Mujeres en dictadura, el terrorismo de Estado sobre nuestros cuerpos

Mujeres & dictadura Argentina

La Tinta

En el marco de los juicios por lesa humanidad llevados a cabo en el país, creemos necesario mirar con perspectiva de género los hechos que sucedieron en la dictadura.

Según el Informe Nacional sobre Desaparición de Personas, el 33% del total de los desaparecidos y desaparecidas entre 1976 y 1983, fueron mujeres. A partir de los testimonios de las sobrevivientes, sabemos que existía una violencia específica hacia ellas. Fue sistemática, planificada y aplicada en casi todas las detenidas, en los diversos Centros Clandestinos de Detención (CCD) del país.

Torturas especializadas

En los CCD todos los maltratos estaban permitidos tanto para varones como para mujeres. Denigración, golpes, picana, submarino, violaciones, desnudez obligatoria. En el caso específico de las mujeres, además de todas las anteriores, incluían otros métodos. Por ejemplo, introducían objetos en las vaginas, cuando menstruaban no tenían acceso a protección, eran manoseadas por los torturadores, entre otras. Además, como parte del plan de exterminio y desaparición, las mujeres embarazadas recibían los mismos tipos de vejaciones que todos. Los partos y nacimientos en cautiverio ocurrían incluso dentro de los CCD que contaban con salas especiales para ello. De hecho, muchas denunciaron que las torturas les produjeron abortos.

Otras, que las condiciones de salud, higiene y limpieza eran pésimas. En muchos casos, a los siete meses de embarazo, aproximadamente, les inducían el parto, que en general eran cesáreas. Además de médicos, uniformados y civiles armados presenciaban los nacimientos. En otros casos, las detenidas empezaban el trabajo de parto y no recibían asistencia médica sino de sus mismas compañeras detenidas. Muchas veces se obligaba a las mujeres que acababan de parir, a limpiar el lugar donde habían dado a luz. A todos estos métodos de tortura, se sumaba la incertidumbre sobre sus vidas y las de sus hijos, si iban a quedar juntos o si iban a ser liberados. Otra práctica común, era hacer que la detenida escribieran una carta para sus parientes, a quienes se la iban a entregar junto con sus hijos. Pero esto casi nunca ocurrió. Cientos de bebés expropiados fueron arrancados de los brazos de sus madres al momento del parto. De la mayoría de ellos, todavía no se conoce el paradero.

Lo que se calla

Sonderéguer, coordinadora de la investigación Análisis de la relación entre violencia sexual, tortura y violación a los derechos humanos, publicado por la Universidad Nacional de Quilmes, indica que el castigo de la dictadura hacia las mujeres era no sólo por “subversivas”, sino también por ir en contra de lo que la sociedad patriarcal esperaba de ellas por ser mujeres.

Sonderéguer señala que el silencio respecto de la violencia específica sobre las mujeres en la última dictadura se relaciona con dos razones. Por un lado “es una cuestión postergada” y por otro, “su tratamiento pone en discusión el orden sociocultural actual y no sólo el del contexto del terrorismo de Estado”. Al respecto también apunta que la impunidad con la que se ejecutó la violencia sexual durante el terrorismo de Estado “pone de manifiesto todos los prejuicios sexistas que subyacen aún hoy en la valoración de los delitos sexuales”.

Según la investigadora María Sonderéguer, las mujeres que fueron víctimas de la última dictadura militar en Argentina, sufrieron un doble castigo: Por militantes y por transgredir el orden machista establecido.

Desde el año 2000 la Corte Penal Internacional considera delito de “lesa humanidad” a las violaciones, la esclavitud sexual, la trata, la esterilización forzada y los abusos sexuales cometidos dentro de un plan sistemático contra una población civil.
En Argentina, recién en 2010, este tipo de delitos cometidos sistemáticamente por los represores durante la última dictadura militar, pasaron a ser considerados de lesa humanidad.

"Nos gustaría agradecerle a esas mujeres, a esas madres, abuelas e hijas que han puesto el cuerpo y el alma, que nos han legado la lucha, la resistencia, la fuerza y la convicción para torcer lo dado, para pelear en contra de lo terrible y lo injusto. Nos han enseñados a pararnos firmes ante las atrocidades del poder y el Estado patriarcal. Hemos aprendido que a veces podemos cansarnos, pero nunca rendirnos y que todas juntas somos invencibles. Gracias."

En Córdoba

En la Megacausa La Perla/La Ribera sí se juzgaron los delitos sexuales como delitos de Lesa Humanidad, tratados como tales y no simplemente bajo la figura legal de tormentos. Hubo siete condenas por abuso deshonesto, figura jurídica que que se refiere a actos sexuales que atentan contra la libertad sexual y no necesariamente llegan a la penetración. También los militares fueron juzgados y condenados por primera vez en Córdoba, por el robo de bebés.

La violencia que se ejerció en esos años sobre el cuerpo de las mujeres, no se puede igualar a otras. Su particularidad radica en que es consecuencia también, de una estructura de poder machista que se repite hasta la actualidad con diferentes caras. Esta mirada hacia el pasado y hacia los crímenes de lesa humanidad cometidos sobre mujeres, aporta a la reparación del daño como sociedad, a los procesos de justicia y a la construcción de una memoria colectiva que repudie el terrorismo de Estado. También afirmamos que es imprescindible seguir analizando así la relación entre mujeres y Estado para poder problematizar y transformar las violencias que son ejercidas cotidianamente sobre nuestros cuerpos.

Cada vez que en un hospital nos niegan la posibilidad de un parto respetado, cada vez que un policía no nos permite amamantar en la calle, cada vez que un funcionario público es miembro de una red de trata, entre múltiples ejemplos de situaciones que vivimos a diario. Nos gustaría agradecerle a esas mujeres, a esas madres, abuelas e hijas que han puesto el cuerpo y el alma, que nos han legado la lucha, la resistencia, la fuerza y la convicción para torcer lo dado, para pelear en contra de lo terrible y lo injusto.

