1/09/2019

El Ejército recibió $15 mil millones para hacerse cargo del proyecto del aeropuerto en Santa Lucía

Documenta ASF que Sedena tiene mal desempeño en obras civiles

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador otorgó contratos para que realice las primeras etapas de construcción del aeropuerto en Santa Lucía, acumula observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por otras obras o contratos de los que se ha hecho responsable.
Como se informó en este diario, la nueva administración destinó 15 mil millones de pesos al Ejército para que éste se haga cargo del proyecto y de las primeras etapas de construcción de la nueva terminal aérea en la base militar de Santa Lucía, encomiando la capacidad de los ingenieros de la Sedena.
Sin embargo, la ASF ha documentado más de una vez que las Fuerzas Armadas han tenido un desempeño cuestionable al ser designadas responsables de obras civiles de grandes dimensiones o de contrataciones con terceros.
Un ejemplo de ello es el de las observaciones que realizó en la cuenta pública 2016, relacionadas con la barda perimetral del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, cuando dicho proyecto aún se estaba edificando en la zona de Texcoco.
En ese entonces, la entidad revisora del gasto público señaló que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México no entregó documentación que justificara o comprobara el destino de más de 389 millones de pesos.
Tan sólo 5.6 millones de dicha cantidad derivaron de una serie de pagos a la Sedena, organismo que incluyó 16 por ciento de impuesto al valor agregado en gastos varios, cuando dicho gravamen sólo procede en la compra de materiales.
En la cuenta pública 2017, la ASF volvió a realizar una auditoría de cumplimiento financiero sobre la forma en que el Ejército utilizó los recursos designados para la fabricación y mantenimiento de bienes de uso castrense.
Luego de haber adjudicado nueve contratos a dos empresas distintas, la ASF notó que el Ejército no hizo una investigación para buscar las mejores condiciones en el mercado, y por ello terminó dando concesiones a compañías que no tenían antecedentes históricos de servicios a la Sedena.
Por otro lado, el Ejército rechazó materiales entregados por una de las empresas que recibieron contratos de abastecimiento, y cuando dichos materiales le fueron repuestos, no solicitó certificados de calidad, lo cual originó una operación de intermediarismo no calculada, que generó el pago de un sobreprecio por 920 mil pesos.

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