PORTADAS:Oaxaca está cada vez más pobre con Gabino Cué/Compra CDMX a sobreprecio/Proponen nueva norma de calidad para gasolinas/Gana banca con crédito a consumo /Desairan la transparencia/12 gobernadores salientes dejan una herencia millonaria... en deuda/Productividad de legisladores alcanza apenas el 7.8%/Mamás de desaparecidos marchan el 10 de mayo para que sus demandas se incluyan en la ley/Investiga EU las cuentas oscuras de Televisa /Tarea electoral/“Las cuentas oscuras” de Televisa, expuestas en ‘Proceso’/Estado militar o dictadura: los riesgos del Código de Justicia Militar y de Procedimientos Penales/¿Quieres ver, vía “transparencia”, un contrato de OHL México con Pemex? Paga 200 mil por la copia/
REFORMA
el Gobierno de la Ciudad de México compró el año pasado 154 camiones recolectores de basura a un sobreprecio de entre 25 y 39 por ciento. El fallo de la licitación nos permitió ver que el monto total de esta adquisición fue de 434.3 millones de pesos.El precio que se pagó por unidad a la empresa Grupo Andrade, fue de 2 millones 820 mil pesos, con IVA incluido. De hecho, el mismísimo Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, fue quien entregó las unidades el pasado 18 de noviembre en la plancha del Zócalo.Cabe aclarar que en el mercado se podían encontrar compañías que ofrecían precios más razonables. Según una cotización de la firma, Maquinaria, Camiones y Grúas, cada camión se ofertaba en 2 millones 262 mil pesos, o sea que se estarían pagando 558 mil pesos menos.Por otro lado, Remolques y Plataformas de Toluca había ofertado el precio unitario de 2 millones 30 mil pesos, lo que ya sería pagar 790 mil pesos menos que lo que CDMX pagó.
EL UNIVERSAL
EL FINANCIERO
En 2015, los préstamos bancarios para créditos personales y de nómina
llegaron a 129 mil 695 millones de pesos, 25 por ciento del total de sus
ingresos en ese año, por lo que se han convertido en la principal
fuente de ingresos del sector.Los préstamos de la banca para créditos personales, de nómina y para la adquisición de bienes se han convertido en la principal fuente de ingresos del sector.De los 524 mil 492 mil millones de pesos que obtuvieron las instituciones bancarias
el año anterior por el cobro de intereses, el 25 por ciento fue en
estos créditos, cuando en 2009 representaron apenas el 12 por ciento,
cifra que se elevó a 18 por ciento para 2012.En monto, dichos
ingresos ascendieron a 129 mil 695 millones de pesos, contra 95 mil 340
millones en los ingresos por los intereses de los créditos a empresas,
24 mil 672 en la cartera al gobierno y 61 mil 448 en la hipotecaria,
cuando el saldo de la cartera de dichos créditos es el más bajo de los
mencionados y representa apenas el 12 por ciento del financiamiento
total.
EXCÉLSIOR
A menos de un mes de las elecciones del próximo 5 de junio, sólo 4% de
los candidatos que se comprometieron con la iniciativa ciudadana 3de3 ha
cumplido con sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.De acuerdo con los registros de la plataforma que impulsan el
Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Transparencia
Mexicana, de dos mil 485 candidatos que dijeron aceptar la iniciativa,
sólo aparece disponible la información de 103 aspirantes.A detalle, sólo 30 de 78 candidatos a gobernador han presentado los
datos sobre sus declaraciones. Respecto de los aspirantes a las
diputaciones locales, de dos mil cuatro candidatos, únicamente 33 han
cumplido con la iniciativa, faltando mil 971 aspirantes por entregar la
información requerida.En cuanto a candidatos a presidentes municipales, de 320 registrados
en la iniciativa 3de3, nada más 39 cumplieron con la documentación.Rumbo a la integración del Constituyente de la Ciudad de México, de
las 83 personas que se presentan en la plataforma, sólo una entregó su
información a la propuesta ciudadana.Otro ejemplo: en el caso de Veracruz, cinco contendientes a
gobernador ya entregaron la información para la iniciativa 3de3, estando
pendientes los candidatos de Morena y el Partido del Trabajo.
CNN MÉXICO
Los 12 gobernadores que terminarán su mandato este año dejarán sus
entidades con una deuda total de 177,789 millones de pesos (mdp), lo que
significa un incremento del 161% con respecto a 2010, año en que
empezaron su administración.Los candidatos que resulten
ganadores en Veracruz, Chihuahua, y Quintana Roo tendrán mayores retos
para saldar la deuda de sus predecesores (Javier Duarte, César Duarte y
Roberto Borge, respectivamente), pues son las entidades con el déficit
más alto. Entre los tres suman 111,084 millones de pesos de deuda, es
decir, el equivalente al 60% de todas las entidades en juego.En
cuanto al incremento del endeudamiento, que fue de 94,030 mdp del cuarto
trimestre de 2010 al mismo periodo de 2015, destaca el caso de
Zacatecas, cuya variación fue de 1,015%; le siguen Chihuahua (240%) y
Oaxaca (185%) como los estados donde el crecimiento en el porcentaje fue
mayor, según cifras comparadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).Para dimensionar los números, el investigador del
área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar, Oscar Arredondo,
comentó que es importante recordar que esta deuda no es más que los
impuestos de los ciudadanos repartidos en los estados.
LA SILLA ROTA
La productividad del Congreso mexicano está por los suelos, pues todos los grupos parlamentarios, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, presentaron en ocho meses casi dos mil iniciativas, pero la mayoría están en la congeladora o fueron desechadas por ser malas propuestas. Un recuento elaborado al Sistema de Información Legislativa (SIL)
--instancia que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob) y que
monitorea la actividad del Congreso— afirma que en lo que va de la
presente Legislatura se presentaron en los dos plenos 1,833 iniciativas,
pero sólo 144 han sido aprobadas. La cifra de iniciativas aprobadas en ambas cámaras del Poder
Legislativo representa sólo el 7.8 por ciento de productividad total, en
el periodo comprendido entre 1 de septiembre de 2015 al 5 de mayo de
2016, etapa de vigencia de la actual legislatura. Los resultados del Senado. En estos primeros ocho meses de actividad, las cinco bancadas en el
Senado de la República presentaron 576 iniciativas, pero de acuerdo con
el SIL sólo fueron aprobadas 51 de ellas (8.8 por ciento del total), las
525 restantes siguen en calidad de “pendientes”.
En el mar de Baja California hay un pez en peligro de extinción que el crimen organizado está pescando y comercializando ilegalmente, porque las ganancias que obtienen de él comienzan a superar a la de la cocaína.A esta especie protegida, endémica de México, se le conoce como “buche de totoaba” y puede venderse en el mercado asiático hasta en 60 mil dólares el kilogramo.Esta nueva modalidad de negocios del crimen organizado ya preocupa a
las autoridades mexicanas y estadounidenses e incluso la Interpol emitió
la Alerta Púrpura, a petición de la propia Procuraduría General de la
República (PGR).La totoaba se pesca mayoritariamente en la desembocadura del río
Colorado y atraviesa siete estados estadounidenses antes de llegar al
Valle de Mexicali, en territorio nacional.Cuando es pescada, los traficantes tratan de cruzar a Estados Unidos
únicamente los buches, y desechan en mar o en tierra el resto del cuerpo
del pez, generando adicionalmente un serio problema de contaminación.El buche de la totoaba es la parte que se utiliza en Asia para
elaborar remedios medicinales y sofisticadas artes culinarias, además de
ser considerado un manjar con propiedades afrodisiacas, por lo que es
un producto sumamente costoso.
Con el patrón no te metas”, advirtieron un grupo de supuestos
policías estatales encapuchados, quienes arrestaron a Gabriel, de manera
violenta física y verbalmente, como refieren algunos testigos.El periodista chihuahuense, Gabriel Ortega Pérez ha llamado la atención por investigar las gestione del gobernador César Duarte y otros funcionarios, en fechas más recientes cuestionó al candidato del PRI, Enrique Serrano, sobre su supuesta complicidad en el endeudamiento del estado.En un video difundido en redes sociales se ve cómo el periodista
aborda al candidato, el cual le saca la vuelta al joven y sólo le
responde: “Eres un mozalbete”.Justo el 3 de mayo, el día que se celebra la libertad de expresión,
el también activista y suplente del candidato a diputado por Morena Juan
Pablo Delgado, fue vinculado a proceso por difamación.
ANIMAL POLÍTICO
Los familiares de desaparecidos mexicanos y centroamericanos se
movilizarán para pedir a los legisladores que tomen en cuenta sus
peticiones para integrarlas a la Ley contra la desaparición forzada.Por quinto año consecutivo, mamás y familiares de personas desaparecidas
en México se concentrarán este 10 de Mayo en la capital del país, para
realizar la “Marcha de la Dignidad Nacional: madres buscando a sus hijos e hijas, y buscando verdad y justicia”, que partirá a las 10:00 horas del Monumento a la Madre, hacia el Ángel de la Independencia. En esta quinta edición, la marcha de madres de personas desaparecidas tendrá una exigencia particular: que las familias de las víctimas sean tomadas en cuenta, para la redacción de una Ley General contra la Desaparición Forzada.“La
creación de una Ley General contra la Desaparición Forzada fue una
recomendación hecha por la ONU al Estado Mexicano en 2015 –señaló la
señora Guadalupe Fernández, madre del ingeniero José Antonio Robledo
Fernández, desaparecido desde 2009–; de entonces a la fecha se hicieron
diversos foros, en los que legisladores y autoridades tomaron nota de
todas las necesidades que las familias de víctimas les presentamos, en
particular una: que los casos sean investigados por las autoridades
federales, ya que las procuradurías estatales sólo brindan impunidad.
Sin embargo, nuestras peticiones fueron ignoradas.”La señora
Fernández, integrante del colectivo Familias Unidas por Nuestros
Desaparecidos y Desaparecidas en México, denunció que la Procuraduría General de la República se ha negado, sistemáticamente, a que la futura ley le asigne la obligación de investigar estos delitos, alegando que eso le quitaría esta responsabilidad a las autoridades de cada estado de la República.
Los magistrados consideraron que el gobierno de Duarte actuó de forma
“incorrecta” al negarse a iniciar el trámite para la emisión de la
alerta, y desecharon el recurso que interpuso para que esto no
ocurriera.Tres magistrados de un tribunal federal resolvieron de forma unánime que
el gobierno de Veracruz debe responder una solicitud de alerta de
género presentada desde hace un año por homicidios y desaparición de
mujeres en el estado, y que la administración de Javier Duarte eludió
resolver alegando que no era responsabilidad suya sino del gobierno
federal. La sentencia final del tribunal colegiado, dictada el 21 de abril y cuya
versión pública acaba de darse a conocer, concluyó que el Instituto
Veracruzano de las Mujeres (dependiente de la secretaría de Gobierno de
Veracruz) no cumplió con la responsabilidad que le confiere la ley para
buscar proteger a las mujeres de cualquier forma de violencia, al
negarse a presentar la solicitud de alerta de género.Animal Político
publicó el 19 de abril que la directora del Instituto Veracruzano de
las Mujeres, Edda Arrez Rebolledo, no quiso iniciar los procedimientos
para que se emitiera una alerta de género, pues aseguró que a ella no le tocaba hacerlo.Esto luego de que se lo pidiera formalmente en mayo de 2015, cuando el Instituto para la Mujer de Boca del Río documentó 30 feminicidios en solo tres meses en la entidad, así como por lo menos 20 casos de desaparición.En
noviembre del año pasado una juez concedió un amparo solicitado por la
entonces presidenta del Instituto para la Mujer de Boca del Río, en el
que calificó de “incongruente” la negativa de la alerta de género y
ordenó que se respondiera a la solicitud.
