Sobrepoblación, hacinamiento, castigos y corrupción son caldo de cultivo para los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se padecen en las prisiones mexicanas. En la capital, cinco cárceles se encuentran en estado crítico; y la Cdhcdmx investiga 4 mil 345 quejas por violaciones a los derechos humanos de los reclusos, cometidas entre 2018 y lo que va de 2019
“¡Hijo de tu puta madre, baja la cabeza. Ahora vas a valer madre. No me estés viendo. Ponte chingón!”,
fueron las palabras de bienvenida que le dieron los custodios del
Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México a Bruno
Valdez. Era la media noche de un sábado de 2013 cuando lo ingresaron por
vez primera a una lúgubre y austera celda junto con el resto de los
primo delincuentes, conocida como zona de ingreso.
Bruno recuerda que fue despojado de sus pertenencias. Los celadores se quedan con todo aquello a lo que puedan “sacarle algo”: unos tenis “chidos”, por ejemplo, narra el joven a Contralínea. A cambio, los prisioneros reciben “pinches chanclas o lo que tengan”.
Actualmente, la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México investiga 4 mil 345 quejas por presuntas
violaciones cometidas en las cárceles de la capital, que fueron
presentadas entre enero de 2018 y mayo de 2019. El Reclusorio Preventivo
Varonil Oriente concentra el 23.6 por ciento de esas denuncias, de
acuerdo con datos de la ombudsperson capitalina Nashieli Ramírez.
Las personas que más sufren “allá
adentro [en la cárcel]” son quienes padecen de alguna discapacidad,
señala Bruno. Aquellos pertenecientes a una comunidad originaria o los
analfabetas, asegura. “Si no contestas bien, te pegan chingón”.
Los tratos crueles, inhumanos y
degradantes se viven desde el ingreso. Ningún reo parece escapar de
ellos, pues en la cárcel –considerada de por sí como un espacio
torturante– hasta el espacio que habitan resulta ser un acto de tortura:
en las pequeñas celdas de 5 por 5 metros cuadrados se hacinan de cuatro
a más personas; y en las más grandes, hasta 50 reos.
Ya en libertad, Bruno recuerda aquellos días tras las rejas: “Me tocó estar con 25 personas. Éramos muchos. Vi que unos güeyes se dormían de gargolita: se amarraban en la puerta [con sábanas, suéteres o bufandas], o dormían en las tumbas
[espacio que se forma entre el piso y la primera cama de la litera]”.
Otros se apropiaban del espacio correspondiente al sanitario y ahí
intentaban conciliar el sueño.
De acuerdo con el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria
–elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)–, de
1 mil 162 centros de reclusión en el país, 457 están sobrepoblados y
494 presentan autogobierno.
En la capital, se desprende de ese mismo
estudio, cinco cárceles se encuentran en esa situación: los reclusorios
varoniles Oriente, Norte y Sur; Centro Femenil de Reinserción Social
Tepepan; y Penitenciaría Santa Martha Acatitla.
Tortura, práctica sistemática
Sentado en las escaleras de un centro
social al oriente de la Ciudad, el joven viste con playera negra de
manga corta, jeans color azul claro, tenis negros con detalles verdes y
una gorra oscura con la visera echada hacia atrás. Desde allí, narra los
pesares que pasó en prisión, como ése de “luchar” por un espacio para
dormir o de hacer piel gruesa ante los constantes insultos de los custodios.
Para Osvaldo Chavarría Suárez,
especialista en derecho penal por el Instituto Nacional de Ciencias
Penales (Inacipe), el que los reclusos tengan que dormir de manera
vertical y amarrados a rejas de las celdas con suéteres, cobijas o
bufandas “implica una cuestión de tortura”.
El académico de la Facultad de Derecho,
de la Universidad Nacional Autónoma de México, advierte que las formas
en las que se agrede a los reclusos son variadas y constantes, algunas
de ellas son físicas y muy dolorosas, pero en ocasiones no dejan marca o
ésta desaparece en menos de 24 horas.
Por ejemplo, se les pega con palos en
extremidades del cuerpo, se le obliga a hacer limpieza en cuclillas
durante tiempos prolongados sin descanso, les meten alfileres o agujas
debajo de las uñas.
Ante la ausencia de marcas, a las
víctimas se les dificulta presentar denuncias y pedir audiencia con un
juez de ejecución, como lo indica la Ley de Ejecución Penal, para que
posteriormente su caso pueda ser revisado bajo el Protocolo de Estambul,
explica Adriana Greaves Muñoz, maestra en derecho público y derecho
comparado por la Benjamin Cardozo School of Law-Yeshiva University de
Nueva York.
No sólo son las agresiones físicas que
padecen los reclusos. Otro tema que ocurre detrás de los barrotes se
refiere a los daños sicológicos y, al respecto, Estefanía Medina
Ruvalcaba, especialista en Sistema Penal Acusatorio por la Escuela Libre
de Derecho, refiere que es muy difícil probarlos. “No es lo mismo que
el delito tenga poco tiempo a que sea denunciado 2 años después”.
Datos de la CNDH indican que en lo que
va de 2019 se han presentado dos quejas por tortura y tratos crueles,
inhumanos y degradantes en las prisiones; mientras que en 2017, fueron
68 quejas presentadas por esos delitos de lesa humanidad. “Es oscuro el tema porque claramente hay una cifra negra de gente que no denuncia y que se siente amenazada”, señala la investigadora Greaves Muñoz.
Para 2018, sin embargo, no hay estadísticas similares: la Comisión apunta –en el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria–
que en ese año recibió 143 quejas por violaciones al derecho a la
protección de la salud, 24 por transgresiones al derecho al trato digno y
cuatro por violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal.
El tema de la impunidad también es un
factor para no denunciar. Consultadas por medio de la Ley General de
Transparencia (solicitudes 000170191118 y 0002700001119), la Fiscalía
General de la República –antes Procuraduría– y la Secretaría de la
Función Pública (SFP) refieren no tener datos de sanciones aplicadas a
celadores y funcionarios de cárceles federales o de propios reos
perpetradores de estos delitos.
Para Greaves Muñoz y Medina Ruvalcaba,
cofundadoras de la asociación civil Tojil Estrategia Contra la
Impunidad, el problema no es la ausencia de datos, sino que las
autoridades no investiguen los casos denunciados como tortura, porque
las víctimas enfrentan procesos o han cometido delitos.
En entrevista con Contralínea,
refieren que esto genera un vicio en el que se percibe a los reos como
los malos, gente de la sociedad que no merece la pena de investigar si
fueron o no víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Son
doblemente castigados, desprotegidos por el mismo sistema, coinciden.
El día a día en la prisión
Los centros de reclusión deben
proporcionar a sus poblaciones lo más básico, como papel higiénico,
toallas sanitarias para las mujeres, agua, vestido, medicamentos y
alimento en condiciones favorables con base en las Reglas Nelson
Mandela, como se les conoce a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
para el Tratamiento de los Reclusos adoptadas por el Estado mexicano.
Sin embargo esto no siempre se cumple.
En el Reclusorio Oriente, por ejemplo, no se les proporcionan utensilios
para consumir sus alimentos en el llamado rancho. Bruno relata que
únicamente en la zona de ingreso les proporcionaban platos, cucharas y
otros enseres: “ahí hay trastecillos, los lavas y los usas. Y si no hay, usas lo que encuentres”.
Ante la falta de insumos básicos y la desesperación, incluso, utilizan sus manos para sostener la comida o de la basura rescatan
una botella de plástico, la cortan por la mitad con los dientes y ahí
se les sirve el alimento, afirma el abogado Chavarría Suárez.
En el Reclusorio Oriente no sólo hay
déficit en servicios básicos, sino incluso los presos pagan para que los
funcionarios hagan su trabajo: la organización civil Documenta refiere
que en 2016 los celadores cobraban 10 pesos por el pase de lista, lo que
les representaba una ganancia superior a los 150 millones de pesos.
Según Bruno, “ingreso es una zona muy
cara. Para todo tienes que pagar: si no quieres pasar lista y pasar
horas bajo el frío sentado en el patio, si quieres realizar una llamada
aunque no contesten, si no quieres hacer fajina [limpieza de las
instalaciones]”.
El joven, quien actualmente estudia la
licenciatura en derecho, refiere que ya en el anexo 7, él y otros cinco
compañeros de celda compraron cobijas en los meses más fríos del año y
las colocaban como cortinas.
Las Reglas Nelson Mandela indican que el
lugar de alojamiento, en especial los dormitorios, “deberán cumplir
todas las normas en condiciones climáticas y, en concreto, al volumen de
aire, la superficie mínima, la iluminación, la calefacción”.
Los castigos
Bruno recuerda otra de las penurias
frecuentes en la cárcel: los llamados castigos. Para ello se tiene el
llamado módulo, adonde mandan a personas castigadas, a los
multi-reincidentes o quienes tienen cadenas perpetuas porque los delitos
cometidos fueron de alta peligrosidad.
Ahí, detalla, las condiciones son
infrahumanas: la comida no alcanza para todos. “Nunca ves la luz del sol
y cuando lo haces [los custodios] son muy cuidados. “Sólo sales una vez
a la semana al patio para jugar soccer o algo así y te vuelven a clavar abajo”.
El especialista en derecho Chavarría
Suárez considera que recluir a alguien en celdas apartadas como castigo
es otra forma de violentar los derechos humanos. En un centro de
reclusión y readaptación social, el individuo tiene derecho a caminar
por los pasillos, y en los días de visita acudir al área correspondiente
para convivir con sus familiares.
No obstante, es común que a algunos
internos se les aísle sin derecho a recibir visita ni a interactuar con
los vigilantes, porque incluso los alimentos les son proporcionados por
debajo de la puerta. Para el abogado Chavarría, tan sólo el hecho de que
se les impida ver a sus familiares ya constituye una tortura.
Otros castigos son más cotidianos y
extendidos. Ejemplo de ello es lo que el propio Bruno vivió al momento
en que fue trasladado de la zona de ingreso al centro de observación y
comunicación (COC): un custodio lo obligó a hacer “fajina” en cuclillas:
los llamados “carritos y patitos”.
El primer “concepto”, explica el joven
de 23 años, es que “te ponen en cuclillas con la jerga y los brazos
extendidos hacia el piso, para arrastrarla por toda la zona”. El segundo
es que, en la misma posición, “vas barriendo con una escobeta; y ahí va
toda la fila de chavos persiguiéndose”.
Hacer la fajina quiebra a la persona:
Bruno resistió un solo día tanta presión física. Así que desde entonces
empezó a pagar a los celadores para no ser obligado a limpiar. Pero no
todos tienen los mil o mil 500 pesos que exigen al mes.
Nula aplicación de leyes
Todo ello ocurre a pesar las normas que
tienen por objeto prevenir la tortura y respetar la calidad humana de
quienes viven privados de la libertad, como la Ley de Ejecución Penal y
la Ley General para Investigar, Prevenir y Sancionar la Tortura.
Toda la normatividad se queda en mecanismos y documentos que son letra muerta, no en la realidad de las prisiones, señalan las cofundadoras de Tojil, Greaves Muñoz y Medina Ruvalcaba.
“Valdría la pena poner ahí el foco rojo:
no quedarnos sólo con el diagnóstico, sino de volver los ojos en quién y
cómo lo evaluarán, y qué resultados están teniendo”, puntualiza
Estefanía Medina.
El coordinador del Colectivo Contra la
Tortura y la Impunidad (CCTI) guerrerense, Raymundo Díaz Taboada,
asegura que con el nuevo sistema judicial quienes están a cargo de velar
por el cumplimiento de los derechos humanos son los jueces de control.
Sin embargo, en lugar de hacer cumplir la ley, le otorgan la
responsabilidad a las comisiones o a las defensorías estatales.
Para que una persona sea torturada tiene
que estar bajo el control de alguna autoridad, explica. En muchos
casos, detalla, los perpetradores intelectuales son los celadores y los
materiales son los propios internos, con lo cual se complica la
imputación del ilícito.
Otro factor por el que se alienta la
impunidad es que no hay libre acceso a las cárceles para los visitadores
de la CNDH, las comisiones estatales y las organizaciones
internacionales: para que les permitan entrar, tienen que recorrer la
burocracia para que les otorguen los permisos, y esto provoca opacidad.
Díaz Taboada observa que mientras no
haya voluntad política será difícil que exista un cambio de fondo.
“Mientras no se termine la impunidad, mientras no haya perpetradores
sentenciados encarcelados, sabrán que son impunes, que nadie los toca,
nadie los castiga y cometerán los mismos actos, aunque las leyes sean
muy buenas”.
Para el investigador, no hay esa
voluntad política ni a nivel estatal ni federal para acabar con el
hacinamiento, la sobrepoblación y sobre todo la y corrupción.
Maiisa Hubert Chackur –investigadora de
la organización civil Documenta– advierte que la administración
penitenciaria “sigue siendo la misma desde hace dos o tres
administraciones: no hemos visto cambios”.
La politóloga por la Universidad Denis
Diderot Paris VII observa que en el tema del combate a la corrupción en
las cárceles capitalinas es necesario profundizar: ir más allá de los
celadores, porque no es el tema de dos o tres funcionarios, “sino de una
red muy poderosa que va muy arriba”.
Y agrega que “la Ciudad de México es uno
de los estados más atrasados en su sistema local anticorrupción. No
vemos que haya ninguna voluntad absoluta para combatir cualquier tipo de
corrupción”, a pesar de que figura en el primer peldaño de corrupción
carcelaria, con 310 víctimas por cada 1 mil personas privadas de la
libertad.
Para conocer su versión sobre los tratos crueles, inhumanos y degradantes y las acciones anticorrupción, Contralínea
buscó entrevista con Antonio Hazael Ruiz Ortega, titular de la
Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, pero
hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Los problemas de las cárceles
capitalinas son similares a los que enfrentan las prisiones federales:
corrupción, tortura, impunidad. A nivel federal se percibe en las
autoridades una actitud de “arrogancia”, señaló Salva LaCruz, miembro
del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, durante el
seminario virtual México ante el Comité contra la Tortura.
Las cifras más recientes en torno a
delitos de lesa humanidad corresponden a 2017. En ese año, un total de 1
mil 328 situaciones riesgosas fueron registradas en centros de
reclusión mexicanos, a partir de 415 visitas de supervisión realizadas
por la CNDH en su papel de Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura.
El 67 por ciento pudo derivarse en actos tortuosos, crueles e inhumanos.
Entre los factores de tortura que el
Mecanismo menciona están la sobrepoblación y el hacinamiento, la falta
de higiene en instalaciones, el confinamiento prolongado en celdas,
alimentos en mal estado, fugas de agua, humedad en paredes, falta de
iluminación y ventilación adecuada e insuficiente personal para
reinsertar a los reos a la sociedad. Los problemas han sido heredados de
administración en administración y aún perviven.
Jordana González
No hay comentarios.:
Publicar un comentario