En 2009 México fue sometido por primera vez al EPU y recibió 91 recomendaciones, de las que aceptó 83, rechazó
tres y cinco quedaron sin respuesta. Luego de dos años de que se plantearan, la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos
presentó un balance de su cumplimiento, en el que se señala que para su aplicación, para que lleguen a los funcionarios de las administraciones –estatales y municipales– que diseñan y aplican las políticas públicas, uno de los retos para México es lograr la coordinación entre las autoridades federales y los gobiernos locales. Entre éstas se ubican las relativas a la armonización legislativa.
En ese sentido, uno de los avances que se reconoce es la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada el 8 de marzo de 2011 y promulgada mediante decreto presidencial el pasado 9 de junio, que entre otras cosas eleva a rango constitucional los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. En torno a lo que en cambio no se ha avanzado mucho podemos mencionar la recomendación relativa a fortalecer, difundir, aplicar y evaluar el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, pues no ha sido difundido de manera suficiente y adecuada entre la población y entre las mismas autoridades. Además, el área de gobierno responsable de su aplicación, seguimiento y evaluación no cuenta con recursos económicos ni humanos para hacer efectivas sus líneas de acción. Tampoco existen metodologías de trabajo ni indicadores adecuados para verificar avances. Se adoptan decisiones sin consultar a las organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales ya están pensando en salirse del proceso. En el balance, las recomendaciones relativas a la situación social y económica de la población presentan también avances mínimos.
En materia de desigualdad, México ocupa el segundo lugar dentro del conjunto de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Mientras entidades como Nuevo León y el DF tienen indicadores de desarrollo humano equiparables a los de países europeos, Chiapas, Guerrero y Oaxaca mantienen niveles altos de pobreza, marginación y desigualdad. Se señala también que, en materia laboral, la reforma que se pretende aprobar es regresiva, pues permite e incrementa la flexibilización en la materia, la precarización del empleo y la ausencia de seguridad social para los trabajadores, particularmente para jóvenes y mujeres. Los contratos por horas o por actividad golpean igualmente los derechos sindicales.
Por otra parte, se mantiene una pobre educación para los pobres en materia de enseñanza para pueblos y comunidades indígenas, lo que se refleja en el hecho de que sólo uno por ciento de la población indígena que ingresa al nivel básico logra acceder a la educación superior.
Los megaproyectos y el ecoturismo son también algunos de los pretextos para apropiarse de los territorios y recursos naturales de poblaciones indígenas y campesinas, a quienes no se informa, consulta ni toma en cuenta. Acerca de las recomendaciones en torno a los derechos de las mujeres, la Red reporta que aún existen graves violaciones. Sólo de enero de 2009 a junio de 2010 fueron reportados mil 728 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados del país, de los que se presume que 890 son feminicidios. Por otro lado, la desaparición forzada continúa y no existe una política pública integral que abarque la prevención, investigación, sanción y reparación del daño a sus víctimas.
El EPU y otros mecanismos de la ONU han señalado también la necesidad de acabar con la práctica de la tortura en México, no obstante lo cual, sólo en 2009 el Comité contra la Tortura y la Impunidad registró 204 casos, de los cuales 71 corresponden a mujeres y 133 a hombres. Su aumento se vincula con la política de seguridad contra el crimen organizado y la vigencia del arraigo, figura sobre la que existen otras recomendaciones y que, a pesar de que debiera ser un recurso excepcional, en México es una práctica constante que demuestra las enormes deficiencias en materia de investigación y procuración de justicia.
El sistema penitenciario es otro de los focos rojos en el que las recomendaciones del EPU no han sido aplicadas. Al hacinamiento y las condiciones indignas de las cárceles y reclusorios mexicanos se suman hechos inadmisibles, como que 41 por ciento de la población penitenciaria no ha sido sentenciada.
En torno a las recomendaciones en materia de seguridad pública, la Red manifiesta su preocupación por la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, ya que implica:
1) La regularización de la fuerza armada permanente (FAP) en labores que constitucionalmente no le corresponden.
2) La criminalización de la protesta social pacífica de la defensa de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión, y
3) La ausencia de controles democráticos sobre la situación de la FAP en la atención a supuestas afectaciones a la seguridad interior
. Lo que se refleja en la aplicación extensiva de la jurisdicción militar a delitos constitutivos de violaciones de derechos humanos de civiles.
Las y los migrantes son víctimas de extorsión, secuestro o desaparición por el crimen organizado, al amparo de un marco legal aún deficiente y de autoridades omisas, y en ocasiones coludidas con la delincuencia. Y las personas defensoras y periodistas ven obstaculizada su labor y sus derechos, en un contexto de impunidad y falta de acceso a la justicia.
No obstante la
evolución del concepto de regeneración (propio de la Constitución de 1917), al de readaptación (1965), y en nuestro tiempo al de reinserción (2008), las condiciones de los reclusorios siguen siendo infrahumanas, lo que representa el caso más grave de violación sistemática de los derechos humanos. La imagen, en el penal de Tijuana conocido como El PueblitoFoto Carlos Ramos Mamahua
La razón de existir del Estado es impartir justicia y dar seguridad a su población. En la crítica etapa de nuestra historia que vivimos, estas premisas básicas no se cumplen. La inseguridad y la violencia crecen y hay deficiente impartición de justicia, con la consiguiente violación de derechos humanos de la población.
La justicia implica no sólo la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y un juicio transparente y expedito, sino el respeto a las garantías individuales y colectivas de todas las personas. El derecho a los servicios de salud, a un medio ambiente sano, al agua, así como al trabajo y a condiciones dignas en los centros de reclusión.
Si en todas estas garantías hay rezagos que superar, la situación de los ciudadanos en reclusión es el caso más grave de violación sistemática a los derechos humanos. No obstante la evolución del concepto de regeneración (propio de la Constitución de 1917) al de readaptación (1965), y en nuestro tiempo al de reinserción (2008), las condiciones de los reclusorios siguen siendo infrahumanas. Las internas e internos viven en hacinamiento insalubre y no se les da ninguna herramienta para reinsertarse en la sociedad. Por el contrario, las vejaciones y la promis- cuidad en que sobreviven es una constante violación al artículo 22 de la Constitución, que prohíbe penas inusitadas y trascendentes. En el caso de la población carcelaria, las penas son inusitadas y trascendentes, ya que viven en condiciones degradantes y sus familias tienen que conseguir recursos para que puedan subsistir. La peor situación, como en todas las violaciones a los derechos humanos, la enfrentan las mujeres, frecuentes víctimas de explotación sexual.
El pasado 23 de mayo, la Suprema Corte de Estados Unidos pronunció una sentencia histórica acerca del sistema de prisiones en California. Declaró que el hacinamiento significa una violación a los derechos humanos porque impone un trato cruel e inusitado a quienes están privados de su libertad, ya que el hacinamiento no está previsto por las leyes ni forma parte de la sentencia.
Si hay recursos para las campañas políticas, los debe haber para tener reclusorios dignos y para hacer que esta población se reinserte en la sociedad. Hoy los reclusorios son centros de degradación humana, donde ni son delincuentes todos los que están ni están todos los delincuentes que debían de estar. Hay un sinnúmero de órdenes de aprehensión que no se cumplen. La solución para combatir el delito no es aumentar las penas, sino una política social integral preventiva, suprimiendo la corrupción e impunidad.
Este año se cumplen 18 años de creación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la institución más joven del país en la materia. En este breve tiempo es mucho lo que se ha logrado en la defensa, protección y promoción de las garantías fundamentales de los habitantes de nuestra ciudad, gracias al compromiso social de sus integrantes.
Si nos remontamos a los orígenes de las instituciones defensoras de derechos humanos, vemos que en Suecia –su lugar de origen en el inicio del siglo XIX– el ombudsman se ha reducido a su mínima expresión, gracias a haber logrado, desde un siglo atrás, que las autoridades respeten los derechos de la ciudadanía.
