Impunidad democrática

Irma Eréndira Sandoval

Sabemos bien que Jorge Hank Rhon y Pablo Salazar Mendiguchía no son los únicos políticos “con cola que les pisen”. En el México de la impunidad democrática, el abuso de autoridad para acumular recursos y poder no es la excepción sino la regla, y se manifiesta por igual entre todos los partidos. Lo excepcional de los políticos detenidos no son sus delitos, sino que sean llamados a cuentas.

Pero seguramente ni el ex alcalde de Tijuana, ni el ex gobernador de Chiapas serán sentenciados por los endebles delitos que se les imputan. Más temprano que tarde los hallaremos paseando junto con otros políticos impunes como Raúl Salinas, Oscar Espinosa, Mario Marín, Ulises Ruiz, Juan Molinar Horcasitas, Eduardo Bours, Zeferino Torreblanca, Amalia García, Sergio Estrada, Marta Sahagún y Fidel Herrera, por mencionar algunos casos emblemáticos.

La rendición de cuentas es una deuda del sistema de procuración de justicia. Hoy por hoy, lo que determina la suerte de una investigación criminal no es el profesionalismo o independencia de los MP, sino las órdenes de “sus superiores”, que deciden si el caso se resuelve o se archiva según las necesidades políticas del momento.
La total opacidad de la PGR y de las 32 procuradurías estatales impiden cualquier escrutinio público, lo que permite el uso faccioso de la ley. El inconstitucional Art. 16 del Código Federal de Procedimientos Penales ha cerrado el acceso a las averiguaciones previas. Asimismo, las denuncias en contra de los funcionarios de procuración de justicia se archivan tan rápido como se reciben. Por ejemplo, la Visitaduría General de la PGR, área responsable de investigar la corrupción dentro de la institución, tendría que contar con un robusto apoyo financiero así como una fuerte protección política para poder fungir como punta de lanza para una limpia general. Pero en los hechos esta oficina ha quedado totalmente relegada durante los cuatro años de la “guerra” de Felipe Calderón. Una situación similar ocurre con las oficinas correspondientes en las 32 entidades federativas. Simplemente no existe un sistema de control interno, externo o ciudadano en la procuración de justicia del país.

El sospechoso y vergonzoso extravío de la averiguación previa del asesinato de Armando Chavarría por parte la PGJ del estado de Guerrero precisamente durante los últimos días de la gestión de Torreblanca constituye otro ejemplo más de la inexistencia de un sistema de rendición de cuentas dentro del contexto de la “alternancia” política. En lugar de que la incertidumbre electoral haya generado incentivos para que los gobernantes se comporten con mayor honestidad y profesionalismo, resulta que más bien ha empujado a los políticos para innovar en materia de evasión y simulación jurídica.

Otro caso emblemático es el de Oaxaca, donde las auditorías del gobierno de Gabino Cué han revelado un desfalco por más de mil 735 millones de pesos durante la administración de Ulises Ruiz en dependencias tan importantes como el DIF, la Contraloría estatal y el Seguro Popular. Sin embargo, resulta que “casualmente” durante su mandato el ex gobernador “investigó” y exoneró a uno de los principales responsables de este masivo fraude, al ex tesorero estatal Miguel Ángel Ortega Habib. Hoy, la acción de la justicia en el nuevo gobierno se ve seriamente afectada, pues, como sabemos, nadie puede ser enjuiciado dos veces por el mismo delito.

En Zacatecas la ex gobernadora también ha sido exhibida en meses recientes por posibles desvíos de recursos públicos en áreas tan diversas como las secretarías de Finanzas, de Obras Públicas y el propio DIF. El nuevo gobernador, Miguel Alonso Reyes, denunció desfalcos por más de 2 mil millones de pesos. Sin embargo, después de un importante escándalo mediático a finales del año pasado, una vez más prevaleció la “reconciliación” y se implementó una operación cicatriz más que un ejercicio de rendición de cuentas. Lo más seguro es que después de los “arreglos” correspondientes simplemente se archivarán todos estos incómodos expedientes.

Si México quiere tener alguna esperanza de empezar a andar por la senda de la renovación institucional urge pasar de la lógica del “ajuste de cuentas” a la de la rendición de cuentas. Los políticos y gobernantes que delincan, independientemente de sus recursos, conexiones e influencias, no deben solamente realizar visitas de cortesía a la cárcel, sino quedarse encerrados una larga temporada por defraudar la confianza ciudadana y los principios democráticos.

http://www.irmaerendira.blogspot.com/
Investigadora y Coordinadora del Laboratorio
Anti-Corrupción del IIS-UNAM