Huachicol y escasez: batallas múltiples
Resistencia y miedos
Plan de AMLO, a prueba
Opositores aprovechan
Las insatisfactorias noticias provenientes de cuando menos seis
estados sin el suficiente abasto de gasolina tomaron forma en la mancha
urbana de Ciudad de México y sus estados colindantes de una manera tan
presurosa que movieron a los dos bandos en conflicto a trazar sin mayor
demora sus pancartas explicativas: una reacción conspirativa de los
intereses afectados por el plan del nuevo gobierno federal, creyeron ver
los seguidores de la administración andresina, convencidos de que el
agravamiento del conflicto fue una maniobra taimada; los adversarios del
morenismo hecho poder se solazaron en la denuncia de la impericia y la
incapacidad de los recién llegados a Palacio Nacional y sus extensiones
operativas, convencidos a su vez de que el manejo del tema huachicolero es una más de las pifias ocurrentes del tabasqueño Presidente.
Cierto es que López Obrador ha declarado la guerra al huachicol
con un fervor de sanación institucional: colocó a uno de sus alfiles de
toda la vida, Octavio Romero, en la dirección de Petróleos Mexicanos y
desde ahí cierra y abre válvulas y ductos y contrata empresas privadas
para el traslado por tierra del cargamento combustible, tardío en llegar
mediante ese método de las pipas. En su conferencia matutina de prensa,
correspondiente al martes, el Presidente mostró confianza en su
proyecto y aseguró que sí hay líquido para las gasolineras, aunque el
método de distribución ha cambiado e implicará problemas.
El fondo de la batalla contra el robo de gasolinas no merece
regateos: la riqueza nacional ha sido sustraída de manera sistemática
por criminales disfrazados de líderes sindicales, directivos de
Petroleos Mexicanos y sus filiales, y políticos investidos de
presidentes municipales, legisladores, gobernadores y seudopresidentes
de la República (Fox, Calderón y Peña, en este apartado, aunque no los
únicos). Carlos Salinas de Gortari buscó asentar su poder mediante la
aprehensión del líder caciquil del sindicato petrolero, Joaquín
Hernández Galicia, apodado La Quina (en aquella época también cayó el
dirigente vitaliciodel magisterio, Carlos Jonguitud Barrios, relevado por Elba Esther Gordillo), y Felipe Calderón trató de hacer lo propio al desatar en México el horror de la
guerra contra el narcotráfico.
López Obrador, sin necesidad de legitimar su elección, ha ido
abriendo frentes de batalla con mucha rapidez y en varios campos.
Algunos de los más notables se refieren a la supresión del proyecto de
nuevo aeropuerto internacional (que lo contrapunteó con grandes
capitales), al rediseño presupuestario (que le ha enfrentado con varios
gobernadores, el de Jalisco, por ejemplo, quien ha anunciado que ha
ordenado un estudio para valorar el costo de zafarse del pacto fiscal
nacional) y a la austeridad económica en la estructura del gobierno
federal, en los demás poderes y en organismos autónomos (el Instituto
Nacional Electoral, por ejemplo, estudia la posibilidad de desentenderse
de los comicios locales que se realizarán este año, dejando todo el
paquete a las instancias de cada estado).
En ese entorno de batallas múltiples ha llegado la hora del huachicol.
López Obrador ha enviado al Ejército a tomar el control de las
principales instalaciones petroleras y asegura que en pocos días se ha
reducido el robo a la nación y se han ahorrado importantes cantidades de
dinero. Pero sus adversarios están aprovechando las circunstancias para
generar alarma y enojo en segmentos sociales que de manera genuina se
han preocupado por el desabasto de combustible y en otros que de manera
intencionada pretenden encontrar en este tema otra oportunidad de
confeccionar y enarbolar alguna bandera opositora viable ante un
obradorismo cuyo bono democrático aún se mantiene en niveles altos.
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