Edittorial
La Jornada
Yolotli Fuentes Sánchez,
directora de Atención y Vinculación Institucional de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), dio a conocer ayer una serie de
cifras que permiten dimensionar el desafío al que se enfrenta el Estado
mexicano en la materia: mientras en 2013 se recibieron apenas mil 296
solicitudes de refugio, durante 2018 se alcanzaron 29 mil 604
peticiones; es decir, en cinco años se registró un aumento exponencial
superior a 2 mil 200 por ciento. Asimismo, la funcionaria señaló que
este incremento sostenido es anterior al inicio de las denominadas
caravanas migrantes, las cuales no lo causaron, sino que permitieron su
visibilización.
Los números mencionados –detrás de cada uno de los cuales hay un ser
humano en busca de mejorar sus condiciones de vida o ponerse a salvo de
la violencia– palidecen frente a las 39 mil 983 solicitudes recibidas
sólo en los primeros siete meses del presente año. La situación se
explica, ante todo, por el deterioro económico, político y social vivido
en los países de origen de los solicitantes de refugio, una parte
sustancial de los cuales proviene del Triángulo Norte de Centroamérica,
conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras.
El visible deterioro en el Triángulo Norte, que tiene sus aristas más
preocupantes en la pobreza y la inseguridad, contrasta con la grotesca
insistencia del gobierno de Donald Trump en presionar a Guatemala para
que se declare tercer país seguro, estatus que exigiría a esta nación
proveer refugio a quienes la atraviesan con el propósito de llegar a
Estados Unidos.
Las presiones de la administración republicana, redobladas desde ayer
con la presencia en ciudad de Guatemala de Mauricio Claver-Carone,
asistente especial de Donald Trump y director sénior para asuntos
hemisféricos de Occidente, resultan notoriamente inviables, toda vez que
los mismos factores que empujan a salvadoreños y hondureños fuera de
sus lugares de origen están presentes en la sociedad guatemalteca.
Está claro que, en este contexto, forzarlos a permanecer en Guatemala
significa dejarlos desamparados en una nación que carece de los
recursos para atender a la población refugiada e incluso a sus propios
habitantes.
La actitud del magnate estadunidense contrasta con la desplegada por
México, donde las medidas para evitar que los migrantes avancen hacia
Estados Unidos tienen su contraparte en la voluntad oficial para
refugiar y asimilar a quienes quieren permanecer en el país. Se trata,
además, de una diferencia muy importante con respecto al papel
tradicionalmente jugado por México en los flujos migratorios, pues habla
no de una situación de tránsito frustrado, sino de la existencia de una
determinación de venir aquí por parte de la población buscadora de
refugio.
Lejos de contribuir a una solución auténtica, las presiones de Trump
pueden traducirse en un incremento del flujo humano hacia México si
Guatemala se ve desbordada por el esfuerzo de contener a hondureños y
salvadoreños. Para evitar que los esfuerzos emprendidos en México se
vean minados por un nuevo salto en el número de refugiados, es
imperativo insistir en que Washington cumpla su compromiso de impulsar
el desarrollo en el Triángulo Norte, bajo el entendido de que la
migración únicamente puede frenarse atendiendo a sus causas.
En este sentido, debe recordarse que 35 países, cinco agencias de
cooperación y ocho organismos internacionales se han sumado al Plan de
Desarrollo Integral presentado por México para aliviar la situación en
los países centroamericanos, iniciativa que Estados Unidos debiera ser
el primero en asumir no sólo porque representa el camino éticamente
correcto y porque se comprometió a respaldarlo, sino porque es lo más
sensato que pueden hacer el inquilino de la Casa Blanca y sus
partidarios si quieren detener la llegada de migrantes a sus fronteras.
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