Una que convierta a cada juzgado y tribunal de amparo en sólidos, constantes y confiables garantes de nuestros derechos humanos. Un ejército de instancias judiciales dispuestas a defender a las personas frente a quienes ejercen el poder y con el único compromiso de acatar la Constitución y tratados internacionales que ofrezcan la mayor protección posible a la población. Tribunales al servicio de la gente merecedores de todas las garantías institucionales para ser independientes.
Tristemente tendré que dejar el tema pendiente para volver a dedicar este espacio a la cuestión de las remuneraciones en el Poder Judicial federal, en atención al comunicado de la Suprema Corte de hace dos días en el que informa la reducción de las percepciones de sus integrantes. “Un acto de buena voluntad”, así lo calificó y reconoció el presidente de la República apenas ayer. Una graciosa concesión, un gesto de magnanimidad, así lo entiendo de mi parte. Pero también una muestra preocupante del entendimiento que todavía prevalece en nuestras instituciones de justicia y que debe transformarse si quieren ser el contrapeso que el país necesita.
Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre a las personas que sirven al público en los poderes judiciales –y en el resto de autoridades, con autonomía constitucional o sin ella–, no es un ataque a su independencia planeado desde el gobierno, ni un capricho, ni una imposición autoritaria de una sola persona el que deban ajustarse a la baja sus remuneraciones. Es un mandato de la Constitución.
Cuando la Corte en su comunicado nos alecciona y recuerda que en el artículo 94 constitucional se prevé una garantía de irreductibilidad de las remuneraciones en el Poder Judicial federal, a la par que destaca que en el artículo 123 constitucional se establece el principio de que a igual trabajo corresponde igual remuneración, lo que realmente hace es tomar partido por la postura que más le conviene pero sin considerar todas las normas constitucionales. Y eso es algo que no debe evadirse.
Por supuesto que alguien puede investigar si las remuneraciones del presidente de la República van libre y directamente a sus bolsillos y si todos sus gastos están cubiertos en el presupuesto; obviamente debemos considerar que en sentido opuesto, las personas que se desempeñan en el Poder Judicial federal no pueden emplearse en otra actividad remunerada mientras realizan su función, conforme al artículo 101 constitucional; en lo personal, no tengo duda de que la gran mayoría del personal y titulares judiciales sacrifican mucho más de lo que debieran al llevar a cabo sus responsabilidades, así como que sería necesario asegurarles horarios y cargas de trabajo más humanas, invirtiendo mucho más dinero en los juzgados.
Pero no se trata de eso, de lo que se trata es del compromiso de cumplir con la Constitución, con todas sus normas y no nada más con las que convengan para obtener el resultado que por anticipado se desea. Cuando se reformó el artículo 127 constitucional hace diez años, se estableció una regla especial aplicable no obstante los artículos 94 y 123 aludidos. Las remuneraciones se tenían que ajustar para no sobrepasar las de la Presidencia de la República. La Suprema Corte es la primera obligada por ese mandato constitucional, pues con su ejemplo ilustra no solamente a todos los juzgados y tribunales del país, sino a todas las autoridades.
La independencia y autonomía judiciales no están por encima de la Constitución. Con suerte el resto del gobierno no insistirá más y este tema quedará saldado. Pero la Corte no debe olvidar que su autoridad, su legitimidad y el apoyo social que requiere, las gana o pierde con el respeto total a la Constitución, y nada más.