Miguel Carbonell
Una valiente juez federal en Baja California se encargó hace unos días de recordarnos a todos algo que debería ser obvio en un Estado de derecho: que la justicia no puede perseguirse a cualquier precio o violando las normas del debido proceso legal. Muchos comentaristas han escrito que Jorge Hank es un personaje “oscuro”, con un “pasado discutible” y que tiene “una larga cola”.
Como ejercicio periodístico, todo eso encuadra dentro de la libertad de prensa y de expresión, pero no puede ser ofrecido como prueba para meter a una persona a la cárcel. La mala fama, una vida familiar muy poco edificante o un pésimo gusto para elegir su ropa no son elementos para abrirle a nadie un proceso penal.
Lo que la jueza Blanca Evelia Parra nos recordó es que si las autoridades quieren llevar ante la justicia a cualquier persona, deben cumplir con las formalidades que señalan la Constitución y las leyes. Y lo cierto es que, por lo que hasta ahora se ha sabido, en el caso de Jorge Hank Rhon esas formalidades no se cumplieron en modo alguno. Lo que sabemos hasta este momento es que un grupo de soldados llegó a un hotel de Tijuana a detener (sin orden judicial de cateo ni de aprehensión) a unos sujetos que portaban armas. Esos mismos sujetos (luego que supo que dos de ellos estaban en el hotel por casualidad; uno iba a reparar una lámpara descompuesta) señalaron que trabajaban para Hank Rhon y llevaron a los soldados hasta la casa del propio Hank, donde según ellos estaba el resto de las armas. Los soldados, casi a las cuatro de la madrugada, sin ninguna orden judicial de por medio y sin estar bajo el mando de ninguna autoridad civil, entraron en el domicilio, revisaron todas las instalaciones y arrestaron a 10 personas. Todo eso supone una violación constitucional flagrante, como acertadamente lo señaló la jueza Parra. Si no paramos ese tipo de abusos, ningún mexicano podrá sentirse seguro en su domicilio. ¿Se imagina el lector qué inseguridad tan grande supone el hecho de que los militares puedan entrar en cualquier casa, en plena madrugada, contando con el único elemento de que dos personas les dijeron que en el interior del domicilio hay armas? Ese tipo de actuaciones más bien parecen propias de un Estado autoritario y no de un Estado de derecho. Felipe Calderón, en su discurso ante los estudiantes de Stanford que se graduaron hace unos días, señalaba los abusos que se dieron en el pasado, incluyendo desapariciones forzadas. Lo cierto es que si el Presidente tiene información sobre esos hechos que no conozcamos, debería presentar una denuncia o instruir que se investiguen. Cabe recordar que la desaparición forzada no prescribe, por ser un delito continuado en el tiempo. Pero sobre todo, el Presidente debería estar muy preocupado por las cada vez más evidentes y groseras violaciones de derechos humanos que cometen sus subordinados, es de suponerse que sin el permiso o la tolerancia del jefe del Estado mexicano. Ya una vez el presidente Calderón dijo que estaba cansado de la cantaleta de las violaciones a derechos humanos. Infortunadamente para él, la cantaleta seguirá y es probable que se incremente con el paso del tiempo, conforme se sigan documentando los abusos que cometen el Ejército y la Marina, entre otras dependencias federales. Nunca en los últimos 20 años se habían podido acreditar tantos casos de tortura, trato inhumano o degradante, entrada en domicilio sin orden judicial, detención arbitraria, etcétera. Este sexenio puede acabar con el poco honorable premio de ser el que marcó el repunte en las violaciones de derechos humanos, sin que se pueda apreciar un avance real en ninguno de ellos. Es en este contexto en el que toma una gran importancia la actuación de jueces independientes, que se decidan a poner un alto a los abusos del poder. Claro que, viendo los sucesos del caso Hank, uno se pregunta qué hubiera pasado si el personaje en cuestión no hubiera sido un rico y muy conocido político. ¿Qué tipo de justicia puede esperar un simple ciudadano que no vive en una casa amurallada en la que hay cámaras por doquier que todo lo filman, y que no cuenta con tan buenos abogados como los que tuvo Hank para defenderlo? No cabe duda que, como bien demuestra la historia, si el poder público no tiene límites claros a su actuación, nuestras libertades y nuestros domicilios corren graves riesgos. Ningún presidente y ningún régimen democrático deberían permitirlo o tolerarlo. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Una valiente juez federal en Baja California se encargó hace unos días de recordarnos a todos algo que debería ser obvio en un Estado de derecho: que la justicia no puede perseguirse a cualquier precio o violando las normas del debido proceso legal. Muchos comentaristas han escrito que Jorge Hank es un personaje “oscuro”, con un “pasado discutible” y que tiene “una larga cola”.
Como ejercicio periodístico, todo eso encuadra dentro de la libertad de prensa y de expresión, pero no puede ser ofrecido como prueba para meter a una persona a la cárcel. La mala fama, una vida familiar muy poco edificante o un pésimo gusto para elegir su ropa no son elementos para abrirle a nadie un proceso penal.
Lo que la jueza Blanca Evelia Parra nos recordó es que si las autoridades quieren llevar ante la justicia a cualquier persona, deben cumplir con las formalidades que señalan la Constitución y las leyes. Y lo cierto es que, por lo que hasta ahora se ha sabido, en el caso de Jorge Hank Rhon esas formalidades no se cumplieron en modo alguno. Lo que sabemos hasta este momento es que un grupo de soldados llegó a un hotel de Tijuana a detener (sin orden judicial de cateo ni de aprehensión) a unos sujetos que portaban armas. Esos mismos sujetos (luego que supo que dos de ellos estaban en el hotel por casualidad; uno iba a reparar una lámpara descompuesta) señalaron que trabajaban para Hank Rhon y llevaron a los soldados hasta la casa del propio Hank, donde según ellos estaba el resto de las armas. Los soldados, casi a las cuatro de la madrugada, sin ninguna orden judicial de por medio y sin estar bajo el mando de ninguna autoridad civil, entraron en el domicilio, revisaron todas las instalaciones y arrestaron a 10 personas. Todo eso supone una violación constitucional flagrante, como acertadamente lo señaló la jueza Parra. Si no paramos ese tipo de abusos, ningún mexicano podrá sentirse seguro en su domicilio. ¿Se imagina el lector qué inseguridad tan grande supone el hecho de que los militares puedan entrar en cualquier casa, en plena madrugada, contando con el único elemento de que dos personas les dijeron que en el interior del domicilio hay armas? Ese tipo de actuaciones más bien parecen propias de un Estado autoritario y no de un Estado de derecho. Felipe Calderón, en su discurso ante los estudiantes de Stanford que se graduaron hace unos días, señalaba los abusos que se dieron en el pasado, incluyendo desapariciones forzadas. Lo cierto es que si el Presidente tiene información sobre esos hechos que no conozcamos, debería presentar una denuncia o instruir que se investiguen. Cabe recordar que la desaparición forzada no prescribe, por ser un delito continuado en el tiempo. Pero sobre todo, el Presidente debería estar muy preocupado por las cada vez más evidentes y groseras violaciones de derechos humanos que cometen sus subordinados, es de suponerse que sin el permiso o la tolerancia del jefe del Estado mexicano. Ya una vez el presidente Calderón dijo que estaba cansado de la cantaleta de las violaciones a derechos humanos. Infortunadamente para él, la cantaleta seguirá y es probable que se incremente con el paso del tiempo, conforme se sigan documentando los abusos que cometen el Ejército y la Marina, entre otras dependencias federales. Nunca en los últimos 20 años se habían podido acreditar tantos casos de tortura, trato inhumano o degradante, entrada en domicilio sin orden judicial, detención arbitraria, etcétera. Este sexenio puede acabar con el poco honorable premio de ser el que marcó el repunte en las violaciones de derechos humanos, sin que se pueda apreciar un avance real en ninguno de ellos. Es en este contexto en el que toma una gran importancia la actuación de jueces independientes, que se decidan a poner un alto a los abusos del poder. Claro que, viendo los sucesos del caso Hank, uno se pregunta qué hubiera pasado si el personaje en cuestión no hubiera sido un rico y muy conocido político. ¿Qué tipo de justicia puede esperar un simple ciudadano que no vive en una casa amurallada en la que hay cámaras por doquier que todo lo filman, y que no cuenta con tan buenos abogados como los que tuvo Hank para defenderlo? No cabe duda que, como bien demuestra la historia, si el poder público no tiene límites claros a su actuación, nuestras libertades y nuestros domicilios corren graves riesgos. Ningún presidente y ningún régimen democrático deberían permitirlo o tolerarlo. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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