QUINTO PODER
Por: Argentina Casanova*
Frente a la violencia de género, especialmente la violencia familiar, la
respuesta inmediata y preventiva del Estado puede hacer la diferencia
entre la vida y la muerte, de ahí que considerar una guía o protocolo de
atención a las llamadas que llegan a los números de emergencia, como el
911, constituye no solo una responsabilidad sino un mecanismo que
incida positivamente en generar condiciones para prevenir casos de
feminicidio.
Si se mira al 911 como un mecanismo de obligación formal y relacionado exclusivamente con “urgencias” entre las que no se consideran escenarios de riesgo feminicida, no habrá forma de prever y fortalecer las áreas de trabajo y dotar al personal de insumos para garantizar una adecuada prevención con la detección de escenarios de riesgo para la vida de las mujeres.
Si se hace una evaluación oportuna de los contextos en los que ocurrieron los feminicidios, se podrá encontrar información que habla sobre escenarios previos que vinieron acompañados de constantes llamados a los números de emergencia sin que se tomaran en cuenta para medir el riesgo y generar intervenciones que pudieran prevenir los casos de feminicidio.
No solo se trata de un número que sustituye al 066 sino que debe venir a dar respuesta organizada a uno de los problemas más graves de violencia que se vive en México, la violencia en el ámbito familiar o comunitario, y que está relacionada con los asesinatos de mujeres que pudieron prevenirse de haber aplicado una guía de pasos que ayudaran a detectar los riesgos pero también para intervenir en forma efectiva.
La responsabilidad es muy clara para el Estado Mexicano, no solo en los lineamientos de programas institucionales, sino que han quedado establecidos en los objetivos institucionales del Inmujeres que están vinculados en forma específica con el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD 2013-2018).
En su estrategia 2.3 de Fortalecer los servicios de atención a las mujeres y las niñas en todos los tipos y modalidades de violencia, en la línea de acción 2.3.3 señala: Fomentar los servicios de atención telefónica las 24 horas los 365 días del año.
En tanto que en el mismo documento de obligación nacional para todas las instituciones, estados y municipios, en la línea de acción 2.3.9 se establece: “Impulsar la creación de un 01800 en todo el país para direccionar a víctimas de violencia”.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO MEXICANO
De manera más puntual, otro documento que recupera y establece la obligatoriedad para las entidades de atender no solo con perspectiva de género un 911, sino garantizar una estrategia específica de atención a la violencia, se encuentra en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres 2014-2018.
En la estrategia 3.1 relativa a “Establecer servicios integrales de atención a mujeres en situación de violencia en su ciclo de vida, se señalan al menos tres líneas de acción que configuran la responsabilidad que el propio Estado Mexicano asume:
3.1.1 Promover y ampliar servicios gratuitos y accesibles de atención con enfoque diferencial y especializado para mujeres; 3.1.2 Estandarizar los servicios de atención telefónica mediante su vinculación a los Centros de Control, Comando Comunicación Cómputo C-4; 3.1 Establecer servicios integrales de atención a mujeres en situación de violencia en su ciclo de vida; 3.1.2 Estandarizar los servicios de atención telefónica mediante su vinculación a los Centros de Control, Comando Comunicación Cómputo C-4.
Lo que sigue es cumplir con estas líneas de acción pero hacerlo con instrumentos que otorguen pautas para garantizar el proceso de atención con perspectiva de género, enfoque de Derechos Humanos y en cumplimiento a las medidas mínimas de atención para la prevención de la violencia feminicida.
Las personas y los recursos materiales de los que se dispone en las áreas de atención del 911 deben incluir, dando cumplimiento a estas responsabilidades señaladas en los documentos institucionales, procesos bajo guías o protocolos de atención a llamadas de auxilio relacionadas con la violencia de género.
El compromiso está ahí, en el papel, ahora toca garantizar que se cumplan bajo protocolos que reconozcan las implicaciones y alcances de la violencia contra las mujeres y hacer del 911 un mecanismo de prevención de la violencia feminicida como política pública.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
Si se mira al 911 como un mecanismo de obligación formal y relacionado exclusivamente con “urgencias” entre las que no se consideran escenarios de riesgo feminicida, no habrá forma de prever y fortalecer las áreas de trabajo y dotar al personal de insumos para garantizar una adecuada prevención con la detección de escenarios de riesgo para la vida de las mujeres.
Si se hace una evaluación oportuna de los contextos en los que ocurrieron los feminicidios, se podrá encontrar información que habla sobre escenarios previos que vinieron acompañados de constantes llamados a los números de emergencia sin que se tomaran en cuenta para medir el riesgo y generar intervenciones que pudieran prevenir los casos de feminicidio.
No solo se trata de un número que sustituye al 066 sino que debe venir a dar respuesta organizada a uno de los problemas más graves de violencia que se vive en México, la violencia en el ámbito familiar o comunitario, y que está relacionada con los asesinatos de mujeres que pudieron prevenirse de haber aplicado una guía de pasos que ayudaran a detectar los riesgos pero también para intervenir en forma efectiva.
La responsabilidad es muy clara para el Estado Mexicano, no solo en los lineamientos de programas institucionales, sino que han quedado establecidos en los objetivos institucionales del Inmujeres que están vinculados en forma específica con el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD 2013-2018).
En su estrategia 2.3 de Fortalecer los servicios de atención a las mujeres y las niñas en todos los tipos y modalidades de violencia, en la línea de acción 2.3.3 señala: Fomentar los servicios de atención telefónica las 24 horas los 365 días del año.
En tanto que en el mismo documento de obligación nacional para todas las instituciones, estados y municipios, en la línea de acción 2.3.9 se establece: “Impulsar la creación de un 01800 en todo el país para direccionar a víctimas de violencia”.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO MEXICANO
De manera más puntual, otro documento que recupera y establece la obligatoriedad para las entidades de atender no solo con perspectiva de género un 911, sino garantizar una estrategia específica de atención a la violencia, se encuentra en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres 2014-2018.
En la estrategia 3.1 relativa a “Establecer servicios integrales de atención a mujeres en situación de violencia en su ciclo de vida, se señalan al menos tres líneas de acción que configuran la responsabilidad que el propio Estado Mexicano asume:
3.1.1 Promover y ampliar servicios gratuitos y accesibles de atención con enfoque diferencial y especializado para mujeres; 3.1.2 Estandarizar los servicios de atención telefónica mediante su vinculación a los Centros de Control, Comando Comunicación Cómputo C-4; 3.1 Establecer servicios integrales de atención a mujeres en situación de violencia en su ciclo de vida; 3.1.2 Estandarizar los servicios de atención telefónica mediante su vinculación a los Centros de Control, Comando Comunicación Cómputo C-4.
Lo que sigue es cumplir con estas líneas de acción pero hacerlo con instrumentos que otorguen pautas para garantizar el proceso de atención con perspectiva de género, enfoque de Derechos Humanos y en cumplimiento a las medidas mínimas de atención para la prevención de la violencia feminicida.
Las personas y los recursos materiales de los que se dispone en las áreas de atención del 911 deben incluir, dando cumplimiento a estas responsabilidades señaladas en los documentos institucionales, procesos bajo guías o protocolos de atención a llamadas de auxilio relacionadas con la violencia de género.
El compromiso está ahí, en el papel, ahora toca garantizar que se cumplan bajo protocolos que reconozcan las implicaciones y alcances de la violencia contra las mujeres y hacer del 911 un mecanismo de prevención de la violencia feminicida como política pública.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
Imagen retomada del portal gob.mx
Cimacnoticias | Campeche, Cam .-
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