Pedro Miguel
Amediados de marzo el
consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova
Vianello, acudió a la justicia para ampararse ante lo que consideró un
perjuicio a sus
derechos laborales y sociales, como son el de la seguridad jurídica e irreductibilidad salarial, es decir, en defensa de su sueldo bruto de 3 millones de pesos anuales. Unos meses antes, en diciembre, su colega Benito Nacif había hecho otro tanto para impedir que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos se tradujera en una reducción de sus percepciones.
El 20 de junio el fiscal anticorrupción de Veracruz, Marcos Torres
Zamudio, promovió un juicio de amparo preventivo después de que se
revelaran conversaciones telefónicas en las que negoció con abogados de
ex funcionarios detenidos para que le entregaran propiedades a cambio de
concederles la libertad. Torres Zamudio fue impuesto en el cargo en
julio de 2018 por Miguel Ángel Yunes Linares en una maniobra irregular
que no contó con la mayoría requerida en el Congreso local.
Ese mismo mes un juez del estado de México concedió un amparo a los
dueños de 44 estancias infantiles de la entidad con la finalidad de
obligar a la Secretaría del Bienestar a otorgarles las cuotas de 950
pesos por niño inscrito como se venía haciendo en los gobiernos
anteriores. Otras 60 guarderías privadas de Chihuahua y 16 más de
Michoacán obtuvieron amparos semejantes, con la promoción y el respaldo
de legisladores panistas, como Armando Tejeda Cid, Laura Rojas y Mario
Mata.
También en junio el juez federal Miguel Ángel Burguete García,
protector de la trasnacional OHL, ordenó al gobierno que detuviera las
obras del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, a instancias de un
grupo conformado por Claudio X. González (heredero del emporio Kimberly
Clark), Gustavo de Hoyos Walter (presidente de la Coparmex), María
Amparo Casar (ex jefa de asesores de Santiago Creel, cuando éste se
desempeñaba como secretario de Gobernación de Vicente Fox), los hermanos
empresarios Juan Ramón y María Elena Morera Mitre y otros exponentes
del régimen oligárquico que fue derrotado en las urnas el año pasado.
Ese grupo, que se autodenomina
No más derroches, ha gestionado unos 150 amparos en un intento por revertir la determinación de cancelar el corrupto e inviable aeropuerto en Texcoco y de edificar la nueva terminal aérea en Santa Lucía.
En julio Mónica García Villegas, dueña del colegio Enrique Rebsamen
intentó eludir mediante un amparo el régimen de prisión preventiva al
que está sometida por los probables delitos de responsabilidad en el
colapso del plantel durante el sismo de septiembre de 2017, que fue
modificado sin apego a la licencia de construcción y con el uso de
documentos falsos. Su petición fue denegada porque se mantuvo prófuga
durante más de año y medio.
Conocidos son también los amparos promovidos por el ex director de
Pemex Emilio Lozoya Austin, su madre, Gilda Margarita Austin, y su
presunto socio en negocios turbios, Alonso Ancira, propietario de Altos
Hornos de México, así como los que se consiguió Carlos Romero Deschamps,
todavía dirigente charro del sindicato petrolero. A propósito de charros,
varias secciones de la CTM han solicitado inútilmente en meses
recientes varios amparos en contra de las disposiciones de democracia y
transparencia sindical contenidas en la reforma laboral del primero de
mayo.
Han buscado ampararse Alonso Lira Salas, ex titular de la Seido, y
Gonzalo Gil White, hijo del ex secretario de Hacienda Francisco Gil
Díaz, junto con sus socios de la empresa Oro Negro, señalados por
delitos de abuso de confianza y manejo indebido de recursos en la
administración de esa compañía; Javier Duarte, quien logró una
suspensión para impedir que le fueran decomisados bienes y cuentas
bancarias, y su presunto prestanombres, Moisés Mansur Cysneiros; César
Duarte, ex gobernador de Chihuahua y prófugo de la justicia; Zhenli Ye
Gon, quien trató de evitar que fuera subastada la mansión de Las Lomas
que le decomisaron hace 12 años; el abogado de prianistas Juan
Collado, actualmente preso, quien buscaba impedir que le fuera asegurado
el edificio de Libertad Servicios Financieros; tres presuntos
operadores de Felipe Calderón que pretendieron impedir la aplicación del
Plan Nacional de Desarrollo que fue aprobado por la Cámara de Diputados
y Rosario Robles Berlanga, a quien se le imputan desvíos por más de 5
mil millones de pesos cuando fue titular de las secretarías de
Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y su
oficial mayor en ambas dependencias, Emilio Zebadúa. Después se amparó
Interjet para evitar que le cobren los impuestos que debe.
Desde luego, todos los referidos, más los que se agreguen en el
futuro, están en su derecho de buscar la suspensión de actos de
autoridad. La enumeración anterior no pretende ser una lista exhaustiva,
sino meramente ilustrativa de quiénes integran el club de los amparos.
Twitter: @Navegaciones
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