Las mineras en México enriquecen a empresarios; contaminan sin freno el medio ambiente y mantos freáticos; acaparan los recursos hídricos, y omiten el pago de impuestos. Grupo México, Goldcorp, Arcelor Mittal México, Primero Mining Corporation y Pondercel son las empresas que más agua acaparan en el país
Grupo México ocupa el primer lugar en la
lista de empresas acaparadoras de agua, unos 90 millones cúbicos, según
cálculos elaborados con el Registro Público de Derechos de Agua (Repda)
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Bajo las denominaciones de Buenavista
del Cobre, S.A. de C.V., Compañía Industrial Minera México, S.A. de
C.V.; Industrial Minera de México, S.A. de C.V; Mexicana de Cananea,
S.A. de C.V. y Mexicana del Cobre, S.A. DE C.V.; el conglomerado Grupo
México mantiene 142 títulos de concesión de agua.
Este mismo consorcio es el responsable
de contaminación por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de
cobre acidulado en el río Sonora, el 6 de agosto de 2014. También del
desastre en la mina de Pasta de Conchos (Coahuila), en febrero de 2006,
donde 65 mineros quedaron atrapados tras explotar la mina de carbón.
Grupo México es el emporio que ha
acaudalado al segundo hombre más rico del país, German Larrea
Mota-Velasco, quien con la explotación de recursos naturales ha generado
una riqueza de 9 mil millones de dólares, según la lista de Forbes.
Las concesiones
Concesiones de agua para las mineras,
una investigación realizada por Manuel Llano Vázquez –maestro en
antropología social por la Universidad Iberoamericana y autor del portal
de análisis CartoCrítica. Investigación, mapas y drones para la
sociedad civil–, documenta la lista de empresas mineras que se están
apoderando, también, de los recursos hídricos.
Del mapeo se desprende que en México hay
417 empresas mineras, agrupadas en 230 conglomerados que aprovechan el
agua a través de 1 mil 36 títulos. Las tres primeras en la lista de
“aprovechamiento” son: Grupo México, S.A. de C.V., Goldcorp Inc. y
ArcelorMittal México, S.A. de C.V.
El volumen de explotación de las más de
400 mineras alcanza los 436 millones 643 mil 287.92 metros cúbicos
anuales. El geoestadista Llano Vázquez documenta que es el equivalente
al volumen de agua necesario para satisfacer el derecho humano al vital
líquido por un año de 3 millones 229 mil personas. “Cabe recordar que en
México, 13.8 millones de personas no tienen acceso al agua en la
vivienda”, destaca en su análisis.
En entrevista, el investigador comenta
que el impacto de la minería no sólo es en el territorio, sino en todo
lo que deja durante la operación y posterior al cierre y abandono de una
mina. Enfatiza: “uno de los elementos importantes es el agua, no sólo
estamos hablando de la que consumen, sino de la destrucción de fuentes
de agua, la contaminación y el acaparamiento. Para acercarnos a todo
esto lo primero que habría de preguntarse es cuánta agua consumieron”.
Acaparamiento y conflicto
La minera canadiense Goldcorp Inc. es la
segunda minera que mayores recursos hídricos ocupa en el país. A través
de sus filiales Camino Rojo, S.A de C.V.; Compañía Minera Nukay, S.A de
C.V.; Desarrollos Mineros de San Luis, S.A de C.V. y Minera Peñasquito,
S.A de C.V. ocupa 47 millones 656 mil 34 .00 metros cúbicos anuales,
indica CartoCrítica.
Esta compañía se encuentra en la lista
de conflictos mineros que documenta el Observatorio de Conflictos
Mineros en América Latina (OCMAL): en la comunidad de Carrizalillo,
Guerrero, Goldcorp “ha despertado una guerra entre cárteles que buscan
cobrar cuotas de extorsión o ‘cobro de piso’. Más de diez asesinatos se
han ligado a la minera desde 2014”.
Miguel Mijangos Leal, integrante de la
Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), dice que desde hace
varios años se ha denunciado que bajo la explotación a cielo abierto y
de tumbo y relleno [técnicas de explotación minera] las empresas
depredan los bienes naturales.
A la Rema, dice Mijangos Leal, “le queda
clarísimo que la minería no se puede desarrollar sin agua; hay ejemplos
muy concretos que nos señalan la gran cantidad de agua que utilizan,
como en el caso de Carrizalillo: una mina a cielo abierto donde se
utilizan aproximadamente 250 millones de litros de agua diarios para
producir alrededor de 27 kilogramos de oro al día. Esto refleja el
volumen que utilizan para la explotación del oro; además, contaminan,
dejan aguas con residuos químicos imposibles de utilizar.
“En México, hay un marco que permite
que las mineras tengan acceso al agua de manera libre, prácticamente sin
pagarla, no tiene ningún cargo de responsabilidades por contaminarla ni
porque sequen manantiales, arroyos o cambien los causes de los ríos”,
dice.
