Desplazado del primer plano político
durante largas semanas por Luis Videgaray, a quien el encumbramiento
de Donald Trump ha convertido en una especie de jefe máximo de un
gabinete que incluiría a Enrique Peña Nieto como subordinado o vocero de
vez en cuando, Miguel Ángel Osorio Chong se animó ayer en Acapulco,
Guerrero, a la hora de inaugurar un puente (el que va de Barra Vieja a
Lomas de Chapultepec) y soltó elogios a la calidad de las obras que
construyen los gobiernos (con Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de
comunicaciones, transportes y OHL del gobierno federal como garantía de
honestidad), a la recuperación de la seguridad pública (con diarios
episodios de violencia criminal por todo el estado) y a los muy buenos
propósitos que, según eso, animan la ley de seguridad interior (LSI) que
el Congreso federal pretende aprobar en este mismo periodo ordinario de
sesiones.
Con una insistencia que a una parte del público nacional le hace
entender justamente lo contrario (porque así se ha hecho fundada
costumbre: interpretar las palabras de los políticos al revés), diversas
voces oficiales proclaman que la citada LSI no busca militarizar al
país y que, en realidad, servirá para programar sin mucha dilación el
retorno de soldados y marinos a sus instalaciones de origen (en esa
línea discursiva se deslizó ayer el secretario de Gobernación). Claro,
cuando los cuerpos policiacos estatales y municipales dejen de estar
infiltrados y controlados por el crimen organizado, cosa que según esa
retórica oficial debe lograrse en un tiempo relativamente corto (ajá,
dicen algunos jóvenes, con brevedad prosódica pero contundencia
escéptica). Con la LSI, nada apunta a una menor presencia militar en el
país ni a un abatimiento de los índices de violaciones a los derechos
humanos. Todo lo contrario. Por eso los políticos se esmeran en producir
discursos supuestamente tranquilizadores. ¡Firmes!
Aun cuando la resolución solamente beneficia al ciudadano que
solicitó el amparo de la justicia federal respecto de su caso personal,
es trascendente la determinación de un juez de distrito, Fernando Silva
García, de impedir en la Ciudad de México que el cobro de las llamadas
fotomultassea irreversible, aun cuando ni siquiera se hubiera escuchado la argumentación defensiva del presunto infractor.
Varias ciudades del país han vivido la imposición de tretas
recaudatorias que no solamente benefician a las arcas públicas sino, de
maneras trianguladas y ocultas, a grupos políticos que en su momento
autorizan la instalación de redes de parquímetros y, más recientemente,
de sistemas de
fotomultasque se activan al paso de vehículos que según el registro gráfico hubieran rebasado los límites de velocidad.
Asestar golpes al bolsillo ciudadano mediante multas, recargos y
trámites inventados o exagerados ha sido práctica recurrente de un
sistema burocrático nacional que desalienta la legítima inconformidad de
quienes alegan no haber incurrido en las faltas sujetas a castigo. La
maquinaria oficial convierte toda exigencia particular en un martirio
con visos de inutilidad, en el que el ciudadano termina pagando las
infracciones no aceptadas o no cometidas, con tal de avanzar en otros
trámites. Es decir, los afectados terminan pagando, pues saben que sus
quejas sólo quedarán en pérdida de tiempo. En ese sentido, la resolución
del citado juez federal constituye un antecedente e incluso una forma
de aliento a que se presenten objeciones similares por parte de los
afectados. Incluso, esa resolución debería llevar a las autoridades de
la Ciudad de México a revisar en general el sistema de
fotomultasy a garantizar y fomentar el derecho de audiencia e instalar mecanismos que faciliten la presentación de objeciones ciudadanas. Similares conductas deberían adoptarse en otras ciudades donde se mantienen esquemas de recaudación tramposa.
El periodista Álvaro Delgado dio a conocer que Margarita
Zavala Gómez del Campo nombró coordinadora general de su campaña, en
busca de la candidatura presidencial panista, a la novia de su sobrino,
es decir, a Fernanda Caso Prado, novia de Juan Ignacio Zavala Gutiérrez,
hijo de Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo. Ambos, padre e hijo, ya
antes fueron asesores, al mismo tiempo, en el Senado de la República,
habilitados por legisladores llegados al cargo como parte de la herencia
calderonista.
El ahora gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, de larga
militancia en el PAN, llegó a acusar a Zavala Gómez del Campo de ser
cínico, corrupto y mentiroso, al señalar, en junio de 2013, que fue
aviadoren el Senado, con un sueldo de más de 70 mil pesos, y que había recibido un
préstamode 300 mil pesos a pesar de no tener derecho a él (https://goo.gl/VRO3mw ). Zavala, a la vez, acusó a Corral de ser
la reina de las plurisy haber ganado millones de pesos como legislador por esa vía, además de ser
alma esclava en busca permanente de un nuevo amo a quien traicionar.
En esas escaramuzas, también se conoció que un hijo de Zavala Gómez
del Campo ocupaba similar cargo de asesor en el Senado, con Roberto Gil
Zuarth como jefe, quien debe el escaño y diversos cargos anteriores,
entre ellos el de secretario particular en Los Pinos, justamente a
Felipe Calderón ( Excélsior, nota de Leticia Robles de la Rosa: https://goo.gl/vgttc5
). Ayer, en Twitter, ante críticas relacionadas con el nombramiento de
su novia como coordinadora de campaña de la tía Margarita, se mencionó
que el joven Juan Ignacio Zavala Gutiérrez trabaja en la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (así lo señala en su propia biografía tuitera), ante lo cual el aludido respondió a uno de sus críticos: “Ya veo que no puedo trabajar ni en el Senado ni en la @SCJN. Dígame dónde”.
Y, mientras Josefina Vázquez Mota informa en detalle qué hizo con más
de mil millones de pesos que le triangularon, pues la Auditoría
Superior de la Federación jamás la ha exonerado e incluso ha encontrado
varias irregularidades en una porción menor del monto ejercido, ¡hasta
mañana!
Twitter: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero, Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Le andan tumbando uno de sus mejores negocios
al jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera. El juez octavo de distrito
en materia administrativa, Fernando Silva García, sentenció que la
aplicación de fotomultas en Ciudad de México es inconstitucional. El
fallo derivó de un amparo otorgado a un capitalino al que se le impidió
verificar su automóvil, luego de que en el verificentro fue informado de
que tenía multas sin pagar. La sentencia de amparo determinó que no se
respeta la garantía de defensa. Según el juez Silva, debe respetarse el
derecho fundamental de audiencia previo a la imposición de una sanción
de tránsito, a fin de que el particular pueda defenderse. El gobierno de
CDMX podría impugnar el fallo.
Coberturas
El Banco de México lanzó un salvavidas a las empresas
endeudadas en dólares o con necesidad de contar con dólares en el
futuro. Comenzó a subastar 20 mil millones de dólares. La implementación
de un programa de coberturas cambiarias liquidables al vencimiento por
diferencias en moneda nacional, quiere decir que la diferencia entre el
tipo de cambio pactado y el tipo de cambio al momento del vencimiento
será liquidada en pesos, evitando erosionar las reservas internacionales
y ofreciendo un grado de certidumbre cambiaria, explicó Gabriela
Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco BASE. Ayer
el BdeM subastó la totalidad de los primeros mil millones de dólares.
Josefina en la mira
No es buena para organizar marchas blancas, ni de otro
color, pero la agrupación Mexicanos contra la Corrupción suele tener
información interesante. No le ha quitado el dedo a la aspirante panista
al gobierno del Edomex. Según la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), su organización Juntos Podemos ha recibido más de mil millones de
pesos del gobierno federal, ha incurrido en incumplimiento de metas,
convenios sin reportar, carencia de recibos de las organizaciones que
fueron apoyadas y problemas en el sistema de control del programa. De
acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, Josefina ha dicho que la ASF
no encontró irregularidades en el manejo de recursos públicos para la
atención de migrantes distribuidos por Juntos Podemos. Tal aseveración
falta a la verdad. La ASF destacó irregularidades como: incumplimiento
de metas de cursos y talleres de capacitación a migrantes, no
acreditación de 12 convenios de coordinación con instituciones
federales, cumplimiento de sólo 54.8 por ciento en la meta de beneficiar
a 230 instituciones educativas por medio del programa IME Becas, no
presentar la totalidad de recibos mediante los cuales las instituciones
educativas acreditan la recepción de recursos por parte de los
consulados… y la lista de irregularidades sigue.
ICA, a un paso de la bancarrota
Según el diario El Financiero, que cita a una
fuente familiarizada con la situación, la constructora ICA planea
negociar una declaración de bancarrota preaprobada con sus acreedores.
Esto permitiría a la constructora restructurar su deuda. En diciembre de
2015, ICA incumplió con el pago de mil 350 millones de dólares en bonos
en el extranjero. Sus accionistas han votado para retirar todos los
impedimentos legales para que la jefa de la empresa, Guadalupe Phillips,
y el consejo lleven a cabo una restructuración de bancarrota de ser
necesario. ICA cesó los pagos de los bonos denominados en dólares
después de que el gobierno redujo el gasto en infraestructura y el peso
mexicano se desplomó.
Ombudsman social
Emilio Azcárraga, de Televisa, se
equivoca al culpar a Gabriel Contreras, del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, del cambio en materia de dominio en televisión de
paga. En septiembre de 2015 el Ifetel, a través de algunos comisionados
amigos, consideró que aun cuando Televisa tenía más allá de 50 por
ciento del mercado en televisión de paga, no contaba con poder
sustancial en el mercado, lo cual es, a todas luces, incorrecto.
Quien ganó la partida a Azcárraga en esta ocasión no fue Gabriel
Contreras, sino Salinas Pliego, de Televisión Azteca y Proyecto 40,
quien mediante un tribunal colegiado, sin influencia directa de la
televisora dominante, declaró que Televisa sí tiene el dominio en el
mercado.
¿Qué es lo que gana Televisión Azteca con esta resolución? Entre
otras cosas, que le impongan una regulación asimétrica a su competidor;
que otras televisoras reciban un pago por la transmisión de los canales
de Televisa; que Azteca gane mayor participación de mercado; que
Televisa comparta su infraestructura; que Axtel, Dish y Megacable le
quiten parte del mercado a la televisora dominante; que Televisa no
pueda repercutir mayores costos a sus clientes; que Televisa no pueda
adquirir en forma exclusiva transmisiones relevantes, como las
Olimpiadas; que se transparenten las tarifas publicitarias de Televisa, y
que tenga que desincorporar parte de sus activos. No todas estas
medidas se llevarán a cabo, pero la autoridad decidirá cuáles son las
que convienen a la competencia.
Cuando menos desde 1994, el sistema financiero que opera en México ha sido calificado como
el centro más importante de lavado y repatriación de dinero (ilegal) en el hemisferio occidental. De hecho, por aquellos ayeres el Departamento estadunidense de Estado advertía que sólo por narcotráfico el monto rondaba 30 mil millones de dólares.
Ante tal calificativo fue obvia la reacción del gobierno mexicano y
las cabezas visibles de los barones del dinero. Carlos Salinas de
Gortari recién concluía la reprivatización de la banca, sus amigos que
se la apropiaron plácidamente se hinchaban de ganancias a la par que
saqueaban a las instituciones financieras y la
autoridadnacional aseguraba que,
caiga quien caiga, iría hasta el fondo para dejar en claro que este
es un país de leyes.
Meses después llegaría el rescate bancario, el Fobaproa, el
saqueo, la extranjerización del sistema financiero, la deuda para los
mortales y el vertiginoso crecimiento de la lavandería mexicana, con lo
que año tras año en el vecino del norte refrendaron el citado
calificativo.
