Gasolina y partidismos
Oposición, sin banderas
NAIM y Venezuela
Guardia Nacional y fiscal
El desabasto de
gasolina en varias ciudades del país se ha convertido en una franja más
de conflicto partidizado. No es menor el factor del combate al robo
sistemático de combustible, conocido como huachicoleo. Los
primeros reportes del gobierno lopezobradorista apuntan a graves
complicidades entre políticos, anteriores funcionarios de Petróleos
Mexicanos y grupos criminales para aprovecharse de esa riqueza nacional.
Desarmar un tinglado delictivo de tal tamaño no puede ser tarea fácil
ni exenta de complicaciones en puntos delicados como el suministro de
combustible a los centros de expendio.
Sin embargo, los adversarios del lopezobradorismo, que están a la
diaria caza de las pifias o enredos del Presidente, aseguran que el
desabasto en varias urbes se debe a decisiones gubernamentales mal
tomadas, en específico a la utilización de pipas para la distribución
por carretera, en lugar de los tradicionales ductos, largamente
aprovechados para el huachicoleo.
El diferendo sobre las causas y consecuencias de las restricciones
gasolineras ha llevado a partidistas de un bando a insinuar que la
crisis en el suministro se debe a que los gobiernos locales permitían o
impulsaban el robo de combustible, y otro segmento de opinantes habla a
su vez de un castigo selectivo, partidistamente intencionado, desde
Palacio Nacional, a gobiernos que se le oponen o resisten.
Hasta ahora no ha prendido ninguna de las banderas o consignas que
han pretendido enarbolar los opositores al lopezobradorismo, pero es
evidente que hay una aplicada búsqueda del tema que permita a esos
adversarios intentar un salto explotable: mucho se insistió en la
inminencia de una catástrofe financiera por la supresión del proyecto
del nuevo aeropuerto internacional, pero no llegó el caos anunciado.
Tampoco se ha podido vertebrar un rechazo fuerte a la decisión de no
acompañar al Grupo de Lima en una declaración contra el gobierno de
Venezuela. Reivindicar la postura mexicana contra la intervención en
asuntos de otros países tiene un valor especial a la luz de esas
maniobras de regímenes derechistas latinoamericanos que justifican un
eventual golpe contra Nicolás Maduro, auspiciado por la desesperada
administración Trump.
En la agenda legislativa están dos temas complicados: la aprobación
formal de una Guardia Nacional que ya ha sido impuesta, por la vía de
los hechos, y que a juicio de opinantes, como el que estas líneas
teclea, agravará la tragedia del país mediante la militarización más
exacerbada que hayamos conocido. Cambiar de uniforme o nombre a soldados
y marinos no resolverá el problema de fondo que sigue activo, que
genera cada vez más muertes y hechos delictivos. Los secretarios de
Seguridad Pública, Alfonso Durazo; de la Defensa Nacional, Luis
Sandoval, y de la Marina, José Rafael Ojeda, hacen malabarismos para
tratar de justificar que en los hechos ya funcione la Guardia (incluso
en proceso de contratación de personal), cuando oficialmente la idea no
ha sido aprobada por el Congreso.
Discusión a fondo habrá también en cuanto al nombramiento del fiscal
General de la Nación, con el morenismo decidido a colocar ahí a un
lopezobradorista explícito, a contrapelo de la exigencia de grupos
civiles de que haya autonomía real de ese funcionario clave.
El año en curso será el de la gran prueba: 2018 permitió avizorar,
desde la plataforma electoral, las expectativas de un cambio razonable,
dentro de los límites de un sistema político y económico subsistente; y
2019 mostrará el horizonte viable, las posibilidades reales de esa
transformación deseada e impulsada por una gran masa ciudadana, no toda
perteneciente a determinada formación partidista, pero sí generosamente
decidida a suministrar una gran dosis de esperanza y tolerancia hacia
las primeras acciones de un gobierno que se ha definido como un proyecto
distinto a lo hasta ahora visto en administraciones de los partidos
Revolucionario Institucional y Acción Nacional.
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