Sufren embestida legal por oponerse a proyecto eólico
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 27 feb 12 (CIMAC).- Organizaciones civiles acusaron que bajo el pretexto de proteger el medio ambiente y generar energía renovable, el gobierno federal y las autoridades de Oaxaca violentan los derechos de los pueblos indígenas y persiguen a las y los activistas sociales.
En conferencia de prensa, Bettina Cruz, defensora de la tierra y el territorio en Oaxaca, advirtió que hay un clima de intimidación contra las y los defensores de Derechos Humanos (DH) que protestan contra el proyecto eólico que la empresa Demex, subsidiaria de la española Renovalia Energy, pretende realizar en la región del Istmo.
La líder de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio, quien aún enfrenta un proceso legal acusada de atentar contra “el consumo y la riqueza nacional y de privación ilegal de la libertad”, explicó que un ejemplo de la represión contra el movimiento fue su detención y posterior liberación.
Cruz señaló que ella y cerca de 40 defensoras y defensores más son perseguidos jurídicamente sólo por defender sus tierras y exigir que no se lleve a cabo el parque eólico, el cual es apoyado por el gobierno federal a través de los bancos Nafinsa, Banobras y Bancomext.
Indicó que entre las defensoras amenazadas están Maribel González, Guadalupe Ramos y Miriam Zárate, quienes acusaron que este “proyecto verde” –como lo llaman las autoridades– está repleto de irregularidades al omitir normas de uso de suelo, o firmar contratos con pequeños propietarios cuando la tierra es de propiedad comunal o ejidal.
DEFENSORAS EN RIESGO
Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDTT), recordó que desde 2008 se ha documentado que las organizaciones y activistas que protestan contra proyectos mineros o hidroeléctricos, son reprimidos por defender sus derechos.
Raczynska mencionó que cuando se tocan los intereses económicos de trasnacionales y autoridades, ya sean estatales o federales, se utilizan los procesos legales para obstaculizar el trabajo de las y los defensores, lo que amedrenta a los activistas y deja en la indefensión a las víctimas o pueblos afectados.
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), criticó que la Procuraduría General de la República (PGR) integrara una averiguación previa con tanta rapidez para encarcelar a una defensora cuando no es capaz de investigar a quienes la atacaron.
Desde el pasado 14 de noviembre Bettina cuenta con medidas cautelares emitidas por la Defensoría de Derechos Humanos del estado de Oaxaca y otorgadas por el gobierno estatal. No obstante el 28 de octubre, ella junto con otros integrantes del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, fue agredida físicamente.
El 21 de febrero pasado elementos de la PGR detuvieron a Bettina y la tuvieron incomunicada por cuatro horas; posteriormente la trasladaron al Reclusorio Regional de Tehuantepec, lugar que abandonó la madrugada del pasado viernes luego de pagar una fianza. Sin embargo aún enfrenta el proceso legal ante el juzgado sexto de Distrito de Oaxaca.
“AUTORIDADES CÓMPLICES”
Ante la inconformidad de habitantes de la región del Itsmo de Tehuantepec por la construcción de uno de los parques eólicos más grandes de América Latina, las autoridades mexicanas, tanto estatales como federales, permiten que se violenten los derechos de los pueblos indígenas, acusó el activista Ben Cokelet.
El también fundador de PODER (Proyecto sobre organización, desarrollo, educación e investigación, por sus siglas en inglés, con sede en Nueva York), aseguró que el proyecto eólico que se pretende en Oaxaca no beneficiará a la sociedad mexicana.
Indicó que el gobierno mexicano pretende realizar este parque con el objetivo de aprovechar los fondos de inversión climática que otorga la ONU, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y los cuales son para generar energía renovable y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Sin embargo indicó que los habitantes de la zona no podrán aprovechar la energía eléctrica que se genera, toda vez que será para empresas trasnacionales.
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