Es preciso que la ciudadanía entienda que mientras no haya avances concretos en la democratización de la vida política nacional, los problemas de inseguridad y de violencia seguirán siendo el común denominador. Por más que mejore el sistema carcelario del país, por más recursos que se destinen al aparato policial y a las fuerzas armadas, por más firmeza que ponga el Ejecutivo en el combate al crimen organizado, la realidad seguirá siendo contraria al objetivo de lograr una paz social duradera que favorezca una gobernabilidad sustentable.
En el último tramo del sexenio, no obstante todo lo que ha gastado el “gobierno” de Felipe Calderón en su fallida estrategia anticrimen, a pesar de que ésta ha sido medular en su administración, aun cuando se hayan descabezado los principales cárteles del narcotráfico, es un hecho inobjetable que los problemas de violencia y de inseguridad pública son ahora más dramáticos que al iniciarse el sexenio. Esto demuestra que no tiene sentido utilizar toda la fuerza del Estado para dizque acabar a la delincuencia organizada, si paralelamente no se corrigen de raíz las causas que generan el problema.
En los meses que restan para que finalice este malhadado sexenio, sin duda el último del PAN al frente del Estado mexicano, el inquilino de Los Pinos hará hincapié en el tema penitenciario, como si de la construcción de más reclusorios dependiera la democratización de la vida política nacional, o cuando menos significara la solución de fondo a la violencia que se vive en la mayor parte del territorio nacional. Cabe subrayar que aun cuando haya en la nación más y mejores penales, los problemas de inseguridad y de violencia extrema seguirán igual o peor, porque incluso se volverá un negocio más atractivo “administrar” las cárceles, dado que la corrupción en su interior adquirirá niveles más rentables.
Así lo entiende el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, quien previamente a la inauguración del penal de El Rincón, afirmó que “para nosotros no es buena noticia recibir más presos; no queremos más inseguridad, no queremos que aquí sea el resumidero de presos federales”. Por tal declaración Felipe Calderón canceló su gira a dicha entidad federativa, y en su representación envío a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública. Según este, “es mentira que la violencia y la inseguridad del estado se deban a la presencia del penal federal… La inseguridad pública y la violencia en Nayarit obedecen al deterioro estructural de las instituciones de seguridad local”.
Queda claro, según la óptica de García Luna, que si hay conflictos en las cárceles, estos son atribuibles a la incapacidad de los gobiernos estatales. Pero si los resultados son satisfactorios se debe a los buenos oficios del gobierno federal. Tal forma de ver las cosas es muy esquemática, pues finalmente la inseguridad pública es un problema nacional que ha sido alimentado por la persistencia de un ambiente político comparable al feudalismo, como sucede actualmente debido a que los gobernadores se han estado manejando, a partir de la instauración de una alternancia fallida, como señores feudales que no obedecen a reglas institucionales de corte federal.
Se constata que la alternancia en el Ejecutivo sólo produjo un mayor relajamiento de la vida institucional del país. No hubo ningún avance significativo que contribuyera a mejorar la estructura del Estado, sino todo lo contrario, como lo patentiza la realidad nacional a nueve meses de que concluya el sexenio. La famosa Iniciativa Mérida no trajo algo que se considerara favorable al país, sino al contrario como lo demuestra que ahora es mucho más dura y abierta la injerencia estadounidense en la vida nacional. Por eso uno de los asuntos prioritarios del nuevo gobierno federal deberá ser la negociación de una relación bilateral con Estados Unidos basada en acuerdos que favorezcan el desarrollo social de los mexicanos, no sólo las medidas policíacas.
Democracia y justicia social, el lema olvidado de los priístas originales, sigue siendo una meta ineludible que tendrá que alcanzarse en los próximos años para poner fin a tanta violencia en el país. Es por demás obvio que no serán los priístas, mucho menos los panistas, quienes podrían impulsar esos dos grandes objetivos nacionales, porque ambos están maniatados por intereses contrarios a tales metas. No les queda otra opción que continuar por la ruta trazada por los tecnócratas hace tres décadas, la cual sólo contribuye a crear más pobreza, más desempleo, más carestía de la vida, como lo patentiza la realidad.
De ahí la urgencia de un cambio de fondo en el modelo de desarrollo, que propicie una vida institucional que permita mejores niveles de vida para las clases mayoritarias, única alternativa para desterrar la violencia y la inseguridad pública, y así no haya necesidad de construir más cárceles y puedan destinarse esos recursos al desarrollo social que demanda una nación con un gran futuro.
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