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Mujeres protestan contra los feminicidios en el Edomex.
Foto: Antonio Nava
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Transcurridos 52 minutos Juanita “N” apareció en un lote
baldío de calzada El Pacífico. Le dieron 37 puñaladas. Le rebanaron las
manos, le dieron piquetes en la garganta. Le quitaron su bolsa con pocas
pertenencias. Juanita sólo alcanzó a llamar a su esposo para que
acudiera en su auxilio. Demasiado tarde, falleció en el hospital.
La
Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) no
consideró que el asesinato de Juanita fuera un feminicidio porque así lo
decidieron sus autoridades, aunque el artículo 281 del Código Penal de
la entidad tipifica muy bien como características del feminicidio que a
“las víctimas se les hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o
degradantes, previas o posteriores a la privación de su vida o actos de
necrofilia”.
El caso de Juanita se sumó a los 263 que contabilizó
el Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género,
Desaparición y Feminicidio en el Estado de México (Mexfem) tan sólo
entre 2015 y 2016.
Sin embargo, la Procuraduría sólo admite 123
casos y no dice nada de las 2 mil 367 mujeres y niñas que han sido
desaparecidas, no localizadas o se reportan ausentes desde hace seis
años. En la mayoría de los casos se trata de menores de entre 15 y 17
años.
En Metepec, la “zona dorada” de la clase media y media alta
del Estado de México, desaparecieron en junio de 2016 Josefina Chávez,
de 60 años, y su hija Stephanie, de 30, mánager del equipo Tigres de
futbol americano.
El caso generó una oleada de reacciones en redes sociales. La organización Change.org creó
el hashtag #EncontremosAStephyPina. La señora Isabel Miranda de Wallace
también intervino. La atención social se concentró en esta
desaparición.
Ambas fueron encontradas sin vida en la playa
Boquitas, Miramar, en Colima. El director de Seguridad Pública, Alberto
Ramírez Manzur, negó que se tratara de un doble feminicidio. Era un caso
de “santería”, justificó.
La explicación oficial generó una
oleada de protestas y de indignación como no se veía desde el siniestro
“suicidio involuntario” de la niña Paulette. Por primera vez, la “gente
bien” de Metepec salió a marchar en contra de la inseguridad y de los
feminicidios.
En Toluca se han ido sucediendo casos y hechos de
abusos infinitos e impunes. Violaron a una menor en una casa y nadie ha
investigado. En la escuela primaria donde estudió Enrique Peña Nieto
mataron a una joyera por no dejarse extorsionar. Toluca y Metepec se han
vuelto santuarios de narcos y de secuestradores provenientes de
Michoacán.
Nadie se salva de esta pesadilla que ha enlutado al
Estado de México en los últimos diez años. Las administraciones de
Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila llevan acumulados de
2000 a 2015 un total de 5 mil 163 asesinatos de mujeres, según un
estudio del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República.
Un
récord que ninguna entidad tiene. Ni siquiera en Chihuahua, donde los
feminicidios en Juárez convirtieron a esta ciudad fronteriza en un
triste referente mundial.
Tan sólo en 2016 el Sistema Nacional de
Seguridad ha documentado 2 mil 148 casos de violaciones y agresiones
sexuales contra mujeres en el Estado de México. Esto explica que en
encuestas recientes el 31% de las habitantes de esta entidad declaren
que no se sienten seguras “ni en sus casas”.
Ecatepec, el
municipio más poblado del país, el epicentro de la carrera política de
Eruviel Ávila, se ha convertido en los últimos años en “la capital del
feminicidio” mexicano. A pesar de la alerta de género, decretada para 11
municipios desde 2015, en Ecatepec ocurrieron entre ese año y 2017 un
total de 44 casos. En un solo barrio, Ciudad Cuauhtémoc, se han
registrado 10 feminicidios entre 2016 y 2017. Y sólo el 18% son
atendidos por la procuraduría.
A Ecatepec le siguen en orden de
mayor número de feminicidios los municipios de Naucalpan (17 casos),
Toluca (16), Chimalhuacán (15), Chalco (13), Ciudad Nezahualcóyotl (12),
Tultitlán (11), Ixtapaluca, Nicolás Romero y Tlalnepantla (con 9 cada
uno), según el recuento de casos de Mexfem, sólo para el año 2016 que
suman un total de 263.
Los feminicidios, las desapariciones, los
secuestros, las agresiones sexuales y la violencia intrafamiliar se han
disparado en los últimos años en el Estado de México.
Una
explosiva combinación de red de corrupción criminal y de misoginia
institucional ha disparado el fenómeno del descontento contra el PRI que
explica la acelerada pérdida de preferencias electorales de este
partido que siempre promete atender el problema y solamente lo ha
agravado.
Paradójicamente, la primera en mencionar e insistir en
el tema fue la candidata panista Josefina Vázquez Mota. Desde febrero y
marzo de este año, Vázquez Mota habló de los feminicidios y prometió en
el arranque de su campaña acabar en seis meses con esta oleada de
crímenes. Algo que pocos le creyeron.
Delfina Gómez, exalcaldesa de Texcoco, también ha mencionado el tema
varias veces. El 4 de abril afirmó en Ecatepec: “Creció tanto esta
crisis en la tierra del gobernador (Eruviel Ávila) que hoy Ecatepec es
la ciudad más peligrosa en el país para ser mujer”.
Juan Zepeda,
exalcalde de Neza y candidato del PRD, insistió más en este tema
prometiendo generalizar la alerta de género a los 125 municipios. El 22
de mayo pasado ofreció reabrir los casos a los que les han dado
carpetazo.
El priista Alfredo del Mazo, tan distante de todo y de
sus propios gobernados, ha hecho declaraciones genéricas, condenando los
feminicidios, desvinculándolos del tema de la corrupción. Su propuesta
es una “tarjeta rosa” para la compra del voto.
“Las mujeres seguimos siendo vistas como un botín político”, advirtió Mexfem en un boletín emitido en abril de este año.
Sin
embargo, distintos observadores ya adelantan que si una razón explica
la debacle del PRI en su granero electoral más importante está en algo
que el Grupo Atlacomulco siempre menospreció: el respeto a la vida y a
la integridad de las mujeres.
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