Seguridad o Estado policial

Editorial La Jornada

Ayer comenzó el primer Operativo Conjunto de Seguridad, acordado por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago-1), con el propósito de combatir delitos del fuero común como robo a transeúnte, a transporte, de vehículo, a casa habitación, a negocio o a banco, secuestro, extorsión, lesiones dolosas, violación y homicidio, así como para cumplir mandamientos ministeriales y órdenes de aprehensión pendientes. En el despliegue, que durará una semana, participan, a decir de los organizadores, 310 mil policías preventivos, de investigación y ministeriales de las 32 entidades; se instalarán puntos de vigilancia y revisión preventiva, patrullajes en convoy y verificación de vehículos y personas. Las acciones se realizarán en zonas de alta incidencia delictiva, accesos carreteros, centrales de autobuses, en torno al aeropuerto, en el tren suburbano y Metro capitalinos, centros de transferencia modal, terminales de autobuses, zonas comerciales y habitacionales, áreas de esparcimiento, tianguis y mercados, corredores turísticos y avenidas principales.

Sin ignorar la urgencia de combatir la delincuencia común, ni la obligación legal de las autoridades estatales a este respecto, el operativo presenta inconsistencias y peligros que es pertinente señalar. Por principio de cuentas, y ante los numerosos indicios de la vinculación entre los delitos de delincuencia organizada que corresponden al ámbito federal y los de orden común, cuyo combate atañe al estatal y al municipal, cabe preguntarse por las probabilidades de éxito del despliegue anunciado, en un contexto nacional en el que la estrategia federal de seguridad pública hace agua por todas partes y ha tenido resultados contrarios a los pretendidos, con el establecimiento de extensas regiones bajo el poder de grupos criminales que son, precisamente, las de más alta incidencia delictiva.

Adicionalmente, es preocupante que el Conago-1 esté siendo efectuado por corporaciones –las estatales– señaladas, en buena parte de los casos, por su descomposición y su infiltración por parte de la delincuencia organizada. Igualmente inquietante resulta la omisión, en el comunicado respectivo, de cualquier referencia a la protección, en el marco del operativo, a los derechos humanos y garantías individuales, como las libertades de reunión y tránsito, la inviolabilidad del domicilio, así como otras disposiciones enumeradas en el artículo 16 constitucional.

En otro sentido, no debe desconocerse que los fenómenos delictivos generan estructuras jerárquicas en cuya cúspide se sitúan capos y criminales de cuello blanco y cuya base está formada por una masa de individuos predominantemente jóvenes y pobres, la gran mayoría con total carencia de horizontes laborales y sociales, circunstancia que facilita su reclutamiento por la delincuencia.

Con esos elementos de juicio, no puede dejar de verse el riesgo de que el operativo Conago-1, concebido para atacar a la criminalidad en sus expresiones básicas, y no en sus instancias superiores, devenga en una suerte de política de cero tolerancia que convierta en sospechosos automáticos a los jóvenes marginados y criminalice la juventud, la pobreza y el desempleo.

Resulta imperativo, pues, que los organismos oficiales y civiles de protección a los derechos humanos, y la sociedad toda, se mantengan vigilantes para prevenir la posibilidad de que el anunciado esfuerzo de aplicación de la ley dé lugar a atropellos adicionales y que la lógica del Estado policial se agregue a la vasta tragedia que ya vive la población del país a raíz del colapso de la seguridad pública.

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Raúl Plascencia Villanueva

Derechos humanos en México, una nueva etapa

El viernes 10 de junio fue publicada, en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional en derechos humanos de mayor profundidad y trascendencia en el México contemporáneo. Con ese hecho se culminó un proceso legislativo cuyo resultado fue la modificación de 11 artículos de la Constitución. Con su aprobación inició una nueva etapa en la defensa y promoción de los derechos humanos que traerá innumerables beneficios a los mexicanos y buscará revertir la tendencia legislativa de acotar cada día más los derechos de los individuos so pretexto de alcanzar mayor seguridad pública.

La reforma tiene como ejes: reconocer los derechos humanos en la Constitución, fomentar su educación como compromiso del Estado, dotar de un nuevo diseño institucional a los organismos públicos de derechos humanos, así como lograr un pleno reconocimiento de los instrumentos internacionales que ha adoptado el Estado mexicano. En este contexto, es muy oportuno señalar que el conocimiento amplio y puntual de los derechos humanos es el camino para erradicar la impunidad y el abuso de poder; son una condición y exigencia necesarias para todos los servidores públicos. Bajo este nuevo esquema, el servidor público que viole derechos humanos violará la Constitución.