Nos han enseñados a pararnos firmes ante las atrocidades del poder y el Estado patriarcal. Hemos aprendido que a veces podemos cansarnos, pero nunca rendirnos y que todas juntas somos invencibles. Gracias.

Fuente: http://latinta.com.ar/2017/03/mujeres-en-dictadura-el-terrorismo-de-estado-sobre-nuestros-cuerpos/ 

Estado militar o dictadura: los riesgos del Código de Justicia Militar y de Procedimientos Penales

    

Por: Cecilia Baldera

(09 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Ya de madrugada, y a escasas horas de que terminara el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, el pasado viernes 29 de abril, el Senado de la República aprobó modificaciones al Código de Justicia Militar y expidió el Código Militar de Procedimientos Penales a pesar de que diversas voces advertían que algunos de sus artículos podrían implicar violaciones a los derechos humanos y otras calificaron ambos dictámenes como inconstitucionales.

Ambos códigos habían sido aprobados, apenas una semana antes, por la mayoría de los integrantes de la Cámara de Diputados, entre acusaciones de negociaciones en lo oscurito, marginar a varios partidos de oposición de la discusión de modificaciones de último momento y de la celeridad con que se trató el tema, incluso en el trabajo de las comisiones. Como en otros temas escabrosos, entre los legisladores, lo de menos fue el debate.

Un día después de la aprobación de ambos textos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se prendió la primer alarma, pues un diario de circulación nacional publicó que la nueva legislación facultaba al Ejército mexicano llevar a cabo cateos en instalaciones de dependencias públicas, incluido el mismo Congreso de la Unión, disposición contraria a lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, este señalamiento fue el único que en la opinión pública logró hacer un poco de ruido, aunque es sólo la punta de una serie de violaciones a derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna y de los que los mexicanos apenas comenzábamos a adueñarnos como el derecho de acceso a la información.

Ley mordaza y violaciones a DD. HH.

En el Congreso, el único en advertir sobre el tema, fue el senador del Partido del Trabajo (PT), Marco Antonio Blásquez Salinas –primer legislador identificado con la izquierda en ser electo por las entidades de la frontera norte, pues es representante de Baja California- al denunciar en tribuna que estas disposiciones atentan contra la libertad de expresión.

“En el esfuerzo por mantener la disciplina militar en el fuero de guerra, esta ley termina por conculcar el derecho a la información de los mexicanos. Sostengo que con este código, se viola la libertad de expresión, ya que la presencia de las compañeras y compañeros periodistas en las salas y audiencias de los procesos militares queda supeditada al criterio discrecional del titular del órgano jurisdiccional castrense. La discrecionalidad, lo sabemos, es la antesala del abuso”, argumentó el legislador ante un pleno casi vacío en donde había más asesores y secretarios particulares que senadores.

Blásquez advirtió que, además, se expone a los periodistas a ser víctimas de abusos por la pretensión de imponerles multas e incluso, arrestarlos por el sólo hecho de cumplir con su labor informativa, lo que implica un desconocimiento del derecho a la libertad de expresión.

El legislador bajacaliforniano –que también es periodista- explicó que en el cuarto párrafo del artículo 4 del Código Militar de Procedimientos Penales señala que: “los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine el órgano jurisdiccional militar, conforme a lo dispuesto por la Constitución”; es decir, la posibilidad de reportear o documentar un juicio militar, quedaría a contentillo de un integrante de las Fuerzas Armadas.

En el último párrafo del artículo 54 del mismo código, se establece que “los periodistas y los medios de comunicación deberán abstenerse de grabar y transmitir por cualquier medio la audiencia”, señaló el senador, con lo que se vulnera el principio de máxima publicidad, una de las características del Sistema Penal Acusatorio al que según legisladores oficialistas se pretende adecuar el proceso militar.

Aunque en un Estado de derecho –como se supone o nos quieren hacer creer que es nuestro país- se privilegia que la sociedad esté enterada de la forma en que se ventilan las causas penales y principalmente de que se haga justicia con pleno respeto a los derechos humanos, la puesta en marcha de estas nuevas disposiciones no es congruente con este precepto; situación que resulta verdaderamente preocupante, dados los señalamientos que de manera reiterada se han hecho en contra de las Fuerzas Armadas en materia de uso excesivo de la fuerza, práctica de tortura e incluso, como en el caso Tlatlaya, ejecuciones extrajudiciales.

El también presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación del Senado, llamó la atención respecto a la posibilidad que con esta ley se vulnere el derecho de los informadores de abstenerse a revelar sus fuentes pues, aunque en muchas ocasiones la secrecía de las mismas es la única forma de obtener datos y es de suma importancia salvaguardarlas –aunque el comunicador asuma el riesgo de quedar expuesto a represalias, ataques o agresiones- las nuevas disposiciones podrían obligar a que sean reveladas.

Blázquez criticó que los periodistas no hayan sido integrados a la lista de profesionales como abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros a quienes el artículo 359 del mismo ordenamiento garantiza el derecho de guardar secretos relacionados con la materia de su competencia y que no podrán ser obligadas a declarar.

“Si dejamos que los jueces o tribunales militares, de manera discrecional, decidan si dan acceso o no a los periodistas y además se encuentren habilitados para imponer medidas de apremio que van desde multas hasta arrestos, lo más probable es que las audiencias donde se acuse a militares se lleven a cabo en absoluta secrecía; lograrán imponer la ley mordaza dejando fuera de las salas de actuaciones a los medios de comunicación y exponiendo a los periodistas a todo tipo de atropellos”, advirtió el legislador y subrayó que no hay ninguna razón válida para intentar reprimir a la prensa “más que el deseo de ocultar hechos bochornosos que hemos conocido y seguramente se seguirán dando”.

Chuza en el Congreso

El análisis, discusión y aprobación de las modificaciones al Código de Justicia Militar y la expedición del Código Militar de Procedimientos Penales fue lo que en el argot legislativo se conoce como una bola rápida; es decir, los tiempos y procedimientos que debe seguir una iniciativa para convertirse en dictamen y luego aprobarse en el Pleno, fueron oportunamente “agilizados”.