En México, también en el siglo XIX, Ponciano Arriaga, cuyo bicentenario de nacimiento deberíamos estar celebrando en todo el país, tuvo la iniciativa de crear una institución para proteger al grupo más vulnerable y numeroso de la sociedad: los pobres. Arriaga instituyó en 1847 la Procuraduría de Pobres en San Luis Potosí, para ocuparse de la clase que definió como desvalida, abandonada a sí misma, vejada y oprimida
.
La Procuraduría de Pobres estaba facultada para exigir a las autoridades la inmediata reparación de cualquier agravio; ya en el orden judicial, ya en el orden político o militar del Estado
(artículo 2). En el artículo 7, se prevé que en el caso de que las autoridades no hicieran justicia, la Procuraduría de Pobres haría del conocimiento público tal hecho para obligar a la autoridad a que cumpliera con su deber. El liberal socialista cifraba en la fuerza de la opinión pública la autoridad moral de la procuraduría. Un buen gobierno sería aquel que respondiera positivamente a las recomendaciones de dicha procuraduría, ya que ésta era la forma de mejorar conjuntamente la situación de la parte marginada de la sociedad.
A casi dos siglos de distancia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de nuestra población siguen siendo una meta por alcanzar. Los bajos salarios tienen sumida en la miseria a gran parte de nuestra población.
Para orgullo de México, ciertamente nuestra ciudad va a la vanguardia del país en otros temas fundamentales de derechos humanos, como son los sexuales y reproductivos de todas las personas, independientemente de su identidad o preferencia sexual. En el Distrito Federal la mujer puede decidir sobre su cuerpo. También vamos a la vanguardia de México y de América Latina en las garantías de los homosexuales, legalizando sus derechos a contraer matrimonio y a adoptar. Frente a estos avances, lamentablemente, se produjo una reacción oscurantista en 18 estados de la República, en fla- grante violación del Estado laico mexicano. En dichas entidades se ha criminalizado a las mujeres con penas hasta de 35 años de prisión por decidir cuándo quieren y pueden ser madres, caso inédito en la historia penal de México. Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se ha sumado a la posición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de estas normas.
Otro avance sustantivo en nuestra ciudad es el derecho de los enfermos a una muerte digna; falta aún la eutanasia activa para respetar el derecho que tiene cada persona sobre su propia vida.
En contraste con los avances antes mencionados, tenemos todavía mucho que hacer para garantizar los derechos humanos de la infancia en situación de calle, de las mujeres y de la comunidad indígena, que siguen sufriendo discriminación y violencia, y de nuestros jóvenes, que caen en las redes criminales ante la falta de oportunidades.
De ahí la importancia de que nuestras autoridades acepten las recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal les hace, para enmendar y resarcir a la sociedad las violaciones u omisiones que puedan haber cometido. Son una ayuda para un buen gobierno. Es un acto de justicia que redundará en una mejor relación entre gobierno y ciudadanía para enfrentar la difícil coyuntura actual.
Que en el futuro no sean necesarios los ombudsman
Debemos aspirar a que en el futuro no sean necesarios los ombudsman y las comisiones defensoras de derechos humanos puedan reducirse a su mínima expresión, porque las autoridades cumplen con su deber y respetan las garantías de toda la población.
Para alcanzar lo que ahora parece una utopía son necesarias acciones paralelas: contar con un marco jurídico adecuado y que éste sea cumplido y respetado por sus autoridades, y conocido por la ciudadanía; políticas públicas que garanticen el respeto a los derechos humanos de todas las personas y una educación formal e informal que desarrolle una nueva cultura de respeto a las personas, independientemente de su sexo, origen étnico, edad, capacidad, ideología o preferencias sexuales. Una nueva mentalidad que dignifique lo hu- mano, la no violencia, la paz. Que la población en reclusión no vea crecer su tamaño y su amargura.
En este sentido, es de la mayor importancia la reforma constitucional recientemente aprobada, así como la Ley del Programa sobre Derechos Humanos de nuestra ciudad. La tensión entre la razón de Estado y los derechos humanos se resuelve mediante la aceptación de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos. La justicia y la equidad generan una convivencia pacífica y contribuyen a superar la violencia.
