En tan sólo cuatro años, ocupando altos cargos dentro de
la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Emilio Zebadúa
González y Ramón Sosamontes Herreramoro suscribieron al menos siete
convenios que causaron daños al erario por mil 630 millones 616 mil 503
pesos. Así se desprende de los datos vertidos durante la audiencia
judicial del pasado 12 de agosto, en donde se vinculó a proceso, por
ejercicio indebido del servicio público, a quien fue titular de esa
dependencia y jefa inmediata de ambos, Rosario Robles Berlanga.
En la diligencia se mencionó que Zebadúa González, en su calidad de
oficial mayor de la Sedesol, era quien dirigía las acciones para
elaborar los contratos con universidades y otras entidades públicas y
privadas por medio de los cuales se cometió el desvío de miles de
millones de pesos.
Según los datos de prueba que presentó la Fiscalía General de la
República (FGR), entre 2013 y 2016 ex subordinados de Robles Berlanga
firmaron 25 contratos y convenios con sus respectivos anexos, entre la
Sedesol y la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), con universidades, así como con sistemas de radio y televisión
estatales.
Resultados de auditorías
Los dictámenes técnicos de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) practicados a la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEMor) en 2013 indican que Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de
la Sedesol presuntamente suscribió tres convenio con el ex rector
Alejandro Vera, por 675 millones 305 mil 448 pesos, para
distribución de equipo y material de apoyo para la operación de promotores al interior de la Ruta Sin Hambre en 400 municipios marcados como prioritarios por la secretaría.
Asimismo, de acuerdo con las constancias que la FGR dio a conocer
durante la audiencia inicial y en la que se vinculó a proceso a Robles
Berlanga, Sosamontes Herreramoro, primero como jefe de la Oficina de la
secretaria y luego como titular de Comunicación Social de la Sedesol,
suscribió dos convenios generales, uno específico y otro de prestación
de servicios, con Radio y Televisión de Hidalgo entre 2014 y 2015, para
la difusión del programa Cruzada Nacional contra el Hambre, y que
causaron un presunto daño al erario federal por 955 millones 311 mil 55
pesos.
Por su parte, Robles Berlanga fue mencionada como la firmante directa
de uno de esos convenios, el suscrito con la Universidad Autónoma de
Chiapas, por 60 millones 952 mil 400 pesos, en mayo de 2013, y cuyo
objetivo, según el contrato, era
Establecer los mecanismos y acciones de colaboración entre UNACH y la Sedesol para la realización, en el ámbito de sus atribuciones, de proyectos, programas y demás trabajos conjuntos en áreas de interés común.
Ilícitos desde 2013
La FGR detalló que los contratos y presuntos actos de
cohecho iniciaron en febrero de 2013, cuando se firmó el primer convenio
entre la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México (UAEM) y la
Sedesol, por 21 millones 177 mil 406 pesos, para la
implementación y puesta en marcha de ventanillas de atención por la demanda para la incorporación de los beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores. Pero en ese año y 2014 la dependencia signó otros ocho convenios diferentes con dicha casa de estudio y la UAEMor por un monto de mil 234 millones de pesos.
Los fiscales presentaron testimonios de funcionarios que señalaban
haber informado a Robles Berlanga de las irregularidades que se cometían
en las instituciones a su cargo, y con ello se dio sustento a la
imputación de ejercicio indebido del servicio público.
Entre las pruebas prresentadas se mencionaron las declaraciones de
tres ex colaboradores de la ex secretaria: el director general de
Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol, José Antolino
Orozco, quien junto con Simón Pedro de León Mojarro, ex titular de la
Unidad de Coordinación de Delegaciones, signaron en 2014 un contrato
también con la UAEMor por 77 millones 847 mil 14 pesos. Dos años más
tarde, en 2016, cuando Antolino era titular de la Unidad de Políticas,
Planeación y Enlace Institucional de Sedatu, firmó otro contrato con la
Universidad Politécnica de Tlaxcala por un monto de 178 millones 634 mil
588 pesos.
Marcos Salvador Ibarra Infante también suscribió contratos. Uno fue
en 2014 entre la Sedesol y la Universidad Intercultural del Estado de
México, y uno más en 2015, como director general adscrito a la Unidad de
Coordinación de Delegaciones, con la Universidad Autónoma de Zacatecas,
por 26 millones 622 mil pesos.
Con información de Eduardo Murillo
César Arellano
Periódico La Jornada
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