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Víctor Manuel Sánchez Orozco explicó que el análisis de ambos textos en comisiones fue fast track y no fue sino hasta que el dictamen fue puesto a consideración de todos los legisladores de la Cámara de Diputados, donde detectaron irregularidades, lo que generó que partidos que votarían a favor de las propuestas cambiaran el sentido de su posición y presentaran modificaciones que, como generalmente pasa, ni siquiera fueron tomadas en cuenta.

El jueves 21 –día en que se discutió y aprobaron por mayorías las nuevas normatividades- una reunión fuera de agenda generó mayor suspicacia sobre el asunto.

Coordinadores de varios grupos parlamentarios se reunieron “tras banderas” –una pequeña sala ubicada a espaldas de la tribuna desde donde el presidente de la Mesa Directiva conduce la sesión- para negociar la posibilidad de hacer cambios al texto. Los representantes de Morena y MC, no fueron requeridos.

Incluso, se decretó un receso, para dar oportunidad de exponer las irregularidades encontradas y plantear modificaciones, “pero parece ser que unos grupos parlamentarios las vieron irreductibles y cerraron la posibilidad a cambios”, dijo el legislador en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.

El diputado señaló que su grupo parlamentario detectó disposiciones contrarias a preceptos de la legislación internacional y ratificados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); por ejemplo, que cuando civiles se vean relacionados en algún asunto de índole criminal que involucre a militares –ya sea como posible responsable o como víctima- el hecho debe ser juzgado por una autoridad civil.

Sin embargo, en el artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar, se contempla la posibilidad que si es un militar el probable responsable de un delito cometido en contra de un civil, será juzgado por las leyes militares, lo que implica desventajas para el agredido y generar impunidad o encubrimiento.

“Hay un asunto preocupante: la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado que cuando haya una violación grave a derechos humanos en una investigación militar, aunque sea entre militares, ese asunto no se debe juzgar por ellos; por ejemplo, un caso de tortura que pudiera darse entre militares, porque debe ser la autoridad civil la que realmente investigue a fondo y el tema no termine en encubriendo el problema”, abundó el legislador de Jalisco.

Sobre las facultades que se otorgaron a la milicia para que cateé oficinas de gobierno, incluidas las del propio Congreso, Sánchez argumentó que es un riesgo que atenta contra la libertad del ejercicio de creación de leyes -prerrogativa única del Poder Legislativo- y acto de incongruencia, pues en lugar de fortalecer a ambas cámaras para que puedan trabajar con la mayor libertad posible, se hizo lo contrario.

En San Lázaro, se habló, incluso, de la posibilidad de interponer una solicitud de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por considerar que diversas disposiciones de ambos ordenamientos son inconstitucionales.

En el Senado de la República, también se denunciaron las irregularidades en el procedimiento jurídico para la aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos, pues en cuestión de horas se cubrieron los trámites necesarios para ponerlo a discusión: el jueves por la mañana, al inicio de la sesión se le dio la “primera lectura” y horas más tarde, la mayoría de la asamblea dispensó la segunda.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez presentó un recurso denominado “Moción suspensiva”, para solicitar que se prorrogara la discusión del tema y que el dictamen fuera regresado a las comisiones, pues no se habían cumplido las disposiciones señaladas en la Ley Orgánica del Congreso ni en el Reglamento del Senado de la República.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) recordó que dos días antes, el 26 de abril, la Mesa Directiva del Senado había recibido de la Cámara de Diputados el oficio con el que se remitió el proyecto y fue turnado a las comisiones.

Apenas un día más tarde, se convocó a reunión extraordinaria de las comisiones arriba citadas y se aprobó el proyecto de decreto, con lo que se violó lo establecido en el artículo 186, numeral 2, del Reglamento del Senado que especifica: “…Una vez puesto de acuerdo a los responsables de su formulación en las comisiones unidas, el proyecto de dictamen se distribuirá a todos los integrantes de las mismas, por lo menos 24 horas antes de la reunión en que deba discutirse y votarse”, cuando los integrantes de las comisiones recibieron el texto sólo dos horas antes de la reunión a la que fueron convocados.

Encinas Rodríguez expuso que a través de una comunicación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en nuestro país, se hizo del conocimiento de los legisladores, la preocupación de esta instancia internacional por el contenido de los códigos al considerar que generan incertidumbre; por ejemplo, “en aquellos casos en los que se perdieron facultades para órganos de naturaleza militar, cuyas acciones pueden afectar a personas e instituciones civiles”, por lo que hizo un llamado a clarificar el ámbito de actuación de las autoridades ministeriales y jurisdiccionales militares.

“De plantearse en estos términos el Código de Justicia Militar, que poco o nada tiene que ver con esta adecuación en materia de modelo acusatorio, estaríamos prácticamente generando condiciones de un Estado de excepción donde no hay garantía plena al ejercicio de los derechos civiles y de los derechos humanos”, advirtió el perredista.

El coordinador de la bancada del PT en el Senado, Manuel Bartlett, denunció que a las comisiones solamente les tomó siete minutos la aprobación del dictamen, lo que, evidentemente, implica que no hubo un estudio a fondo del mismo y advirtió que el dictamen engrandece a las Fuerzas Armadas por encima del Estado de derecho y de la soberanía popular.

“Están jugando con fuego. Así se empieza y se termina en dictaduras militares. No se juega con las armas, las armas están para defender la soberanía nacional, no para convertirse en la policía de nosotros mismos. Queremos al Ejército, pero lo queremos limpio; no queremos que lo manchen ni que lo manden a matar gente”, dijo el coordinador parlamentario.

A parte de los dos presidentes de comisiones que hicieron uso de la tribuna para explicar el contenido del dictamen, sólo un par de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tomaron la palabra para defender el texto, en contraste con una lista de por lo menos 10 senadores que lo hicieron para hablar en sentido negativo del mismo.

