By Zósimo Camacho @zosimo_contra
La
trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo.
Por encima de él sólo figuran el tráfico de drogas y el tráfico de
armas. Según estimaciones del Foro de Viena para Combatir la Trata de
Personas, este delito genera ganancias anuales por 36 mil millones de
dólares.
Más
allá de los dineros que se embolsan los integrantes de la delincuencia
organizada que participan en este tráfico y venta de niños, mujeres y
hombres, el saldo social y el drama humano son incuantificables. Cómo se
recupera y se reconcilia con la sociedad un niño que ha sido sometido a
explotación sexual y laboral; una mujer reducida al silencio y a la
servidumbre por lustros; un joven esclavizado para realizar trabajos
forzados… Centenas de miles por todo el mundo hoy están padeciendo la
más absoluta de las explotaciones. Y ni siquiera sabemos cuántos,
víctimas de este tipo de delitos, han sucumbido en el último decenio y
antes de morir sólo pudieron ver el rostro impune de sus verdugos. Para
decirlo con el brillante anarquista, abogado y criminólogo de finales
del siglo XIX y principios del XX Pietro Gori: “…nobles existencias
oscuras, extinguidas después de dolores sin consuelo, con los músculos
exprimidos de toda fuerza y vitalidad…”.
Sin embargo, en México la
indolencia de las autoridades ante este fenómeno supera cualquier
presentimiento. Prácticamente no se hace nada desde la prevención, la
sanción y la erradicación de este delito (como si no abundaran los casos
en este país –documentados en investigaciones académicas y
periodísticas–, que se cuentan por miles en la Ciudad de México,
Tlaxcala, Nuevo León, Quintana Roo y Baja California, por sólo mencionar
a cinco de las entidades de la República con casos probados).
La
principal dependencia encargada de perseguir este delito, de carácter
federal, es la Procuraduría General de la República (PGR). Y esta
oficina, cuyo presupuesto anual ronda los 20 mil millones de pesos, ni
siquiera ha consolidado una política para la prevención, la
investigación y la persecución en materia de trata de personas.
Por
ello, su trabajo no contribuye a la disminución de la ocurrencia de
este tipo de delitos. La conclusión es de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF). El máximo órgano de fiscalización del país, en su
dictamen de la auditoría de desempeño practicada a la PGR, es
contundente: la Procuraduría “no acreditó los resultados de su
participación en la prevención, atención y procuración de justicia en el
delito de trata de personas, considerado como especialmente grave”. Y
es que la PGR “no operó una política específica” para atender este tipo
penal.
La documentación del desastre de la Procuraduría, hoy
encabezada por Raúl Cervantes Andrade y antes por Arely Gómez González,
llega al detalle. Justo es decir que las irregularidades que exhibe la
ASF corresponden a todo 2015 y, en algunos aspectos, hasta julio de
2016, tiempo en que estuvo al frente de la PGR la señora Gómez.
La
Procuraduría “no participó en la elaboración de programas de prevención
del delito de trata de personas”; tampoco “acreditó la promoción de
acciones de armonización legislativa de los tipos penales vinculados con
la materia”. Ni siquiera dio seguimiento al “estado en que se
encuentran los procesos penales”.
Así, la PGR mantenía pendientes,
a principios de 2016, hasta 809 averiguaciones previas por el delito de
trata de personas. De un total de 1 mil 341 averiguaciones previas para
trámite en el periodo de 2013 a 2016, sólo 532 habían sido
determinadas. Y de las 532 determinadas sólo 165 habían sido
consignadas, sin que pudiera conocerse cuántas habían sido con detenido y
cuántas sin detenido. Además, en 206 de las averiguaciones previas
determinadas, la PGR estableció incompetencia y en 89 el no ejercicio de
la acción penal.
El compromiso del Estado mexicano para combatir
la trata de personas no sólo es con sus habitantes. En 2003, firmó el
Protocolo de Palermo y se comprometió a legislar en la materia y a la
armonización normativa de las entidades federativas con el combate a
toda forma de explotación humana. Cuatro años después, en 2007, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al
Código Penal Federal para incorporar el primer tipo penal de trata de
personas. A finales de ese mismo año se expidió entonces la Ley para
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
En el lento proceso del
Estado mexicano para cumplir con lo firmado internacionalmente, a
principios de 2008 creó la Fiscalía Especial para los Delitos de
Violencia y Trata de Personas (Fevimtra) y la Unidad Especializada en
Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (UEITMPO).
Hasta
julio pasado, sólo 14 estados habían armonizado sus legislaciones con
el tipo penal de trata de personas. De las restantes, cinco estaban
parcialmente armonizadas y 13 no habían sido armonizadas en lo absoluto.
El
abandono viene desde el sexenio anterior, el de Felipe Calderón. El
equipo de Peña Nieto, al asumir el poder, había realizado un diagnóstico
de cómo recibía a la PGR en materia de combate a la trata de personas.
Encontró “insuficiente atención, protección y asistencia a las
víctimas”, además de “deficiente procuración, investigación y
persecución efectiva de dichos delitos”, como se lee en el Programa
Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
Estos Delitos 2014-2018. La administración de Peña Nieto ha entrado a su
última fase y la situación sigue igual… o peor.
¿De qué sirven los “análisis” de determinados problemas si no se hace nada realmente para solucionarlos?
Zósimo Camacho
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