Por enésima vez el consorcio de Emilio
Azcárraga Jean es investigado por ocultar información, pero esta vez lo
hacen la Securities and Exchange Commission –la máxima autoridad de
regulación bursátil de Estados Unidos– y el Departamento de Justicia
estadunidense a partir de un documento anónimo que recibieron la semana
pasada. La información también llegó a The Wall Street Journal, que
soltó la bomba informativa el jueves 5. Televisa respondió de inmediato y
se dijo víctima de “un intento orquestado para infligir un daño a la
reputación de la compañía y sus empleados”. Sin embargo, los datos sobre
los escamoteos financieros de Televisa están documentados. Una vez más las cuentas
“ocultas” de Grupo Televisa con los gobernadores, partidos políticos y
el gobierno federal mexicano están bajo la lupa, pero ahora en Estados
Unidos.Apenas supo del contenido del documento de 15 cuartillas
enviado a la Securities and Exchange Commission (SEC) –la máxima
autoridad de regulación bursátil de Estados Unidos– y al Departamento de
Justicia donde se revelan los datos, el jueves 5 y el viernes 6 la
empresa de Emilio Azcárraga Jean intentó desmentirlo.Calificó de “ficticias y sin fundamento” las acusaciones y
afirmó que la carta anónima es “un intento orquestado para infligir un
daño a la reputación de la compañía y sus empleados”, pero no negó las
investigaciones emprendidas en Estados Unidos contra el consorcio
televisivo.Televisa también anunció una “investigación interna” a cargo
del bufete de abogados de Nueva York, Wachtell, Lipton, Rosen &
Katz, y advirtió a la Bolsa Mexicana de Valores que “ejercerá todas las
acciones legales a que haya lugar contra los responsables de la carta”.
REPORTE ÍNDIGO
No están en la boleta electoral, pero los gobernadores de los estados
donde habrá elecciones este 5 de junio han intensificado durante las
campañas la entrega de obras, apoyos sociales y recompensas buscando
influir entre los votantes. En plenas campañas políticas, sin importar la veda electoral, los
gobernadores de los estados donde habrá elecciones hacen de todo con tal
de recuperar la simpatía de los ciudadanos.Indirectamente, hacen
campaña para sus candidatos regalando artículos, llevando programas a
las omunidades o entregando obras esperadas por los ciudadanos.En
las 12 entidades donde se elegirá nuevo mandatario, los gobernadores
intentan cerrar las últimas acciones de su gobierno y, de paso, apoyar a
los abanderados de sus partidos.Sin importar el partido del que
provengan, son comunes los actos públicos donde los gobernadores
actuales presumen sus logros y cristalizan promesas que hicieron en el
pasado.Las prácticas clientelares han formado parte de la
historia del país. Antaño, los apoyos eran más abiertos y los
gobernadores operaban explícitamente para apoyar a sus favoritos.Algunas
actividades ocurrieron solo a pocas horas de que arrancaran las
campañas políticas y, con ellas, comenzara una especie de veda
electoral. Otros, hicieron grandes anuncios meses antes, pero cuando ya
estaba en su apogeo el proceso electoral.Hoy día, las leyes
electorales de los estados mantienen más restricciones para que los
mandatarios expresen su apoyo a los candidatos de sus partidos.Sin embargo, las acciones de gobierno hacen esa tarea… ¿harán la diferencia?
ARISTEGUI NOTICIAS
Proceso reveló la carta de un “anónimo” sobre presuntas “cuentas oscuras” de Televisa, que son investigadas en Estados Unidos.La información se publicó primero, la semana pasada, en The Wall Street Journal,
en lo que la televisora calificó com “un intento orquestado para
infligir un daño a la reputación de la compañía y sus empleados”.En su edición de esta semana, Jenaro Villamil apuntó en su texto que se trata de un documento de 15 cuartillas, enviado
a la Securities and Exchange Commission (SEC), máxima autoridad de
regulación bursátil de Estados Unidos, y al Departamento de Justicia.La empresa de Emilio Azcárraga Jean calificó de “ficticias y sin fundamento” las acusaciones.Esto es parte de lo que afirma dicha carta “anónima”:“Grupo Televisa recibe dinero en efectivo de partidos políticos y
gobiernos estatales para cobertura noticiosa tanto a nivel local como
nacional, con apariciones en noticiarios de la pantalla, revistas y
promociones especiales. Esta es una operación continua y esta es la
razón por la que es difícil rastrear las pistas y calcular el costo del
product placements de las producciones especiales en cada segmento de
tiempo aire”, señala.“Si el total de la aparición en tiempo-aire de los gobiernos y partidos políticos se contabiliza, en Grupo Televisa no están reportando hasta 10% de los ingresos,
tanto en los canales de televisión abierta como en publicaciones y
ventas de televisión por cable y estaciones regionales”, indica.
REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO
Ya de madrugada, y a escasas horas de
que terminara el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la
Unión, el pasado viernes 29 de abril, el Senado de la República aprobó
modificaciones al Código de Justicia Militar y expidió el Código Militar
de Procedimientos Penales a pesar de que diversas voces advertían que
algunos de sus artículos podrían implicar violaciones a los derechos
humanos y otras calificaron ambos dictámenes como inconstitucionales.Ambos códigos habían sido aprobados,
apenas una semana antes, por la mayoría de los integrantes de la Cámara
de Diputados, entre acusaciones de negociaciones en lo oscurito,
marginar a varios partidos de oposición de la discusión de
modificaciones de último momento y de la celeridad con que se trató el
tema, incluso en el trabajo de las comisiones. Como en otros temas
escabrosos, entre los legisladores, lo de menos fue el debate.
La justicia militar depende de una sola
persona: el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos
Zepeda. No se trata de una justicia jurisdiccional, con jueces
imparciales, sino de pactos de impunidad, coincidieron expertos.En ese contexto, las reformas al Código
de Justicia Militar, sólo sirven para favorecer o castigar a ciertos
grupos dentro de las fuerzas castrenses, comentó a Revolución TRESPUNTOCERO, Erubiel Tirado, experto en seguridad nacional.“No necesariamente es una salvaguarda
para toda la institución, porque eso lo va a decidir el grupo que domine
la Secretaría de la Defensa o la Secretaría de Marina, para ejercer sus
ajustes de cuentas internas”, dijo Tirado.“Se carece de una verdadera justicia en
el ámbito militar porque es de carácter administrativo y depende de una
sola persona; es decir, es una justicia por consigan. La justicia
militar en México depende del secretario de la Defensa”, agregó el
analista.El general retirado, Samuel Lara, contó a Revolución TRESPUNTOCERO
que en décadas pasadas, la justicia también se ejercía a petición de
quien ocupara el cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De noche o de día, no importa el horario
y tampoco si la ubicación es en una calle o colonia transitada donde
habrán testigos, los militares entran de manera violenta, derriban
puertas o intimidan con sus armas a los dueños de los domicilios
particulares, nunca llevan una orden de cateo y mucho menos una orden de
aprehensión.Detienen, golpean y torturan adultos,
pero también a menores de edad, para inculparlos de nexos, generalmente,
con el narcotráfico, en la mayoría de los casos los civiles son
presentados como delincuentes, en otras ocasiones desaparecen de manera
forzada y algunas más aparecen ejecutados de manera extrajudicial. E
incluso cuando los familiares y testigos ajenos a la víctima dan a
conocer los hechos que presenciaron, en la mayoría de los casos no hay
ni siquiera el inicio de una investigación.Este tipo de actos en contra de la
población civil, siempre inician con un ‘cateo’ hecho por militares, aun
cuando distintos organismos no gubernamentales nacionales e
internacionales, han descrito dichas acciones como una violación a los
derechos humanos de la sociedad civil, pero aún con esto siguen siendo
constantes, “por la impunidad y corrupción que los resguarda”, se
asegura en informes de organizaciones como Amnistía Internacional.
SIN EMBARGO
En el Estado de México, la tierra del Presidente Enrique
Peña Nieto, está concentrada parte fundamental de la información de
Grupo Higa y OHL-México, corporativos conocidos por sus tramas de
millones de pesos y sospechas de corrupción. Pero el Gobernador Eruviel
Ávila logró reservar los datos de las dos empresas hasta 2024, un
sexenio después de que concluya la presente Administración federal.
Banobras también mantiene bajo candado las convocatorias que publicó
antes de otorgarle contratos a Higa. Y Pemex indica que sus contratos
con OHL México son públicos, pero uno de ellos tiene un costo de casi
200 mil pesos. Son los obstáculos encontrados por SinEmbargo en un
ejercicio en todos los sistemas de Transparencia del país para lograr un
acercamiento a esas dos entidades, las más controvertidas de los
últimos años. Si un ciudadano quiere
conocer alguno de los contratos que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha
firmado con la filial de Obrascón Huarte Lain en México (OHL México),
tiene razones para alegrarse: la información es pública y puede ser
solicitada ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).Pero ese ciudadano deberá tomar en cuenta un detalle: sus recursos
económicos. Por el documento tendrá que pagar 171 mil 522 pesos, el
costo fijado por el instituto para ese legajo de unas nueve mil
cuartillas.Ahora, si el ciudadano quiere enterarse al pie de la letra de un
contrato que la Secretaría de Energía celebró con Grupo Higa, S.A. de
C.V., de Juan Armando Hinojosa Cantú, tendrá que pensar en desembolsar
27 mil 610 pesos con 50 centavos, más 107 pesos con 50 centavos por
gastos de envío.En México, los datos públicos tienen precio: 50 centavos por copia
simple y 18 pesos por copia certificada. Son costos regidos por la Ley
Federal de Derechos, una legislación promulgada en 1981 por el entonces
Presidente José López Portillo y a los que se apega la normativa de
Transparencia y Acceso a la Información vigente.Así, el acercamiento a Grupo Higa y OHL México, las dos entidades
privadas más conocidas en la presente Administración por supuestas
anomalías en sus relaciones contractuales con los gobiernos, tiene un
costo que puede rebasar los cien mil pesos.
“Detrás del arresto de mi padre hay tala ilegal”: hijo de Idelfonso Zamora; Amnistía exige su liberación
Amnistía Internacional solicitó al Gobierno mexicano la inmediata
liberación del defensor de bosques tlahuica Idelfonso Zamora. Familiares
acusaron haber sido amenazados por autoridades de seguridad del Estado
de México. ¿Quién gana con la detención de Zamora? . Familiares de Idelfonso
Zamora Baldomero acusaron que a la detención del defensor de los bosques
del municipio de Ocuilan, Estado de México, se hizo para proteger los
intereses de autoridades que talan ilegalmente árboles en la zona. Misael Zamora, hijo de Idelfonso, acusó que autoridades locales de
San Juan Atzingo, con el apoyo del Gobernador Eruviel Ávila Villegas,
confabularon para detener al activista en noviembre del año pasado.“En el 2011, le arrebatan el cargo a mi padre de comisariado de
bienes comunales con muchas irregularidades. Se postula un señor
Leobardo Neri Jacinto y él, junto a Arnuldo Gómez Barrón, otro casique
más del pueblo, son los que siempre han impulsado la tala, y nunca les
ha gustado que mi padre defienda el bosque”, dijo a este medio. De acuerdo con un análisis de Greenpeace, desde el 1998 a la fecha
han sido taladas al menos 250 hectáreas de los bosques del poblado del
que es oriundo Zamora.
El dólar se vende hasta en 18.33 pesos en ventanillas de
Banamex, 17 centavos más que al cierre anterior, mientras que la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) abrió con una pérdida de 0.01 por ciento (9:00
horas).
La moneda mexicana
continúa perdiendo terreno frente al dólar. Este lunes la divisa
estadounidense se cotiza hasta en 18.33 pesos en ventanillas de Banamex,
17 centavos más que al cierre anterior, mientras que la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV) abrió con una pérdida de 0.01 por ciento (9:00 horas).Los precios del petróleo abrieron en terreno mixto. El barril Brent
abría en 45.92 dólares, un 1.57 por ciento más que al cierre de la
jornada anterior. El Texas (WTI) registraba un descenso del 0.85 por
ciento y cotizaba a 44.28 dólares el barril
LA JORNADA
Sin efecto, cuantiosos fondos enviados por la Federación
En el aire, más de $8 mil 655 millones en aportaciones, señala la ASF
Dos de cada tres habitantes de la entidad sobreviven en la precariedad
Pasó del tercero al segundo lugar con mayor proporción de miseria
De la Redacción/ I
Fotoportada
La primera ministra de la provincia de Alberta, Rachel Notley, informó que el fuego en la región petrolera de Fort McMurray avanzó, por fortuna, más lento de lo temido. Agregó que el desalojo de 25 mil personas había concluido ayer con éxito y estimó que mil 610 kilómetros cuadrados de bosque fueron arrasados. Chad Morrison, jefe de bomberos de Alberta, dijo que "gracias a la madre naturaleza", con un clima más benigno, "hemos podido contener la mayoría de líneas de fuego" Foto Ap
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