Los perredistas Dolores Padierna Luna, Fidel Demédicis Hidalgo, Isidro Pedraza Chávez, Raúl Morón Orozco y Armando Ríos Piter se pronunciaron en contra, al igual que Layda Sansores, del PT y el ya citado Blásquez Salinas.

Sin embargo, ya de madrugada, el documento fue aprobado por la mayoría de los senadores del PRI, del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

CNDH, una posibilidad

Para Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la aprobación del Código Militar de Procedimientos Penales, es una amenaza contra la libertad de expresión.

Consultado por Revolución TRESPUNTOCERO al respecto, el académico subraya que el argumento señalado durante la discusión del tema en el Senado, sobre que las modificaciones tienen por objetivo la sincronización con el nuevo Sistema Penal Acusatorio –que debe instrumentarse este año en todo el territorio nacional, luego de ocho años de transición- es una falacia, pues una de las principales características del acusatorio es la máxima publicidad, incluida la obligatoriedad que las audiencias públicas y en el ámbito militar, esto no sucederá con la normatividad aprobada.

El Código Militar establece que cada tribunal o juzgado militar definirá si permite el ingreso de periodistas a las audiencias, pero la limitación sobre la presencia de civiles no se detiene con los comunicadores, también pueden definir si asistirán a juicios las víctimas y sus familiares.

“Se restringe totalmente el derecho a la información, a los periodistas y se restringen otros derechos de las víctimas y de los propios familiares de quien es procesado ante la justicia militar”, advierte el constitucionalista.

Sin embargo, el también exdiputado federal, explica que hay algunos escenarios que pueden echar abajo las reformas recién aprobadas, por incluir disposiciones de carácter inconstitucional, aunque en todos debe esperarse a que los códigos sean publicados formalmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Se ve complicado que alguien las vaya a utilizar o emplear. Tal vez solamente lo harán los ciudadanos, las víctimas civiles o los ofendidos de carácter civil, podrían decidir acudir a un amparo para reclamar las violaciones a sus derechos y la inconstitucionalidad de esta reforma”, adelantó.

Desde el mismo Congreso de la Unión, se puede impulsar un recurso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice la viabilidad de las nuevas disposiciones. La ley establece que el 33% de los legisladores de cualquiera de las dos Cámaras, podrán realizar esta petición.

Sin embargo, esta posibilidad no es fácil. Para que la Cámara de Diputados ingrese dicha petición, se necesitaría contar con el respaldo de 165 diputados. El bloque oficialista, conformado por los legisladores del PRI, PAN, PVEM, NA y PES, aglutinan a 379 diputados; es decir, partidos de oposición como el PRD, Morena, MC e incluso el diputado independiente, Manuel Clouthier Carrillo, únicamente alcanzan a contabilizar 121 espacios.

Esta posibilidad es inviable, al menos que 44 legisladores oficialistas brinden su respaldo a la petición de revisión. En el Senado, los números tampoco son buenos. El 33% equivale a 43 legisladores y la oposición sólo cuenta con 28 espacios, incluyendo a los dos senadores sin partido.

Otra posibilidad es que, si algún militar es procesado bajo esta nueva ley y considera que algún procedimiento vulnera sus derechos, puede promover un juicio de amparo y pedir la revisión de constitucionalidad de toda la normatividad que se le está aplicando aunque Cárdenas Gracia explicó que también es un escenario poco viable por la disciplina y jerarquía militar a la que están sujetos los elementos de la milicia.

Sin embargo, la única instancia con facultades para solicitar la revisión de ambos códigos sin necesidad que primero medie ofensa alguna contra la población civil o contra un militar, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Luis Raúl González.

“Vamos a ver si la CNDH se atreve a enfrentarse al Ejército mexicano. Ojalá que sí porque tiene facultades, ojalá se atreviera a revisar este dictamen y en su momento, cuando se publique en el DOF, promueva una acción de inconstitucionalidad porque el artículo 105 de la Constitución le faculta para ello”, expuso el investigador.

Claudicación del Legislativo

Desgraciadamente, para el constitucionalista, la legalidad de los códigos es solo una de sus preocupaciones.

Desde la declaración de guerra contra el narcotráfico, hecha por Felipe Calderón en diciembre de 2006, las fuerzas armadas de nuestro país han exigido instrumentos jurídicos para respaldar las nuevas funciones de seguridad y patrullaje que se les han asignado, y el gobierno de Peña Nieto parece haberlos escuchado con atención.

La pretensión del Ejército de estar “protegidos”, es responsabilidad “del presidente de la República y de los partidos que aprobaron esta reforma, lo que es muy preocupante porque, en un Estado democrático –si es que lo fuéramos porque claro, no lo somos- el Ejército debe estar subordinado a la autoridad civil y aquí se le está dando mucha fuerza a la autoridad militar, creo que por encima de la civil”, explicó Cárdenas.

Agregó: “si colocan al Ejército en una posición de jerarquía superior a la de las autoridades civiles, superior a los representantes de la llamada ‘soberanía popular’ -que son diputados y senadores- si el Ejército va a poder catear un recinto parlamentario, la pregunta es: ¿dónde queda el carácter representativo de los integrantes del Congreso, la soberanía del pueblo que, constitucional y jurídicamente está depositada en ellos?”.

El investigador subrayó que desde hace 10 años, el Ejército realiza funciones de seguridad pública que no son de su competencia, sino de las autoridades civiles –participación que incluso la SCJN avaló- lo que conduce a un tipo de “organización política de Estado”, donde la milicia tiene la posibilidad de socavar, controlar y subordinar a las autoridades civiles a contentillo.

“El Poder Legislativo está claudicando porque le devuelve el poder a los militares en tareas que no le corresponden como la seguridad pública y ahora, con motivo de la aprobación del Código de Justicia Militar y del Código de Procedimientos Penales, que no se concilian con un Estado de derecho”, criticó el exlegislador que formó parte de la LXI Legislatura.

Cárdenas Gracia advirtió que el Ejército en México irá teniendo mayor relevancia y será quien garantice reformas estructurales como la energética cuando; por ejemplo, grupos sociales, de campesinos o indígenas se opongan a la ocupación temporal de sus tierras o a la presencia de empresas privadas petroleras, gaseras o hidroeléctricas para explotar sus recursos, pues serán quienes repriman las protestas: “cuando vengan esos problemas o conflictos sociales, el arma represiva no va a ser la policía; el arma represiva va a ser el Ejército”, sentenció el investigador.

“Lo que da temor es que, la reacción de grupos sociales en contra de las reformas estructurales es salir a las calles a manifestarse y si el gobierno piensa que va a tener siempre de su lado al Ejército para reprimir a todos esos movimientos sociales, el Ejército puede decir: ‘bueno, si tengo tanto poder, si soy el que reprimo y garantizo la estabilidad para los negocios de las transnacionales, entonces, doy un golpe de mano’. Fortalecer al Ejército por encima de la autoridad civil, sí puede conducir a lo que decía el senador Bartlett: al establecimiento de un Estado militar, o hasta a una dictadura”, apuntó.

Dictadura en tránsito: mayores facultades e impunidad a militares

    

Por: Lilia Arellano 

(30 de abril, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- Durante el proceso de cancelación del régimen democrático del país y su sustitución por un régimen policial-militar, debemos tener muy presentes los nombres de los actuales senadores del PRI, encabezados por Emilio Gamboa Patrón y, particularmente, la presidenta de la comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz, y los legisladores del PAN, que coordina Fernando Herrera y especialmente el presidente de la comisión de Justicia, Fernando Yunes, cuyas bancadas aprobaron las reformas en materia de justicia militar, las cuales posibilitan a las autoridades castrenses violar derechos humanos civiles y pasar por encima de recomendaciones y sentencias formuladas a México por organismos internacionales.

En futuros procesos electorales, locales y federales, en donde sin duda habrán de participar, no podrán alegar desconocimiento o inocencia en la aprobación de las modificaciones al Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales, o argumentar que lo hicieron para adecuar la justicia militar al nuevo sistema penal acusatorio, próximo a entrar en vigor. Su acción legislativa ahora permite a los militares efectuar cateos en domicilios particulares, así como en oficinas del gobierno federal, de los poderes legislativo y judicial y de órganos desconcentrados. No podrán justificar desconocimiento de la facultad otorgada a los ministerios públicos militares para inmiscuirse en tareas de inteligencia, de intervenir comunicaciones telefónicas y darle la facultad de ordenar la presentación de civiles en juicios militares.

La aprobación de esta reforma en lo general y lo particular, perpetrada a la una y media de la madrugada de ayer, también suprime los consejos de guerra, se crean los juzgados militares de control y tribunales militares de juicio oral, además de transformar a la Procuraduría de Justicia Militar en la Fiscalía General de Justicia Militar. En el debate legislativo de más de cuatro horas, donde la mayoría del PRI-PAN rechazó la moción suspensiva propuesta por el senador Alejandro Encinas, el senador del PT, Manuel Bartlett, les pidió a los legisladores del PRI y PAN: “no cometan esta fechoría que nos pone en riesgo a todos los mexicanos. Es una decisión peligrosa. El Ejército ya está en todos los estados y ahora le van a dar más instrumentos para continuar con una función inconstitucional”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, del PRD, advirtió: organismos internacionales dan cuenta de graves violaciones a los derechos humanos, cometidos por el Ejército, al actuar en el combate al crimen organizado. Para la senadora perredista, Dolores Padierna, con la aprobación de tales modificaciones, México está desafiando las recomendaciones y sentencias de organismos internacionales de protección a los derechos humanos, en materia de fuero militar y se abre la puerta a que los efectivos castrenses pudieran ser juzgado y sentenciados en un proceso penal militar por una conducta sólo de desobediencia.

Padierna acusó: ”nuevamente se pretende imponer por vía fast track una reforma contraria al artículo primero constitucional, nuevamente se quiere garantizar la impunidad para militares que cometen delitos vinculados a la disciplina militar y violaciones a los derechos humanos”. Y subrayó: al ser sentenciados por un fuero castrense, están imposibilitados para ser juzgados por el fuero civil, lo cual asegura la impunidad para los militares que cometan delitos contra civiles.

El video que se filtró en donde se muestra el modus operandi de cómo elementos el Ejército torturan a una mujer en Guerrero -dijo el perredista Armando Ríos Pitter- debería obliga a los legisladores a no aprobar una reforma que da más facultades a los militares para el cateo de los domicilios de las personas, así como la invasión de sus comunicaciones privadas y aspectos graves como la comparecencia de civiles en la jurisdicción militar, así también como aquellos actos de investigación tan amplios que no requieren de control judicial.

Ayer mismo, el Senado también aprobó por 90 votos a favor y cuatro en contra la nueva Ley para Sancionar y Prevenir la Tortura y Tratos Inhumanos, Crueles y Degradantes. Horas antes se aprobó en comisiones y se dictaminó rápidamente. Los legisladores ni siquiera tenían el conocimiento del contenido de la ley de referencia, como destacó la petista Layda Sansores.

En la Cámara de Diputados, el coordinador de los priístas, César Camacho, advirtió: sería irresponsable que las minutas enviadas del Senado a San Lázaro se pretendan llevar al pleno sin antes haber pasado por las comisiones. Hasta el mediodía de ayer, y a unas horas de concluir el periodo ordinario de sesiones, la presidencia de la Cámara de Diputados informó que no le habían sido remitidas las minutas aprobadas por el Senado en la madrugada, entre ellas la que modifica la justicia militar para permitir cateos en domicilios y dependencias.

En torno a la posibilidad de la aprobación de esas iniciativas antes de concluir el periodo el 30 de abril, Camacho Quiroz dijo: “sería una irresponsabilidad que sin tocar baranda en las comisiones ordinarias, se traigan al pleno, se discutan y se voten”.

México: dictadura por goteo

Víctor M. Quintana S.

No podemos, no debemos acostumbrarnos a las masacres cotidianas, a las desapariciones forzadas en México. A lo que el ex Juez Supremo de Argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni llama el genocidio por goteo, que ya lleva tantos muertos como en Hiroshima.   Pero eso no es todo, porque la restauración del PRI en la Presidencia de la República ha detonado la regresión autoritaria en este país, ha desatado un proceso de imposiciones que van conformando un paulatino golpe de estado, que van conduciendo a una dictadura por goteo.

 

Una semana sí y la otra también las redes sociales, las aisladas pero nunca sofocadas voces de la auténtica oposición en el Congreso,  las redes sociales y los pocos media que mantienen una posición crítica, dan cuenta de un nuevo atropello a las instituciones y a las libertades democráticas de este país.

Los botones de muestra, tan sólo de la segunda semana de marzo, son por demás significativos y preocupantes. 

El Senado de la República, con los votos a favor del PRI, por supuesto, de su sempiterno aliado el Partido Verde y la mayoría del PAN, designó como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia a Eduardo Medina Mora, hasta hoy Embajador en Washington. Fue propuesto por el presidente Peña Nieto, en una terna en que los otros dos candidatos fueron simplemente de relleno. Medina Mora es compadre de Peña, ha estado muy vinculado a los negocios del grupo Televisa, la cadena de medios más poderosa del país. Fue Procurador General de la República en el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, durante los años más sangrientos de la fallida guerra contra las drogas. No tiene experiencia judicial y nunca ha fungido como juzgador, lo que ha indignado a un buen número de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Estará en el cargo por quince años, para garantizar impunidad transexenal a Peña Nieto, al PRI y al duopolio televisivo.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha obrado con total tibieza ante los continuos y graves desacatos a la ley del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Este partido expulsado de la internacional de los verdes, se ha convertido en aliado incondicional y "plan B" del PRI. Favorecedor de la pena de muerte, omiso ante la grave problemática ambiental del país, ligado a múltiples escándalos de corrupción, el Verde se ha convertido también en el instrumento del duopolio televisivo: Televisa y Tv Azteca para hacer pasar las leyes favorables a ellos y contener la legislación que busca reducir o controlar su enorme poder. Gracias a estos enormes apoyos, el Verde ha desplegado una intensa cuanto ilegal campaña publicitaria, demagógica por todo el país para posicionarse en la opinión pública. Lo increíble es que ante los cuestionamientos, quejas e impugnaciones presentadas por los partidos de oposición como el MORENA y el PAN ante el INE, éste ha respondido imponiendo multas muy tibias y de una cuantía que hacen al verde morirse de risa. Con esto el PRI está fabricando una posible opción de recambio por si acaso su imagen continuara derrumbándose ante los pobres resultados económicos y sociales del gobierno de Peña Nieto.

La libertad de expresión está experimentando una escalada en su contra en todo México. El país sigue siendo el más letal de América Latina para ejercer la profesión periodística. En los diferentes estados de la República los gobernadores se han convertido o en amos de los medios por el control económico que ejercen sobre ellos o en señores de horca y cuchillo de la comunicación independiente. Pero sin duda el más destacado hecho de represión a la libertad de expresión es el despido de la periodista Carmen Aristegui del noticiario de la empresa MVS. Se trata del mejor programa de noticias de la nación, de la mujer con más poder en la opinión pública mexicana. La escalada comenzó con el despido de los dos reporteros más importantes de la unidad de investigación de dicho noticiero. Precisamente quienes descubrieron el fraude y la evasión fiscal en el caso de la "Casa Blanca", de Angélica Rivera, esposa de Peña Nieto, valuada casi en 8 millones de dólares. Es la unidad que investigó toda la red de prostitución montada por el dirigente del PRI en la Ciudad de México. Junto con Aristegui, los dos reporteros despedidos, han iniciado la plataforma digital "Mexico leaks", versión azteca de la "wikileaks" a la que el gobierno de Peña le tiene pánico.

Esto sucedió entre la segunda y la tercera semanas de marzo. La primera, el Senado, ahora con los votos del PRI, de sus aliados, de una parte del PAN y del PRD, apoyó la designación como Procuradora General de la República de la persona propuesta por Peña Nieto: Arely Gómez, abogada también muy vinculada al grupo Televisa. Pero eso no es todo, lo más posible es que, conforme a las reformas legales, Arely Gómez, sea designada Fiscal General de la República, con una permanencia de nueve años en el puesto. Es decir, con la garantía de trascender el sexenio de Peña Nieto y convertirse en su protectora sistemática en caso de que la oposición gane las elecciones de 2018.

Esa misma semana estuvo a punto de imponerse la iniciativa de Ley General de Aguas propuesta por el director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), David Korenfeld, con una visión privatizadora de la extracción, conducción, distribución y cobro del vital líquido.  Concibe al agua sólo como bien económico, objeto de lucro, la expropia a las comunidades e impide la participación ciudadana en su vigilancia y su manejo. Incluso llega a prohibir el estudio y la investigación sobre los recursos hídricos, su explotación y el impacto de ella. Sólo gracias a una intensa campaña de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y algunos parlamentarios de oposición se pudo suspender la aprobación de esta ley. Sin embargo, el vampiro aun no tiene la estaca en el corazón y la iniciativa privatizadora del agua se revivirá en un momento político menos inoportuno para el PRI y su sempiterno y convenenciero aliado, los verdes.

Este creciente ejercicio dictatorial del poder no sería posible si los partidos que se dicen de oposición no condescendieran con el PRI-Gobierno. Si no negociaran con él para parecer una “oposición civilizada” y alegar el “respeto a las instituciones”. Así, para lograr el apoyo a sus iniciativas autoritarias y excluyentes, el régimen ha acudido alternadamente al “voto razonado”, más bien, negociado, de la derecha (PAN) o de la más numerosa representación de izquierda (PRD). Si se conformara un bloque parlamentario amplio de verdadera oposición se estaría levantando un primer cerco al golpe de estado técnico.

