…los recientes informes de la CNDH [Comisión Nacional de los Derechos
Humanos] la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados: en
2013 hubo un 600 por ciento más de denuncias respecto de 2003.
El gobierno de México ha reconocido un
aumento del 700 por ciento en las denuncias por tortura en el último
año, aunque éste le atribuye que tal incremento se ha debido a que hay
instrucciones para iniciar las investigaciones cuando los detenidos
aluden a que han sido torturados y argumenta que con frecuencia son
argucias de los delincuentes.
Síndrome de Anestesia Colectiva Inducida
Según el subsecretario de Asuntos
Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto
Campa Cifrián, “el Ejército y la Fuerza Aérea en nuestro país, de
acuerdo con distintos estudios de opinión, cuentan con una calificación
de confianza de 8 sobre 10 y el 67 por ciento de la población considera
que practican el respeto a los derechos humanos”. Para lograr estas
cifras se han invertido grandes recursos del erario en campañas
mediáticas de propaganda. Además, el subsecretario Campa omite decir que
a pesar de estas campañas, según estudios de opinión citados por
Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales, un 78
por ciento de la población teme ser víctima de tortura.
Montajes mediáticos. Tomemos un ejemplo
ampliamente mediatizado y realmente poco conocido, el caso de Florance
Cassez e Israel Vallarta Cisneros, quienes fueron detenidos el 8 de
diciembre de 2005 y presentados en un montaje mediático el 9 de
diciembre como líderes de una banda de secuestradores que nunca existió.
Todos fuimos víctimas del engaño y convencidos por los medios y las
autoridades de que ellos dos eran culpables. Unas horas de difusión
televisiva bastaron para producir 1 década de daños en las vidas de la
familia Vallarta y de Florance Cassez, condenados culpables antes de ser
juzgados.
Fue hasta el 2013 que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación se pronunció sobre el efecto corruptor del
montaje mediático, y concedió la libertad para Florance Cassez. No así
para Israel Vallarta (aún sin sentencia a10 años del montaje mediático),
ni para otros cinco de sus familiares, tres de ellos detenidos en 2009 y
dos más en 2012, víctimas también de tortura y fabricación de delitos,
quienes fueron inculpados por David Orozco Hernández que, a su vez, fue
obligado a hacerlo. David Orozco murió en prisión el 5 de enero de 2015
por afecciones agravadas debido a la tortura de que fue objeto. Nos
sumamos al reclamo de sus familiares para que se reconozca su inocencia post-mortem, se castigue a los responsables y se reparen los daños.
No se puede dar justicia a las víctimas,
torturando, fabricando pruebas, acusando a inocentes, induciendo o
coaccionando víctimas y testigos y haciendo montajes mediáticos; eso es
corrupción e impunidad.
La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada
La tortura es generalizada y sistemática
en México, favorecida por la corrupción y de manera colateral por la
mal llamada “guerra contra la delincuencia organizada”. Las denuncias se
han incrementado de manera exponencial y no sólo se debe a que hay
malos servidores públicos que recurren a la tortura como método. Es en
realidad un ajuste de la política en materia de “investigación” que está
propiciada por la Ley contra la Delincuencia Organizada.
Este marco jurídico permite un estado de
excepción en el que la tortura repunta gracias a la figura del arraigo,
la protección de testigos, la atenuación de la pena para quienes se
declaren culpables. El estado argumenta que así se avanza en las
investigaciones y en el combate a la delincuencia, no le importa que
señalen a inocentes y se les fabriquen testimonios inducidos como
presuntos culpables los que al aplicarles esta ley se ven inmiscuidos en
un fraude procesal que les ocasionará la pérdida de su libertad.
El núcleo duro de esta ley se funda en
la visión pragmática de dar resultados, recurriendo al binomio perfecto
en la fabricación de delitos: tortura para crear presuntos culpables más
inducción y/o coacción de víctimas y testigos.La Suprema Corte y la participación del Ejército
Las Fuerzas Armadas actúan en funciones
de policía con base en las tesis jurisprudenciales emitidas en la Novena
Época Judicial, época en la que aún no se había establecido el
principio pro persona en la Constitución, por ello su actuar carece de
una fundamentación legal, con todo respeto para los ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se delimite ese actuar, se
genere una certeza jurídica y garantice a los mexicanos que en caso de
violaciones a los derechos humanos y en específico a la tortura por
parte de los militares estos sean enjuiciados y castigados.
La participación de las Fuerzas Armadas
en labores de seguridad pública. Sus integrantes no están capacitados ni
formados para eso, su misión es abatir al enemigo, como lo hemos visto
en múltiples casos alarmantes. Ellos hablan de abatir, hablan de
neutralizar y el abatir significa matar, y la investigación que realizan
es con suma frecuencia a través de la tortura; ésa es la forma, los
militares no tienen un adiestramiento idóneo, su génesis es otro, su
ideología es otra, por ello carecen de mecanismos para hacer las labores
de una policía científica la cual debería estar preparada para este
tipo de acciones.
