Unas
59 empresas mineras fueron identificadas por la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) “como presuntas evasoras fiscales”, entre ellas se
encuentran las filiales de Grupo México, propiedad de uno de los hombres
más ricos del país, Germán Larrea, Buena Vista del Cobre, SA de CV e
Industrial Minera México.
Buena Vista del Cobre, SA de CV es la
misma que derramó 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre
acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora. La empresa ha sido catalogada
como una de las que incumplen con la legislación ambiental mexicana.
La
segunda compañía del empresario Germán Larrea, Industrial Minera
México, tiene en su historial la muerte de 65 de sus trabajadores tras
la explosión de la Mina 8 “Pasta de Conchos”, hace 11 años.
El Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2015
indica que el Servicio de Administración Tributaria deberá instruir a
la Administración General de Grandes Contribuyentes para que ejerza su
facultad de comprobación de 59 contribuyentes… “que cuentan con títulos
de concesiones mineras, que se identificaron como presuntos evasores, a
fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a
que no realizaron el pago de los derechos especial, adicional o
extraordinario de minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de
la Ley Federal de Derechos”.
En la lista de Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), también se identifica a otras de las grandes
mexicanas como: Exploraciones Mineras Peñoles, Cementos Apasco y
Cementos Moctezuma.
Aparece la Compañía Minera Cuzcatlán,
subsidiaria de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, que a su paso
por San José del Progreso, Oaxaca, ha dejado conflictividad social. El
asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, opositor a esta minera, se dio el
15 de marzo de 2012, en aquel municipio.
En la lista de registros
fiscales también se encuentran los relacionados con Arcelormittal
México, SA de CV; Mexichem Fluor, SA de CV; Minera Corner Bay, SA de CV,
First Majestic Plata, SA de CV, Agnico Eagle México, SA de CV, entre
otras.
Mayra Montserrat Eslava Galicia, académica de la Facultad
de Estudios Superiores Aragón, comenta que con esto “se ve la mínima
recaudación de impuestos que hay en este sector. Se ha venido fomentando
el apoyo a la industria minera, para que se quede en el país; sin
embargo, no hay una recaudación efectiva de impuestos.
“También,
vemos que la gente que trabaja para ellos y la que está a su alrededor
no vive en condiciones favorables, no hay beneficio. El Estado no ha
cumplido con su papel de administrar y revisar”, dice la investigadora.
Obligaciones incumplidas
La
posible evasión de estos impuestos perjudica a la hacienda pública,
pues los ingresos que obtenga el gobierno federal derivado de la
aplicación de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y
270 en la Ley Federal de Derechos, se destinarán a programas de
infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación
del ejercicio que corresponda.
El artículo 268 de la Ley Federal
de Derechos se refiere a que los titulares de concesiones y asignaciones
mineras que obtuvieron ingresos por la enajenación o venta de la
actividad extractiva, deberán pagar una tasa del 7.5 por ciento sobre
sus ingresos.
El artículo 269 de la Ley aplica para los titulares
de concesiones que no ejecuten obras y trabajos de exploración y
explotación durante dos años continuos. Éstos deberán aportar las cuotas
señaladas en el artículo 263, fracción VI, de la Ley Federal de
Derechos, por hectárea concesionada.
En tanto que el artículo 27
obliga a titulares de concesiones y asignaciones mineras que obtengan
ingresos por la enajenación de oro, plata y platino a pagar el 0.5 por
ciento.
Mineras dejan sólo el 1.3 % de lo que extraen
Desde
la colonia, México ha sido uno de los países más atractivos para la
explotación de recursos minerales, oro y plata principalmente. Las
compañías dedicadas a la extracción de estos recursos, en su mayoría
canadienses, han sacado del país más de 1 mil 700 millones de pesos, y
sólo pagaron 22.3 millones de pesos. Es decir, de la riqueza explotada
sólo se ha quedado para beneficio nacional el 1.3 por ciento, en los
últimos nueve años.
La Evaluación núm. 1579-DE “Política Pública de Minería”,
elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revela las
deficiencias del sistema controlado por la Secretaría de Economía,
encabezada por Ildefonso Guajardo.
En el dictamen, el máximo
órgano de fiscalización del país indica que esta dependencia “no tiene
sistemas de control de la información eficientes para manejar el total
de concesiones, hectáreas, toneladas de minerales explotadas, visitas de
inspección, incumplimientos y sanciones que permitan aumentar el
porcentaje de derechos, además de que se otorga al titular de las
concesiones la atribución de realizar el cálculo de los derechos de su
concesión, así como realizar correctamente los pagos”.