De ahí que su observancia incondicional será uno de los retos a enfrentar para hacer efectiva su vigencia porque es indispensable que su cumplimiento se traduzca en hechos. Que lo que hasta ahora permanece como mero ideal, con esta orientación logre superar una realidad en la que la mayoría de los funcionarios están inmersos. La apuesta debe ser una amplia educación en la materia.

La obligación constitucional que a partir de ahora tendrá el Estado para fortalecer el proceso educativo basado en la enseñanza de derechos humanos es una decisión clave para que las presentes y futuras generaciones conozcan no sólo sus derechos, sino los mecanismos legales para hacerlos efectivos en el servicio público o bien desde la sociedad. Resulta innegable la necesidad de desarrollar estrategias de prevención a través de una efectiva educación y capacitación dirigida a los servidores públicos y a la sociedad en general.

El nuevo diseño institucional de organismos públicos de protección y defensa de derechos humanos se orientará en dos vertientes: la primera, para fortalecer su autonomía y la segunda, para dotarlos de competencia en los asuntos laborales, con lo que se amplía el ámbito de protección de las personas que habitan en nuestro país. Se supera un rezago histórico, ya que pese a que los derechos laborales son derechos humanos, la competencia para atenderlos se le había restado a los organismos públicos encargados de su defensa, con lo que se dejaba al margen a amplios sectores de la sociedad.

De igual forma, es preciso resaltar la manera en que la reforma modifica el diseño de la CNDH. A 21 años de su existencia inicia una nueva etapa institucional marcada por la incorporación de nuevas facultades, como pedir al Senado comparecencias de los funcionarios que se nieguen a cumplir o aceptar las recomendaciones, lo que le permitirá consolidarse como un organismo más transparente que de cara a la sociedad haga su labor comprometida con los derechos humanos. También se le otorga la facultad de investigar violaciones graves a los derechos humanos, atribución que antes tenía la Suprema Corte de Justicia. Además, el reconocimiento de las figuras de asilo y refugio compatibles con la postura humanitaria de México en el ámbito internacional, así como el deber del Estado de reparar los daños por violaciones a derechos humanos. De esta manera se permitirá, en lo posible, resarcir el daño por actos u omisiones contrarias a los derechos humanos. Sin duda, el camino por delante se presenta aún con muchas vicisitudes, por lo que es necesario afirmar que el objetivo debe ser el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones del país.

Ese propósito se logrará con la capacitación de servidores públicos y de la sociedad en general, además del cumplimiento de la función legal que a cada institución le ha sido encomendada en la búsqueda de que siempre se actúe en estricto apego al orden jurídico para hacer realidad el proyecto de nación al que aspiramos todos los mexicanos. La orientación de la reforma para asegurar el bienestar y la dignidad de todas las personas dota de nuevas herramientas a las instituciones del Estado para contribuir de manera decidida en la eliminación de acciones arbitrarias u omisiones injustificadas y del abuso de poder contra la población.

Para lograr estos objetivos hay que trabajar uniendo esfuerzos, difundiendo en qué consiste la reforma, convencidos de que si asumimos el reto todos, ciudadanos, Estado, organizaciones, defensores de la sociedad y comunicadores, como compromiso común, más temprano que tarde, muchos de los anhelos por un mejor país serán realidad. Estamos llamados a no quedar estáticos, hasta que logremos en gran medida convivir en una cultura de la legalidad en condiciones efectivas de seguridad, igualdad y respeto. Cultura donde todos exijamos a las autoridades atender nuestros derechos, pero también cumplamos con los deberes hacia nosotros mismos, nuestras familias, amigos, con la sociedad, las instituciones y con México.

Tengo la firme convicción de que esta reforma es el mejor legado de nuestra generación para la sociedad y las instituciones del mañana. Hoy representa la oportunidad que esperábamos para ir al reencuentro de los viejos principios de igualdad, seguridad y respeto que nuestra tradición jurídica constitucional nos ha heredado desde las constituciones de 1857 y 1917. Así, en la segunda década del siglo XXI entramos a una nueva etapa, con una Comisión Nacional de los Derechos Humanos más fortalecida, que sin duda estará cada vez más cerca de la sociedad y en defensa de las víctimas.

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos