Ni sus peores críticos cuestionan su propósito de actuar en contra
del robo de las gasolinas. Lo que no está claro es la manera en que se
tomó y operó esa decisión. Lo que ha dicho es que se cerraron ductos en
el centro y el sur del país, incluidos los que abastecen a la capital y
sus alrededores, en donde se da gran parte de la actividad económica del
país. Pero no sabemos cuántos ductos fueron cerrados ni por cuánto
tiempo más.
Una segunda medida fue el despliegue del Ejército y la Marina para
tomar refinerías y centros de distribución. En palabras de la Marina esa
presencia es “para poner orden”.
Como tercer paso, intervino el sistema de monitoreo de presión de los
ductos para registrar dónde se han colocado las válvulas de extracción
clandestina.
Pero hay dudas si la escasez obedece también a la decisión de bajar la
importación de gasolinas desde Estados Unidos. López Obrador ha sido un
severo crítico de esas compras.
Llama la atención que cuando apenas empezaba a tomar acciones en
contra del llamado huachicoleo, una enorme tarea que requiere mucha
planeación, el presidente salió a anunciar que el combate a ese delito
empezó hace dos semanas, el 21 de diciembre pasado.
López Obrador colocó el tema cuando la agenda estaba dominada por la
caída del helicóptero en el que iban la gobernadora de Puebla, Martha
Erika Alonso, y su esposo, el senador y exgobernador de ese estado,
Rafael Moreno Valle.
Desde los primeros momentos en que se registró la caída, el 24 de
diciembre, empezó a pagar un costo político por su constante
descalificación pública hacia el matrimonio que se había hecho del
control político del estado.
Entre la tarde de ese lunes y hasta la mañana del jueves 27 de
diciembre, el presidente había perdido el control de la agenda. Y sin
aparente relación con el hecho, la recuperó al colocar el tema del robo
de combustible, delito en el que Puebla destaca entre los principales
lugares del país. Lo dijo pero no lo dijo.
Ya embarcado en esa tarea, el gobierno ya no se puede echar para atrás.
Ya ha a comenzado a hablar de, por lo menos, omisión de los presidentes
Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, en cuyos 18 años de
gobierno el delito se desbordó.
Ha mencionado que hay tres exaltos funcionarios de Pemex
investigados, además del general Eduardo León Trauwitz, exescolta de
Peña Nieto, como encargado que fue de la Subdirección de Seguridad
Estratégica de Pemex durante el gobierno pasado.
Los señalamientos del presidente podrían sugerir la existencia de un
esquema de delincuencia organizada desde el propio gobierno desde hace
lustros y que han causado millonarias pérdidas para el Estado mexicano.
Además, el gobierno federal ha referido el congelamiento de cuentas
relacionadas con el delito.
Preocupa que el propio presidente diga que su estrategia está siendo
saboteada cuando el jueves aseguró que delincuentes “bloquearon” el
ducto Tuxpan-Azcapotzalco, en la Ciudad de México.
Para marcar una verdadera diferencia, el gobierno de López Obrador
tendrá que deshacer las estructuras que han permitido ese robo. De forma
transparente deberá exponer sus componentes gubernamentales,
policiales, militares, empresariales y sociales, y sus vínculos con el
exterior. No basta ya con mostrar a los jefes de las bandas. Tendrá que
actuar también contra los delincuentes de cuello blanco.
De otra manera, le pasará lo que a Calderón con su guerra al
narcotráfico. Un fracaso con un alto costo social que lo único que
garantizó fue la espiral de violencia de la que no sale el país, además
de mantener los altos precios de la droga.
No vaya a ser que como ese expresidente, solo le esté pegando al panal.
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