Dilación inexplicable en la puesta a
disposición de los detenidos. A pesar de que el Artículo 16
constitucional indica que la puesta a disposición de una persona ante la
autoridad competente, sea sin demora, esto no se cumple. Tampoco se
cumplen los acuerdos de las procuradurías para notificar de inmediato,
por los medios a su alcance y sobre todo a la base informática de
plataforma México, cuando una persona es asegurada. Esta medida sería de
suma utilidad para prevenir detenciones y retenciones arbitrarias, sin
embargo no se aplica en la práctica. Incluso no se tiene certeza de que
esta costosísima plataforma informática se encuentre en uso.
La utilización de estas notificaciones
electrónicas permitirían que cualquier persona pudiera solicitar
informes de la persona asegurada en tiempo casi real y con ello se
evitaría que las autoridades fabriquen pruebas, escenifiquen cosas que
no sucedieron, ejemplo de ello es Tlatlaya.
Los mexicanos demandamos certeza
jurídica inmediata sobre la detención de personas, no obstante las
autoridades tardan horas, incluso días en notificar, originando en las
víctimas y familiares un estado de incertidumbre y de indefensión que es
aprovechado por las autoridades, para aplicar la tortura y obtener
testimonios que serán usados posteriormente para coaccionar a la
víctima, a familiares y testigos. Este actuar de las autoridades es
altamente lesivo para la verdad y la justicia y, junto con las campañas
mediáticas, se contribuye a un clima de terror. Mientras a los inocentes
se les persigue y lincha mediáticamente, afuera los secuestradores
violentísimos mutilan y ejecutan sanguinariamente a sus víctimas porque
gozan de la impunidad y corrupción alarmantes en nuestro país. El Estado
se ha ocupado en la creación de un imaginario político de alarma que
permite militarizar al país, a pesar de un alto costo de nuestros
recursos destinados a la seguridad que ni nos da seguridad, ni nos da
justicia, tan sólo la fabricación en serie de presuntos culpables,
falsos delincuentes, con el que se enmascara el perverso vínculo de
policías-ladrones.
Esta situación permitió generar ese
imaginario de un enemigo muy peligroso que habría que neutralizarlo y
abatirlo y los sobrevivientes castigarlos con penas más graves. Y es así
como se ha creado un cuerpo de tesis jurisprudenciales en materia de
delincuencia organizada que violan el derecho internacional de los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Las leyes,
jurisprudencias y penas sobre delincuencia organizada son la expresión
mexicanizada del estatuto antiterrorista derivado del 11 de septiembre
de 2001, impuesto por Estados Unidos a nivel mundial que ha causado muy
graves violaciones a los derechos humanos en México y en el mundo.
La Subprocuraduría Especializada en
Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO, antes SIEDO) de la
Procuraduría General de la República (PGR), es una gran cárcel
clandestina que además cuenta con sus vehículos adaptados, casas de
seguridad y estacionamientos de las propias instalaciones y puntos ciegos, que evaden los controles de video vigilancia en los que se aplica la tortura.
Se puede llegar a la SEIDO y saber que
ahí adentro hay una persona detenida, pero muy difícilmente se le podrá
ver, incluso un abogado defensor particular solicita entrar para atender
al detenido y, sin embargo, le niegan el acceso a la defensa efectiva
de su cliente. Mientras, adentro el defensor de oficio firma estar
presente en las actuaciones y en la mayoría de las veces no da una
asistencia efectiva a los detenidos. No obstante, se pueda apreciar que
el expediente jurídico refleja una realidad aparente de respeto a los
derechos del detenido, en realidad sólo se convalida la violación grave
de los derechos humanos, insistimos, dando apariencia del cuidado de la
legalidad.
¿Por qué, con todos estos mecanismos
jurídicos que aparentemente servirían para abatir la delincuencia, el
fenómeno no se ha logrado acabar? Padecemos una corrupción sistémica
profundamente enraizada, hay tráfico de influencias e impunidad. A pesar
de la reforma constitucional de junio de 2011que incorpora los derechos
humanos de manera explícita, se establece el principio pro persona, y
se han incorporado todos estos instrumentos para la protección de los
derechos humanos. Además de la ratificación de instrumentos
internacionales, no se ha podido erradicar la tortura, por el contrario
esta se ha incrementado de manera exponencial.
Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública. Esta ley le dio funciones y competencias a las
Fuerzas Armadas, a pesar de que no están preparadas ni capacitadas, ni
tienen la intención de hacer un trabajo de investigación acorde a lo que
establecen los marcos policiales. Además, los acuerdos de capacitación y
formación de intercambio internacional entre ejércitos y policías,
principalmente con Estados Unidos, para capacitar y entrenar en materia
de tortura, son factores que hoy nos tienen en la más profunda crisis de
derechos humanos en la historia de México. Es fundamental vigilar de
qué manera se está formando a las fuerzas armadas y policiacas, porque
por un lado les dan cursos de derechos humanos y por otro les dan cursos
en técnicas de investigación y de interrogatorios “inteligentes” que no
dejan huella de los tormentos que infligen.
