- El ganador de la elección de gobernador de este 4 de junio recibirá
un estado al borde de la “asfixia” financiera, como consecuencia de la
multimillonaria deuda pública que heredará de la administración de
Roberto Sandoval Castañeda y de la recesión económica y el desempleo que
afectan a la población.
Hasta el pasado mes de marzo, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportaba un adeudo de 4
mil 775 millones de pesos por parte del Gobierno de Nayarit, pero si a
esta cantidad se le suman los créditos de corto plazo, los pasivos con
diferentes proveedores, contribuciones, transferencias y otros
compromisos, la deuda real se eleva a alrededor de diez mil millones de
pesos, advierte Andrés García Torres, exauditor general del Órgano de
Fiscalización Superior (OFS) de Nayarit.
En entrevista con Proceso,
ubica el tema administrativo como “un gran reto” para el siguiente
titular del Poder Ejecutivo, dado que los adeudos equivalen a la mitad
del presupuesto anual de egresos del estado, que es de 20 mil millones
de pesos.
El exfuncionario expone: “El nuevo gobernador, junto con
el Congreso, tiene que hacer del tema del presupuesto una prioridad en
su gestión, porque al parecer lo que se ha venido haciendo año con año
solamente es matizar la deuda, y hay una cantidad muy fuerte que es
proporcional a la ineficiencia, la ineficacia y, en un alto grado, a la
corrupción”.
De acuerdo con García Torres, a pesar de que se ha
dicho que Nayarit tiene el primer lugar en transparencia, “hay cierta
opacidad en el tema administrativo porque se oculta el verdadero
compromiso económico del estado, se maquilla, se sesga, entonces creo
que estamos guardando un problema que tarde o temprano nos va a
asfixiar”.
A la deuda pública del gobierno estatal, que Roberto
Sandoval duplicó en relación con la recibida de su antecesor, se suman
los adeudos a los fondos de pensiones de la Sección 49 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la educación (SNTE) y del Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM).
Según
ha denunciado la dirigente de este último, Águeda Galicia Jiménez, los
compromisos incumplidos con el fondo de pensiones y otras prestaciones
sindicales ascienden a más de mil millones de pesos.
Otro
conflicto financiero evidente es el pasivo de aproximadamente dos mil
millones de pesos que enfrenta la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN),
según lo ha externado públicamente el rector de esa institución
educativa, Jorge Ignacio Peña González.
A juicio de Andrés García
Torres, el “lastre económico que trae arrastrando” la casa de estudios
también va a convertirse en un problema real que podría estallarle al
próximo gobernador.
Después de dos meses de campaña, este domingo 4
de junio se realiza la jornada electoral en la que ocho candidatos se
disputan la gubernatura, dos de ellos postulados por coaliciones, tres
por partidos en lo individual y tres registrados de manera
independiente.
Los principales contendientes son Antonio
Echevarría García, empresario, hijo del exgobernador Antonio Echevarría
Domínguez, postulado por la coalición PAN-PRD-PT-PRS; Manuel Humberto
Cota Jiménez, senador con licencia y exdirigente de la Confederación
Nacional Campesina, registrado por la coalición PRI-PVEM-Panal; Miguel
Ángel Navarro Quintero, exdiputado federal y exsenador, apoyado por
Morena; y Raúl Mejía González, expresidente municipal de Tepic y
exsenador, abanderado de Movimiento Ciudadano.
Otros candidatos
son Javier Zapata Pérez, del Partido Encuentro Social; así como los
independientes Hilario Ramírez Villanueva, alcalde de San Blas con
licencia; Víctor Manuel Chávez Vázquez, y Antonio Ayón Bañuelos.
De
acuerdo con García Torres, el ganador de la elección de gobernador
tendrá que hacer frente también al rezago económico de la entidad, ya
que “no hay empresas importantes ni oportunidades de trabajo reales;
cada año egresan miles y miles de estudiantes de las universidades y no
encuentran donde trabajar, no hay industria y el dinero circulante en
las calles es realmente raquítico”.
En ese sentido, añade, otro de
los retos de la persona que llegue a gobernar, y tenga la intención de
ayudar a los nayaritas, es el tema del bolsillo de cada persona, de cada
joven, ya que no tienen perspectiva, no hay opciones de acomodo para
ellos.
Un desafío más para quien asuma la titularidad del Poder
Ejecutivo el próximo mes de septiembre, refiere Andrés García, será
guardar el equilibrio en materia de seguridad pública y que no regrese
la violencia a las calles.
Un reto importante, explica, será
aplicar una reingeniería en todo el sistema de seguridad, con el objeto
de mantener o mejorar el nivel de seguridad pública, pues aunque han
habido algunas ejecuciones últimamente, hay todavía una percepción de
tranquilidad entre la población.
García Torres estima que Roberto
Sandoval encabezó “un gobierno constructor” que “tuvo la capacidad para
gestionar muchas obras de infraestructura en todos los municipios,
además de que apoyó a personas de escasos recursos con programas
sociales, aunque muchas veces sin estar presupuestados”.
No
obstante, “hay otros aspectos que desgraciadamente los medios y la gente
de opinión le señalan, que tienen que ver con la opacidad, la
corrupción, el enriquecimiento y esas cosas”.
A propósito de las
denuncias contra el gobernador Roberto Sandoval por presunto
enriquecimiento inexplicable, el extitular del Órgano de Fiscalización
Superior hace notar que todas las instancias relacionadas con el sistema
anticorrupción fueron cooptadas por el mandatario colocando en esos
espacios a su gente de confianza.
Uno de los casos más claros es
el del actual auditor general del OFS, Roy Rubio Salazar, quien antes de
su nombramiento estaba bajo las órdenes de Roberto Sandoval como
secretario de la Contraloría, y para poder colocarlo en el órgano
fiscalizador fue reformada la Constitución de Nayarit, que impedía
acceder a ese puesto a quienes hubieran formado parte del gabinete
estatal durante el año previo.
Pero eso no es todo: en agosto de
2016 el gobernador Sandoval otorgó a Rubio Salazar la patente de notario
titular de la Notaría Pública 3 de la Cuarta demarcación Territorial,
con sede en el municipio de Tecuala.
Sobre la forma como fue nombrado el auditor, Andrés García comenta:
“Se van a revisar sus propias manos, sus propias cuentas, sus propios
números, eso era un impedimento en la Constitución, pero el Congreso del
Estado no tuvo empacho en modificarla para poner como auditor general a
un secretario del despacho del Ejecutivo, incluso quien fuera mi
sucesor en el órgano de fiscalización, Salvador Íñiguez Castillo, ni
siquiera concluyó su periodo legal, supongo que lo obligaron a renunciar
para tener a alguien de la confianza del gobernador, que es el
licenciado Roy Rubio”.
Una situación parecida fue la del ahora
exfiscal general del estado, Édgar Veytia, también personaje muy cercano
al mandatario, que para ser nombrado en el cargo fueron retirados de la
Constitución local los requisitos de diez años de experiencia y de
antigüedad con el título.
El Tribunal de Justicia Administrativa,
de nueva creación, también está integrado por personajes allegados al
gobernador. En noviembre pasado fueron nombrados magistrados Raymundo
García Chávez, exsecretario particular del gobernador, notario público y
senador suplente del candidato priista Manuel Humberto Cota; Yeniria
Catalina Ruiz Ruiz, quien ocupó las secretarías de Cultura y de Turismo
en el gobierno de Sandoval, y Jesús Ramírez de la Torre.
Estos
personajes, comenta Andrés García, “son los que van a sancionar todas
las observaciones de las auditorías, son los que van a tener los dientes
para la imposición de sanciones”.
Situaciones similares, indica García, se viven en el Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Comisión de
Derechos Humanos, cuyo titular fue ratificado por cinco años más en el
puesto.
Bajo estas circunstancias, en las que el sistema
anticorrupción “fue blindado” con personas afines al gobernador
saliente, el exauditor general considera que otro de los retos del nuevo
gobernador será “darle una revisada a esas instancias”, además de que
no se han nombrado los integrantes del Consejo del Comité Técnico
Anticorrupción, pues únicamente se designó a los miembros honorarios que
formarían la comisión seleccionadora.
En la actualidad, menciona,
no hay equilibrio ni un mecanismo que permita tener diferentes
expresiones ciudadanas en esas instancias, que son para transparentar,
legalizar y dar credibilidad.
“Dependerá de los resultados de las
elecciones, de cómo quede constituido el Congreso, eso podría ser un
parteaguas para dar una revisada a todas esas instituciones; creo que
debe haber una reingeniería, un gran diálogo y sobre todo ser
incluyentes con las diferentes expresiones”, concluye.
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