Once
personajes buscan llegar a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional
Anticorrupción, el arma con la cual el gobierno federal pretenderá
combatir las redes de corrupción que corroen al país. Pero varios de
esos aspirantes a controlar el nuevo mecanismo tienen algo en común: han
hecho carrera burocrática en secretarías de Estado (sobre todo en la de
Función Pública) durante este sexenio y el anterior.
CIUDAD
DE MÉXICO (Proceso).- El sector empresarial y organizaciones no
gubernamentales (ONG) afines pretenden acaparar la operación del Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA). En ese empeño están también otras
organizaciones civiles y funcionarios de la Secretaría de la Función
Pública de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Lo
que buscan es la Secretaría Técnica del SNA, el organismo que se espera
sea el principal medio para combatir las redes de corrupción en México.
Entre
los aspirantes está Benjamín Guillermo Hill Mayoral, esposo de
Alejandra de la Sota, quien fue vocera y estratega de Calderón en Los
Pinos entre 2006 y 2012 y ahora es asesora privada de la campaña para
gobernador de Alfredo del Mazo, en el Estado de México (Edomex).
Hill
Mayoral fue el responsable de la Oficina de Ética y Prevención de
Conflicto de Interés, creada ex profeso por el presidente de la
República en la Secretaría de la Función Pública (SFP) luego de que en
agosto de 2015 su titular, Virgilio Andrade, lo exonerara del escándalo
de la llamada Casa Blanca.
Ahora Hill trabaja en el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la Unidad de Mejoras Regulatorias,
desde donde pretende alcanzar el preciado y poderoso cargo de operador
del SNA. Quien lo ocupe tendrá toda la información oficial que el
sistema genere sobre la corrupción en el Estado mexicano.
Hill
Mayoral forma parte de una lista de 11 candidatos seleccionados la
semana pasada por el Comité de Participación Ciudadana del SNA,
concebido como el vínculo entre la sociedad civil y las instancias de
gobierno para vigilar el funcionamiento de lo que es la gran apuesta
para enfrentar la corrupción en el país.
Otros de los postulados
pertenecen a la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) y a organizaciones vinculadas al sector privado como el
Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad (MCCI).
También hay aspirantes
procedentes del Centro de Análisis e Investigación (Fundar) y
Transparencia Mexicana. Pero predomina un grupo de funcionarios y
exfuncionarios de la SFP de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.
Las funciones
La
selección del secretario técnico es crucial para el funcionamiento del
SNA. Tendrá que echar a andar los acuerdos del Comité Coordinador del
sistema, en el que participan representantes de los tres poderes del
Estado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI).
Quien se haga cargo de la Secretaría Técnica
será un poderoso funcionario por la información que tendrá en sus manos.
Además de ejecutar las decisiones del Comité Coordinador, será
responsable de desarrollar la Plataforma Digital Nacional. Ahí se
concentrarán las declaraciones de los servidores públicos, el registro
de los encargados de las contrataciones públicas, el de los funcionarios
públicos sancionados y las denuncias públicas e información pública
sobre esas contrataciones.
Según la ley del SNA, aprobada el año
pasado, esa plataforma tendrá que estar lista en menos de dos años a
partir de que empiece a operar la Secretaría Técnica.
Quien se
quede también hará “la medición y el seguimiento de los fenómenos de
corrupción en el país” y creará los índices y mediciones para evaluar
las políticas anticorrupción.
Por si fuera poco, será el
intermediario entre el Comité Coordinador del SNA, los órganos que lo
integren y la participación ciudadana. Durará en el cargo cinco años.
El
encargado de la designación es el Comité de Participación Ciudadana que
preside la expresidenta del INAI, Jacqueline Peschard. Sus otros cuatro
miembros son Mariclaire Acosta, directora en México de Freedom House;
Alfonso Hernández Valdez, profesor e investigador del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente; José Octavio López
Presa, fundador de la ONG Causa en Común; y Luis Pérez de Acha, socio
fundador del despacho PDeA Abogados. Todos ellos fueron seleccionados
con el aval del Senado.
En abril, el Comité de Participación
Ciudadana lanzó la convocatoria para la Secretaría Técnica del SNA. Se
inscribieron 24 aspirantes. Fueron seleccionados 11. Después de
entrevistarlos la próxima semana, se hará el anuncio del primer
responsable de esa pieza clave del SNA.
Entre los seleccionados,
destaca el nombre de Benjamín Guillermo Hill Mayoral, quien después de
servir a Calderón en la Presidencia renunció junto a su militancia en el
PAN y se volcó al PRI, mediante millonarios contratos, como estratega
de comunicación del gobierno de Eruviel Ávila en el Edomex y de Peña
Nieto en el gobierno federal, como reveló este semanario en diciembre de
2015 (Proceso 2042).
Integra, Metas Estratégicas, su empresa, le vende ahora asesoría al candidato del PRI en esa entidad, Alfredo del Mazo Maza.
Hill
Mayoral se acomodó en la administración de Peña Nieto. Como panista
trabajó entre 2007 y 2010 en la SFP cuando el titular era el hoy senador
blanquiazul Salvador Vega Casillas. Durante los dos siguientes años, al
final del sexenio de Calderón, se fue a la Secretaría de Hacienda con
José Antonio Meade, a quien Peña Nieto regresó a esa dependencia en
septiembre pasado.
Hill fue asesor de Ernesto Cordero en el
Senado, pero en 2015, ya despojado de su militancia panista, se
incorporó a la SFP con Virgilio Andrade, quien deslindó a Peña del
escándalo de la llamada Casa Blanca de la esposa del presidente,
Angélica Rivera.
Ese inmueble le fue vendido por uno de los
contratistas más beneficiados por Peña Nieto desde que fue gobernador
del Edomex: Juan Armando Hinojosa Cantú. El constructor quedó también
exhibido en mayo del año pasado cuando la investigación internacional
Panama Papers, en la que participó Proceso, reveló que creó empresas
offshore para esconder ese mismo año al menos 100 millones de dólares.
El
esposo de Alejandra de la Sota salió de la SFP y desde este año trabaja
en el IMSS como encargado de “proponer e implementar políticas de
mejora institucional”, cargo por el que cobra 151 mil 592 pesos
mensuales.
Egresado del ITAM, se presentó ante el Comité de
Participación Ciudadana como un funcionario con “experiencia relevante”
de más de 14 años, “en puestos de dirección en el gobierno federal y en
consultoría en áreas de transparencia gubernamental, control de
corrupción, monitoreo y evaluación de políticas públicas, ética e
integridad pública, prevención de conflictos de interés”, además de
conocimiento en la vinculación del gobierno con organizaciones de la
sociedad civil, empresariales y académicos.
Más candidatos
El
sector empresarial tiene al menos tres candidatos: María Rebeca Félix
Ruiz, directora jurídica de la Coparmex y quien creó el Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en el gobierno de Baja
California, en manos del PAN desde 1989.
También con vínculos
empresariales está Max Kaiser Aranda, director anticorrupción del Imco,
un centro de investigación financiado por organismos y organizaciones
internacionales y que tiene a varios empresarios mexicanos como parte de
su Consejo Directivo. Entre ellos Gerardo Gutiérrez Candiani,
expresidente del Consejo Coordinador Empresarial y a quien Peña Nieto
designó en julio del año pasado Autoridad Federal para el Desarrollo de
las Zonas Económicas Especiales.
Kaiser Aranda, también egresado
del ITAM, es asesor de la ONU en el tema de corrupción. Entre 2002 y
2005 fue director de Enlace Legislativo en la Secretaría de Gobernación
(Segob), cuando el titular era el panista Santiago Creel Miranda.
En
2006 fue abogado del consejo general del Instituto Federal Electoral
(hoy INE) cuando lo encabezaba Luis Carlos Ugalde. En el gobierno de
Calderón trabajó en la SFP como contralor en las secretarías de Medio
Ambiente y de Educación Pública y como titular de la Unidad de Auditoría
Gubernamental.
De acuerdo con su información pública, al Consejo
del Imco también pertenece María Amparo Casar, exfuncionaria de la Segob
también con Creel, en el gobierno de Vicente Fox, y académica del
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Actualmente es
presidenta ejecutiva de MCCI.
