Francisco López Bárcenas
Los planes del presidente de
Estados Unidos de construir un muro en la frontera de ese país con
México ha suscitado la reacción de los pueblos indígenas mexicanos que
habitan la frontera norte, afirmando que se opondrán a él porque
violenta sus derechos.
Este hecho ha puesto de manifiesto que, aunque en el centro de
nuestro país se mire poco, por esos lugares también se da el despojo de
su patrimonio por las grandes empresas. No es una situación novedosa,
pero sí más visible. Desde los años 60, el antropólogo Edward H. Spicer,
de la Universidad de California, estudiando a los pueblos yumanos y
yaquis, llegó a la conclusión de que históricamente habían sufrido tres
ciclos de la conquista: la española, la mexicana y la estadunidense.
Extrapolando la idea, podemos afirmar que los pueblos del norte del
país, como los del resto del territorio, viven un cuarto ciclo del
despojo: el del capital trasnacional.
Los primeros en levantar la voz fueron los tohono o’odhams, que
habitan ambos lados de la frontera, porque, de construirse, el muro
reforzaría su fractura, que se inició en 1847 con el Tratado de
Guadalupe Hidalgo, firmado después de la invasión estadunidense a
México, a través del cual se apoderaron de gran parte del territorio
nacional. El muro agravaría su situación, impidiéndoles siquiera
comunicarse entre unos y otros. Pero no son los únicos. En la misma
situación quedarían los cucapás, kiliwas, yaquis y rarámuris, que
constantemente tienen que cruzar la frontera para reunirse con los otros
miembros de sus pueblos. Si el muro se concreta, ya no podrán realizar
sus fiestas, ceremonias rituales y actividades económicas que hasta
ahora llevan a cabo para apoyarse unos a otros y seguir existiendo como
pueblos. La afectación del muro hacia ellos sería directa, por eso su
preocupación y su decisión de oponerse a él.
En todos estos pueblos existen proyectos de capital extranjero o
nacional para despojarlos de su patrimonio. Son conocidos, por la
resistencia que los afectados han realizado en su defensa, el acueducto
Independencia y el gasoducto Aguaprieta, filial de la trasnacional
Ienova y de su par Sempra Energy, en territorio yaqui, y el proyecto
turístico Barranca de Cobre, que va de Sinaloa hasta la frontera con
Estados Unidos, afectando varias comunidades rarámuris. Pero hay otros.
Están, por ejemplo, los proyectos mineros entre yaquis, rarámuris y
cucapás; los proyectos eólicos entre los kiliwas, que afectarían casi
todo su territorio; la explotación forestal, que afecta los rarámuris, y
los impedimentos para que los cucapás puedan realizar actividades
pesqueras, que es la actividad que el gobierno y los empresarios les han
dejado después de que, a través de los años, los han despojado de su
patrimonio.
Esta situación muestra claramente que el capital no tiene
fronteras y que el muro que llegara a construirse no será impedimento
para que siga adelante con sus planes depredatorios. Lo paradójico de
esta situación es que mientras los pueblos se defienden también en
territorio nacional, el gobierno, que dice proteger a los mexicanos que
viven en Estados Unidos facilita las condiciones para que quienes los
agreden allá también lo hagan de este lado. De hecho, algunas obras,
como el gasoducto Aguaprieta y el proyecto turístico Barranca de Cobre,
claramente cruzan la frontera y son financiados también con capital
estadunidense, mientras otros tienen injerencia política directa de
sectores del país vecino, como el caso de las restricciones a la pesca
por los cucapás, donde el gobierno mexicano, presionado por
ambientalistas estadunidenses, ha endurecido las medidas para otorgarles
guías que les permitan comercializar su producto.
Esta situación la entienden bien los indígenas de ambos lados, por
eso han comenzado a estrechar alianzas entre ellos. Es el caso de la
tribus siux de Standing Rock y río Cheyene, que se oponen a la decisión
del gobierno de Donald Trump de construir el oleoducto Dakota Access,
que había sido suspendido por el ex presidente Barack Obama. En días
pasados, se reunieron en territorio mexicano con pueblos nahuas que se
oponen a los megaproyectos y hablaron de la necesidad de construir una
alianza internacional que hermane sus luchas. Es el
caso
también de los indígenas migrantes, como el Frente Indígena de
Organizaciones Binacionales, con amplia presencia de mixtecos, zapotecos
y purépechas, que luchan de ambos lados de la frontera: allá para
defender sus derechos civiles, políticos y laborales, y acá la
autonomía, el territorio y los gobiernos de sus pueblos originarios.
No cabe duda, las agresivas políticas del gobierno estadunidense
afectan de manera directa no sólo a los pueblos indígenas que habitan la
frontera de ambos países, sino a todos, pero también crean una
situación inédita que puede ser transformada en oportunidad para que los
pueblos unan sus luchas, y las luchas de allá sean también las de acá, y
viceversa. Todo depende de la claridad que se tenga sobre la situación,
la capacidad para transformar la adversidad en oportunidad y la
estrategia que se use para potenciar las luchas. Finalmente, todas las
luchas indígenas coinciden en un aspecto: son luchas contra el despojo y
en defensa de la vida.
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