Los pasivos ambientales no sólo son un
problema de riesgos e impactos, sino también “una deuda que supone
pérdida patrimonial para los países donde se desarrolla la faena, sus
comunidades y los ecosistemas afectados por la actividad extractiva”,
documenta el Consejo Económico y Social de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) en el Estudio sobre las industrias extractivas
en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en
que están ubicadas estas industria.
Y es que para obtener una tonelada de
cobre se necesitan 80 mil litros de agua o mil litros de agua por
segundo para obtener un gramo de oro (y se remueve al menos una tonelada
de roca)”; producir 1 onza de oro genera un promedio de 79 toneladas de
desechos tóxicos; la contaminación río abajo con cianuro por el proceso
de lixiviación.
El geoestadista Manuel Llano expone:
“los datos sobre los titulares de las concesiones de agua están alojados
en el REPDA, con 500 mil concesionarios de agua en el país, con los
datos del titular y un supuesto tipo de uso en las categorías:
servicios, industria, uso público, acuacultura, energía hidroeléctrica…
es en este registro donde hay que asomarse para poder dilucidar quienes
son los usuarios.
“Sin embargo, estamos en un país en
donde existe un tráfico de derechos de agua. Un concesionario puede
tener equis título que le ampara determinado volumen de agua a su favor.
Éste, a su vez, se la puede transferir a alguien más; entonces, hay un
tráfico de derechos de agua. Si hacemos una búsqueda dentro del
registro, la realidad es que si bien podremos conocer algunos nombres,
también se podría estar consumiendo mucha agua de mercados informales de
agua”, dice el investigador de CartoCrítica.La Ley a favor de las mineras
Luego de las modificaciones a la Ley
Minera, que se llevaron a cabo el año pasado, esta se ha volcado a favor
de los empresarios del ramo, que en su mayoría son de origen
extranjero. Los especialistas en el tema comentan que los artículos 6 y
19 de la Ley Minera son los más preocupantes, pues esta actividad es
preferencial pese a que existen recursos comunales.
Mijangos Leal comenta que la Ley Minera
en todos los países tienen una similitud que espanta, obviamente un gran
promotor de la minería en el mundo es Canadá, con todo a su favor.
Destaca el artículo sexto, que a la letra dice: “La exploración,
explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere
esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro
uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que
establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán
establecerse contribuciones que graven estas actividades”.
Manuel Llano comenta que el otro
problema es que la Ley Minera tiene un conflicto de derechos con la Ley
General de Agua, pues la minera le concesiona el agua a las empresas sin
restricción alguna. En sus fracciones V y VI indican: “Aprovechar las
aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o
explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y
el uso doméstico del personal empleado en las mismas; obtener
preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier
uso diferente a los señalados en la fracción anterior, en los términos
de ley de la materia”.
Las omisiones monetarias
En Informe de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014,
elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detalla
la falta de cumplimiento de las empresas mineras para con la hacienda
pública. El máximo órgano de fiscalización del país documenta la omisión
de los empresarios para pagar lo exigido apenas este año, después de
que sólo pagaban módicas cantidades por “pagos de derecho”.
El dictamen del máximo órgano de
fiscalización señala en la auditoría Derechos Recaudados sobre la
Actividad Minera, practicada a la Secretaría de Economía, que: 6 mil 823
títulos de concesión omitieron en el pago de derechos sobre concesiones
mineras. Además, “2 mil 347 títulos de concesión que presentaron
diferencias pagadas de menos, de los cuales no se había iniciado el
proceso de cancelación para 1 mil 862 concesiones”, indica la ASF.
En otra de las auditorías practicadas a
la Secretaría de Economía, destaca las deficiencias que hay en la
regulación y supervisión de la actividad minera. Propone que la
dependencia “analice las causas por las cuales no dispuso de los
diagnósticos en los que se señalen las necesidades de actualización del
marco jurídico y normativo de la actividad minera, y considere
establecer los mecanismos para el registro y generación de información
clara, confiable, oportuna y suficiente que le permita la adecuada toma
de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de su gestión”.
Waldo Fernández, secretario de la
Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, dice
que las omisiones de pago por parte de las mineras “es un tema muy
grave. Finalmente, dentro de todos los cambios fiscales que se hicieron
se ajustó mucho el tema de la minería por dos razones fundamentales: una
es que no había la claridad del cobro de impuestos por las extracciones
o el inventario que ellos tienen; la segunda, una parte de estos
impuestos se quedaran en las localidades o municipios de donde se estaba
extrayendo el material, de alguna manera para que los municipios
tuvieran parte de esta riqueza, pero también para mitigar el daño de la
minería”.
Con este proceder del sector, dice el
legislador, se afecta a la hacienda pública. El problema en México,
comenta, “no es de leyes, sino de voluntad política. La Secretaría de
Hacienda tiene que encargarse de hacer auditorías a las empresas. Este
es un sector muy importante para el país que también está en manos de
extranjeros”.
Érika Ramírez
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