Por Citlalli Vidal Otero
Es licenciada en ciencia política, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, y estudiante de la maestría G énero, Sociedad y Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
* ¿Cuáles son las causas por las cuales hay una participación mínima de las mujeres en las secretarías de Estado? ¿Qué tipo de ciudadanía tienen las mexicanas en un país que se autodenomina democrático? ¿Cuáles son las causas que contribuyen a la permanencia del techo de cristal? La autora responde a estas interrogantes.
"...es fundamental para la democracia la vigencia de los principios de igualdad y libertad para todos. Y para todas le agregaríamos las feministas que sabemos que el masculino no siempre engloba al femenino y que es mejor precisar que seguir quedando excluidas."
Line Bareiro, Construcción femenina de ciudadanía .
Introducción
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que México es una República representativa y democrática, en la que hombres y mujeres como ciudadanos y ciudadanas son iguales ante la Ley (Congreso de la Unión: 2011a).
La ciudadanía está relacionada con la pertenencia a una sociedad, por tal motivo, es necesario que el o la sujeto tenga los elementos para el disfrute pleno de la misma, es decir, que tenga acceso en igualdad de circunstancias a todos los derechos y no sólo a las obligaciones (Touraine: 1994).
Las mujeres mexicanas obtuvieron su ciudadanía en 1953 mediante el derecho al voto (Orantes: 2003, 51) y fue a partir de ese momento que, al menos en teoría, se podía aspirar al ejercicio de una participación activa, esto es, no sólo el derecho a elegir a sus líderes, sino la posibilidad de ser ellas mismas representantes de las y los mexicanos en todos los ámbitos, es decir, en el poder legislativo a través de una diputación o una senaduría y/o mediante la participación en el ejecutivo, ya sea como titular de una Secretaría de Estado, de una Gubernatura o de la Presidencia de la República.
La primera mujer que ocupó una titularidad en una Secretaría de Estado fue en 1980 (Álvarez: s/f, 5), desde entonces 16 mujeres lo han ocupado en contraste con 208 hombres que han ostentado el mismo puesto durante el mismo tiempo, es decir, 7.6% frente a 92.3% en seis periodos presidenciales. [2]
En el actual gobierno, seis mujeres han sido titulares, no obstante, sólo tres conservan el cargo de un total de 18 Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República [3], es decir, el 15% (INMUJERES: 2011a), en ese sentido, vale la pena cuestionarse si de las 57 millones de mujeres que habitan en el país (INEGI: 2010) ¿por qué solamente tres ocupan puestos de alto nivel de decisión?
El presente ensayo tiene como propósito indagar las posibles causas por las cuales hay una participación mínima de las mujeres en las Secretarías de Estado; en un primer momento se hablará sobre el tipo de ciudadanía que tienen las mexicanas en un país que se autodenomina democrático, para después indagar sobre las posibles causas que contribuyen a la permanencia del techo de cristal. Finalmente se expondrán algunas consideraciones que, a juicio de quien suscribe este trabajo, deberían incluirse para contribuir en la participación efectiva de las mujeres en el ejercicio de la ciudadanía.
Democracia y ciudadanía de género en México
Como se mencionó, la ciudadanía de las mujeres en México se garantiza constitucionalmente, ya que todas las personas nacidas en el país que sean mayores de 18 años pueden acceder a ella, asimismo, el ejercicio de los derechos humanos también está consagrados y existe legislación específica como por ejemplo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violenci a y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación . (Congreso de la Unión: 2011)
No obstante, haciendo eco de las críticas que las feministas de la igualdad han realizado a los gobiernos que se ostentan como democráticos, incluido México, la ciudadanía sólo es de carácter formal, ya que siguen persistiendo prácticas discriminatorias que vulneran su ejercicio. En ese sentido, los esfuerzos políticos y sociales en torno a ésta se ven rebasados ante un ambiente dominado por un sistema patriarcal y machista en el que los derechos de las mujeres se quedan en el papel, es decir, en donde la igualdad resulta insuficiente, cuando el contexto en el que se desenvuelven las mujeres propicia que las oportunidades estén fuera de su alcance (Dietz: 1987 y Mouffe: 2001a).
Ante este panorama, es viable afirmar que en México no existe una ciudadanía plena [4] para las mujeres, ya que éstas sólo pueden cumplir con ciertos elementos que caracterizan a este tipo de ciudadanía, por ejemplo, sí existe un compromiso de parte de las mexicanas, y se constata con las diversas manifestaciones que han realizado los movimientos de mujeres y de feministas para lograr la participación en los asuntos sociales y políticos del país, sin embargo, no se cumplen con las premisas básicas: asimilación e inclusión. [5]
No existe una asimilación porque las diferencias genéricas de las mujeres han sido utilizadas para justificar una especie de incompetencia para la participación, es decir, se han utilizado las características femeninas como un impedimento, ya que se les acusa de ser poco serias, de dejarse llevar por los sentimientos, además de que las funciones sociales que se les han asignado a las mujeres han servido como un grillete que insiste en mantenerlas en el ámbito privado.
Por tal motivo, se sostiene que no existe un panorama que favorezca la inclusión, ya que las diferencias existentes entre hombres y mujeres han provocado que ellas sean relegadas del ámbito público. Es preciso aclarar, que se considera esta afirmación en su carácter general, ya que es cierto, existen mujeres que han logrado ejercer plenamente su ciudadanía, siendo la excepción, y en este carácter excepcional no significa que sea regla.
Por lo tanto, se coincide con la afirmación de Phillips (1996a, 3) cuando asegura que ha habido una "incapacidad de dar respuesta a la promesa de igualdad política" a las mujeres.
Con base en lo anteriormente descrito, se considera que en México existe una ciudadanía restringida [6] ya que los derechos, al menos, formalmente son para todas las personas, sin embargo, algunos y especialmente todas no pueden ejercerlos.
El club de Tobi : "no se admiten niñas"
El Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales (IFE:2006, 84) establece que las candidaturas al Congreso de la Unión deben integrarse con al menos el 40% de candidatos/as propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad, sin embargo para el acceso a las Secretarías de Estado es competencia exclusiva del Presidente de la República, es decir, puede elegir y remover libremente al personal que integre el gabinete presidencial (Congreso de la Unión: 2011b) y esta elección no siempre considera a las mujeres para ocupar los puestos.
Como se mencionó anteriormente, en el actual sexenio existe una mínima participación femenina en las Secretarías de Estado, sólo hay dos Secretarias y la Procuradora de la República, lo que prueba que el techo de cristal resulta ser más que un mito, es decir, que esa barrera invisible que dificulta a las mujeres acceder a puestos de decisión (Burín: 2004a) sí existe y limita las oportunidades de participación y por lo tanto, el ejercicio pleno de la ciudadanía.
En un primer momento, resulta obvio considerar que las responsabilidades sociales que históricamente han sido asignadas a las mujeres, sean las causas por las cuales hay tan poca representación. La creencia de que ellas son las únicas responsables de realizar las labores domésticas y el cuidado de las y los hijos implica una fortísima presión social que en ocasiones las obliga a abandonar sus trabajos porque no tienen en donde o quien cuide a sus hijas/os, porque no hay quien realice las labores domésticas o simplemente porque no es bien visto que una mujer que tiene una familia esté fuera de casa (Burín: 2004b). Por lo tanto, resulta mucho más complicado considerar siquiera, un puesto laboral que no tenga un horario establecido y por otra parte, las condiciones descritas dificultan que las mujeres puedan profesionalizarse y por lo tanto ser candidatas. Asimismo, es fundamental tomar en cuenta que la culpa por ser una "mala madre" es un potente inhibidor de cualquier deseo de participación en el ámbito público para quienes son madres.
Por lo anteriormente descrito, parecería necesario que alguien más debe ocuparse de estas responsabilidades sociales para que éstas puedan tener acceso efectivo a la ciudadanía (Phillips: 1996b, 10), su incorporación ha contribuido en la visibilización de las situaciones de discriminación que la mujeres han enfrentado históricamente (Line: 1994, 3), por lo que esto no es más que la punta del iceberg, tal como lo sugiere Phillips (1996c, 2). Para muestra de ello, vale la pena cuestionar ¿qué pasa con aquellas mujeres que voluntariamente han decidido no tener familia? ¿Por qué no están consideradas?
