Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Cada año, al concluir la primera quincena de febrero, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entrega a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el informe sobre la revisión de la cuenta pública del ejercicio antepasado (ahora se trata de la del 2010) se desatan las denuncias de los partidos de oposición y los escándalos mediáticos por el gran número de irregularidades detectadas.
La única diferencia en esta ocasión es que nos hallamos en un año electoral y, por lo tanto, los partidos que hoy son de oposición levantan un poco más la voz y amenazan con presentar más denuncias penales de lo que normalmente hacen, aunque el informe del auditor es muy similar a otros y sólo cambian los números y los presuntos responsables.
De acuerdo con dicho informe, se interpusieron mil 893 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública con el fin de que los responsables de los órganos de control interno de las respectivas dependencias inicien la integración de los expedientes para eventualmente imponer sanciones administrativas a los servidores públicos responsables.
Sin embargo, todavía no terminaba el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, de presentar su informe cuando el secretario de la Función Pública, Rafael Morgan, ya minimizaba dichas promociones, pues señalaba que “la información ni es definitiva ni hay hechos consumados; todavía están en el proceso de observación y vigilancia, de solventación o a lo mejor de asignación de algún castigo”.
El auditor también presentó 98 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República, cifra que rebasa todas las correspondientes a las revisiones de 1998 a 2009, y que casi triplica las 34 del 2009. Al respecto, el mismo Morgan señaló que la revisión del auditor “no queda completa porque sus tiempos no le permiten más”. Así, aunque la responsabilidad de iniciar las investigaciones y, en su caso, integrar la averiguación previa es de la PGR, el contralor se adelantó a descalificar las denuncias.
Y es que de nada sirve la buena o mala actuación del auditor, ya que la ASF no puede imponer ninguna sanción administrativa o penal, sino únicamente lograr el resarcimiento de los daños económicos, por lo cual la gran mayoría de las ilegalidades quedan sin castigo. Cierto, como dice el mismo auditor, no puede ser la misma instancia la que revise, integre el expediente y sancione, pero tampoco es posible dejar la responsabilidad del castigo en manos de los mismos que violaron la ley, que es exactamente lo que sucede hoy.
Es decir, esta vez el responsable de decidir la imposición de las sanciones administrativas es el titular del órgano de control interno de cada una de las dependencias, y aunque formalmente dicho órgano depende de la Secretaría de la Función Pública, en realidad quien decide imponerlas es el titular de cada dependencia, o sea, el secretario o el director general. Así, en algunos casos el titular del órgano de control interno estaría ante la aberración de que tendría que sancionar a su jefe real. El resultado es que la gran mayoría de los casos, tal como se apresuró a señalar Morgan, finalmente terminan en absoluciones.
En la actualidad, el mismo auditor propone la integración de un Tribunal Federal Autónomo para respetar la división de poderes y, al mismo tiempo, evitar los clarísimos conflictos de interés. Otros especialistas han propuesto que sea la misma Auditoría la que imponga las sanciones, tomando en cuenta que los afectados siempre tienen la instancia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para recurrir dichas sanciones, o la vía del amparo en el Poder Judicial.
La propuesta del auditor de crear un órgano autónomo que tenga incluso facultades para sancionar administrativamente a los funcionarios de los tres poderes, así como de los gobiernos estatales y municipales, es acertada, pues se atacarían varios problemas con una misma solución. Obviamente, en las otras instancias de gobierno sucede lo mismo que en el federal, por lo que también empoderarían a órganos garantes de la transparencia que asimismo dispondrían de una instancia autónoma para la aplicación de las sanciones.
En lo que se refiere a las responsabilidades penales, lo que sucede nuevamente es que la PGR obedece las instrucciones del presidente y, por lo tanto, únicamente se integran averiguaciones previas y se consigna ante el Poder Judicial cuando existe el interés político de hacerlo, y no necesariamente cuando hay elementos para ello. En este caso la solución es mucho más sencilla, ya que no hay que crear ninguna nueva instancia, simplemente concederle a la misma Auditoría la atribución de integrar los expedientes y consignar directamente ante el Poder Judicial, de modo que serían los jueces los responsables de sancionar o exonerar.
La lógica es muy sencilla en ambos casos: quien acusa no debe ser el mismo que sanciona; pero quien sanciona tampoco puede ser un subordinado de quien eventualmente será sancionado, es decir, en ninguno de los dos casos se puede ser juez y parte, que es justamente lo que hoy sucede en las instancias responsables de decidir sobre la aplicación o no de la sanción penal y administrativa.
Como bien señala Irma Sandoval, estudiosa del tema, en las condiciones actuales “la labor de la ASF solamente abona el aumento de la sospecha y la desconfianza en el gobierno”, ya que se conocen las ilegalidades, pero éstas no tienen ninguna consecuencia para los responsables, que en algunos casos son delincuentes que no sólo no reciben ninguna sanción, sino que –en muchas ocasiones– siguen viviendo del presupuesto público al brincar de un puesto a otro. Definitivamente, el actual mecanismo de revisión de la cuenta pública no es funcional y únicamente contribuye a incrementar el descrédito de los políticos y del gobierno.
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