La dictadura que se impone a nivel federal está fincada sobre las dictaduras que imponen en los estados de la República los gobernadores que actúan sin contrapesos, comprando o liquidando las voces opositoras. Está fincada, sobre todo, en las prácticas corruptas en el acceso, el ejercicio y la conservación del poder público. La ingente cantidad de recursos necesaria para ganar una campaña electoral implica enormes apoyos financieros de grandes compañías y del crimen organizado. Favores que luego tienen que pagarse con impunidad y con tráfico de influencias desde el poder.

Por todo esto, no puede definirse de otra manera el gobierno actual de Enrique Peña Nieto, sino como una dictadura cimentada en la corrupción y en los pactos, no con las fuerzas políticas reconocidas, sino con los señores del dinero lícito, y sobre todo del ilícito.

- Víctor M. Quintana S. es asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua e investigador/profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Un dictador quiere ser presidente de México

Juan Pablo Proal

Análisis

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Encarcela a quien lo critica. Es enemigo de la libertad de expresión. Sufre de megalomanía. No respeta la independencia de los poderes Legislativo y Judicial. Viola cotidianamente la Declaración Universal de Derechos Humanos… No me refiero a José Stalin, Benito Mussolini o Francisco Franco. Este personaje vive, gobierna uno de los estados más importantes del país y quiere ser presidente de México.

No llegó al poder mediante la revolución o un golpe de Estado. Al contrario, fue elegido democráticamente, ayudado porque, en ese momento, su contrincante aparentaba ser la peor opción.

Los dictadores modernos están disfrazados de demócratas, como bien diferencia el doctor en derecho Juan Federico Arriola en su libro “Teoría general de la dictadura”, en el que aclara: “¿Qué es una dictadura hoy? Quizá una democracia disfrazada con buenas intenciones, que guarda en sus entrañas cada una de las características dictatoriales que no puede lucir”.

El dictador moderno al que me refiero es Rafael Moreno Valle Rosas. Fue priista y cercanísimo a Elba Esther Gordillo Morales. El 1 de febrero de 2011 tomó protesta como gobernador de Puebla mediante una alianza partidista integrada por PAN-PRD-Panal-Convergencia. En gran parte, ganó gracias al rechazo que provocaba su contrincante, el priista Javier López Zavala, quien representaba al régimen del desprestigiado Mario Marín Torres “El góber precioso”, en el que fungió como secretario de Gobernación.

He escuchado decir a no pocos de mis paisanos: “Este (Moreno Valle) roba, pero al menos hace algo”. Esta afirmación se liga a la megalomanía del gobernador, quien ha levantado obras millonarias a mansalva y tal vez explicaría por qué los ciudadanos aprueban su gestión, que a finales del año pasado obtuvo una calificación de 7.4, de acuerdo con una encuesta de la consultora local BEAP, dirigida por el analista político Rodolfo Rivera Pacheco.

La premisa de que “el menos malo es mejor” ha conducido al estado de Puebla a un régimen autocrático, como así lo demuestran las características del gobierno de Moreno Valle:

•Presos políticos. A principios de abril pasado fueron detenidos los ambientalistas Enedina Rosas Vélez, Abraham Cordero Calderón y Juan Carlos Flores Solís por su oposición al Proyecto Integral Morelos, en el que se despojará de tierras de cultivo a comunidades nahuas de Tlaxcala, Puebla y Morelos para instalar dos termoeléctricas a cargo de las empresas españolas Energás, Abengoa, Elecnor y OHL. El 22 de abril, alrededor de 200 estudiantes y profesores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se manifestaron en contra de la persecución al académico e investigador Ricardo Pérez Avilés por su postura contra el Proyecto Integral Morelos; alumnos del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y de la facultad de Sociología denunciaron que han sufrido amenazas por oponerse al citado proyecto. Debido a la represión en Puebla (y Morelos) a los opositores de este proyecto, Noam Chomsky, Eduardo Galeano, Javier Sicilia, John Holloway y académicos y activistas de no menor talla firmaron un escrito en el que censuran que se intente “acallar encarcelando las voces de los pueblos campesinos organizados que con dignidad ejercen su derecho a la autodeterminación”.

•Perseguir la libertad de expresión. Para controlar férreamente a los medios de comunicación, el gobierno estatal ordenó al ayuntamiento, administrado por José Antonio Gali, subordinado de Moreno Valle, y a la BUAP, no otorgar publicidad a quien critique a Moreno Valle; el periodista Ernesto Aroche, responsable del sitio Lado B, entrevistó a 15 directivos de medios de comunicación que confirmaron la intención del mandatario de “ahorcar” a quien no se alinee. A la par, el mes pasado el Poder Ejecutivo local operó la aprobación de la bautizada públicamente “Ley Bala”, que consistía en autorizar el uso de armas contra manifestantes.

•Culto a su figura. El 29 de septiembre de 2011, el diputado local Edgar Salomón Escorza anunciaba en su cuenta de la red social Twitter que asistiría a la inauguración del bachillerato “Rafael Moreno Valle Rosas”, en el municipio de Tlacotepec; ante las críticas que este anuncio ocasionó, la SEP tuvo que dar marcha atrás, como publicó el portal Animal Político. Tiempo después, acompañado de su abuelo, el exgobernador Rafael Moreno Valle y más miembros de su familia, el actual mandatario estatal remodeló y rehabilitó el hospital integral Eugenia Valle, nombrado así en honor a su bisabuela, Engracia Valle.

•Borrar al resto de los poderes. El Poder Ejecutivo local ha presionado y modificado decretos aprobados previamente por el Poder Legislativo. Así ocurrió con la referida “Ley Bala”, que originalmente preveía el uso de armas contra manifestantes aunque, posteriormente, ante la desaprobación pública, el Ejecutivo eliminó dicho apartado. Así lo consignó Gabriela Hernández, corresponsal de Proceso en Puebla, en una nota publicada el pasado 21 de mayo: “De manera arbitraria, sin realizar los trámites que marca el Poder Legislativo para la modificación de leyes, el gobernador Rafael Moreno Valle hizo cambios al artículo 46, mismos que publicó este martes en el Periódico Oficial del Estado”.