Encabezada por Claudio X. González
Guajardo, hijo el exdirigente empresarial Claudio X. González Laporte,
MCCI logró la selección de Janet de Luna Jiménez, directora de
Investigación Aplicada de esa ONG.
Egresada del CIDE, De Luna
Jiménez trabajó con Calderón en la Presidencia, donde coincidió con
Alejandra de la Sota. También estuvo en la Unidad para el Desarrollo
Político de la Segob con la académica del CIDE, Blanca Heredia, bajo la
gestión de Fernando Gómez-Mont.
Entre 2008 y 2009 trabajó para la
entonces delegada en Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas, ahora senadora
panista. Con el cambio de gobierno, De Luna se incorporó a la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) hasta que el año
pasado se sumó a MCCI.
Otra candidata con vínculos a gestiones del
PAN es Alejandra Rascón Rodríguez, actual coordinadora de asesores y
secretaria técnica del Consejo Directivo de SuperISSSTE. Durante siete
años, entre 2008 y 2015 fue coordinadora en la ONG Transparencia
Mexicana, que como testigo social ha avalado numerosas licitaciones
gubernamentales.
Durante el gobierno de Fox trabajó en la
Dirección General Adjunta de Legalidad y Transparencia de la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol) con Josefina Vázquez Mota, la actual
candidata del PAN al gobierno del Edomex.
Fundar aparece vinculado
con la candidatura de Óscar Arredondo Pico, quien de 2011 a 2016 fue
investigador de esa ONG surgida hace18 años para la revisión de
políticas públicas. Arredondo Pico creó este año Simetría, Centro de
Estrategia e Innovación Política. Su experiencia como funcionario
público ha sido en la SFP, la Secretaría de Hacienda y el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde fue subdirector de
Comunicación Social.
En sentido opuesto a la prevalencia de
candidatos que han trabajado para los gobiernos del PAN, está el actual
el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Gregorio
Guerrero Pozas, quien ocupa ese cargo desde 2008 y que desde hace dos
décadas se ha desempeñado como contralor.
Guerrero Pozas fue el
encargado de hacer la transición entre la Contaduría Mayor de Hacienda
de la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), como ente autónomo del Congreso, en 2000.
Identificado como
priista por el entonces nuevo gobierno del PAN, los legisladores de ese
partido propiciaron su salida de la ASF. Desde entonces ha sido titular
del OIC de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Pemex y
Financiera Rural, hasta que llegó hace nueve años al ahora INE.
Otro
candidato con experiencia en la fiscalización es Miguel Ángel Vega
García, quien desde 2015 es el titular del OIC en Sedatu. Antes lo fue
en Sedesol y en la Secretaría de Energía. En la SFP fue subdelegado y
comisario en el Sector de Desarrollo Económico y director de
normatividad de Recursos Humanos y Profesionalización.
Ricardo
Salgado Perillat, actual titular de la autoridad investigadora del
Instituto Federal de Telecomunicaciones es otro candidato. Entre 2011 y
2014 fue director jurídico del INAI, bajo la presidencia de Jacqueline
Peschard, cargo que también ocupó entre 2003 y 2008.
En el
gobierno de Calderón estuvo a cargo de asuntos legales de la Secretaría
de Educación Pública (SEP) y fue director de Asuntos Contenciosos en la
Comisión Federal de Competencia, ahora de Competencia Económica. En el
gobierno de Fox, entre 2001 y 2003, fue director general de la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria.
Guillermo López Jiménez es otro de
los seleccionados. Desde mayo de 2015 y hasta febrero pasado fue
responsable del OIC de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros.
Al inicio del sexenio
fue secretario operativo de Tecnologías de Información en el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y director adjunto de
Recursos Humanos en la CNBV.
Como último candidato fue incluido
Alejandro Tuirán Gutiérrez, cuyo hermano Rodolfo es el subsecretario de
Educación Media Superior de la SEP. Hasta enero pasado fue director de
Planeación y Evaluación del Consejo Nacional de Fomento Educativo.
También trabajó en la SFP como director de Políticas de Evaluación de
los Órganos de Vigilancia.
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