No podemos vernos en la paradoja de haber progresado en garantizar jurídicamente garantías fundamentales pese a la oposición retardataria, y que después no podamos darles vigencia y vivir un verdadero estado de derecho.
No es posible que se reformen la Constitución y las leyes y después no se cumplan. Debemos cambiar las normas y también las conductas. Les exhortamos a hacer ambas cosas.
Generar una cultura de respeto a los derechos de las personas, en la que todas sus autoridades acaten las garantías indi- viduales de su población, puede considerarse utópico, pero como bien ha señalado Eduardo Galeano, para eso sirven las utopías, para caminar.
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la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad. Adicionalmente se organizaron eventos paralelos en más de 30 ciudades en México y en más de 25 ciudades en América y Europa. Estos eventos sin precedente dejan grandes aprendizajes. 1) El tamaño de la tragedia. La Caravana del Consuelo puso en evidencia que el tamaño de la tragedia de inseguridad e impunidad en México es mucho mayor de lo que se creía. El paso de la caravana sirvió para visibilizar parte de la dimensión del sufrimiento que viven muchas personas en nuestro país. Es monumental el abandono del Estado a las víctimas, sobre todo de los gobiernos estatales responsables de investigar y sancionar los delitos del fuero común. El abandono en que se encuentran las víctimas en materia de reparación del daño, acompañamiento y solidaridad hace más grande el dolor y la tragedia.
Especialmente grave resultó la agenda de las desapariciones, a lo largo de todo el recorrido se escucharon innumerables testimonios de familiares las víctimas (de civiles o de servidores públicos), tarde o temprano esas historias saldrán a relucir. La justicia a los distintos niveles y poderes tiene una enorme responsabilidad.
2) La capacidad de la sociedad civil. Un recorrido como el que se hizo puso de manifiesto no sólo la gran generosidad de la gente que alimentó y hospedó por más una semana a 500 personas, sino una gran capacidad organizativa. La caravana demostró que la construcción de la paz y la esperanza mediante acciones no-violentas son un aporte extraordinario y refrescante desde la sociedad civil (en México y fuera de él), para intentar transformar el difícil contexto que vivimos. El ejemplo de la acción de la caravana en Monterrey ayuda a entender estas poderosas formas simbólicas de actuar: una niña cantando y un payaso brincando guiando a la manifestación que llegó a la Procuraduría de Nuevo León a media noche para ver que se atendiera a nueve casos de desaparición que habían sido denunciados (algunos desde hace más de cuatro años) y no han sido resueltos.
3) Nuevas identidades. El incipiente Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ofrece otras formas, estilos y lógicas de participar y contribuir a que México cambie. Confrontar a los poderes, a los partidos y a los políticos desde la ética ni es fácil ni necesariamente bienvenido. Son muchos los actores de izquierdas y derechas que se sienten agraviados y amenazados y reaccionan en consecuencia. También no son pocos los quieren marcar el rumbo, imponer la agenda o condicionar su incorporación o apoyo. Se hace necesario tener en claro que la identidad la constituyen las víctimas y que pone su centro en la no-violencia, que los seis puntos presentados el 8 de mayo constituyen la parte fundamental de la agenda y que el emplazamiento a los poderes para que asuman y cumplan su responsabilidad de Estado es indispensable.
A los y las ciudadanos no nos toca substituir a las autoridades, pero ellas tiene que asumir a cabalidad sus responsabilidades y actuar para garantizar nuestros derechos y defendernos de una delincuencia criminal cada vez más poderosa y presente. La lógica de las acciones no se ubica en demandas de juicios políticos ni en viejas arengas o consignas, sino en visibilizar a las víctimas, en recuperar su memoria y en recordar a autoridades y sociedad, como se hizo cuando se colocó la placa de Marisela Escobedo frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, que no podemos permitir la impunidad. Más allá del dolor, esta caravana generó múltiples esperanzas y aprendizajes, los eventos de Juárez toman su cauce y dimensión. Lo cierto es que, no sólo para quienes viajaron a bordo de los más de 30 vehículos que la conformaron, sino para todos los que vieron, escucharon, siguieron, atendieron y hablaron nada es igual.
Defensor de derechos humanos
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