El mandato del Banco de México

Orlando Delgado Selley

La Jornada 

En la más reciente reunión de la junta de gobierno del Banco de México se decidió reducir 25 puntos base la tasa de interés de referencia, dejándola en 8 por ciento. Días antes de tomar esta decisión el mandato actual del banco central fue cuestionado claramente. Este mandato, otorgado por el Congreso mexicano en 1993, estableció que el BdeM debiera procurar, sobre cualquier otra finalidad, la estabilidad de precios. Es un mandato que el gobernador del Banco de México formula señalando que se trata de su objetivo prioritario, lo que incluso aparece como titular en su página electrónica.

El gobernador del BdeM al formularlo de esta manera responde al planteo de AMLO, que propone que el mandato legal se amplíe, incorporando el estímulo al crecimiento económico. Díaz de León, gobernador del banco central, argumenta que se mantendrá el mandato prioritario de alcanzar una inflación baja y estable, porque son las principales condiciones propicias para que los agentes económicos realicen sus planes de inversión y con ello dinamizar el crecimiento. Es cierto que una inflación baja y estable es condición necesaria para que las decisiones de inversión se concreten: pero no es suficiente. Se requiere cuidar que los instrumentos que se usan para mantener controlada la inflación no afecten precisamente las decisiones de inversión.

Considerando justamente esta indispensable combinación de prioridades es que otros bancos centrales tienen un mandato dual. Destaca, por supuesto, el Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, que está obligado a procurar el menor nivel de inflación compatible con la menor tasa de desempleo. Por ello, al decidir el uso de los diferentes instrumentos monetarios a su alcance para actuar sobre el nivel de precios tiene que cuidar que no afecten la creación de empleo, revisando el impacto sobre la tasa de desempleo. Este mandato dual ha servido para mantener controlada la inflación, al tiempo que ha estimulado la creación de empleo.

Díaz de León argumenta que la mayoría de los bancos centrales tienen el mandato prioritario de mantener bajo control la inflación. Esta priorización del propósito antinflacionario para los bancos centrales ha sido parte fundamental de las reformas de mercado promovidas por organismos financieros internacionales y por gobiernos de países desarrollados y que se fueron aplicando desde 1989. Se trató de un movimiento en el que se concedió legalmente autonomía a los bancos centrales para que pudieran concentrarse en el control de la inflación. El asunto, en consecuencia, procede de la visión que entiende que la estabilidad de precios tiene que ser el centro de la política monetaria. Se trata de lo que se conoce como el nuevo consenso monetario.

La autonomía del Banco de México y el establecimiento de su objetivo prioritario son, lo hemos señalado en repetidas ocasiones, parte de las reformas neoliberales de los años 90. No son decisiones indiscutibles. Por el contrario, forman parte de una manera de concebir el funcionamiento económico y, en particular, el papel del gobierno en la conducción económica de un país. Corresponden a un modelo económico que fracasó a escala global y estrepitosamente en nuestra economía. Sostener sus políticas fundamentales es inconsistente con el propósito de abrir los cauces para que las fuerzas productivas mexicanas puedan expandirse.

No corresponde a los funcionarios del banco central descartar la ampliación del mandato de esa institución. Es facultad de los poderes electos modificar, si lo consideran necesario, el mandato del banco central y también la pertinencia de su condición de autonomía. El Congreso de la Unión puede, y debe, discutir si conviene a la nación mantener la decisión de que el objetivo prioritario del Banco de México sea la estabilidad de precios. Esta discusión debe involucrar a los agentes económicos, pero también debe considerar lo sucedido desde que el BdeM tiene ese mandato prioritario. El examen de esta experiencia tiene que incorporar la evolución de la inflación, junto con otras variables macroeconómicas de interés nacional: empleo y crecimiento.

La discusión pudiera llegar a una conclusión: conviene mantener la autonomía del banco central. Junto con esta primera conclusión el Congreso podría, en el marco de sus atribuciones legales y en el del examen de lo que conviene a la nación, decidir ampliar el mandato actual del banco central, incorporando estimular el crecimiento de la economía.

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