•Despilfarro. A pesar de que el municipio de Puebla tiene el mayor número de pobres del país (732 mil 154 personas, según el Coneval), el gobernador derrocha los recursos públicos en promocionar su imagen. En enero de 2012 apareció en mil 644 salas de cine de 28 estados del país, para lo que erogó 14 millones 27 mil pesos. Lo anterior, con la finalidad de promover su primer informe de labores. En 2011, primer año del gobierno del panista, Televisa obtuvo el 48.8 por ciento de los 180 millones de pesos destinados a publicidad oficial. La empresa de Emilio Azcárraga Jean ha sido una de las principales beneficiarias del presupuesto público. Moreno Valle le donó 6.7 hectáreas para la construcción del Centro de Rehabilitación Infantil, que le cuesta al erario 42.5 millones de pesos anuales. A Televisión Azteca le cedió los terrenos de la fábrica textil La Constancia Mexicana.

Lo anterior es sólo un resumen y un esbozo de los excesos. Como Moreno Valle, decenas de dictadores modernos controlan los estados de la República. Y, como la historia reciente nos lo ha demostrado, algunos de ellos, gracias a la libertad que tienen para vaciar las arcas estatales, se convierten en presidentes de México.

El sociólogo español Manuel Castells recuerda en su obra “Comunicación y Poder” que, ante el descontento de la ciudadanía por los excesos de los políticos, los ciudadanos tienen una serie de alternativas para hacer contrapeso: la movilización, la organización política, apoyando a candidaturas de terceros como voto de protesta, unirse a una postulación insurgente o un sufragio nulo o de castigo.

Si sus delirios no son detenidos a tiempo, los dictadores modernos no sólo se fortalecerán en sus estados, sino que, como ya ha ocurrido, su ambición se extenderá a controlar todo el territorio nacional.

www.juanpabloproal.com

Dictadura legislativa

 Manuel Bartlett

El proceso legislativo bajo la dominancia del Pacto por México encarnado en la figura mediática de Peña Nieto, ha definido una práctica que resulta en dictadura supuestamente inapelable. De los pactantes, PRI y PAN votan juntos desde su acuerdo original con Salinas de Gortari y la derechización neoliberal de ambos; la adhesión del PRD colabora a engrandecer la “imagen” de un presidente pretendidamente capaz de unificar a los extremos, que no lo son. Asociados votan desde reformas constitucionales innecesarias, hasta las dictadas por la OCDE, organismo internacional al servicio de intereses extranjeros, como la reforma antilaboral y la apertura total de las telecomunicaciones. Pese a reclamos electorales del PAN a Peña Nieto, se mantiene en el Pacto con un PRI al que descalifica; el PRD atragantado con la reforma constitucional energética de sus copactantes, asegura rechazarla, sin abandonar el Pacto pese a tan profunda contradicción. Esta santísima trinidad impone no sólo temas centrales, también la gobernación cotidiana del Congreso, definiendo alocación de recursos, comisiones, orden del día, procedimientos, horarios aberrantes, hasta propaganda pagada, no hay oposición que valga frente a sus complicidades. Esta “mayoría hechiza” aprueba acríticamente toda iniciativa del Pacto, impidiendo el debate, introduciendo dictámenes prefabricados que nadie alcanza a leer, pero que se votan por lealtad a lo pactado, lo que les libera de tomar decisiones propias.

El Ejecutivo cuenta con instrumentos para imponer sus dictados, su control del dinero público, le permite “atender” a los gobernadores, cada vez más dependientes. No se escucha a gobernador alguno cuestionar políticas “oficiales”, consecuentemente desaparece la antigua “influencia” de los poderes regionales equilibradores sobre diputados federales y senadores de los Estados. El presupuesto federal que “ejerce” libérrimamente Hacienda crece desmesuradamente en “comunicación social”, aprobado por diputados obsecuentes que en nuestro país empobrecido, no se amilanan ante enormes sumas, que el Ejecutivo distribuye generosamente a los medios, para su propaganda abierta, consolidándose así la dictadura en mediática. Cuenta además, con apoyo en los principales medios anglosajones, arrobados por las apetitosas aperturas.

Dos ejemplos actuales corroboran esta dictadura: la reforma educativa y la energética. La educativa es un injerto en el artículo 3º constitucional, de la propuesta de la OCDE. No es reforma educativa, es la concepción anglosajona de educación para los mejores, no para todos. Dio origen a tres leyes secundarias con un instituto de evaluación redundante con la SEP que generaron un conflicto social con una parte importante del magisterio. La manipulación de la opinión pública, sataniza a los maestros resistentes, pero oculta sus razones. Peña Nieto ante la televisión hegemónica atribuye a la reforma virtudes falsas, la opinión retiene la idea inducida de maestros que se niegan a ser evaluados, absurdamente reacios a tan magnifica reforma.

La reforma energética pretende eliminar de los artículos 27 y 28 constitucionales el mandamiento de la exclusividad del Estado en el petróleo y la electricidad, asuntos centrales de seguridad nacional. Después de un año de negar su contenido, Peña lanza una oprobiosa campaña en los medios de comunicación para imponer su iniciativa, en la que los personeros del Gobierno acaparan todos los espacios, noticias, entrevistas a modo aduciendo las más grotescas mentiras, confiados en no ser desmentidos, por la exclusión de los medios, de quienes se oponen. Preparan así el proceso legislativo dictatorial. Eluden el debate, no arriesgan su fragilidad argumentativa, saturan de propaganda. La dictadura pretende imponer la desnacionalización energética con pretensión de inapelable, con una “mayoría” que es minoría en la población que la rechaza. Se toparán con la presencia popular que reclamará su interés superior.

@manuelbartlett

Senador de la república