La Jornada
El Instituto Electoral del Estado
de México (IEEM) autorizó ayer el tope de gastos de campaña más elevado
en toda la historia de los comicios locales, de modo que cada uno de
los candidatos a la gubernatura podrá erogar 285 millones 566 mil 771
pesos con 27 centavos entre el 3 de abril y el 1º de junio, es decir,
cuatro millones 759 mil pesos diarios. Como en los comicios pasados, el
tope se fijó a partir de la fórmula contenida en el Código Electoral
mexiquense, la cual establece que 34 por ciento de la unidad de medida
(75.46 pesos) se multiplique por el número de electores inscritos en el
padrón electoral, que este año ascendió a 11 millones 126 mil
ciudadanos.
Para poner en contexto la cantidad de dinero que puede gastar
legalmente cada candidato a la gubernatura de la entidad más poblada del
país, cabe señalar que, de haberse aplicado la fórmula vigente en el
estado de México, las elecciones del año pasado en Veracruz habrían
tenido un tope de gastos de más de 145 millones de pesos por candidato,
casi el doble de los 87 millones autorizados. La cifra, además, resulta
más de mil por ciento superior a las erogadas en las elecciones de
Zacatecas o Hidalgo, donde las campañas a la gubernatura realizadas en
2016 tuvieron topes de 25 millones 390 mil y 22 millones 300 mil pesos,
respectivamente.
Los datos previos permiten hablar de una manifiesta disparidad entre
el estado de México y las demás entidades en cuanto a los recursos
económicos que pueden movilizarse durante las campañas locales
–justificada por el IEEM debido al tamaño del padrón electoral, que
ciertamente es el más grande del país–, pero ésta no es la única razón
para considerar que se trata de un monto desproporcionado y claramente
indefendible en la actual coyuntura local y nacional.
Es menester mencionar tres elementos de gravedad que forman
parte insoslayable del debate público y cuya consideración resulta de
sentido común al fijar los costos de un proceso democrático. Por una
parte, los alarmantes niveles de pobreza reportados por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval),
según los cuales uno de cada cinco mexicanos padece hambre y apenas dos
de cada 10 habitantes del país viven libres de cualquier forma de
pobreza o vulnerabilidad. En segundo lugar, el crecimiento desorbitado
de la deuda pública que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), ha crecido 3 mil 580 millones de pesos diarios
en los pasados 12 meses, hasta alcanzar un récord de 9 billones 817 mil
223.6 millones de pesos. Tampoco pueden ignorarse los continuos recortes
a las previsiones de crecimiento económico, el cual hoy se estima entre
1.5 y 1.7 por ciento, muy por debajo de la inflación y de lo que
requiere la incorporación de los jóvenes a la población económicamente
activa.
Si a estas consideraciones se suma el grave dispendio que en términos
ecológicos representa el estilo vigente de solicitar el voto de los
ciudadanos –como muestran de manera por demás elocuente las toneladas de
basura electoral
recogidas
por el personal de limpieza de municipios y delegaciones al término de
cada campaña–, y el fracaso palmario que significan para una democracia
los altísimos porcentajes de abstención que se repiten cada jornada
electoral, no queda sino señalar la necesidad y la urgencia de modificar
el formato de las campañas por uno que demuestre sensibilidad ante la
situación de las mayorías sociales y permita recoger de manera efectiva y
responsable la voluntad popular.
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