El informe de seguimiento
del Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, presentado por el nuevo Relator Nils
Melzer ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el pasado jueves 2
de marzo, concluye que “la tortura sigue siendo generalizada en México y
reitera de urgencia de contar con la Ley General, cuyo plazo
constitucional de aprobación venció hace más de un año”.
El Relator
refiere que la tortura “es comúnmente usada para la obtención de
confesiones o como método de castigo” e incluye “la asfixia, violencia
sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas, y tortura
psicológica”.
Además,
expresó su preocupación “respecto del uso de la violencia sexual en
forma alarmante en las investigaciones” contra mujeres “de bajos
recursos y de bajo nivel educativo”. Informa además que, “A pesar de los
pronunciamientos de autoridades públicas, no se observan
investigaciones imparciales e independientes”.
Frente a
esta realidad, el Relator resalta la urgencia de aprobar la Ley General
pendiente en la materia, anunciada por el Estado hace casi dos años.
Sobre el particular, brinda observaciones puntuales sobre el dictamen
actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, puntualizando las
modificaciones que se deben realizar para que la Ley se ajuste a las
obligaciones del Estado.
En
particular, “se debe: eliminar las excepciones a la regla de exclusión
de las pruebas obtenidas mediante tortura; contemplar claramente la
responsabilidad de los superiores jerárquicos; y fortalecer al Mecanismo
Nacional para la Prevención de la Tortura”.
Por lo que
instó además a revertir las regresiones introducidas por la Cámara,
mismas que pretenden “restringir los alcances del registro nacional de
tortura; limitar las denuncias de tortura por parte de algunas
autoridades; acotar la facultad de atracción de las autoridades
federales; y reducir las garantías de no intervención de servidores
públicos presuntamente involucrados en actos de tortura en las
investigaciones”.
Se externó
que, tanto el diagnóstico de la crisis de tortura que vive el país, como
las fallas señaladas en el dictamen, hacen eco de las conclusiones de
otros organismos de derechos humanos que han visitado el país en los
últimos años, o que trabajamos día a día acompañando o estudiando casos
de tortura.
Ante el
consenso sobre la necesidad de aprobar la Ley General corrigiendo los
puntos señalados, consideramos injustificable demorar más el proceso e
instamos a las y los Diputados a enfocarse de manera urgente en la
perfección y votación de la ley, recordando su obligación ineludible de
respetar y garantizar los derechos contenidos en la Constitución y los
tratados internacionales.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario