Trabajó contra la impunidad
La
comunidad internacional y organizaciones defensoras de Derechos Humanos
rechazaron la decisión del gobierno guatemalteco, de suspender
unilateralmente el acuerdo con Naciones Unidas y expulsar la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) del país.
El conflicto entre el gobierno del presidente Jimmy Morales y la ONU
tiene precedentes que remontan al 25 de agosto de 2017, cuando el jefe
de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez junto a la entonces fiscal
general de Guatemala, Thelma Aldana, demandó retirar la inmunidad al
presidente por estar involucrado en un caso de corrupción por el que se
le acusa del delito de financiamiento electoral ilícito.
Tres días después, Morales intentó expulsarlo. Declaró a Vásquez “non
grato” pero la Corte de Constitucionalidad guatemalteca suspendió la
decisión. El 31 de agosto de este año, Morales anunció de manera
unilateral que no renovaría el mandato de CICIG, y que por ende, la
Comisión cesaba funciones el 3 de septiembre de 2019.
A finales de 2018, el gobierno guatemalteco anunció que no renovaría
las visas de once funcionarias y funcionaros de CICIG y les dio un plazo
de 72 horas de salir del país, por lo que se formó protesta entre
muchas organizaciones tales como la Red Mesoamericana de Mujeres
Defensoras.
Más tarde la decisión fue revocada por la Corte de
Constitucionalidad. El nuevo acto de Morales violenta leyes
internacionales, consideró la ex Fiscal General Thelma Aldana en
entrevista con el periódico “El País”. “Es una extralimitación a las
facultades del presidente”, opinó. Otras expertas y expertos
coincidieron en que el presidente no puede anular legalmente el
contrato.
Más de 140 organizaciones sociales, entre ellas varias feministas
como la Asociación La Cuerda, publicaron este lunes una carta abierta al
Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, solicitando su respaldo
a la CICIG, y argumentando que la labor del mecanismo fortaleció la
sociedad y permitió “mejorar nuestros esfuerzos por el cambio”.
Alegaron que “una alianza de corruptos, organizaciones criminales han
tomado control de los poderes del Estado”, que desde el Ejecutiva
estarían atentando contra la Constitución, utilizando la disputa con la
CICIG “como excusa para detener los avances en materia de justicia”.
Guterres respondió ayer, rechazando enérgicamente la decisión del
Gobierno de Guatemala de dar por terminado el acuerdo de la CICIG.
Recordó que el mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre
2019, fecha hasta que espera “que el Gobierno de Guatemala cumpla
integralmente con sus obligaciones legales en virtud del Acuerdo.”
Al mismo tiempo, destacó la contribución de la CICIG a la lucha
contra la impunidad en el país centroamericano. El objetivo de la CICIG
es apoyar y fortalecer a las instituciones del Estado de Guatemala
encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos
cometidos por Cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad
(Ciacs).
La CICIG ha jugado un papel importante en las investigaciones sobre
la violación de Derechos Humanos en otros países como México donde
participó en el caso Campo Algodonero. Personas expertas en peritajes de
la Comisión formaron parte del equipo que investigó las fallas en la
investigación de la muerte de 14 mujeres en Ciudad Juárez, luego de la
sentencia emitida en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano.
El día de hoy, medios en Guatemala estaban a la espera de la salida
de funcionarios y funcionarios de la CICIG, ya que el plazo que el
presidente Jimmy Morales les dio para abandonar el país vence este
martes 8 de enero.
La Comisión misma agradeció en Twitter los “multiples apoyos”,
brindados por la ciudadanía, la sociedad civil guatemalteca, y medios
nacionales e internacionales, y reafirmó su compromiso con la sociedad
guatemalteca en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Imagen retomada de Twitter
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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