Comunidades indígenas donde se
han llevado a cabo consultas indígenas, así como las organizaciones
civiles que acompañaron estos procesos, exigieron que se respeten los
derechos humanos y que se les consulte –conforme a los más altos
estándares internacionales- de manera previa, libre e informada sobre
los proyectos de desarrollo que están afectando su tierra, territorio y
bienes naturales, esto mediante un comunicado.
Esto al participar este miércoles en el
conversatorio “El derecho a la consulta de comunidades y pueblos
indígenas en México”, al que convocó el Proyecto de Derechos Económicos
Sociales y Culturales (ProDESC A.C) y la Comisión de Derechos Humanos
del Senado de la República.
El objetivo fue continuar con el debate
entre diferentes actores sobre el derecho a la consulta y al
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, así
como abrir un espacio para que las comunidades originarias de los
lugares en donde se están implementando megaproyectos compartan sus
experiencias en el ejercicio de estos derechos.
Quienes aportaron sus experiencias de
procesos de consulta y de su acompañamiento a comunidades y pueblos
indígenas fueron Isabel Jiménez, integrante de la Asamblea Popular del
Pueblo Juchiteco, en Oaxaca; Laydy Pech, integrante del pueblo Maya y
del Colectivo Apícola de los Chenes, en Campeche; así como
representantes de Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C (CEMDA), el
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Código DH),
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ), ProDESC, y Tom Haek,
Oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas.
Alejandra Ancheita, Directora Ejecutiva
del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC
A.C), declaró que “la inclusión de los pueblos indígenas en la toma de
decisiones y el acceso al derecho a la tierra ha sido una deuda
histórica de los gobiernos que no se ha logrado resarcir”.
Dijo que “desde la década de los 90 el
Estado mexicano ha impulsado una política de desarrollo centrada en la
sobreexplotación de los bienes naturales, la mayoría localizados en
tierras y territorios de comunidades indígenas, núcleos ejidales y de
bienes comunales que se enmarca en un modelo económico que otorga
preventas o privilegios a empresas nacionales y trasnacionales”.
Esto, agregó, ha construido un patrón de
violación al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e
informado establecido en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración
de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La directora de ProDESC enfatizó que “la
vía (para garantizar el derecho a la consulta) es respetando los más
altos estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos
indígenas que ya existen y cuyo cumplimiento es una responsabilidad de
las empresas y una obligación del Estado mexicano desde la reforma
constitucional del 2011.”
Por su parte, el Representante del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab,
declaró que “la consulta debería ser interpretada como una herramienta
que ayude a reducir la asimetría del poder”, y aclaró que “no se pueden
restringir derechos si esto es para enriquecer a unos cuantos”.
Jan Jarab también llamó a consultar
desde ya todas las leyes que tienen impacto en las comunidades
indígenas, como la reforma energética, y dijo que incluso una Ley de
Consulta debe ser preparada con una consulta libre, previo e informada.
“Es mucho más importante hacerlo bien que hacerlo rápido”, enfatizó.
La Senadora Angélica de la Peña,
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, refirió que
“las comunidades indígenas y originarias de nuestro país en este momento
están sufriendo muchos de los embates de estos megaproyectos sin haber
sido consultados, sin haber sido considerados sus derechos y sin haber
tomado en cuenta el respeto irrestricto a la consulta, lo que los ha
llevado a una situación terrible de desplazamiento forzoso interno”.
Durante sus participaciones, los
ponentes denunciaron que los procesos de consulta que se les han
aplicado para la instalación de proyectos de agroindustria, de
generación de energía eólica, la construcción de acueductos, ente otros,
no fueron libres, previos ni informados, sino que, por el contrario,
fueron propicios para actos de violencia, división de la comunidad y
criminalización en contra de los pueblos indígenas, particularmente de
las y los defensores comunitarios que participaron en los procesos de
consulta.
Un ejemplo de ello es el del pueblo
indígena Zapoteca de Juchitán, Oaxaca, lugar donde se realizó la primera
consulta indígena impulsada por el gobierno mexicano en el marco de la
reforma energética para la implementación de un parque eólico.
En esa consulta se registraron graves
violaciones a los principios de la misma que fueron documentadas por una
Misión de Observación que conformaron diversas organizaciones, entre
ellas ProDESC. Por ello, decidieron iniciar la defensa legal y pacífica
de su tierra, territorio y bienes naturales al interponer dos amparos
que continúan vigentes.
Al concluir, las y los participantes
coincidieron en que el derecho a la consulta constituye una oportunidad
de diálogo entre las comunidades, las autoridades y las empresas, pero
las autoridades indígenas que han consentido estos procesos están muy
decepcionadas porque en cada experiencia se repiten varias deficiencias y
actos de cohesión y de violencia contra las comunidades.
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