La situación de los centros
penitenciarios. Tenemos que erradicar la “bienvenida”, práctica
invariable en la recepción de los detenidos con una andanada tumultuaria
de insultos, vejaciones, golpes y amenazas con perros, con la finalidad
de hacer sentir al recién llegado el régimen de rigor y poder del
personal penitenciario. Es una sesión de tortura generalizada, agravada a
la que son sometidas todas las personas que ingresan a penales
federales.
También es frecuente la reclusión de las
personas en lugares alejados a su origen y con ello se producen
afectaciones sicoemocionales y económicas que colocan con frecuencia en
la cuasi indefensión jurídica a las personas.
Se recuerda que a partir de la fuga de
Joaquín Guzmán Loera del Cefereso 1, El Altiplano, en el Estado de
México el 11 de julio de 2015, se han intensificado las medidas
disciplinarias en todos los centros penitenciarios, al grado tal que se
están violentando los derechos humanos de los internos y se han
incrementado de manera importante los traslados de una multiplicidad de
presos, alejándolos aún más de sus lugares de origen y de los juzgados
donde llevan sus procesos.
No obstante que sea facultad de las
autoridades penitenciarias la realización de los traslados, esto no les
da facultades discrecionales y que hacen que la pena sea trascendental
porque se rompen los vínculos familiares y se favorece la indefensión
jurídica. A pesar de que hoy existen las audiencias por videoconferencia
en las diligencias judiciales, esto incrementa los gastos de defensa y
traslado de familiares. No se disponen de cifras confiables, pero son
muchos los presos que son atendidos por la defensoría de oficio y una
gran mayoría va perdiendo el vínculo con familiares, algunos de ellos
llevan años sin ser visitados.
El Comisionado James Cavallaro, en
calidad relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y
relator de país, realizó una visita de trabajo a México entre el 22 y
el 24 de septiembre de 2015. La visita tuvo como objetivo monitorear la
situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en
este país, y en boletín de prensa se destaca: según la información
recabada por esta Relatoría, los reclusorios federales presentarían
mejores condiciones físicas y más control, pero también un ambiente de
extrema represión. En este sentido, se caracterizan por la utilización
de prolongados regímenes de aislamiento, hasta por 23 horas al día,
restricción de comunicación entre internos y graves dificultades para
tener contacto con el exterior. En particular, la Relatoría recibió
testimonios sobre los hechos ocurridos el 19 de septiembre de 2015 en el
Cefereso, cuando fuerzas federales de seguridad habrían ingresado y
sacado de forma violenta a los internos de sus celdas, a fin de
quitarles sus mini televisores y relojes personales. Esta situación,
junto con otras inconformidades relacionadas con sus condiciones de
detención como el prolongado encierro por 22 o 23 horas diarias en
celdas que miden 2 por 3 metros en las que se encuentran dos o tres
personas, habría dado pie a una huelga de hambre iniciada ese mismo día.
La Comisión observa con preocupación lo manifestado por organizaciones
de la sociedad civil, respecto de la falta de disponibilidad de
información sobre esta cuestión. La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos advierte que en reclusorios federales y estatales en México se
presentan patrones comunes y estructurales, tales como hacinamiento,
corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad, ausencia de
oportunidades reales para la reinserción social, maltrato por parte del
personal penitenciario a cargo de la custodia de las personas privadas
de libertad, e imposibilidad de éstas para presentar quejas ante un
órgano independiente que cumpla con los estándares de independencia e
imparcialidad reconocidos. Asimismo, la Comisión observa que se presenta
en gran medida un uso excesivo de la prisión preventiva y la
inaplicación de medidas sustantivas. En particular, en la visita a los
centros realizada por esta Relatoría se recibieron numerosos testimonios
de personas cuyos casos habrían excedido ampliamente el límite
constitucional de dos años para la aplicación de la prisión preventiva.
La Relatoría también observó que las personas procesadas y sentenciadas
compartirían las mismas celdas y se encontrarían en las mismas áreas
comunes.
Adrián Ramírez López*
*Presidente de la Liga Mexicana por la
Defensa de los Derechos Humanos, en este escrito a nombre de la
Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la
prisión Política: Actuar Familiares Contra la Tortura, Red de Alerta
Temprana, Limeddh, Fundación Diego Lucero, Asociación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en
México, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Observatorio
Nacional de Prisiones México, Red Universitaria de Monitores de Derechos
Humanos, Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo, Asociación
de Derechos Humanos del Estado de México, Comité de Familiares de
Personas desaparecidas en México, Alzando Voces y Comité de Defensa de
Derechos Humanos Cholollan, Artillería Visual. Movimiento Nacional Aquí
Estamos, Derechos en el Mundo del trabajo, Bloque de Organizaciones
Sociales Emiliano Zapata, UPVA 28 de octubre, Unión Cívica Felipe
Carrillo Puerto, Nuestra Voz Radio y Emisión Alterna, Centro de Derechos
Humanos Antonio Esteban, y Asociación Canadiense por el Derecho y la
Verdad
[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: SOCIAL]
No hay comentarios.:
Publicar un comentario