Nueva Sociedad
El gobierno de
Andrés Manuel López Obrador está aplicando profundos cambios en la
estructura salarial de la sociedad mexicana. El aumento salarial para
los más desfavorecidos es uno de los más importantes de los últimos
tiempos. La recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores es
una de las batallas centrales del gobierno progresista mexicano.
Durante
la última semana de diciembre, el Congreso mexicano aprobó con pequeñas
modificaciones el paquete económico que envió el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) para 2019. Al ser un gobierno identificado
con causas progresistas, existía una alta expectativa en los ámbitos
nacional e internacional por conocer el enfoque que tendría el
presupuesto y en qué se diferenciaría de ejercicios anteriores. En el
plano macroeconómico se percibe el interés de manejarse dentro de la
ortodoxia económica para mantener las finanzas públicas sanas y
responsables. No hay aumento de la deuda pública y, en cambio, se
respetarán los compromisos de pago de intereses, una pesada herencia de
las administraciones anteriores. La proyección de la inflación se
calcula en tasas menores a las de 2018, mientras que el crecimiento
económico se prevé alrededor de 2%. En términos generales, no se alteran
los principales indicadores de la economía nacional.
Entonces,
¿en dónde o en qué radican los cambios que hará el nuevo gobierno? AMLO
ha empezado por cumplir sus compromisos de campaña de implementar la
austeridad en la administración pública y combatir la corrupción que se
encuentra enquistada en ella en varios niveles. En cuanto a la
austeridad, se han revisado las estructuras gubernamentales para evitar
duplicidades en las funciones y para lograr más eficiencia en la
organización. También se prescinde de las centenas de asesores que
tenían los mandos superiores, cargos que funcionaban en la realidad como
refugio laboral de amigos y familiares de la clase política. Para
luchar contra la corrupción, se busca poner en marcha un programa de
compras consolidadas, algo que es común en los gobiernos europeos pero
que en México no se había hecho, precisamente porque no había interés en
las administraciones anteriores de combatir la corrupción
gubernamental.
También se modificó la Ley de Remuneraciones de
Servidores Públicos, para disminuir los altísimos salarios que había en
la jerarquía superior de la administración pública. «No puede haber
gobierno rico con pueblo pobre» es lo que ha repetido incansablemente
AMLO. Ahora, ya en el ejercicio del poder, ha actuado congruentemente al
realizar ajustes y aplicar una reducción de 60% al sueldo del
presidente y sus principales colaboradores. AMLO ha propuesto que el
presidente de México gane 108.000 pesos mensuales (alrededor de 5.000
dólares) y pone un techo para que ningún servidor público perciba más
que el mandatario o que su superior jerárquico. A muchos funcionarios y
jueces del Poder Judicial, acostumbrados a ganar entre 10.000 y 15.000
dólares mensuales, lo han considerado un límite ofensivo. Hablan de
derechos adquiridos donde lo que hay en realidad son privilegios que
ayudan a reproducir las desigualdades históricas que hay en México.
Ante
la oposición de estos sectores conservadores que pretenden mantener un
régimen de privilegios, AMLO ha señalado y profundizado en la concepción
de la responsabilidad y el honor que debería significar trabajar en la
administración pública, poniendo énfasis en la diferencia que existe
entre ser un funcionario y un servidor ciudadano. El servicio público
debe ser una vocación y no un camino para el enriquecimiento personal,
por lo que el presidente mexicano hace eco de lo que mencionaba José
«Pepe Mujica durante su mandato en Uruguay: el político o funcionario
que quiera hacer plata está en su derecho, pero para eso el lugar
indicado es la iniciativa privada y no el servicio público.
Como
complemento a la reducción de salarios en los mandos superiores, se
realizó un aumento de 16% en el salario mínimo a escala nacional, con
excepción de la zona fronteriza norte, donde por sus características
particulares se decidió duplicar el ingreso en el área colindante con
Estados Unidos. Estos incrementos salariales se convirtieron en los más
significativos que ha experimentado el sueldo de los trabajadores en
tres décadas. El ajuste era más que necesario, dado que México tiene uno
de los peores salarios a escala continental, con un ingreso mensual de
apenas alrededor de 130 dólares, una cantidad que no permite estar ni
siquiera en los niveles mínimos de bienestar.
La propuesta del
gobierno de AMLO se consensuó con las organizaciones empresariales para
que no se diera de manera unilateral y para aminorar las resistencias
contrarias a ella. El presidente mexicano afirmó que el aumento es «un
acto de conciliación, de acuerdo, de madurez política, un acto que da
confianza para mejorar las condiciones sociales y laborales en el país».
Se busca que la medida sea la primera de una serie de acciones
enfocadas en que los trabajadores recuperen parte de su poder
adquisitivo, que se vio mermado en 60% o 70% durante la etapa
neoliberal.
El reto del gobierno obradorista será transitar de un
salario que se encuentra por debajo de la línea de las necesidades
básicas a un salario digno que pueda garantizar un piso de bienestar
mínimo para las familias mexicanas. En esto parece estar de acuerdo la
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), que señala
que la meta inicial deberá ser alcanzar un salario mínimo de 218 pesos
diarios para 2021, y que aspira a que para 2022 se ubique en 240 pesos
diarios (alrededor de 300 dólares mensuales). Esto significaría
recuperar parte de lo perdido en los últimos 40 años.
La hoja de
ruta que ha trazado AMLO va de la mano de las organizaciones sindicales y
empresariales en el diseño de una nueva cultura salarial para
beneficiar a 44,6% de la fuerza laboral en México que es la que percibe
hasta dos salarios mínimos. A pesar de lo apremiante que es que el
trabajador mexicano recupere un salario digno, la nueva administración
sabe que los aumentos no pueden darse por decreto, sino que deben
realizarse de manera paulatina, porque de lo contrario se podría generar
un clima de inestabilidad política y económica que podría influir
negativamente en la inflación que hoy se tiene controlada.
Además
del histórico incremento salarial, el presupuesto aprobado contempla un
sustancial aumento para la Secretaría de Bienestar y para la Secretaría
del Trabajo. Ambas tendrán a su cargo la implementación de programas
emblemáticos del gobierno, como la pensión universal para adultos
mayores, el lanzamiento y funcionamiento de cooperativas y créditos
sociales, y el programa de empleos y becas de capacitación para 300.000
jóvenes. Conciliando la urgencia de las demandas con la responsabilidad
de mantener estables los indicadores macroeconómicos, AMLO intenta, con
la austeridad gubernamental y un combate frontal contra la corrupción,
cumplir con la principal promesa de campaña: «por el bien de todos,
primero los pobres».
Con apenas un mes de gobierno, AMLO parece
estar sentando las bases para completar una transición democrática y que
la alternancia en el poder no signifique un simple cambio de emblema o
de administración, sino que se convierta en un verdadero cambio de
régimen. El proceso parece haberse iniciado con el pie derecho, aunque
todavía falta un largo camino por recorrer.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario