Por: Cecilia Baldera
(09 de mayo, 2016. Revolución
TRESPUNTOCERO).- Ya de madrugada, y a escasas horas de que terminara el
periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, el pasado
viernes 29 de abril, el Senado de la República aprobó modificaciones al
Código de Justicia Militar y expidió el Código Militar de Procedimientos
Penales a pesar de que diversas voces advertían que algunos de sus
artículos podrían implicar violaciones a los derechos humanos y otras
calificaron ambos dictámenes como inconstitucionales.
Ambos códigos habían sido aprobados,
apenas una semana antes, por la mayoría de los integrantes de la Cámara
de Diputados, entre acusaciones de negociaciones en lo oscurito,
marginar a varios partidos de oposición de la discusión de
modificaciones de último momento y de la celeridad con que se trató el
tema, incluso en el trabajo de las comisiones. Como en otros temas
escabrosos, entre los legisladores, lo de menos fue el debate.
Un día después de la aprobación de ambos
textos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se prendió la primer
alarma, pues un diario de circulación nacional publicó que la nueva
legislación facultaba al Ejército mexicano llevar a cabo cateos en
instalaciones de dependencias públicas, incluido el mismo Congreso de la
Unión, disposición contraria a lo señalado en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo, este señalamiento fue el
único que en la opinión pública logró hacer un poco de ruido, aunque es
sólo la punta de una serie de violaciones a derechos fundamentales
consagrados en la Carta Magna y de los que los mexicanos apenas
comenzábamos a adueñarnos como el derecho de acceso a la información.
Ley mordaza y violaciones a DD. HH.
En el Congreso, el único en advertir
sobre el tema, fue el senador del Partido del Trabajo (PT), Marco
Antonio Blásquez Salinas –primer legislador identificado con la
izquierda en ser electo por las entidades de la frontera norte, pues es
representante de Baja California- al denunciar en tribuna que estas
disposiciones atentan contra la libertad de expresión.
“En el esfuerzo por mantener la
disciplina militar en el fuero de guerra, esta ley termina por conculcar
el derecho a la información de los mexicanos. Sostengo que con este
código, se viola la libertad de expresión, ya que la presencia de las
compañeras y compañeros periodistas en las salas y audiencias de los
procesos militares queda supeditada al criterio discrecional del titular
del órgano jurisdiccional castrense. La discrecionalidad, lo sabemos,
es la antesala del abuso”, argumentó el legislador ante un pleno casi
vacío en donde había más asesores y secretarios particulares que
senadores.
Blásquez advirtió que, además, se expone
a los periodistas a ser víctimas de abusos por la pretensión de
imponerles multas e incluso, arrestarlos por el sólo hecho de cumplir
con su labor informativa, lo que implica un desconocimiento del derecho a
la libertad de expresión.
El legislador bajacaliforniano –que
también es periodista- explicó que en el cuarto párrafo del artículo 4
del Código Militar de Procedimientos Penales señala que: “los
periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el
que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine
el órgano jurisdiccional militar, conforme a lo dispuesto por la
Constitución”; es decir, la posibilidad de reportear o documentar un
juicio militar, quedaría a contentillo de un integrante de las Fuerzas
Armadas.
En el último párrafo del artículo 54 del
mismo código, se establece que “los periodistas y los medios de
comunicación deberán abstenerse de grabar y transmitir por cualquier
medio la audiencia”, señaló el senador, con lo que se vulnera el
principio de máxima publicidad, una de las características del Sistema
Penal Acusatorio al que según legisladores oficialistas se pretende
adecuar el proceso militar.
Aunque en un Estado de derecho –como se
supone o nos quieren hacer creer que es nuestro país- se privilegia que
la sociedad esté enterada de la forma en que se ventilan las causas
penales y principalmente de que se haga justicia con pleno respeto a los
derechos humanos, la puesta en marcha de estas nuevas disposiciones no
es congruente con este precepto; situación que resulta verdaderamente
preocupante, dados los señalamientos que de manera reiterada se han
hecho en contra de las Fuerzas Armadas en materia de uso excesivo de la
fuerza, práctica de tortura e incluso, como en el caso Tlatlaya,
ejecuciones extrajudiciales.
El también presidente de la Comisión
Especial de Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de
Comunicación del Senado, llamó la atención respecto a la posibilidad que
con esta ley se vulnere el derecho de los informadores de abstenerse a
revelar sus fuentes pues, aunque en muchas ocasiones la secrecía de las
mismas es la única forma de obtener datos y es de suma importancia
salvaguardarlas –aunque el comunicador asuma el riesgo de quedar
expuesto a represalias, ataques o agresiones- las nuevas disposiciones
podrían obligar a que sean reveladas.
Blázquez criticó que los periodistas no
hayan sido integrados a la lista de profesionales como abogados,
visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y
enfermeros a quienes el artículo 359 del mismo ordenamiento garantiza el
derecho de guardar secretos relacionados con la materia de su
competencia y que no podrán ser obligadas a declarar.
“Si dejamos que los jueces o tribunales
militares, de manera discrecional, decidan si dan acceso o no a los
periodistas y además se encuentren habilitados para imponer medidas de
apremio que van desde multas hasta arrestos, lo más probable es que las
audiencias donde se acuse a militares se lleven a cabo en absoluta
secrecía; lograrán imponer la ley mordaza dejando fuera de las salas de
actuaciones a los medios de comunicación y exponiendo a los periodistas a
todo tipo de atropellos”, advirtió el legislador y subrayó que no hay
ninguna razón válida para intentar reprimir a la prensa “más que el
deseo de ocultar hechos bochornosos que hemos conocido y seguramente se
seguirán dando”.
Chuza en el Congreso
El análisis, discusión y aprobación de
las modificaciones al Código de Justicia Militar y la expedición del
Código Militar de Procedimientos Penales fue lo que en el argot
legislativo se conoce como una bola rápida; es decir, los tiempos y
procedimientos que debe seguir una iniciativa para convertirse en
dictamen y luego aprobarse en el Pleno, fueron oportunamente
“agilizados”.
El diputado de Movimiento Ciudadano
(MC), Víctor Manuel Sánchez Orozco explicó que el análisis de ambos
textos en comisiones fue fast track y no fue sino hasta que el dictamen
fue puesto a consideración de todos los legisladores de la Cámara de
Diputados, donde detectaron irregularidades, lo que generó que partidos
que votarían a favor de las propuestas cambiaran el sentido de su
posición y presentaran modificaciones que, como generalmente pasa, ni
siquiera fueron tomadas en cuenta.
El jueves 21 –día en que se discutió y
aprobaron por mayorías las nuevas normatividades- una reunión fuera de
agenda generó mayor suspicacia sobre el asunto.
Coordinadores de varios grupos
parlamentarios se reunieron “tras banderas” –una pequeña sala ubicada a
espaldas de la tribuna desde donde el presidente de la Mesa Directiva
conduce la sesión- para negociar la posibilidad de hacer cambios al
texto. Los representantes de Morena y MC, no fueron requeridos.
Incluso, se decretó un receso, para dar
oportunidad de exponer las irregularidades encontradas y plantear
modificaciones, “pero parece ser que unos grupos parlamentarios las
vieron irreductibles y cerraron la posibilidad a cambios”, dijo el
legislador en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.
El diputado señaló que su grupo
parlamentario detectó disposiciones contrarias a preceptos de la
legislación internacional y ratificados por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH); por ejemplo, que cuando civiles se vean
relacionados en algún asunto de índole criminal que involucre a
militares –ya sea como posible responsable o como víctima- el hecho debe
ser juzgado por una autoridad civil.
Sin embargo, en el artículo 57, fracción
II, del Código de Justicia Militar, se contempla la posibilidad que si
es un militar el probable responsable de un delito cometido en contra de
un civil, será juzgado por las leyes militares, lo que implica
desventajas para el agredido y generar impunidad o encubrimiento.
“Hay un asunto preocupante: la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha planteado que cuando haya una
violación grave a derechos humanos en una investigación militar, aunque
sea entre militares, ese asunto no se debe juzgar por ellos; por
ejemplo, un caso de tortura que pudiera darse entre militares, porque
debe ser la autoridad civil la que realmente investigue a fondo y el
tema no termine en encubriendo el problema”, abundó el legislador de
Jalisco.
Sobre las facultades que se otorgaron a
la milicia para que cateé oficinas de gobierno, incluidas las del propio
Congreso, Sánchez argumentó que es un riesgo que atenta contra la
libertad del ejercicio de creación de leyes -prerrogativa única del
Poder Legislativo- y acto de incongruencia, pues en lugar de fortalecer a
ambas cámaras para que puedan trabajar con la mayor libertad posible,
se hizo lo contrario.
En San Lázaro, se habló, incluso, de la
posibilidad de interponer una solicitud de revisión ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por considerar que diversas
disposiciones de ambos ordenamientos son inconstitucionales.
En el Senado de la República, también se
denunciaron las irregularidades en el procedimiento jurídico para la
aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Defensa
Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos, pues en cuestión de
horas se cubrieron los trámites necesarios para ponerlo a discusión: el
jueves por la mañana, al inicio de la sesión se le dio la “primera
lectura” y horas más tarde, la mayoría de la asamblea dispensó la
segunda.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez
presentó un recurso denominado “Moción suspensiva”, para solicitar que
se prorrogara la discusión del tema y que el dictamen fuera regresado a
las comisiones, pues no se habían cumplido las disposiciones señaladas
en la Ley Orgánica del Congreso ni en el Reglamento del Senado de la
República.
El legislador del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) recordó que dos días antes, el 26 de abril,
la Mesa Directiva del Senado había recibido de la Cámara de Diputados
el oficio con el que se remitió el proyecto y fue turnado a las
comisiones.
Apenas un día más tarde, se convocó a
reunión extraordinaria de las comisiones arriba citadas y se aprobó el
proyecto de decreto, con lo que se violó lo establecido en el artículo
186, numeral 2, del Reglamento del Senado que especifica: “…Una vez
puesto de acuerdo a los responsables de su formulación en las comisiones
unidas, el proyecto de dictamen se distribuirá a todos los integrantes
de las mismas, por lo menos 24 horas antes de la reunión en que deba
discutirse y votarse”, cuando los integrantes de las comisiones
recibieron el texto sólo dos horas antes de la reunión a la que fueron
convocados.
Encinas Rodríguez expuso que a través de
una comunicación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
en nuestro país, se hizo del conocimiento de los legisladores, la
preocupación de esta instancia internacional por el contenido de los
códigos al considerar que generan incertidumbre; por ejemplo, “en
aquellos casos en los que se perdieron facultades para órganos de
naturaleza militar, cuyas acciones pueden afectar a personas e
instituciones civiles”, por lo que hizo un llamado a clarificar el
ámbito de actuación de las autoridades ministeriales y jurisdiccionales
militares.
“De plantearse en estos términos el
Código de Justicia Militar, que poco o nada tiene que ver con esta
adecuación en materia de modelo acusatorio, estaríamos prácticamente
generando condiciones de un Estado de excepción donde no hay garantía
plena al ejercicio de los derechos civiles y de los derechos humanos”,
advirtió el perredista.
El coordinador de la bancada del PT en
el Senado, Manuel Bartlett, denunció que a las comisiones solamente les
tomó siete minutos la aprobación del dictamen, lo que, evidentemente,
implica que no hubo un estudio a fondo del mismo y advirtió que el
dictamen engrandece a las Fuerzas Armadas por encima del Estado de
derecho y de la soberanía popular.
“Están jugando con fuego. Así se empieza
y se termina en dictaduras militares. No se juega con las armas, las
armas están para defender la soberanía nacional, no para convertirse en
la policía de nosotros mismos. Queremos al Ejército, pero lo queremos
limpio; no queremos que lo manchen ni que lo manden a matar gente”, dijo
el coordinador parlamentario.
A parte de los dos presidentes de
comisiones que hicieron uso de la tribuna para explicar el contenido del
dictamen, sólo un par de legisladores del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), tomaron la palabra para defender el texto, en
contraste con una lista de por lo menos 10 senadores que lo hicieron
para hablar en sentido negativo del mismo.
Los perredistas Dolores Padierna Luna,
Fidel Demédicis Hidalgo, Isidro Pedraza Chávez, Raúl Morón Orozco y
Armando Ríos Piter se pronunciaron en contra, al igual que Layda
Sansores, del PT y el ya citado Blásquez Salinas.
Sin embargo, ya de madrugada, el
documento fue aprobado por la mayoría de los senadores del PRI, del
Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM).
CNDH, una posibilidad
Para Jaime Cárdenas Gracia, investigador
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), la aprobación del Código Militar de
Procedimientos Penales, es una amenaza contra la libertad de expresión.
Consultado por Revolución TRESPUNTOCERO
al respecto, el académico subraya que el argumento señalado durante la
discusión del tema en el Senado, sobre que las modificaciones tienen por
objetivo la sincronización con el nuevo Sistema Penal Acusatorio –que
debe instrumentarse este año en todo el territorio nacional, luego de
ocho años de transición- es una falacia, pues una de las principales
características del acusatorio es la máxima publicidad, incluida la
obligatoriedad que las audiencias públicas y en el ámbito militar, esto
no sucederá con la normatividad aprobada.
El Código Militar establece que cada
tribunal o juzgado militar definirá si permite el ingreso de periodistas
a las audiencias, pero la limitación sobre la presencia de civiles no
se detiene con los comunicadores, también pueden definir si asistirán a
juicios las víctimas y sus familiares.
“Se restringe totalmente el derecho a la
información, a los periodistas y se restringen otros derechos de las
víctimas y de los propios familiares de quien es procesado ante la
justicia militar”, advierte el constitucionalista.
Sin embargo, el también exdiputado
federal, explica que hay algunos escenarios que pueden echar abajo las
reformas recién aprobadas, por incluir disposiciones de carácter
inconstitucional, aunque en todos debe esperarse a que los códigos sean
publicados formalmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Se ve complicado que alguien las vaya a
utilizar o emplear. Tal vez solamente lo harán los ciudadanos, las
víctimas civiles o los ofendidos de carácter civil, podrían decidir
acudir a un amparo para reclamar las violaciones a sus derechos y la
inconstitucionalidad de esta reforma”, adelantó.
Desde el mismo Congreso de la Unión, se
puede impulsar un recurso para que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) analice la viabilidad de las nuevas disposiciones. La ley
establece que el 33% de los legisladores de cualquiera de las dos
Cámaras, podrán realizar esta petición.
Sin embargo, esta posibilidad no es
fácil. Para que la Cámara de Diputados ingrese dicha petición, se
necesitaría contar con el respaldo de 165 diputados. El bloque
oficialista, conformado por los legisladores del PRI, PAN, PVEM, NA y
PES, aglutinan a 379 diputados; es decir, partidos de oposición como el
PRD, Morena, MC e incluso el diputado independiente, Manuel Clouthier
Carrillo, únicamente alcanzan a contabilizar 121 espacios.
Esta posibilidad es inviable, al menos
que 44 legisladores oficialistas brinden su respaldo a la petición de
revisión. En el Senado, los números tampoco son buenos. El 33% equivale a
43 legisladores y la oposición sólo cuenta con 28 espacios, incluyendo a
los dos senadores sin partido.
Otra posibilidad es que, si algún
militar es procesado bajo esta nueva ley y considera que algún
procedimiento vulnera sus derechos, puede promover un juicio de amparo y
pedir la revisión de constitucionalidad de toda la normatividad que se
le está aplicando aunque Cárdenas Gracia explicó que también es un
escenario poco viable por la disciplina y jerarquía militar a la que
están sujetos los elementos de la milicia.
Sin embargo, la única instancia con
facultades para solicitar la revisión de ambos códigos sin necesidad que
primero medie ofensa alguna contra la población civil o contra un
militar, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
encabezada por Luis Raúl González.
“Vamos a ver si la CNDH se atreve a
enfrentarse al Ejército mexicano. Ojalá que sí porque tiene facultades,
ojalá se atreviera a revisar este dictamen y en su momento, cuando se
publique en el DOF, promueva una acción de inconstitucionalidad porque
el artículo 105 de la Constitución le faculta para ello”, expuso el
investigador.
Claudicación del Legislativo
Desgraciadamente, para el constitucionalista, la legalidad de los códigos es solo una de sus preocupaciones.
Desde la declaración de guerra contra el
narcotráfico, hecha por Felipe Calderón en diciembre de 2006, las
fuerzas armadas de nuestro país han exigido instrumentos jurídicos para
respaldar las nuevas funciones de seguridad y patrullaje que se les han
asignado, y el gobierno de Peña Nieto parece haberlos escuchado con
atención.
La pretensión del Ejército de estar
“protegidos”, es responsabilidad “del presidente de la República y de
los partidos que aprobaron esta reforma, lo que es muy preocupante
porque, en un Estado democrático –si es que lo fuéramos porque claro, no
lo somos- el Ejército debe estar subordinado a la autoridad civil y
aquí se le está dando mucha fuerza a la autoridad militar, creo que por
encima de la civil”, explicó Cárdenas.
Agregó: “si colocan al Ejército en una
posición de jerarquía superior a la de las autoridades civiles, superior
a los representantes de la llamada ‘soberanía popular’ -que son
diputados y senadores- si el Ejército va a poder catear un recinto
parlamentario, la pregunta es: ¿dónde queda el carácter representativo
de los integrantes del Congreso, la soberanía del pueblo que,
constitucional y jurídicamente está depositada en ellos?”.
El investigador subrayó que desde hace
10 años, el Ejército realiza funciones de seguridad pública que no son
de su competencia, sino de las autoridades civiles –participación que
incluso la SCJN avaló- lo que conduce a un tipo de “organización
política de Estado”, donde la milicia tiene la posibilidad de socavar,
controlar y subordinar a las autoridades civiles a contentillo.
“El Poder Legislativo está claudicando
porque le devuelve el poder a los militares en tareas que no le
corresponden como la seguridad pública y ahora, con motivo de la
aprobación del Código de Justicia Militar y del Código de Procedimientos
Penales, que no se concilian con un Estado de derecho”, criticó el
exlegislador que formó parte de la LXI Legislatura.
Cárdenas Gracia advirtió que el Ejército
en México irá teniendo mayor relevancia y será quien garantice reformas
estructurales como la energética cuando; por ejemplo, grupos sociales,
de campesinos o indígenas se opongan a la ocupación temporal de sus
tierras o a la presencia de empresas privadas petroleras, gaseras o
hidroeléctricas para explotar sus recursos, pues serán quienes repriman
las protestas: “cuando vengan esos problemas o conflictos sociales, el
arma represiva no va a ser la policía; el arma represiva va a ser el
Ejército”, sentenció el investigador.
“Lo que da temor es que, la reacción de
grupos sociales en contra de las reformas estructurales es salir a las
calles a manifestarse y si el gobierno piensa que va a tener siempre de
su lado al Ejército para reprimir a todos esos movimientos sociales, el
Ejército puede decir: ‘bueno, si tengo tanto poder, si soy el que
reprimo y garantizo la estabilidad para los negocios de las
transnacionales, entonces, doy un golpe de mano’. Fortalecer al Ejército
por encima de la autoridad civil, sí puede conducir a lo que decía el
senador Bartlett: al establecimiento de un Estado militar, o hasta a una
dictadura”, apuntó.
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