Pues bien, poco más de dos décadas después nos enteramos de que México,
un país de leyesdonde nadie cayó, no sólo mantiene la supremacía chaca-chaca en materia de dinero ilegal en el hemisferio occidental (y el tercero a escala mundial, sólo después de China y Rusia), sino que los montos en él lavados y planchados alcanzan niveles estratosféricos, tanto como 529 mil millones de dólares entre 2004 y 2013.
De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
(Cesop: Estructuras financieras del crimen organizado) de la Cámara de
Diputados,
a consecuencia de tal fenómeno los gobiernos de los países pierden anualmente miles de millones de dólares por impuestos que no pueden recaudar, fortunas que salen de sus fronteras sin que las puedan detectar. De forma directa, los flujos financieros ilícitos afectan las bases impositivas de los países, retrasan el desarrollo, afectan a la población e incrementan las brechas de la desigualdad.
Así, cinco de los países latinoamericanos se encuentran entre los 20
primeros del mundo más afectados por los flujos financieros ilícitos en
el periodo 2004-2013: Chile ocupa el lugar 20, con 45 mil 600 millones
de dólares; Panamá el 18, con 48 mil 400 millones; Costa Rica el 14, con
94 mil millones; Brasil el 7, con 1,227 mil millones, y México el 3 del
mundo –y primero en la región–, después de China y Rusia, con más de
500 mil millones de dólares.
Como se observa, aquel
caiga quien caigano trascendió el chiste de ocasión y la lavandería mexicana alcanza dimensiones de ensueño, pues representa más de 50 por ciento del producto interno bruto a precios actuales.
El Cesop subraya que
las estimaciones que se han efectuado sobre los flujos financieros ilícitos a escala internacional ponen de relieve la gravedad del problema que representan las salidas de capital en los países que forman parte del mundo en desarrollo.
Entre la numeralia que presenta destaca que
entre 2004 y 2013 un total acumulado de 7.8 billones de dólares (millones de millones) salieron ilícitamente del mundo en desarrollo; las salidas ilícitas de recursos financieros del mundo en desarrollo aumentaron a una tasa anual de 6.5 por ciento en términos reales; las tasas de crecimiento fueron generalmente más altas en los años previos a las crisis financieras, pero los flujos ilícitos han seguido subiendo desde 2008; entre 2004 y 2013 los flujos financieros promediaron 4 por ciento del producto interno bruto de los países en desarrollo.
En el caso concreto de México, el Cesop subraya que entre los
diversos análisis especializados que se han efectuado sobre los flujos
financieros ilícitos destaca uno divulgado por Global Financial
Itegrity, entre cuyas conclusiones destaca que entre 1970 y 2010 el
total de flujos financieros ilícitos de México se eleva a la
impresionante cifra de 872 mil millones de dólares; el flujo saliente de
capital ilícito en México se ha elevado de forma significativa, pasando
de alrededor de mil millones de dólares en 1970 a 68 mil 500 millones
en 2010, alcanzando su máximo en 2007 con 91 mil millones”.
Así,
los flujos medios anuales de capital ilícito se incrementaron acusadamente a lo largo de cuatro décadas: durante los años 70 la cifra fue de 3 mil millones de dólares; en los 80 de 10 mil 400 millones; en los 90 de 17 mil 400 millones, y en la primera del siglo XXI de 49 mil 600 millones.
A partir de la renuncia de Óscar
González Mendívil a la titularidad de la Fiscalía General del Estado
(FGE) de Aguascalientes, en todos los ámbitos se ha especulado sobre
quién y cómo será el nuevo fiscal. El proceso es largo y cansado, está
en manos del Congreso local, que habrá de presentar candidatos al
gobernador, de entre los cuales debe salir el nuevo titular de la FGE.
La preocupación de la sociedad civil se ha mostrado sobre todo porque
el ex fiscal dejó muchos pendientes en materia de derechos humanos,
tema que fue relegado y obstaculizado mientras González Mendívil estuvo
al frente, pero esta inquietud no forma parte de los intereses de los
diputados; la mayoría panista busca regalarle al gobernador un fiscal a
modo, en desprecio de la autonomía que debe tener justo ese funcionario.
