En
el sexenio de Enrique Peña Nieto el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos aceptó revisar cuatro solicitudes relativas a violaciones de
derechos de las mujeres por tortura sexual ejercida por las fuerzas
armadas, feminicidio y
desapariciones.
Además pasaron sólo 21 días desde que Peña Nieto concluyó su periodo
como presidente de México cuando la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CoIDH) dictó dos sentencias contra el Estado mexicano.
El organismo internacional se pronunció por la tortura sexual de once
mujeres, caso ocurrido durante los operativos policiacos del 3 y 4 de
mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México,
entonces gobernado por Peña Nieto.
También responsabilizó al Estado mexicano por la desaparición forzada
de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José
Ángel Alvarado Herrera, ocurrida el 29 de diciembre de 2009 en el Ejido
Benito Juárez, en el municipio de San Buenaventura, en el estado de
Chihuahua.
Ambas sentencias son ejemplo del camino que siguen las víctimas
directas e indirectas de violaciones a Derechos Humanos cuando agotan
todos los recursos judiciales de México sin que encuentren justicia ni
el esclarecimiento de los hechos.
En ocasiones elevar su reclamo al Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, confirmado por la CoIDH y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), es la única manera de acceder a la justicia. En
los últimos seis años cuatro casos más llegaron a estos organismos
internacionales.
TORTURA SEXUAL
Antes de concluir 2018 la CoIDH emitió la resolución del caso Atenco.
El tribunal interamericano reconoció que en los operativos ordenados
por el gobernador Enrique Peña Nieto las once mujeres vivieron violencia
sexual a través de agresiones verbales y físicas; siete de ellas fueron
víctimas de violación sexual y todas fueron torturadas sexualmente por
policías.
La CoIDH registró que la tortura en este caso fue un mecanismo de
control social y que cuando las mujeres lo denunciaron recibieron tratos
crueles y degradantes. Además examinó como discriminación por razones
de género la violencia sexual y tortura ejercida contra las once
víctimas.
En esta sentencia las CoIDH ordenó crear mecanismo para garantizar la
no repetición, como un mecanismo de monitoreo del uso de la fuerza y
elaborar un plan de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de
Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres mientras tanto los casos
de tortura sexual que involucran las fuerzas armadas siguen llegando al
Sistema Interamericano.
En octubre de 2017 el organismo aceptó conocer el expediente de la
indígena náhuatl de 73 años de edad, Ernestina Ascensio Rosario, quien
en 2007 presuntamente fue víctima de violación tumultuaria por miembros
del 63 Batallón de Infantería del Ejército en la Sierra de Zongolica, en
el estado de Veracruz.
FEMINICIDIO Y DESAPARICIÓN
El feminicidio, que alcanzó la cifra de nueve asesinatos al día, de
acuerdo con Naciones Unidas, es otro de los crímenes que en el pasado
sexenio llegó a la CIDH.
La Comisión Interamericana aceptó tres casos: en 2012 el de Lilia
Alejandra García Andrade, una joven de 17 años de edad asesinada en
Ciudad Juárez, Chihuahua, en febrero de 2001. En 2017 admitió la
petición del caso de seis mujeres desaparecidas y asesinadas entre 1995 a
2003 en Juárez, caso conocido como Silvia Elena Rivera Morales y otras.
Finalmente, en 2018 la CIDH aceptó el caso de Nadia Alejandra Muciño
Márquez, asesinada en 2004 en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado
de México.
En todos los casos de feminicidio falta que la CIDH haga su análisis
de fondo y se pronuncie, con ello podrían pasar al siguiente organismo:
la Corte Interamericana, facultada para emitir una eventual sentencia.
En el caso de feminicidio de Lilia Alejandra con el objetivo que no
siguiera su camino a la CoIDH, el gobierno mexicano aceptó en 2018 ante
la CIDH su responsabilidad por la falta de investigación y ofreció una
solución amistosa a los familiares de la víctima, misma que fue
rechazada.
Aunque en estos casos queda un largo trecho para conocer las
resoluciones y pronunciamientos de los órganos del Sistema
Interamericano, las víctimas aguardan por tratarse del único mecanismo
que les garantiza justicia y expone internacionalmente los crímenes
contra mujeres que ocurren en México.
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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