Soledad Jarquín Edgar
Oaxaca,
México, 11 de abril (Especial de SEMlac).- La "ventanilla" de atención a
la violencia de género contra las mujeres es un asunto pendiente, al
menos por tres razones importantes: el marco jurídico -aunque se ha
avanzado- sigue siendo inadecuado; la estructura o arquitectura
institucional es inapropiada, y el presupuesto, insuficiente, además de
estar mal diseñado.
El
resultado es la ineficacia en la atención a las víctimas y, en
consecuencia, el alto Índice Global de Impunidad, que en este país
alcanza el 75,7. México ocupa el lugar 58 de una lista de 59 países,
como refiere un estudio de Universidad de las Américas Puebla y el
Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia.Empeoran
el escenario la falta de sensibilidad social y política frente a la
violencia contra las mujeres; evidenciada en una opinión pública
ignorante y superflua a la que no hemos sabido educar; la ausencia de
propuestas al respecto en las plataformas de los partidos políticos y la
reproducción de políticas públicas que favorecen y extienden las
desigualdades de género y la discriminación de las mujeres, dice Norma
Reyes Terán, coordinadora general de la Agencia para el Adelanto de las
Mujeres.Ella,
quien junto con un pequeño grupo de feministas ha elaborado un
diagnóstico de la situación de las mujeres en Oaxaca, y ha puesto
especial énfasis en el sistema de justicia, sostiene que es
indispensable la armonización legislativa, en el caso local, entre los
instrumentos internacionales y la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia.Se
trata, explica la ex diputada federal y ex directora del Instituto de
la Mujer Oaxaqueña, de garantizar la protección de las mujeres y el
diseño de una política global que actúe en contra del fenómeno de la
violencia, a través de medidas integrales. Hasta ahora, dicha
armonización se está llevando a cabo de manera simplista y, la mayoría
de las veces, de forma equivocada.En
ese sentido, la abogada Bárbara García Chávez refiere que la mejor
prevención contra la violencia es tomar decisiones políticas. La
modificación real de la estructura social, pero sobre todo eso que
llamamos costumbre o cultura y que ha normalizado la violencia, solo es
posible garantizando el derecho a una vida libre de violencia de género a
mujeres y niñas, y la única forma de hacerlo es construyendo y
fortaleciendo instituciones que, junto con la ciudadanía, rechacen la
impunidad.Reyes
Terán, entrevistada por separado, coincide con García Chávez, quien
sostiene que, efectivamente, hemos planteado un cambio cultural, pero la
garantía de los derechos de las mujeres solo podrá darse mediante el
cambio político, en el caso de las estructuras de justicia y de
prevención de la violencia contra las mujeres.Casos emblemáticos"Alejandra"
fue agredida por su ex novio, quien se metió a su domicilio a las seis
de la mañana del sábado 26 de marzo. Ella refiere que su ex pareja trató
de abusar sexualmente de ella y, como no lo consiguió, la golpeó
provocándole moretones en la cara, lesiones en distintas partes del
cuerpo, como marcas en su cuello, pues pretendió ahorcarla.Desde
las 08.30 horas se presentó ante la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, para interponer
una denuncia. Después de cuatro horas, fue atendida por la psicóloga
Balbina Tomas, quien le indicó: "piensa muy bien lo que vas a hacer,
porque es un proceso largo y tardado, yo te recomiendo que lo arregles
por fuera, porque nosotros no tenemos cómo brindarte protección"."Te imaginas, tendríamos que ponerle un policía a cada mujer que sufre violencia y pues eso no se puede", dijo la psicóloga.Varias
horas después, el secretario del Ministerio Público, quien nunca llegó a
laborar porque era un día festivo, le tomó su declaración pero le
advirtió que no iba a pasar nada, que necesitaba testigos para continuar
la denuncia. Señaló que si el proceso había sido tardado era porque
habían acudido en sábado y además era "un día feriado"."Alejandra"
tiene miedo. Desde ese día apenas duerme, pues su agresor no ha sido ni
siquiera molestado, en cambio ella ha tenido que ratificar la denuncia
y, a fines de abril tendrá que presentar testigos de la agresión, e
investigar si éste había estado tomando antes de acudir a su casa.
Señala que tal vez si la hubieran matado, al sistema de justicia
consideraría que tiene pruebas suficientes.Pero
de acuerdo con Zoila Bengoechea, eso tampoco es garantía, pues a su
hija Daphne Carreño Bengoechea, asesinada por Alejandro Enrique Rivera
López, el 9 de abril de 2013, y detenido muy cerca del departamento de
su hija con el arma homicida en la mano, la justicia todavía no llega,
pues las influencias de la familia del asesino ha hecho todo lo posible
para que no sea procesado todavía.A
más de un año de la violación de una menor de edad, por parte de cuatro
jóvenes en Boca del Río, Veracruz, en enero de 2015, y cuyo caso desató
la polémica en redes sociales, luego de la publicación de una carta del
padre de la menor, se revelan los obstáculos para la obtención de
justicia y la impunidad de la que gozan los agresores. En Veracruz, el
índice de impunidad global es de 72,38 por ciento.Desnaturalizar la violenciaEn
el caso de Oaxaca, explica Reyes Terán, el marco jurídico debe asegurar
la obligación de diseñar, ejecutar y evaluar acciones orientadas a la
prevención de la violencia de género que se ejerce contra las mujeres y
las niñas, mediante acciones diferenciadas en los ámbitos sociocultural,
en el de las instituciones y de manera individual.Asimismo,
la política de prevención debe lograr que la sociedad perciba este
fenómeno como delito, como un problema de derechos humanos, de salud
pública y de seguridad ciudadana, lo que sin duda llevaría a
desnaturalizar el maltrato contra las mujeres y a prevenirlo de manera
estandarizada.Reyes
Terán consideró necesario prohibir expresamente que las conductas de
violencia de género contra las mujeres y las causas que tengan relación,
que se originen o deriven de ella, a los procedimientos conciliación y
mediación.La
consultora en género recalcó que el combate que el Estado mexicano
lleva a cabo contra el crimen organizado, ha implicado un proceso de
modernización sin precedentes en las instituciones de seguridad pública y
la procuración de justicia; reflejado inclusive en los Presupuestos de
Egresos que cada año aprueba la. Cámara Federal de Diputados.Sin
embargo, la violencia de género contra las mujeres no forma parte de
esa violencia social; no es el tipo de violencia que encoleriza a las
masas y la hace salir a las calles a pedir la renuncia de los
funcionarios; no figura en la agenda de la seguridad pública nacional,
mucho menos en la estatal y, por consiguiente, no ha sido tocado
siquiera dentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública.Frente
a esa realidad, Reyes Terán considera necesario el rediseño de la
arquitectura institucional para su adecuada atención y sanción, aunque
parezcan vanas ilusiones, de cierto sabemos que no lo son y que se
requieren urgentemente.
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