Iván Restrepo
La Jornada
Desde hace dos años
la población de varias comunidades agrarias de Gómez Palacio, Durango,
luchan contra la instalación en su cercanía del complejo industrial
Chemours. Produciría cianuro de sodio sólido que se emplea en la
industria minera para separar oro y plata durante el proceso de
extracción. El complejo incluye un gasoducto cuya finalidad es abastecer
a las mineras. Se trata de una inversión de 250 millones de dólares. Ya
en funcionamiento daría empleo a 350 personas. Las autoridades dicen
que la oposición a esos proyectos se debe a la mala información que
existe y a personas y organizaciones que
no quieren que a Gómez Palacio le vaya bien.
Chemours es parte de la trasnacional Dupont y México le es
estratégico como consumidor y productor. Sus exportaciones y ventas
locales superan los 2 mil millones de dólares. Desde 1960 tiene
presencia en Tamaulipas, donde elabora dióxido de titanio. También
cuenta con centros de envasado y almacenes en Monterrey y centros de
distribución en San Luis Potosí y Hermosillo.
Las personas que no desean ese complejo industrial consideran que el
cianuro es altamente tóxico, muy contaminante y que ocasiona daños
irreversibles en la salud humana y el medio ambiente. El último cuarto
de siglo hubo por lo menos 30 tragedias por el vertido de tan peligrosa
sustancia. Por eso la oposición de muchos países, como los de la Unión
Europea, para utilizarlo en, por ejemplo, la minería.
En abril del año pasado, un juez federal ordenó suspender la
construcción de la citada planta que tenía un avance de 40 por ciento.
Sus directivos aseguran que todo se resolverá en su favor y que casi
convencieron a las comunidades inconformes de que Chemours y las obras
complementarias les traerán progreso, no problemas. Mas los integrantes
del Frente Unido de Pueblos de La Laguna (región en la que destaca el
corredor urbano-industrial integrado por las ciudades de Torreón, Gómez
Palacio y Lerdo) indican que sigue vigente el juicio promovido en 2017
para pedir la nulidad de los permisos para establecer la planta y obras
complementarias; así como un amparo sobre el mismo asunto que estudia la
Suprema Corte de Justicia de La Nación. Denuncian que, pese a ello, los
trabajos en Chemours siguen con el cobijo de los gobiernos estatal y
municipal.
El mes pasado se anunció que el titular de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales visitaría La Laguna para escuchar a los
inconformes. Aún no lo hace. Existe otro problema: a 10 opositores al
proyecto se les sigue proceso penal en libertad acusados de daños,
lesiones y ataques a las vías de comunicación al sostener un violento
enfrentamiento con la fuerza pública en marzo de 2018. Alejandro Encinas
Rodríguez, subsecretario federal de Derechos Humanos, asegura que las
autoridades locales dejarían sin efecto el proceso penal si se permite
construir a Chemours y realizar las obras complementarias.
Luis Rebollar, vicepresidente de la compañía, espera una resolución
judicial definitiva y favorable para concluir el proyecto, el cual
beneficiaría la economía regional
sin atentar contra la salud ni el medio ambiente. Cabe recordar que el manto freático de varios de los municipios que integran la región lagunera está contaminado con arsénico.
Y por agua de mala calidad no paramos. Hace un año La Jornadainformó
de las inundaciones causadas en los municipios de Nezahualcóyotl y
Chimalhuacán por el desbordamiento del canal La Compañía, pestilente río
conformado por las aguas negras y de lluvia provenientes de la zona más
poblada del estado de México. Cada año varias colonias de esos dos
municipios y otros vecinos se inundan, pues el canal está metros arriba
de los asentamientos humanos debido al hundimiento que sufre esa parte
de la cuenca de México a consecuencia de la explotación irracional del
mantro freático y al avance de la mancha urbana sobre zonas de recarga.
Las autoridades llevan años prometiendo medidas para evitar las
inundaciones. El remedio lo conocen bien: dragar el cauce del canal La
Compañía para extraer la basura y el lirio que impiden el flujo normal
del agua. Y lo fundamental: que no sea ya el destino final de la basura
de hogares, la industria y el comercio, ni del cascajo de obras que se
realizan en los municipios ubicados al oriente del estado de México.
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