El Congreso en un inicio planteó si se vetaría a aspirantes con
militancia política, algo que al final no importó, pues este sábado se
conformó la quinteta de candidatos al cargo y tres de ellos se
relacionan de forma directa o indirecta con el Partido Acción Nacional y
los otros dos con el Partido Revolucionario Institucional. Es evidente
el sesgo de los diputados, clarísima la incapacidad de negociar en
comisiones lo que se requiere para ser fiscal… Ni hablar de que entre
esos candidatos, sólo hay una mujer.
El Instituto Electoral del Estado
de México (IEEM) autorizó ayer el tope de gastos de campaña más elevado
en toda la historia de los comicios locales, de modo que cada uno de
los candidatos a la gubernatura podrá erogar 285 millones 566 mil 771
pesos con 27 centavos entre el 3 de abril y el 1º de junio, es decir,
cuatro millones 759 mil pesos diarios. Como en los comicios pasados, el
tope se fijó a partir de la fórmula contenida en el Código Electoral
mexiquense, la cual establece que 34 por ciento de la unidad de medida
(75.46 pesos) se multiplique por el número de electores inscritos en el
padrón electoral, que este año ascendió a 11 millones 126 mil
ciudadanos.
Promotoras de la paz, víctimas de la guerra
Jahel Quiroga Carrillo y Ruth
Alicia López Guisao, dos mujeres colombianas hermanadas en la lucha por
la paz con justicia social y militantes de la Unión Patriótica (UP), son
reconocidas en Ibagué, Medellín, Bogotá y otras ciudades del país
sudamericano por el arduo trabajo en las fundaciones Reiniciar y
Asochinkas. Jahel denunció desde 1986 al Estado colombiano por los
crímenes cometidos contra la Unión Patriótica, movimiento político que
resultó de los Acuerdos de Paz entre las FARC y el gobierno de Belisario
Betancur Cuartas (1982-1986).
¿Por qué le tenemos miedo a la ciudad, a la noche?, ¿quién nos inculcó los sanos prejuicios contra la rumba, el mambo, los tragos, los antros, las mujeres
pecadoras?
No le perdonan a Arturo
Campos Herrera ser quien es. Les resulta inadmisible que levante la
voz para nombrar lo innombrable. Les sabe a ofensa que ponga su cuerpo
por delante para denunciar lo inadmisible. Les parece intolerable que,
sin tener mayores estudios, defienda los derechos de los suyos
infinitamente mejor que muchos letrados. Los desquicia que hable con la
verdad, la suya y la de su pueblo. Les perturba que no se arredre. Por
eso, y no porque sea un delincuente, lo tienen tras las rejas desde el
1º de diciembre de 2013.
La libertad no es el mercado.
Por el contrario, en la era del neoliberalismo se ha vuelto, más que
nunca en el pasado, sentido común la posverdad de que el mercado libre
hace a todos libres, mientras nos demuestra cada día, lo contrario.
El 8 de marzo es el Día
Internacional de la Mujer. En el caso de las mujeres indígenas, hasta
hoy, no se da plena cuenta de la complejidad que entraña su pertenencia a
un pueblo y la dimensión de género. En los últimos 20 años, las mujeres
indígenas, inmersas en la dinámica del movimiento político de los
pueblos indígenas, han construido nuevos espacios propicios para la
reivindicación de demandas propias en tanto mujeres. Muchas de ellas son
similares a las genéricas de toda mujer, pero otras cuestionan, desde
dentro de sus pueblos, ciertas concepciones y prácticas avaladas por la
llamada costumbre.
El martes pasado el
presidente de Estados Unidos dio un giro en su discurso antinmigrantes
al llamar a demócratas y republicanos en el Congreso de su país a
emprender conjuntamente una reforma migratoria basada en tres principios
básicos: favorecer los empleos, fortalecer la seguridad nacional y
restablecer el respeto por las leyes. En su mensaje, considerado uno de
los más solemnes desde que comenzó su mandato, llamó a cambiar “(…) el
sistema actual de inmigración de baja calificación, adoptando uno basado
en méritos”. ¿Qué significa esto?
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