El
organismo encabezado por Manuel Portal Martínez, documentó que del
total de derechos pagados respecto del valor que representó el total de
minerales explotados en el periodo 2006-2015, sólo se obtuvo el 1.3 por
ciento en todo el periodo, lo que representa apenas 22 millones 397 mil
pesos de los 1 mil 714 millones 342 mil 700 pesos que generó la
explotación de oro, plata, cobre, zinc, plomo, sal, fierro, yeso,
dolomita, entre otros.
Francisco López Bárcenas, coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México,
comenta que la Auditoría está confirmando lo “irrisorio” que es el
cobro de derechos. En 2012, recuerda, la misma auditoría dijo que era
más caro recaudar lo que establecía la Ley que lo que se proponía, por
lo que sugirió revisar la disposición oficial.
También, dice el
especialista en el tema: “hay que revisar que la Ley Federal de Derechos
establece los pagos por hectárea, no por mineral, y eso es demasiado
inequitativo para el país, no es lo mismo sacar arena, cemento, que oro.
La Ley Minera es como el pliego petitorio de los industriales de la
minería”.
Los porcentajes
En su epígrafe, el informe
indica que el mismo año en que se auditó esta actividad, “México fue el
primer productor de plata, el primer destino en inversión en exploración
minera en América Latina y el quinto con el mejor ambiente para hacer
negocios mineros; de ahí la necesidad de garantizar su sustentabilidad, a
fin de alcanzar un equilibrio económico, social y ambiental”.
El
1.3 por ciento de “ganancia” por el pago de derechos para la explotación
de recursos minerales es una de las cifras más altas para la
recaudación de la Hacienda Pública; hubo años fiscales en que las
contribuciones ni siquiera alcanzaron el 1 por ciento.
La ASF
muestra que el 2015, en que se llevó a cabo la auditoría, los derechos
pagados significaron el 0.9 por ciento del valor de explotación, que
alcanzó 209 millones 992 mil 800 pesos y sólo entró a las finanzas del
país 1millón 965 mil 100 pesos.
En 2013 fue cuando más recursos se
captaron por este concepto y apenas se alcanzaron los 2 puntos
porcentuales; es decir, de los 210 millones 342 mil 300 de pesos que
obtuvieron de ganancias las mineras, sólo pagaron 1 millón 965 mil 100
pesos.
Los conflictos mineros
Además, del saqueo al erario
que significa esta actividad en territorio nacional, la minería ha
generado 39 conflictos en el país, pendientes por resolver, según datos
del Datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina y la
información más reciente de la prensa nacional.
En
uno de los dos conflictos que se agregaron a la lista, apenas en enero
pasado, se informó que dos trabajadores de la minera Gold Resource
Corporation habían perdido la vida. En tanto, la canadiense Panamerican
Silver fue acusada de despojo por habitantes de la comunidad zacatecana
La Colorada, municipio de Chalchihuites.
Jen Moore, coordinadora
del programa para América Latina de Alerta Minera Canadá (Mining Watch
Canada), comenta que lo que dejan las mineras en materia económica no es
nada comparado con la destrucción social y ambiental que ocasionan a su
paso.
“Su interés es mezquino y cada vez pugnan más por evitar
los pagos a los que están obligados. Aunado a ellos, muchas de ellas se
han vinculado al crimen organizado y esto está ocurriendo en toda la
región”, dice la especialista.
La explotación de las mineras
también ha provocado conflictos territoriales y ambientales. EL informe
de la ASF dice que los procesos de explotación y beneficio de minerales,
traen consigo daño y deterioro ambiental, “sobre todo en aquellas áreas
donde se aplican metodologías adoptadas para explotaciones a cielo
abierto y el empleo en procesos metalúrgicos de insumos de considerados
contaminantes como son los agentes lixiviantes. Por ello, en las
operaciones de la actividad minera, deben ser reguladas y supervisadas, a
fin de garantizar que se cumplan con las medidas de seguridad en
materia ambiental”.
También da cuenta de que el 89 por ciento de
los proyectos vigentes en el país no fueron inspeccionados por la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en los últimos 15 años.
Esta situación “permite abatir el impacto ambiental que produce la
actividad minera”, puntualiza el Informe.
Esta es una actividad
consume grandes cantidades de energía y agua, “lo cual resulta
particularmente problemático en las zonas áridas, donde deben compartir
escasos cursos de agua con las comunidades locales. Debido a la fuerte
demanda de agua que requieren casi todos los pasos del proceso de
minería, desde el control de polvos hasta la perforación, estas fuertes
demandas pueden poner en riesgo a los suministros limitados de agua de
los cuales dependen las comunidades locales”, documenta el libro Han destruido la vida en este lugar. Megaproyectos, violaciones a derechos humanos y ambientales en México, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Érika Ramírez
No hay comentarios.:
Publicar un comentario