El gobierno ha acometido una
serie de proyectos muy diversos que requieren, todos ellos en mayor o
menor medida, intención y atención en el sentido político. Igualmente,
en materia de planeación, asignación de recursos financieros y
materiales, capacidad administrativa y de gestión. No menos relevante es
el requisito de un horizonte temporal que los defina, enmarque y haga
posible su sustentabilidad.
En cuanto a seguridad, por ejemplo, asunto sin duda de primordial
importancia para los habitantes de este país, se ha impulsado la medida
de crear una guardia nacional. El proceso no ha sido terso; no puede
serlo, pues es un tema muy controvertido, incluso con una resolución
judicial en contra.
Organizar un cuerpo de este tipo e instrumentar sus acciones cae en
el ámbito de la competencia del Ejército, pero la responsabilidad
política de lo que entraña esta decisión reside en el gobierno y marcará
este sexenio. Imponer esta medida exige prever cómo crear este cuerpo
y, al mismo tiempo, cómo y cuándo disolverlo y devolver la seguridad al
ámbito de lo civil. La sociedad debe ser muy consciente de lo que esto
involucra.
En cuanto a infraestructura, se han propuesto proyectos de distinta
magnitud y relevancia, también con un impacto diferenciado en cuanto a
su capacidad para promover el desarrollo económico y social.
La construcción de un aeropuerto o sistema aeroportuario en Ciudad de
México, del tren en la península de Yucatán o el desenvolvimiento
articulado del istmo de Tehuantepec, son muestras apenas de la gran
diversidad de necesidades que tiene el territorio y de los criterios
para tomar las decisiones más acertadas para impulsar la política
pública.
Estas necesidades son, tal vez, en la mayoría de los casos, obras de
carácter local o regional de una visibilidad menos aparatosa que los más
promocionados en la propaganda política. Obras de riego, caminos
vecinales, carreteras locales, vivienda, financiamiento, creación de
negocios, políticas urbanas y rurales consistentes, oportunidades
económicas y fortalecimiento de las condiciones de vida. No lucen a los
gobernadores de los estados ni al gobierno central, pero ahí está buena
parte de la estructura que alcance para aminorar las desigualdades
sociales.
Todos los proyectos, las actividades y los trabajos exigen recursos y
representan el uso y consumo de energía social y material; vaya que son
costosos en un sentido más amplio de lo que indican los criterios y las
partidas presupuestales. La convención es medir los costos en términos
de dinero y su escasez, entendida en cuanto a los usos alternativos que
se le puede dar.
Pero la concepción amplia del desarrollo supera el ejercicio
presupuestal anual: la manera en que se allegan los recursos financieros
(impuestos, precios de bienes y servicios públicos) y se asignan a los
distintos rubros del gasto. En todos los casos, esto significa
decisiones políticas y se enfocan en los rendimientos esperados de
ejercicio del presupuesto. A esto debe añadirse la forma en que este
mecanismo atrae o rechaza la actividad privada.
El gobierno y el sector privado gastan, es decir, consumen e
invierten. Parte significativa del arte de la política pública y de la
gestión de los recursos está en la concepción integral de estos procesos
complejos. Cuando las decisiones de inversión privada se postergan, el
dinero tiende a refugiarse, ya sea en instrumentos de deuda menos
riesgosos o de plano en el atesoramiento. La mala planeación, gestión y
apropiación del dinero público es inevitablemente una sangría de los
recursos, una descomposición de su uso social.
Todos los proyectos, desde que se piensan hasta que se realizan, aún
más mientras se mantienen funcionado, exigen transformar determinada
energía. El proceso no termina cuando la obra se completa, los costos
son medibles en ciertos casos y en otros lo son menos (el medio
ambiente), sino que se extiende durante todo el tiempo de su
funcionamiento: hay que sostenerlos operando. El caso del tren de Ciudad
de México a Toluca ha sido un fiasco.
Son proyectos también aquellos que se definen como subsidios. Los
resultados de estos mecanismos, cuyos resultados son de difícil
evaluación cuantitativa y cualitativa, se implementan de modo rápido y
con rentabilidad política.
Hay en el presupuesto de 2019 un rubro de subsidios denominado
créditos a pequeños negocios en zonas de alta marginación. Tres mil
millones de pesos para una población de alrededor de 500 mil personas,
lo que equivale a 6 mil pesos en promedio en el año. Ese dinero es útil
sin duda y debería etiquetarse como ayuda, pero no es suficiente para
operar un negocio, aunque sea muy pequeño. Una política de créditos a
pequeños negocios se debe definir de modo muy distinto. La esencia del
crédito en un contrato que involucra la obligación de pago debe
distribuirse, cobrarse y renovarse cada vez con mejores condiciones.
Involucra, para repetir, un gasto constante de energía.
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