Asa Cristina Laurell
La Jornada
Durante las
semanas recientes la prensa ha estado llena de noticias que exhiben que
el dinero para salud no llega donde debe o se gasta en sobreprecios de
insumos o ha sido legalmente ajustado a la baja. Al tiempo que hay
protestas de los usuarios y trabajadores del sector por falta de
medicamentos y otros insumos o por largas colas para la atención, una
cantidad enorme de recursos no está debidamente documentada y otros se
retienen silenciosamente.
Una causa poco publicitada del recorte en salud se deriva de la
sustitución del salario mínimo por la unidad de medida y actualización
(UMA), como referente legal para el pago de obligaciones y ejercicio de
derechos, cambio que tendrá un impacto en las instituciones públicas de
seguridad social. Fue aprobado e incluido en la Constitución en enero de
2016 y considerado un gran avance para poder incrementar el salario
mínimo por encima de la inflación y de esta manera empezar su
recuperación. El método de cálculo de la UMA fue legislado en diciembre
de 2016 y consiste básicamente en un ajuste interanual con el índice
nacional de precios al consumidor (INPC).
Un resultado concreto para 2017 es que la cuota patronal del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajó en 5.7 por ciento
respecto del anterior sistema de fijación. Ocurre así porque esta cuota
para el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) es fija o única hasta
tres salarios mínimos. Esto significa que se desvincula el costo de la
prestación de servicios de salud del salario y se disminuye el ingreso
del instituto en este rubro desde antes deficitario. Este decremento se
suma a la pérdida de recursos para salud que resultó de la reforma de
1995/97 del IMSS que cambió la cotización proporcional al salario para
salud a la mencionada cuota única particularmente favorable a la gran
empresa. Implicó, de origen, una pérdida de ingresos para el Seguro
Social en este rubro del orden del 4.5 por ciento, a pesar de la nueva
aportación estatal de 13.9 por ciento por afiliado.A ello se ha añadido
una pérdida acumulada debido a que el salario base de cotización (SBC)
ha incrementado más rápido que el salario mínimo que ha sido el factor
de ajuste.
La adopción de la UMA no tendrá un impacto igual sobre los recursos
legales del Seguro Popular, porque la cuota social federal y la
aportación solidaria estatal empezaron como un porcentaje del salario
mínimo del Distrito Federal, pero se ajustananualmente con el INPC.
Otro tema que tendrá implicaciones directas en el sector salud
son las revisiones que está haciendo la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece) sobre la competencia en el mercado de medicamentos y
de otros insumos de salud según la prensa especializada. Llama la
atención que al tiempo que las compras consolidadas del sector salud han
recibido mucha publicidad por los ahorros logrados, resulta que la
Cofece está investigando prácticas monopólicas absolutas en toda la
cadena de producción, distribución y venta de medicamentos además de la
investigación sobre los medicamentos de patentes. Es de señalar que es
un ámbito de alta concentración con una participación muy importante de
empresas trasnacionales. La Cofece también investiga los servicios
integrales de estudios de laboratorio y de bancos de sangre desde abril
de 2016, cuestión relevante, ya que son ámbitos de subrogación muy
importantes en todas las instituciones públicas de salud.
Los resultados de las auditorías del gasto federalizado de la cuenta
pública nacional de 2015, realizadas por la ASF, demuestran problemas
serios tanto de las transferencias del Seguro Popular (SP) a los estados
como del fondo de aportaciones para los servicios de salud (Fassa). La
importancia de ellos se entiende al constatar que este gasto representa
73 por ciento del gasto federal de salud que es la fuente principal en
salud. Las auditorías del SP arrojan que 27 por ciento del monto total
auditado tiene observaciones, o sea irregularidades, y del Fassa 7.7 por
ciento. Esto significa que 16.5 por ciento del gasto en salud, o más de
20 mil millones, para la población sin seguro social tuvo
irregularidades en aquel año. La ASF señala, además, que los problemas
encontrados en 2015 no son nuevos, sino se repiten con una alta
frecuencia las mismas observaciones que se hicieron en años anteriores,
lo que demuestra problemas estructurales de gestión particularmente en
el SP. Una parte de las observaciones seguramente se resolverán por las
dependencias, pero también hay que tener en mente que el desorden
administrativo es una manera de encubrir fraudes, desvíos de recursos u
otras estafas.
Los ejemplos expuestos indican que el uso del insuficiente
presupuesto de salud en un monto importante es trampeado y no se usa
para mejorar las condiciones de salud de los mexicanos.
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