Eliana Gilet
Desinformémonos.org
Es el segundo día de festejo, aunque esa no sea probablemente la palabra más adecuada.
Hace diez años, las callecitas finas y
bajas de San Salvador Atenco se llenaron con el golpe seco de 7mil pares
de botas. Iban calzadas por efectivos de las distintas Policías y
también del Ejército. Botas que controlaron durante dos días el ritmo
del lugar y sobre todo, la vida de sus pobladores.
Un estado de sitio, siguiendo en la línea de las palabras adecuadas.
La justicia local no avanzó
prácticamente en las denuncias de tortura sexual que le hicieron llegar
27 mujeres detenidas durante esos días, pero sí lo hizo la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que estableció que lo sucedido en
Atenco fue una violación grave a los Derechos Humanos. Un crimen del
Estado mexicano. Otro.
Para cuando se celebró la audiencia del
‘Caso Atenco’ en Washington, la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México ya había cerrado sus expedientes, mandándolos a juntar
polvo hasta que surgiera nueva evidencia para el caso de las mujeres.
El que no han cerrado, en cambio, es el
proceso penal que le abrieron a las 207 personas que fueron detenidas
durante los dos días. Los últimos tres presos políticos de Atenco fueron
liberados en julio del 2010, tras 4 años recluidos, y gracias a un
amparo de la Suprema Corte de Justicia. Los tres, integrantes del Frente
de Pueblos en Defensa de la Tierra, organización comunitaria que
fundaron para resistir al proyecto de un Nuevo Aeropuerto para la Ciudad
de México en sus tierras ejidales. La represión se desató ante la
negativa de los campesinos de irse de ahí.
“Seguimos siendo citados a audiencias,
nos cambian los jueces. Para nosotros no hay reforma de la justicia que
valga. Quien tiene que ser juzgado es Enrique Peña Nieto, que fue quien
dio la orden de que nos torturaran”. Paliacate rojo al cuello y sombrero
de ala ancha para soportar el sol caliente de las tierras del Estado de
México, Magdaleno Morales sostiene un cartel blanco con letras rojas
delineadas a mano: “somos los sobrevivientes de la tortura, casos 3 y 4”
“La pregunta no es de qué nos acusaron,
sino de qué no nos acusaron. De que estábamos cortando las vías en un
punto y a los minutos en otro punto, ¡ni que fuéramos Súperman! De que
cortamos carreteras, de que echamos pleito. Nos acusan de delincuencia
organizada”
Suena demencial esa acusación sobre las espaldas de este campesino, teniendo en cuenta que proviene de la justicia mexicana.
En el año 2006, Enrique Peña Nieto,
actual presidente de la República, se desempeñaba como gobernador del
Estado de México. Atenco es uno de los municipios ubicado al oriente de
este estado. Hay otros dos nombres que los vecinos no olvidan desde ese
día y son el de Wilfrido Robledo Madrid, entonces titular de la Agencia
de Seguridad Estatal, encargado del operativo represivo; y el de Nazario
Gutiérrez Martínez, que entonces fungía como Presidente Municipal
Interino de Texcoco, municipio vecino cuyas fuerzas policiales se
sumaron a la represión. Ambos mantienen cargos en sus respectivas
corporaciones.
En la mañana de este miércoles 4 de
Mayo, una brisita cálida transporta en sus hondas la misa amplificada
por unos parlantes ubicados en la puerta de la Iglesia del pueblo.
Varias patrullas municipales de Atenco
pasean alrededor de la Plaza, con unos 20 niños en las cajas de las
camionetas. No, no están detenidos. Visten unas playeras que en la
espalda aclaran que son “policías por un día”.
La marcha se arma una vez que llega la
gente de los otros pueblos que integran el Frente: San Miguel Tocuila,
San Cristóbal Nezquipayac, San Francisco Acuexcomac. Todos vecinos.
Todos presentes en el 2006, aunque no sólo ellos. Esa noche, la
violencia estaba en el aire y la amenaza de una intromisión militar al
pueblo de callecitas finas y bajas era latente. “Cientos de adherentes a
la Otra Campaña, previo consenso, nos trasladamos a San Salvador
Atenco, para evitar la represión a esta organización fraterna. Después
de estar concentrados en la Universidad de Chapingo, nos trasladamos en
horas de la madrugada, en dónde pasamos lista de presentes y se nos
encomendó reforzar una de las trincheras principales de acceso al
pueblo, por donde se presumía entrarían los represores militares. La
suerte estaba echada.” *
Entre ellos iba Ollin Alexis Benhumea
Hernández: “de 20 años, adherente a la Otra Campaña y militante de su
Sector de Trabajadores, luchador anticapitalista, estudioso y amante de
la historia, conocedor de la lengua rusa, sensible artista ejecutante de
danza”, resistió su cuerpo a la muerte de su cerebro durante 34 días,
después de que una bomba lacrimógena lanzada por los militares le
estallara en la cabeza, en la madrugada del 3 de Mayo.
Los compañeros que estaban con él
encontraron refugio en la puerta abierta de un vecino del pueblo. Allí
fue la primera parada de la marcha: “Alexis no murió, el gobierno lo
mató. Nosotros informamos a las fuerzas que había un herido de gravedad y
no dejaron pasar a las ambulancias. El pueblo estaba sitiado por los
cuerpos policíacos, estaban en todos lados. No podíamos salir de aquí, a
pedir ayuda. Y sabíamos que si se lo llevaban, si nos quitaban su
cuerpo, jamás lo íbamos a volver a ver.”
Doce horas más tarde, fue trasladado al Hospital Ignacio Zaragoza del ISSTE, el sistema público, ubicado en la Ciudad de México.
“Entonces entró la fuerza a este lugar y sacó a los compañeros que estaban refugiados en la parte alta del taller.”
La marcha le rindió una ofrenda,
entonces salió a la ruta y en el altar construido en el lugar en dónde
fue herido, en la entrada principal del Pueblo, le dejaron una corona
hecha con las flores que han sembrado, mientras los estudiantes de la
Normal rural de Tenería, entonaban sus cánticos a coro, en perfecta
formación, sosteniendo su bandera que no flamea, sino que va extendida
al frente: “¡Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta!”.
Alexis murió el 7 de junio de 2006.
Las manías del PRI o cómo se desarticula un pueblo
Las heridas de la represión en carne
viva, decenas de personas en la trena, violencia sexual usada como arma
de guerra contra las prisioneras. Y el conflicto que por lo bajo, latía.
Entonces, empezaron a apelar al miedo que habían sembrado a golpes.
“En los años posteriores, con los
principales referentes del Frente en la cárcel y mucha gente que se fue,
los rumores que circulaban por los pueblos era que todos ya habían
vendido, que ya no tenía caso que la gente siguiera negándose, porque lo
único que buscaban los que no estaban era su bienestar personal,
oponiéndose al progreso. Fueron sembrando la idea de que lo que había
que hacer era dividir el terreno común del ejido, e instaurar la
propiedad privada” Pedro es un aguzado joven que continúa el relato,
vecino de La Magdalena, el municipio de junto. Pero hay más: “La idea
que permeó fue que la lucha no valía tanto la pena, por el riesgo que
implicaba. Estos pueblos tienen un esquema de familia bastante
tradicional, en dónde la voz del padre es lo que pesa. Y ellos tenían en
mente que el riesgo llegaba hasta las mujeres, a sus esposas y sus
hijas, por los ataques sexuales que los policías cometieron contra las
detenidas esos días. Entonces aceptaron que lo mejor era ya no meterse y
eso le dijeron a sus hijos.”
La embestida privatizadora tomó forma
hace dos años, cuando Andrés Ruíz Méndez, de filiación priista, asumió
como comisario ejidal. En una asamblea turbia, en Mayo de 2014,
pretendió materializar lo que los rumores habían estado preparando: que
la asamblea ejidal aprobara la figura del “dominio pleno”, desarmando el
núcleo ejidal, para convertir tierras de vocación agrícola en propiedad
privada, susceptible de venderse. El intento fue abortado por el Frente
de Pueblos en la justicia, que por medio de una suspensión definitiva
invalidó la asamblea que permitió el cambio de uso de suelo arriba
mencionado. Ahora, Andrés Ruíz Martínez asumió como presidente municipal
de Atenco, electo por el PRI, hasta 2018.
Meses después del intento privatizador
de la tierra comunal, Enrique Peña Nieto anunció en Setiembre de 2014,
que reavivaba el proyecto de construir un Nuevo Aeropuerto para la
Ciudad de México, en la zona del ex Vaso de Texcoco. Era el gobierno
federal el que pretendía ser el comprador de las tierras ejidales, una
vez que lograran privatizarlas. En juego están, desde entonces, casi 2
mil hectáreas de ejidos de Santa Isabel Ixtapa, Nexquipáyac, Acuexcómac,
Atenco, San Bernardino, Tocuila, Texcoco y Chimalhuacán.
Ante el fracaso de torcer a la autoridad
ejidal, el gobierno federal echó mano a otro actor. La Comisión
Nacional del Agua venía comprando terrenos de esos ejidos, con la
pretensión de construir “una zona de mitigación y rescate ecológico del
Lago de Texcoco”. La información sobre esas compras estuvo resguardada
durante 7 años, “por motivos de seguridad nacional”, según reveló el
diario La Jornada, en 2010.
Claro que la Zona Ecológica corresponde
al lugar en dónde se proyecta el Aeropuerto anunciado por Peña Nieto.
“El proyecto es un dolor de cabeza por dónde se lo mire” ya que no sólo
está trazado sobre una de las áreas del Valle de México que más rápido
se hunde, – entre 30 y 40 centímetros al año – sino sobre la única que
representa una esperanza para el acceso futuro al agua potable de la
población que habita la Ciudad de México y el Estado ídem.
El proyecto actual del Aeropuerto se
conoció públicamente en Setiembre de 2015, cuando fue presentado a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Desde
entonces, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, viene
haciendo las advertencias que se citan en este apartado.
“El proyecto debió ser rechazado por la
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), que es la parte
de la SEMARNAT que los estudia, debido a que existen mucha
incertidumbre sobre el mismo, que surge de la omisión deliberada de
información que no permite una evaluación correcta del posible impacto
ambiental de la obra. Pero a grandes rasgos, lo que están tratando de
hacer es cambiar un lago por un bosque. Desde un punto de vista
científico es la peor decisión. No deberíamos siquiera intentarlo. El
Vaso del Lago de Texcoco es la esperanza de tener agua en un futuro no
muy lejano, ¿y encima le vas a poner una plancha de concreto, pistas,
una ciudad y áreas libres sembradas con una especie que es plaga?”
La frutilla de la torta la pone el siguiente dato:
La consultora encargada de elaborar y
redactar el Manifiesto de Impacto Ambiental para el gobierno mexicano se
llama “Especialistas en Desarrollo Ambiental S.A. de C.V” y uno de sus
socios fundadores es Rodolfo Lacy Tamayo, quien actualmente se desempeña
como Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de ¿dónde? La
SEMARNAT.
A pesar de que la participación en ambos
lados del mostrador de uno de Lacy Tamayo, ese conflicto de origen no
es eso lo peor del informe ambiental con que fue aprobada la
construcción del proyectado aeropuerto nuevo, sino que “no es objetivo
ni técnicamente robusto”. Fue aprobado en tiempo express y sin ningún
tipo de discusión pública seria al respecto, salvo “una parodia de
consulta pública” hecha en el municipio de Ecatepec.
¿Es común esta desidia de la SEMARNAT
para aprobar cualquier megaproyecto? “Nos encontramos estos problemas
cuando el promotor es el mismo gobierno. Si es un particular, depende.
Pero nunca la hemos visto comportarse como se comportó con este
proyecto.”
La arremetida reciente
En la mañana del 12 de Abril, una
cuadrilla de trabajadores de la CONAGUA irrumpió sin permiso en tierras
ejidales de San Salvador Atenco, custodiado por una tanqueta militar, al
día siguiente que los vecinos les hubiesen negado el paso por las
buenas. El lunes 11, habían intentado “realizar mediciones” en la base
del cerro Huatepec (que significa Cerro del Agua, en náhuatl). “Los
compañeros le dijeron que no podían estar en tierras comunales porque
estamos en litigio, que no les permite entrar en el terreno. Les dijeron
que entendemos que ellos son trabajadores y no tienen nada que ver con
el conflicto, pero para no meterse en el problema, les pedimos que se
retiraran y así lo hicieron.”
Quince días después, personal de la
empresa Constructora y Pavimentadora Vise (o Cypsa Vise) que es la
concesionaria para la obra de la carretera que una las Pirámides con
Texcoco, obra conexa al aeropuerto para darle acceso, ingresó también
sin permiso a tierras ejidales de Tocuila, al tramo que corresponde a
San Felipe y Santa Cruz. Un sitio al que ya habían entrado días antes y
la gente los echó.
La respuesta de la empresa fue denunciar
penalmente a los campesinos por robo, ya que prendieron fuego la maya
plástica de tela que habían empezado a colocar en el terreno.
Coronando esas acciones, la aprobación
de la Ley Eruviel. La movilización del “Mayo Rojo” como denominó el
Frente de Pueblos a las actividades a 10 años de la represión sufrida y
resistida, tiene también como objetivo denunciar el anuncio de una nueva
escalada represiva.
El 18 de Marzo, el Congreso del Estado
de México aprobó esta ley que “regula” el uso de la fuerza pública en
manifestaciones populares y que habilita al uso de munición real para
reprimir a la población desarmada. También habilita el uso de
dispositivos que dan descargas eléctricas, inmovilizadores o candados de
mano, así como sustancias irritantes en aerosol.
Deja a criterio de la fuerza represiva
actuante en qué momento debe desplegarse este nuevo “régimen de
excepción”. Es así que los mandos castrenses a cargo de los operativos
puntuales serán los últimos responsables de la violencia desplegada,
dejando en la comodidad de las sombras a cualquier representante del
poder político. La ley Eruviel, como la bautizaron los pueblos
mexiquenses en honor al gobernador que la impulsó, quita la
responsabilidad a los políticos por las represiones en el territorio.
Claro que no sólo está prevista para
manifestaciones, sino también en casos de desalojos, embargos y
lanzamientos de viviendas, en detenciones, en centros de reclusión y
lógicamente, ante desastres naturales que puedan ocurrir.
La respuesta de los pueblos fue
organizarse en lo que llamaron el “Fuego de la Digna Resistencia”, que
ya convocó la atención de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas en México, y logró que la Comisión Nacional de Derechos
Humanos llevara a fines de abril, a la Ley Eruviel frente a la Suprema
Corte de Justicia, buscando que sea declarada nula por violar derechos
consagrados en la Constitución mexicana.
“Lo que está en riesgo es la resistencia
popular frente a los megaproyectos, está en juego la defensa de los
recursos naturales y el territorio, por eso vamos a tirar esta ley.” Esa
fue la respuesta de los pueblos y colectivos que desde que supieron de
este ajuste represivo, que no sólo pone en peligro la libertad de
expresarse y el derecho a la protesta, sino a la integridad física y a
la vida de todos los pobladores del Estado de México. El primer plazo es
hasta junio, para hacerla caer antes de que entre en vigencia.
¿Es la aprobación de esta ley un anuncio
de violencia para un futuro cercano? ¿Cómo van a prepararse los
pueblos? ¿Cómo vamos a responder todos los demás si eso sucede? Las
preguntas surcan el aire y la respuesta que se ensaya es una, siempre.
Lo que tienen es la solidaridad del resto.
“Atenco es un pueblo de lucha, que
camina, que no se cansa, que siempre que los llamamos están con
nosotros” suena suave y contundente en la voz de Hilda Legideño, que
sostiene desde hace 19 meses frente al cuerpo el cartel con el retrato
de su hijo, Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 Normalistas de
Ayotzinapa desaparecidos por el Estado en Setiembre de 2014.
Acompañan desde Guerrero los integrantes
del Movimiento Popular Guerrerense, mientras la marcha se tome un
respiro para que la juventud de Chicoloapan y de Ciudad Nezahualcóyotl
les dé la bienvenida fraterna. Son estudiantes de Preparatoria que ante
la pregunta, hablan claro en contra de los atropellos y en favor de la
defensa de la tierra. Mucho debe tener que ver el accionar del
Movimiento Magisterial Mexiquense, plegado a las demandas de estos
pueblos.
“La lucha ha sido constante en Ciudad
Neza, siempre ha sido muy rebelde. Fue construida por la gente y capaz
eso explica el arraigo. Todo ha sido una pelea: por el transporte, por
el pavimento, hasta por las altas tarifas de la energía eléctrica que
nos cobran”. Emiliano, que dice que no es Zapata salvo por el parecido
en el bigote largo y prolijamente recortado, lleva la mayoría de los 61
con los que carga viviendo ahí.
“La rebelión no es algo que pueda verse,
que la vaya a mostrar la televisión. Hay que vivirla, es una
experiencia que no se puede contar. Todo está transparente frente a los
ojos, el problema es que no nos lo dicen.”
Al llegar al Ángel de la Independencia,
en la Ciudad de México, casi 5 horas más tarde de haber iniciado el
recorrido en la Plaza de Atenco, entre la brisa, las palabras de la misa
y el sol abrazador, algunas de esas cosas finalmente se dicen, apelando
a que los oídos escuchen: “No importa el tamaño de la bestia o lo
pequeño de nuestra organización. Lo que vale es el corazón que se le
pone a la resistencia, para sostenerla y que no se quebrante.”
“No es sólo Atenco el que está siendo
expropiado, somos todos los mexicanos. Podríamos decirlo de la siguiente
manera, para ver si los tantos católicos de este país entienden lo que
está en juego: la Virgen de Guadalupe se presentó en un cerro, ¿por qué
no vino a manifestarse al centro de la Ciudad de México? Para que vean
cuánto vale lo que estamos defendiendo.”
* este testimonio y la caracterización de Alexis Benhumea, que recrean la participación de los adherentes a La Otra Campaña fueron tomados de un fanzine hecho por la comunidad titulado: “2006-2016, 10 año de lucha, Atenco vive” y distribuido durante la conmemoración.
Fotos: caravana desde San Salvador
Atenco al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, parando en
Chicoloapan y Ciudad Nezahualcóyotl // Eliana Gilet
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