A estas mujeres les ocurre lo mismo que a Alicia después de atravesar el espejo y querer dirigirse al jardín de las flores, dan tantas vueltas y hay tantos laberintos que da la impresión de no llegar a ningún lado (Carroll: 2002,42).
Las creencias acerca de las mujeres y el ejercicio del poder vuelven más duro el cristal que impide su participación igualitaria, la visión dicotómica que existe en relación a los géneros ha provocado una creencia generalizada de que las mujeres son naturalmente incapaces para el ejercicio del poder, es decir, persiste la falsa creencia de que el lugar natural en el que deben estar las mujeres es la casa, por lo que es común la afirmación de que no quieren o no pueden ocupar posiciones de poder.
Asimismo, la percepción que se tiene de las formas de actuar y de ser de las mujeres se convierten en argumentos en contra de su consideración y subsecuente elección a un puesto de poder, es decir, muchos detractores utilizan como argumento la "desestabilización" que padecen las mujeres a causa de sus hormonas y señalan que para ejercer estos cargos se requiere un "máximo de racionalidad" (Burín: 2004c), siendo los hombres quienes son capaces de poseer esta particularidad, por lo que se prefiere contratarlos a ellos por considerarle una opción viable y natural para el desempeño de un puesto de decisión.
En ese orden de ideas, no queda más que reafirmar y confirmar que el mito de la igualdad (Dietz: 1987,7) existente en la democracia mexicana es eso, un mito, ya que persiste una cultura discriminatoria en las instituciones públicas, hay una frecuente desvalorización de las capacidades y aportaciones de las mujeres en el ejercicio del poder, no hay mecanismos de participación y desarrollo efectivos y, permanece una cultura que sobrevalora la función social histórica de las mujeres en detrimento de su participación en el ámbito público (Inmujeres:2011b).
Conclusiones y posibles alternativas
Con lo anteriormente descrito, no se pretende instaurar un muro de lamentos que revictimice a las mujeres, ya que se considera que no necesariamente por ser mujeres se posee una especie de visión femenina que permita hacer las cosas de forma distinta, pero tampoco se insinúa que deben ignorarse las diferencias. En este sentido, no se coincide con Mouffe (2001b) cuando sostiene que "la diferencia sexual no debe ser una distinción pertinente", pues sí lo es. Las diferencias sexuales están ahí y han sido el pretexto para justificar las discriminaciones que las mujeres han enfrentado.
Las mujeres, por ser mujeres, poseemos una ciudadanía de segunda y esa situación difícilmente se va a erradicar. Es cierto, hay avances, pero como diría Amelia Valcárcel: "de poco en poco, se llega al país de nunca jamás" [7], y para lograr que verdaderamente haya un cambio es necesario considerar por lo menos, a juicio de quien escribe este ensayo, los siguientes aspectos:
• Es necesario establecer cuotas en los puestos de decisión, es decir, que al igual que en las diputaciones y las senadurías, la elección de titulares del gabinete presidencial consideren un porcentaje mínimo de participación femenina.
• Promover que los medios de comunicación realicen campañas en las que se fomente la participación activa de los hombres en las labores domésticas y el cuidado de la familia y se impulse el rechazo social hacia las actitudes y prácticas que conserven la falsa idea de que las mujeres deben permanecer en casa por obligación vital.
• Instaurar permisos de paternidad en instituciones públicas y de la iniciativa privada.
• Establecer protocolos que erradiquen la discriminación laboral hacia las mujeres.
Asimismo, se considera pertinente mencionar que se debe sensibilizar a la ciudadanía respecto a la necesidad de erradicar mitos en torno a las mujeres, es decir, el hecho de que una mujer obtenga un puesto de decisión, no quiere decir que por arte de magia las cosas van a cambiar, puede que así ocurra, pero tampoco es garantía.
Las mujeres merecemos tener las mismas oportunidades, pero no como un privilegio, sino como un derecho. Aspiramos a una ciudadanía plena en la que a hombres y mujeres se nos reconozca como iguales y al mismo tiempo se nos respeten nuestras diferencias, ambos elementos, básicos para una verdadera democracia.
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