La Jornada
Estamos viviendo en
la historia de nuestra nación un momento de crisis, de desconfianza
hacia las medidas de nuestro gobierno y de incertidumbre sobre nuestro
futuro. Nuestra reacción ha sido por parte de algunos la crítica
violenta y viral a las decisiones de las autoridades, sin analizar con
hondura y responsabilidad las causas de esta situación. Como acaba de
mostrar el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) en su informe acerca
de los pasados 10 años de desarrollo de la política social, de 2008 a
2018, la pobreza en nuestro país se ha incrementado en 3 millones de
personas, pasando de 49.5 a 52.4 millones.
Además, la población que carece de suficientes ingresos para su
alimentación es igual que la que había en 2008, y son ya 21 millones las
personas que se levantan cada día sin saber si tendrán dinero para
comer. Lo más preocupante es que en todas las naciones de Latinoamérica
sin excepción, incluyendo a los centroamericanos, se ha reducido en los
pasados 10 años sustancialmente la pobreza e incluso en alguno, como en
Uruguay, prácticamente ha desaparecido. ¡Increíble! ¿No? Las razones que
explican esta realidad son diversas.
Como han dicho varios expertos, una de ellas es que hemos actuado
económicamente motivados por la necesidad técnica de ser competitivos a
escala mundial mediante mano de obra barata, lo cual asimétricamente fue
aprovechado desde dentro en el Acuerdo Económico de América del Norte, y
denunciado ventajosamente desde fuera 20 años después. Lo que
implícitamente establece para las empresas que para tener éxito deben
incrementar conti-nuamente su productividad. Lo que en es-te paradigma
económico consiste en su relación entre ingresos y salarios, y las
obliga a reducir el número de empleados y a pagar los salarios mínimos
posibles.
Uno de los rasgos subrayados por el reciente informe del Coneval para
explicar el aumento de la pobreza es precisamente la inseguridad social
de las familias y los bajos salarios de los trabajadores. Otra política
muy peculiar nuestra, y que también explica nuestra situación, pero que
en cambio no se aplica en la mayoría de los países, es la de otorgar
incrementos anuales al salario mínimo inferiores a la inflación anual.
Lo cual implicó, como ya se ha también dicho, que de 1977 a 1995 los
trabajadores perdieran 70 por ciento de su capacidad adquisitiva. Y ello
sin considerar que los incrementos al salario mínimo se convierten en
referencia para el resto de los sueldos de los trabajadores, como la
experiencia nos lo ha probado.
Por último, otra razón de peso es eviden-temente la corrupción, tanto
en el sector público, como en el privado, la cual incrementa claramente
la desigualdad y la pobreza, al permitir entre otras cosas lapresencia
de múltiples monopolios y oligopolios que encarecen ilegal e
indebidamente los precios de los productos, originando con ello de
manera injustificada una reducción significativa en los ingresos de las
personas de escasos recursos, quienes deben pagarlos en beneficio de los
multimillonarios del país. No hay poder en efecto que les vaya a la
mano en los precios de sus productos y servicios, que desde luego no son
regulados por la famosa ley de la oferta y la demanda. Como dato
adicional, puede afirmarse que la pobreza que se origina por el sensible
incremento del desempleo, del empleo informal o por grupos de personas
que ni siquiera buscan trabajo, es igualmente factor de la creciente
inseguridad que asola nuestra sociedad, y que incluso mediante la
extorsión ha comenzado a afectar el crecimiento de nuestra economía.
Me atrevo a hacer algunas propuestas que implican la participación,
tanto del gobierno, como de las empresas, las que, con gran sentido de
responsabilidad social, están obligadas moralmente a participar
solidariamente en ellas. La primera es el establecimiento de sólidos
sistemas de seguridad social, que incluyan el acceso efectivo a la salud
y a la educación, estancias infantiles (las oficiales y las
auténticas), pensiones para adultos mayores y fondos de ahorro para la
vivienda.
Considero indispensable que el salario mínimo se duplique
gradualmente en los próximos tres años, lo cual no sólo reducirá
sustancialmente la pobreza, sino que motivará el aumento del PIB al
aumentar el consumo. Y, desde luego, es prioritario que se combata la
corrupción, incluyendo la necesidad de que en el mercado se supriman los
monopolios y se fijen los precios en auténtica competencia. Pues, como
han expresado muchos especialistas, se trata de restablecer el círculo
virtuoso entre trabajo digno, salario justo, consumo popular, mercado
interno, inversión productiva, producción suficiente y crecimiento de la
economía. De no tomar estas medidas y otras similares, los 60 millones
que realmente viven en pobreza seguirán aferrados, querámoslo o no, al
populismo.
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