Luis Hernández Navarro
La Jornada
No le perdonan a Arturo
Campos Herrera ser quien es. Les resulta inadmisible que levante la
voz para nombrar lo innombrable. Les sabe a ofensa que ponga su cuerpo
por delante para denunciar lo inadmisible. Les parece intolerable que,
sin tener mayores estudios, defienda los derechos de los suyos
infinitamente mejor que muchos letrados. Los desquicia que hable con la
verdad, la suya y la de su pueblo. Les perturba que no se arredre. Por
eso, y no porque sea un delincuente, lo tienen tras las rejas desde el
1º de diciembre de 2013.
No olvidan que, cuando en 1998 la Secretaría de Salud de Guerrero
esterilizó con trampas a 17 indígenas na savi (gente de la lluvia o
mixtecos), Arturo lo denunció. Y tampoco que, cuando Severiano Lucas
Petra, el presidente del comité de mixtecos esterilizados, fue asesinado
a finales de 2000, Arturo levantó la voz.
Les parece un escándalo que, en 1998, Arturo Campos haya señalado al
Ejército por ejecutar a cuatro campesinos en la población de El Charco,
municipio de Ayutla, y exigir verdad, justicia y reparación integral
del daño.
¿Cómo se atreve? ¿Quién se cree él que es? ¿Acaso los indios no deben
guardar silencio?, tronaron los señores del poder contra Arturo,
cuando, en 2001, defendió con todo a las indígenas Valentina Rosendo
Cantú e Inés Fernández Ortega, violadas por militares.
Eran muchas las que Arturo les debía y por eso se las cobraron todas
juntas enviándolo al penal de alta seguridad de Almoloya, junto a
narcotraficantes, secuestradores y multihomicidas. No le podían admitir
una más. La gota que derramó el vaso fue su participación en la
formación de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, de la
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria
(CRAC-PC), y el éxito en el abatimiento de la delincuencia en la región.
A Arturo lo detuvieron el 1º de diciembre de 2013, al retirarse de un
mitin en el que se exigió la libertad de otros comunitarios presos. En
el acto de la campaña 12 días por la defensa de nuestra vida y libertad efectuado en Chilpancingo, Campos Herrera llamó a no olvidar a los detenidos.
Nos faltan a todos, advirtió. Al retirarse fue arrestado por policías, bajo la acusación de ser responsable de dos secuestros que nunca existieron.
Arturo Campos –nos recuerda Abel Barrera– quiso ser abogado, pero no
pudo porque nació en una familia pobre de siete hermanos y se volvió
huérfano de padre a los escasos tres años de edad. A pesar de eso,
defiende los derechos de los pueblos indios de manera notable. Su
autodidactismo es ejemplar.
A los 12 años dejó San Felipe, su comunidad, y se trasladó a Ayutla
para cursar la secundaria. Conoció allí, en carne propia la
discriminación y la explotación, haciendo mandados o labores de limpieza
para las familias acomodadas del municipio. A cambio, en un gesto de
supuesto
altruismo, los mestizos acomodados le permitían pernoctar en algún rincón de sus casas.
Al terminar la secundaria, Arturo no pudo seguir estudiando y debió
retornar a su pueblo a trabajar la tierra. Después, emigró a distintos
estados del norte para jornalear. La doble experiencia de hacer la
secundaria en Ayutla y viajar por el país como asalariado agrícola le
permitió aprender a hablar español con fluidez, arma excepcional para
defenderse y defender a los suyos, muchos de ellos monolingües.
El pasado 14 de febrero, en el juzgado de Tlapa, él explicó esa parte de su vida:
La gente en el pueblo me conoce bien, sabe mi historia como luchador social. Saben dónde nací y donde crecí. Yo me crié en el cerro en medio de la pobreza. Luché mucho para aprender a hablar el español y en Ayutla trabajé con las familias de ricos que sólo me daban de comer. Me eduqué como todos los niños del campo, trabajando en el cerro, comiendo tortilla fría(https://goo.gl/c7lTAa).
Arturo ha sido, a lo largo de sus 46 años de vida, un organizador
nato. Junto a sus compañeros promovió, desde 1997, la formación de la
Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, de la
cual fue secretario de 2000 a 2003. Y, en una muestra de cómo la lucha
indígena es también urbana, participó en los movimientos de las colonias
de la periferia de Ayutla para exigir servicios públicos. Gestionó la
clave de centro de trabajo para una escuela comunitaria. Y, en 2009, fue
nombrado presidente de padres de familia de la escuela Nueva Creación.
Contra la corriente, el equipo jurídico de Arturo ha ido derrotando a
quienes quieren perpetrar la aberración de tenerlo preso. En las causas
penales que se instruyeron en su contra por delincuencia organizada y
robo calificado, los jueces le otorgaron su libertad absoluta. Sus
defensores demostraron fehacientemente que no pertenece a ningún grupo
delincuencial ni ha robado.
Su participación en la CRAC-PC es resultado de que es integrante de
un pueblo indígena, que en el marco de nuestra pluriculturalidad posee
su propia forma de organizarse para cuidar su seguridad y sancionar las
conductas ilegales en su territorio. Se trata de un derecho reconocido a
los pueblos indígenas por la Constitución y el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo.
En Guerrero, la policía comunitaria –de la que Arturo forma parte–
tiene un marco normativo específico, que la reconoce y le da legalidad:
la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos
Indígenas del Estado de Guerrero. Por ello su actuación en el ejercicio
de sus funciones debe ser homologada a actos de autoridad.
En el juzgado Arturo admitió honrosamente ser
policía comunitario. Y añadió:
Me declaro inocente, no delincuente, porque los policías comunitarios no cometemos delitos de secuestro.
Víctimas
del uso retorcido, discrecional y faccioso de las leyes, Arturo Campos,
al igual que Gonzalo Molina, está preso por razones políticas. No hay
pruebas que demuestren su culpabilidad. Él y sus compañeros deben ser
liberados ¡ya!
Twitter: @lhan55
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